POR LA MISMA SENDA
De “La Diaria” – 4/03/2016
Jorge Díaz ratificó que Fiscalía mantendrá política de criminalización de los delitos cometidos en dictadura.
El Observatorio Luz Ibarburu, que nuclea a organizaciones como el PIT-CNT y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con el fin de dar seguimiento a los procesos judiciales vinculados con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, se reunió ayer con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. El Observatorio había manifestado días atrás su preocupación por el traslado de algunos fiscales que llevaban adelante causas vinculadas a los derechos humanos; en particular, hicieron referencia al caso de María de los Ángeles Camiño, que fue trasladada a la Fiscalía del Crimen Organizado.
Díaz explicó en el encuentro que los traslados son parte de la rutina del servicio y que Camiño se desempeñaba desde hacía cuatro años en la Fiscalía Penal de 2º Turno. “Fue positiva la reunión, se tomó en cuenta la preocupación del Observatorio y se reiteró el compromiso de la Fiscalía con que el Estado debe tener una política de criminalización respecto de los crímenes de la dictadura. Los traslados no significan salirse de esos lineamientos”, explicó el dirigente sindical Raúl Olivera, integrante del Observatorio.
En el lugar de Camiño quedó el fiscal Carlos Negro, de quien el Observatorio no hace “ningún cuestionamiento”, aclaró Olivera. Negro fue quien pidió en diciembre de 2014 el procesamiento del militar retirado Asencio Lucero por torturas, una causa que aún está en curso. Lucero reconoció ante la Justicia la utilización del submarino, la picana eléctrica, la privación del sueño o los plantones como método para “ablandar” a los detenidos durante la dictadura. El miércoles de noche, en una entrevista concedida a Televisión Nacional Uruguay, Lucero dijo que “presionaba psicológicamente” a los detenidos y que hacían “algún submarino, algún plantón grande, desde las tres de la mañana hasta las cinco de la tarde sin tomar agua, todas esas cosas. Yo participé en una guerra”. “No es tortura, se llama ablandamiento”, manifestó.
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COMO COMPLEMENTO A ESTE ARTICULO AGREGAMOS OTRO EN QUE EL FISCAL JORGE DIAZ EXPONIA SUS TESIS SOBRE LOS CRIMENES COMETIDOS EN LA DICTADURA
Las sanciones judiciales sobre los autores de desapariciones, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura militar encontraron en la Suprema Corte de Justicia un fallo adverso. El 25 de abril, la Corte confirmó la absolución del expolicía Ricardo Zabala, aunque confesó en el juzgado haber detenido y trasladado al maestro Julio Castro en 1977 al centro clandestino donde lo ejecutaron. A pesar de esta resolución y de que la Corte declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, pretende impulsar las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura.
En menos de 20 meses, en enero de 2017, entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que traslada a los fiscales la dirección de las investigaciones penales.
Los jueces, que hoy conducen las investigaciones, cederán entonces ese lugar a los fiscales.
En ese marco, el fiscal de Corte considera necesario que el Parlamento apruebe una ley orgánica para reestructurar la Fiscalía. Esa ley deberá permitirle, según Díaz, crear unidades especializadas de investigación. El fiscal de Corte informó a El Observador que, si prospera la iniciativa en el Parlamento, una de esas unidades se encargará específicamente de las violaciones a los Derechos Humanos y, por lo tanto, de los crímenes de la dictadura.
Díaz, a diferencia de la mayoría de los ministros de la Corte, considera que las torturas y los homicidios cometidos por militares entre 1973 y 1985 son graves violaciones a los Derechos Humanos y, por lo tanto, los delitos no prescribieron. En ello, Díaz coincide con el ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En febrero de 2011, la CIDH condenó al Estado uruguayo a determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, mediante una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de su hija Macarena Gelman, “ésta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad”, expresa el fallo de la CIDH.
Tanto Pérez Manrique como Díaz consideran clave este fallo. Pérez Manrique fue el único ministro de la Corte que presentó discordia en la sentencia que absolvió a Zabala del crimen de Castro en 1977 y, para ello, apeló, entre otros argumentos, al fallo de la CIDH y respaldó la postura de Díaz. “Se coincide con el fiscal de Corte cuando en su dictamen señala que (…) no son aplicables las normas de prescripción contenidas en el Código Penal, cuando se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en Uruguay (aplicando el caso Gelman vs. Uruguay)”, expresa el ministro Pérez Manrique en la sentencia firmada el 22 de abril de 2015.
Si la iniciativa de Díaz prospera y el Parlamento aprueba una ley orgánica de la Fiscalía que permita crear unidades especializadas de investigación, como existe en Argentina, por ejemplo, las causas sobre delitos cometidos en dictadura serán retomadas desde una nueva perspectiva. No serán los jueces los encargados de dirigir las investigaciones, sino fiscales capacitados en ese tipo de crímenes.
Violencia de género
Para el fiscal de Corte, la investigación criminal debe focalizarse en fenómenos, en lugar de indagar caso a caso, como sucede hoy. Investigar fenómenos permite capacitar a los fiscales en esos asuntos. Esos son los argumentos que llevan a Díaz a planificar una estructura de unidades especializadas que trabajen con los fiscales o que, directamente, se encarguen de la investigación.
Algunas de estas unidades se encargarían de fenómenos estructurales y permanentes, como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero (asuntos de los hoy se encargan los dos fiscales especializados en crimen organizado), los homicidios y los delitos contra la propiedad.
A su vez, el fiscal de Corte prevé crear unidades especializadas de investigación que respondan a problemas coyunturales.
En ese sentido, crearía la unidad especializada en Derechos Humanos para investigar los crímenes durante la dictadura y otra unidad especializada en violencia de género.
Díaz planifica además una reestructura para descentralizar la Fiscalía, por la que dividiría a Montevideo en cuatro zonas.