BLEIER
08 de noviembre de 2019
Allanan domicilio de militar de
la dictadura en busca de archivos
vinculados con muerte de Bleier
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó realizar el allanamiento del apartamento del general retirado Juan Alberto Lezama, en busca de archivos vinculados con la detención, asesinato y desaparición de Eduardo Bleier, en el año 1975.
La decisión de allanar el apartamento de Lezama, ubicado en Pocitos, se debe a la posible existencia de un archivo referido al caso Bleier, según informó El Observador.
Perciballe dijo que se encontró una “documentación que hay que analizar”.
Lezama fue uno de los principales oficiales de inteligencia del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
De acuerdo a información en poder de la Fiscalía, de la cual dio cuenta El Observador, a Lezama se lo define como un hombre “muy meticuloso en el almacenamiento de documentos e información”.
Bleier
Los restos de Bleier fueron hallados el pasado 27 de agosto en el Batallón Nº 13 de Infantería de avenida de las Instrucciones, a unos 100 metros del lugar donde en 2005 fueron encontrados los restos del escribano, Fernando Miranda.
A raíz de los hechos, el fiscal Perciballe solicitó a la Justicia la reapertura de la indagatoria penal por su desaparición, bajo la carátula: “su muerte”.
Bleier fue detenido a fines de octubre de 1975, en la vía pública, tenía 47 años, era odontólogo, e integraba el Comité Central del Partido Comunista del Uruguay.
Según el informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Bleier fue trasladado al centro clandestino de detención conocido como la Casa de Punta Gorda o “Infierno chico” y, posteriormente, al 300 Carlos o “Infierno grande”, ubicado en el Servicio de Material y Armamento, un predio lindero al Batallón Nº 13, donde falleció a causa de las torturas a las que fue sometido.
La casa del Infierno
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Lezama, el discreto
La justicia cita al presunto interrogador de Bleier
Samuel Blixen
15 noviembre 2019
El general retirado Juan Alberto Lezama, oficial de inteligencia especializado en interrogatorios a prisioneros durante la dictadura, sabe los pormenores de las torturas y el destino de militantes del Partido Comunista y del Pvp desaparecidos en 1975 y 1976, tras el despliegue de la Operación Morgan, coordinada por el Ocoa, del que él fue jefe de la División Informaciones en ese período.
Una orden de la jueza penal de 27° turno, Silvia Urioste, permitió el miércoles 8 la captura de documentación vinculada a la guerra antisubversiva de la dictadura, en un apartamento de Pocitos, domicilio del general retirado Juan Alberto Lezama. El allanamiento fue una indicación del fiscal especial para delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, quien reabrió la causa judicial por la desaparición del militante comunista Eduardo Bleier, a raíz de la reciente ubicación de los restos en predios del Batallón 13 de Infantería.
Lezama, de 79 años, uno de los principales represores del temible y casi clandestino Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), mantuvo hasta ahora un discreto bajo perfil sobre su decisiva responsabilidad en la captura e interrogatorio a prisioneros y en la sistematización de la información obtenida bajo torturas, tareas que desarrolló desde 1972 hasta 1978, cuando fue nombrado agregado a la misión militar de Uruguay en Estados Unidos.
Un repaso de sus principales misiones indica que, cuando era mayor del Ocoa, Lezama fue el autor de una “apreciación de situación” del Partido Comunista que puso a punto el lanzamiento de la Operación Morgan en octubre de 1975. Seis meses después, a mediados de 1976, la represión había desbaratado la estructura financiera del Pc y desmantelado su aparato armado. El saldo fue de unos 600 detenidos, ocho desaparecidos y la captura de prácticamente toda la cúpula dirigente del partido en la clandestinidad.
Como señalaba el coronel Julio César González Arrondo, jefe del Ocoa, buena parte del mérito de esos éxitos represivos deben adjudicarse a los métodos impulsados por Lezama: “Como lo viene haciendo diariamente, mantiene, dirigiendo y actuando directamente, el registro de los hechos y personas detenidas, a los efectos de determinar responsabilidades en las acciones antinacionales. Trabaja intensamente en el procesamiento de los informes obtenidos con base en las investigaciones que dirige y efectúa”. La anotación revela que Lezama participó en los interrogatorios y después analizó la información obtenida mediante tortura, para impulsar nuevos interrogatorios.
Esos juicios del jefe del Ocoa están fechados precisamente en la segunda quincena de octubre de 1975, cuando se desencadenó la Operación Morgan. Lezama participó en la captura de Eduardo Bleier, ocurrida el 29 de octubre de 1975, como revela la anotación según la cual “comanda operativos orientados a la captura de elementos que se desempeñan en actividades antinacionales. La captura de personas requeridas y el material incautado demuestran la efectividad de las acciones desarrolladas”. En el marco específico de la reapertura de la causa y del allanamiento de Pocitos, se infiere que, al dirigir los interrogatorios de los detenidos, tanto en la casa de Punta Gorda como en el centro de detención 300 Carlos, el entonces mayor Lezama interrogó al desaparecido Eduardo Bleier. “Trabaja intensamente, interrogando, confeccionando actas.”
