Desechos humanos
Amnistía Internacional: Uruguay “apenas” registró avances en 2015 para garantizar la Justicia por las violaciones de DDHH cometidas durante la dictadura.
Uruguay apenas registró avances durante el año pasado para garantizar la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico-militar (1973-1985), denuncia en su informe anual Amnistía Internacional.
El documento constata que una sentencia dictada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia seguía obstaculizando el acceso a la justicia, a pesar de que en mayo un decreto presidencial estableció el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para que investigara esas violaciones.
Esa sentencia -dice el texto- había revocado dos artículos cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que los crímenes cometidos durante el gobierno cívico-militar eran de lesa humanidad, con carácter imprescriptible.
Amnistía Internacional también señala que persistía la desigualdad de género, en el acceso al aborto y en los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), a pesar de las promesas realizadas en este sentido por el presidente, Tabaré Vázquez, en su toma de posesión el pasado marzo.
Ese mismo mes, recuerda el informe, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, instó a Uruguay a tomar medidas para prevenir y prohibir todas las formas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la privación de libertad, en particular en las dependencias policiales, y para proteger a los niños y las niñas contra ellas.
El Comité de la ONU también pidió al Gobierno que abordara el elevado índice de pobreza infantil y mejorara el acceso a servicios de salud de calidad, en particular para los menores de las zonas más desfavorecidas y remotas.
AI informa de que en junio, el Gobierno anunció que seguiría adelante con el programa de reasentamiento de personas refugiadas sirias y recuerda que en 2014 llegaron cinco familias sirias.
(Fuente: EFE)
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Que el dolor no nos sea indiferente
Justicia por crímenes durante la dictadura y aborto seguro: dos grandes debes de Uruguay, según Amnistía Internacional.
El informe 2015-2016 sobre derechos humanos (DDHH) que Amnistía Internacional (AI) elabora cada año desde 1962 se publicó la semana pasada. Uruguay queda fuera de varios de los problemas del continente que detecta el organismo: la “violencia letal”, los conflictos entre empresas multinacionales y comunidades indígenas por la tierra, los emigrantes que cruzan fronteras peligrosas, los abusos a manos del ejército, los conflictos armados, la pena de muerte. Pero no todo son flores para Uruguay.
Según el informe, la autonomía e independencia del Grupo de Verdad y Justicia -creado por un decreto que el presidente Tabaré Vázquez firmó en mayo de 2014 para investigar las violaciones de los DDHH durante la dictadura- sigue obstaculizada por la Suprema Corte de Justicia, ya que está vigente la sentencia que declara inconstitucionales los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831, que el Parlamento aprobó en 2011 y que volvía imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado entre 1973 y 1985, en sintonía con los tratados internacionales que Uruguay firmó. Para AI, esos dos artículos son “cruciales” y “apenas hubo avances” sobre el tema en 2015.
Otro fallo, pero del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), causa “incertidumbre” para AI, ya que ratifica desde agosto de 2015 el derecho de los médicos a optar por no practicar abortos legales. Según el decreto reglamentario de la ley, aprobada en 2012, los profesionales tenían la obligación de fundamentar por escrito su objeción de conciencia, pero la decisión del TCA derogó ese requerimiento. “La decisión del tribunal causó incertidumbre respecto al modo en el que el gobierno garantizaría la aplicación efectiva de la legislación”, dice el informe.
Los escasos avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres trans es otro debe, indica AI, que recomienda reforzar las políticas contra la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y promover la igualdad de género. El organismo también señala el “elevado” índice de pobreza infantil y reclama salud de calidad para los niños y niñas de las zonas menos favorecidas del país.
Los puntos a favor para Uruguay, dice el informe, son el trabajo por un Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y la llegada de nuevas familias de refugiados sirios.
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Familiares de Desaparecidos ven “positivo” el inicio de búsqueda de restos en un cuartel cerca de Pando
No son solo memoria
Los familiares de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar se mostraron positivos ante el inicio este lunes de los trabajos de búsqueda en un predio militar de los restos de cinco personas, informaron a Efe fuentes del colectivo.
Javier Tassino, integrante de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”, señaló que desde su organización se valora “positivamente” este avance, que esperan que resulte en el hallazgo de los restos de las víctimas en este cuartel cercano a la localidad de Pando.
“Hoy entraron los ‘desmalezadores’ para limpiar el terreno, para que luego los arqueólogos comiencen a marcar el lugar. Calculamos que esta tarea va a durar unos días. Posiblemente hacia fin de mes comiencen las excavaciones”, añadió.
