CIDH
30 de mayo de 2019
“Existe una deuda del Estado con
las víctimas de violaciones a los
derechos humanos”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con “suma preocupación la subsistencia de interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985)”.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos realiza una visita de trabajo a Uruguay.
En dicho marco, la presidenta de la CIDH, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la vicepresidenta de la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, brindaron una conferencia de prensa este miércoles 29 de mayo, en el edificio del MERCOSUR.
La CIDH manifestó que observa con “suma preocupación la subsistencia de interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de los derechos humanos en la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985)”.
Dichas interpretaciones resultan en la “impunidad de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas”.
Al respecto, la Comisión recordó al Estado uruguayo su obligación de dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Gelman vs Uruguay”, la cual estableció que “no son admisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como: tortura, ejecuciones sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables”.
Poder Judicial
Por tal motivo, la Comisión llama al Estado y en especial al Poder Judicial a “cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos previstos en las decisiones de la Corte Interamericana y en la Convención Americana”.
A la vez, subraya que existe “una deuda del Estado con las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad”.
También exigió el esclarecimiento de las amenazas que sufrieron 13 activistas por los derechos humanos en de 2017 por parte del autodenominado Comando Barneix.
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QUEDA MUCHO POR HACER
Comisión Interamericana
de DDHH: Uruguay tiene una deuda
con las víctimas de la dictadura
“A mí me ha sorprendido lo poco que hay”, subrayó la relatora de la CIDH para el país, Antonia Urrejola.
29.05.2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este miércoles que el Estado uruguayo tiene “una deuda” con las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Mercosur, Antonia Urrejola, relatora de la comisión para el país, subrayó que “independientemente de los gobiernos de turno”, hay un problema que le compete “a la sociedad uruguaya completa”.
Urrejola se reunió con familiares de detenidos desaparecidos, con víctimas de violencia sexual durante la dictadura, con una persona que fue torturada, visitó un memorial y solicitó los antecedentes de procesados y condenados. “A mí me ha sorprendido lo poco que hay”, subrayó.
La visita de tres días de la CIDH a Uruguay se hizo para obtener información sobre la situación de los derechos humanos en el país.
De acuerdo con ello, los temas fundamentales tratados fueron con relación a las personas privadas de libertad, las víctimas de violación de sus derechos humanos durante la dictadura, la situación de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI.
Sobre dichos temas, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que la CIDH puso en su informe anual de 2018 que Uruguay continúa siendo “uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en la región”.
En concordancia con eso, destacó “los avances” emprendidos por el Estado en la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la formación de la Comisión de Verdad y Justicia y la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
También la creación de espacios de memoria y la sanción de leyes de protección y reconocimiento de los derechos a las personas adultas mayores y a las personas LGBTI.
En cuanto a niños, niñas y adolescentes, la comisión vio “con gran satisfacción” las políticas públicas implementadas por el Estado para enfrentar el reciente aumento de los casos de violencia y maltrato infantil.
Pese a ello, Arosemena detalló que, durante la visita de trabajo, recorrió un centro de cumplimiento de las medidas socioeducativas de privación de libertad de los adolescentes y constató que su infraestructura “mantiene un carácter carcelario y no de socialización y de habilitación de los adolescentes”.
“Hoy no cuenta este centro con las condiciones adecuadas para custodia y el proceso socioeducativo de los adolescentes”, enfatizó la comisionada.
En cuanto a la privación de libertad de mayores de edad, Urrejola destacó los avances de Uruguay, sobre todo con relación al uso de la prisión preventiva. Sin embargo, instó al Estado a disminuir las cifras de personas que cumplen preventiva porque son “muy altas” y esa medida es solo “excepcional”.
También explicó que la CIDH recibió información sobre la necesidad de mejorar las condiciones de detención en las cárceles.
Urrejola celebró que en 2018 Uruguay haya dictado la primera sentencia aplicando al homicidio el agravante de femicidio, ya que calificó como “alarmante” la información de que la violencia doméstica es el delito más frecuente en el país luego del hurto.
Finalmente, la comisión destacó los “importantes avances” sobre el reconocimiento de la identidad o expresión de género de las personas LGBTI en Uruguay con la promulgación de la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en el país el pasado 19 de octubre.
Con información de EFE