Más aun: el trabajo de análisis de los interrogatorios y el “registro pormenorizado de los detenidos” implica que Lezama tuvo conocimiento directo y acabado de la suerte de los ocho militantes comunistas desaparecidos en esa etapa, así como la de Elena Quinteros, militante del Pvp, también víctima de la Operación Morgan. Su trabajo consistía en interrogar, analizar la información, calificar al detenido, vincular su testimonio con el de otros detenidos y confeccionar listas de peligrosidad; tenía, por tanto, un conocimiento puntual y directo de cada prisionero y, a la vez, una visión de conjunto.
Las anotaciones de concepto de sus superiores detallan su responsabilidad en el desarrollo de la Operación Morgan en 1976, pero, en tanto jefe de la División Informaciones del Ocoa, es lícito suponer que el mismo trabajo, con la misma orientación, se prolongó durante el primer semestre de 1977, cuando la represión instaló su base de operaciones en La Tablada. “En marzo de 1977 presenta el estudio exhaustivo de las actividades subversivas detectadas, agregando conclusiones y sugerencias que se orientan a contrarrestar las influencias negativas que aquellas pueden tener en el ámbito nacional e internacional”, según su jefe González Arrondo. Durante todo el período de despliegue de la Operación Morgan, Lezama interactuó con el mayor Ernesto Ramas, jefe de la División Operaciones, con el teniente Armando Méndez, con el teniente Jorge Silveira y con el mayor José Nino Gavazzo, jefe del Departamento III del Sid, designado en comisión en el Ocoa.
“TENÍA UNA MANÍA POR ANOTAR TODO”. Esa caracterización de la prensa, a raíz del allanamiento y la ubicación de documentación en el apartamento de Pocitos, reduce notoriamente el rol intelectual y operativo del artillero Lezama en la lucha antisubversiva. Su compromiso con la represión revela que integró el Ocoa desde su misma creación en setiembre de 1971: su “dedicación y preocupación en dotar al Ocoa de elementos esenciales para su buen funcionamiento” lo llevó a gestionar, en la Oficina de Claves, en la Ute, en el Servicio Geográfico Militar y en la Intendencia de Montevideo, materiales, teléfonos, cartas y planos de Montevideo para hacer operativo el nuevo organismo.
En marzo de 1972 hizo su primer estudio sobre la guerra antisubversiva –que reiterará periódicamente– y un mes después, al declararse el estado de guerra interno, pasó del Ocoa al Servicio de Información de Defensa (Sid). Su director, el coronel Ramón Trabal, destacó “el trabajo de procesamiento de profusa y muy diversa información”, que permitió que “en pocos días cambiara el panorama existente de un enemigo desconocido a otro perfectamente ubicado”. Lezama “participó en operaciones de búsqueda de información, o confirmación de datos ya obtenidos, actuando en varias oportunidades a cargo de procedimientos”, incluso en un enfrentamiento armado en el que “se comportó bajo fuego con aplomada decisión, firme determinación y valor personal”.
UN INTELECTUAL DE LA REPRESIÓN. A su regreso de un curso de inteligencia en Estados Unidos, durante 1974, destinado en el Estado Mayor de la División de Ejército 1, Lezama se encargó de la sistematización de la información sobre los prisioneros y su calificación, hasta que, en abril de 1975, fue destinado nuevamente al Ocoa. Un mes después, un operativo en el que también participaron el Sid y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, desarticulaba la estructura clandestina del Mln Tupamaros, que se venía reorganizando desde principios del año. La Operación Conejo arrojó un saldo de 5 muertos y 25 detenidos.
Siendo Lezama responsable de los detenidos de Ocoa en la División de Ejército 1, tras la Operación Conejo se produjeron cambios sustanciales en la mecánica del tratamiento de los prisioneros. La Operación Morgan incorporó, en octubre de 1975, el criterio de una total compartimentación de los detenidos que permanecían en los centros clandestinos, al punto que se les designó un número correlativo y progresivo de las detenciones, que eliminó la identidad por el apellido. Las listas numéricas de los prisioneros de la Operación Morgan exhiben saltos que corresponden a los números adjudicados a quienes después desaparecieron.
Después de una dilatada vinculación directa con la represión, la carrera de Lezama cobró otro vuelo como agregado militar en Estados Unidos, tanto en la misión diplomática como integrando las delegaciones ante la Oea y la Junta Interamericana de Defensa.