Todo partió de una denuncia anónima que recibió la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en la dictadura, que precisaba la localización de un lugar sobre el que otras llamadas habían aportado datos más imprecisos.
El testimonio del denunciante hace referencia a cuatro hombres y una mujer que presuntamente fueron secuestrados por militares durante la dictadura y enterrados en un predio que pertenece al Ejército desde 1974 y en el que hoy se encuentra la Brigada de Artillería Antiaérea Nº1.
Con base en el testimonio, la Justicia autorizó los trabajos en dicho lugar.
En 2009, este recinto militar ya había sido explorado, y en dicha ocasión no se pudo dilucidar el paradero de ninguno de los desaparecidos, aunque en esta ocasión la denuncia tiene “mucho más precisión” que la información que llevó a excavar anteriormente, explicó Tassino.
Mientras tanto, el grupo de madres y familiares “continúa con la campaña” de recepción de información iniciada hace algunos meses, y está analizando datos que han recibido sobre el posible paradero de los desaparecidos en otras zonas militares, indicó el activista.
Solo en el caso de Uruguay, que durante el régimen militar integraba el represivo “Plan Cóndor” con los Gobiernos “de facto” de los países del Cono Sur americano, 192 ciudadanos siguen desaparecidos.
Hasta la fecha, desde que empezó la búsqueda durante la primera Presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010), se han encontrado los restos de cuatro víctimas que fueron debidamente identificadas.
En 2005 se localizaron en el Batallón 13 de Montevideo los restos del militante comunista y escribano Fernando Miranda y en 2006 los del también militante de izquierda Ubagesner Chávez Sosa, mientras que en 2011 se hallaron los del maestro y periodista Julio Castro y en 2012 los del militante comunista Ricardo Blanco.
En julio de 2015 se reiniciaron los trabajos en el Batallón 13 para encontrar restos de desaparecidos tras haber sido interrumpidos en febrero, al tiempo que se renovaba el convenio del Gobierno con los antropólogos de la Universidad de la República.
Sin embargo, un mes después volvieron a cesar las operaciones, luego de hallar en el terreno un antiguo artefacto explosivo que dio lugar a un rastreo para favorecer la seguridad de los antropólogos, y desde entonces no se ha retomado la búsqueda.
(Fuente: EFE)
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BÚSQUEDA
En marzo comienzan las excavaciones en La Montañesa en busca de las cinco fosas
MONTEVIDEO (Uypress) -Después de desmalezar la zona, el Grupo de Investigación de Antropología Forense podrá comenzar a trabajar sobre el predio del Grupo Artillería de Defensa Antiaérea N° 1.
En marzo estarán las condiciones para comenzar las excavaciones sobre La Montañesa -ruta N° 34- donde según la nueva información recogida por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos existen cinco fosas de cuatro hombres y una mujer enterrados allí de forma clandestina por el Estado durante la dictadura.
Así lo comunicó a La República Javier Tomassiono, miembro de Familiares y hermano de Óscar -desaparecido en Montevideo el 19 de julio de 1977. Indicó además que se desmalezó la zona del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N° 1 durante un mes y que el nuevo informante -al que se suman 50 aportes “concretos”- señaló donde habían sido enterrados los cinco cuerpos.
Tomassino también informó que la fuente -un exmiliar- delimitó la zona en una fotografía área, por lo que esperan que este caso se desenvuelva de forma similar a lo ocurrido con los restos del maestros Julio Castro, donde hubo una diferencia de unos 30 metros entre las primeras excavaciones y las segundas.
Este caso comenzó dos meses atrás cuando jueza letrada de Primera Instancia de 1° Turno de Pando, Isaura Tórtora, acogió el dictamen favorable del fiscal Pablo Rivas y ordenó el inicio de los trabajos sobre el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N° 1.
El martes 15 de diciembre, la jueza Tórtora y el Grupo de Investigación de Antropología Forense (GAIF), junto a el abogado denunciante Óscar López Goldaracena, el fiscal Rivas y el actuario del juzgado Daniel Pérez, recorrieron durante tres horas la zona señalada en el croquis que fue entregado en 2008 y que fue comparado con los nuevos testimonios recogidos por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en el marco de la campaña lanzada en setiembre.
En esa oportunidad, se delimitó un área de 20 mil metros cuadrados y se emitió el pedido de no innovar sobre terreno, decisión acompañada por Rivas, lo que permitió que Tórtora resolviera en ese sentido. De esta forma, sólo personal autorizado puede ingresar al predio.