17/05/2019
Gorilas en caldo de cultivo
El poder político juega en un campo de mero cotorreo electoral descuidando la impronta que un Estado debe asumir ante quienes desprecian a la justicia civil
Walter Pernas
La oposición en bloque votó contra el pase a retiro obligatorio de los generales Carlos Sequeira, Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, integrantes de los tribunales de honor que respaldaron al militar retirado José Gavazzo al negar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este represor mancillaron el honor del Ejército.
Todos los senadores que se opusieron a las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo buscaron llevar la discusión hacia el campo que supuestamente más le conviene a sus partidos en tiempos de campaña, es decir golpear al gobierno por su actuación en el caso. Y en eso se agotó el discurso…
Sin olvidar las negligencias de la Presidencia de la República en este asunto, el Parlamento bien pudo sancionar las conductas de máximos grados del Ejército que siguen negando –no solo en palabra, sino en actos institucionales concretos– la barbarie cometida por militares que actuaron en la época del terrorismo de Estado.
Está claro que el gobierno durmió un expediente en el que se imponía una expedita denuncia penal contra Gavazzo, porque acababa de confesar ante un tribunal de honor que era autor de un delito de desaparición forzada, que luego se transformó en homicidio muy especialmente agravado.
Pero ahora los partidos de la oposición, para no quedar alineados con el Frente Amplio en su postura de cesar a estos militares que hacen gala de la clásica filosofía “gorila” –la que el poder político ni siquiera supo horadar a más de tres décadas de finalizada la dictadura–, optaron por eludir el verdadero tema de fondo: cómo debe actuar un Estado democrático a la hora de juzgar la conducta de un homicida, torturador, secuestrador de niños y autor de desapariciones forzadas.
El Tribunal de honor sostuvo que los “hechos” por los que fueron condenados los militares –sobre los que pesa sentencia firme por 28 casos de homicidio muy especialmente agravado– “no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción (de) que los oficiales faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios”.
El órgano militar entendió que una de las razones para no sancionar, por los homicidios, a los sentenciados en la justicia penal es la “imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos”.
A esta conclusión llegan los generales del Tribunal luego de que Gavazzo admitiera en sus narices que en 1973 cargó el cuerpo de Roberto Gomenso, lo ató con alambre, y lo hizo desaparecer en el Lago de Rincón del Bonete.
Un Estado que se pretenda al menos respetuoso de los derechos humanos no puede ignorar que la conducta de Gavazzo, pero también la decisión adoptada por este tribunal militar, no solo son una afrenta para el Ejército sino para la democracia. Y es el poder político en bloque el que debe posicionarse en defensa del Estado de Derecho y ponerle freno a esta ideología militar pseudonostálgica que sigue viva e impera en las Fuerzas Armadas.
Pero con las cartas vistas puede entenderse que, una vez más, ciertos políticos en campaña han preferido darle un golpecito al gobierno en vez de cortar en seco a quiénes con sus decisiones institucionales abofetean al trípode natural sobre el que se sustenta la vida democrática: atacan al Poder Judicial, desafían al Poder Ejecutivo, y se descasan en el laissez faire, laissez passer del Parlamento.