Su carrera culminó con su ascenso a general, pero sin mando efectivo de tropa y en destinos considerados “secundarios”, quizás por el traspié que sufrió en 1988 cuando, siendo coronel, en plena campaña por el plebiscito para derogar la ley de caducidad, organizó una cena en el Centro Militar, sin solicitar permiso a sus superiores, para agasajar a José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira, que en esos momentos eran “denostados en la prensa”. En respuesta a un interrogatorio por escrito, Lezama explicó que el motivo del agasajo era que “quienes habían compartido horas de lucha antisubversiva pudieran demostrarle (a los agasajados) que actualmente se conserva la misma camaradería de entonces”. Aunque no fue sometido a un tribunal de honor, Lezama se negó a identificar a los oficiales que concurrieron a la cena. Utilizó un argumento original: “El suscrito no recuerda la totalidad de la concurrencia”. El oficial retirado de Artillería no se encontraba en su domicilio al momento del allanamiento y se presume que permanece en Islas Canarias, donde tiene un segundo domicilio. Se espera que la jueza penal lo cite a declarar en el expediente de Eduardo Bleier, lo que depende de la agenda del juzgado; pero para el caso de que el general no se presente, sería automáticamente librada una orden internacional de captura, según sugirió el fiscal.
Detenidos desaparecidos:
un Poder Judicial omiso
Aunque el general retirado Guido Manini Ríos lo acusa de no brindar garantías y de ser parcial, el Poder Judicial ha sido cuestionado, incluso, en los órganos jurisdiccionales continentales por su escaso compromiso con las causas del pasado reciente.
Recién ahora citarán a declarar al presunto interrogador: general retirado Juan Alberto Lezama
Las disposiciones constitucionales son claras. El Poder Judicial es el órgano del Estado con las máximas facultades legales para investigar, esclarecer y sancionar todos los hechos con apariencia delictiva. La Ley de Caducidad, promovida por el Dr. Julio María Sanguinetti en su primer gobierno, fue un obstáculo casi insalvable, desde diciembre de 1986 hasta octubre de 2011. Desde ese momento, no existen más barreras legales: se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. La Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay es un mandato que la Suprema Corte de Justicia no puede seguir desconociendo.
Una práctica represiva bestial
La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.
Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor Castagneto Da Rosa y Abel Ayala) fueron desaparecidos por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, en el marco de la vigencia permanente de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) para gobernar desconociendo al Parlamento, clausurando órganos de prensa, ilegalizando partidos políticos y reprimiendo a los trabajadores, al movimiento estudiantil y a la oposición.
Roberto Gomensoro Josman fue asesinado y desaparecido en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry. El resto, desapareció luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973, en operativos represivos que incluso se llevaron adelante fuera del país, en el marco de la denominada Operación Cóndor.
Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto, por diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1986 a 2011) entre otras, aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba.
La Suprema Corte de Justicia no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado, incluso, las prisiones domiciliarias para los escasos condenados por estos gravísimos delitos.
Como ha señalado públicamente Felipe Michelini: “Los crímenes cometidos en dictadura son crímenes de lesa humanidad, categoría que Uruguay aceptó en 1945 al firmar el Estatuto de Londres. Si usted es nazi y tiene 95 años, lo ponemos en un avión y lo mandamos a Alemania, y aunque fuera portero de un campo de concentración a usted lo condenan. Como es un oficial uruguayo, con plata de los uruguayos, le decimos que su delito no existe”.
Sin investigación criminalística no se avanza
La investigación supone tomar declaraciones a los presuntos involucrados, interrogarlos acerca de lo sucedido, contrastar en las dependencias judiciales las distintas versiones de los participantes. Algo básico. Algo que hasta el momento no se ha hecho, por ejemplo, con el general retirado Juan Alberto Lezama en relación a Eduardo Bleier o al escribano Miranda. Tampoco se ha tomado declaración a otros connotados funcionarios militares que revistaban en la OCOA en el caso de la Operación Morgan. Muchos de ellos fueron felicitados por el general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar N° 1, por su participación en los sucesos represivos.
Lo mismo ocurrió con los militares, José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira, que el general Guido Manini Ríos encubrió al no informar al Poder Judicial acerca de lo declarado en el Tribunal de Honor que juzgaba su conducta. Eduardo Pérez permanece desaparecido hasta el día de hoy, a pesar de haberse constatado su prisión y tortura en el cuartel La Paloma y su internación en el Hospital Militar en 1974.
Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, herramientas imprescindibles para avanzar, ha sido un logro del último año parlamentario.
Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo ya habían emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.
INDDHH: el Estado debe continuar la búsqueda
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un legítimo derecho de los familiares y es una necesidad estatal irrenunciable. Es un camino imprescindible para afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales, el Estado de Derecho y afirmar la institucionalidad democrática. Comprometerse con la búsqueda de los detenidos desaparecidos es una señal de un Estado ético y responsable, que se hace cargo.
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