RECHAZO
23 de enero de 2020
“Absurdo, temerario, normas típicas
del proceso militar”, calificativos
para Ley de Urgencia
Distintas figuras políticas del Frente Amplio cuestionaron en forma contundente el contenido del ante proyecto de Ley de Urgente Consideración que presentó el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Algunos de los artículos fueron calificados de “absurdos, temerarios e, incluso, como normas típicas del proceso cívico militar”.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que una Ley de Urgente Consideración es un instrumento para temas que sean justamente urgentes. “No parece lógico que 457 artículos sean urgentes, y para muestra basta un botón: ¿La habilitación a hacer chorizos artesanales es urgente? Si no fuera tan absurdo, sería hasta gracioso”.
En el artículo 318 se establece: “aurorízase a las carnicerías de corte en todo el territorio nacional la elaboración de productos embutidos con carne fresca (chorizo carnicero artesanal”.
Agregó: Y esto se complementa con normas penales realmente complejas, cómo por ejemplo: “La presunción de inocencia”.
En el artículo 40 se dispone que “salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentrias vigentes (Constitución de la República artículo 20 y 66)”.
“Si vemos que se elimina la obligatoriedad de medios electrónicos de pago para montos elevados y, por otro lado, se vuelve a las sociedades anónimas para la compra de tierras, tenemos el combo perfecto: “con una valija llena de plata puedo comprar una estancia y ponerla en una S.A”, cuestionó.
También rechazó la “impronta a favor de la opacidad que continúa en los artículos 324 y 325, donde la “titularidad de inmuebles rurales y de explotación agropecuarias podrá volver a manos de sociedades nominativas, cuyos titulares sean personas jurídicas, ¿al portador o del exterior?”.
Ferreri alertó que “se perderá la nominatividad real de nuestra tierra”.
“La urgencia mostrada en desarmar la inclusión financiera fomentando la informalidad, también habla mucho de una orientación en la cual no creemos. Informalidad y pérdida de derechos de los trabajadores, no es el camino hacia un Uruguay mejor”, cuestionó el subsecretario de Economía.
Proceso cívico-militar
Por su parte el diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía cuestionó el artículo 40, referido a la presunción de inocencia y en el cual se dispone que “salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes (Constitución de la República, artículos 20 y 66)”. Mahía la definió como una norma “tipo de un ‘proceso cívico militar’”.
El legislador agregó que parte del ante proyecto de Ley de Urgencia que escondieron a la gente en la campaña electoral contiene artículos “temerarios” que dan para un vale todo.
En tal sentido ejemplificó con el artículo 37 referido a la identificación y advertencia policial. En el mismo se establece que “el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con el tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o de terceras personas. En este último caso, el personal policial queda eximido de identificarse y de advertir”.
Ley de Restauración
Por su parte, el diputado del MPP, Alejandro Sánchez dijo que no le sorprende la Ley de Urgente Consideración.
“¿Se acuerdan cuando hablábamos de los dos modelos? Recorte de derechos laborales, políticos, sociales y económicos. Achique del Estado, beneficios a los privados, en detrimento de lo público. Podríamos llamarla Ley de Restauración?”, interrogó.
Mientras que el diputado del Partido Comunista del Uruguay, Gerardo Núñez manifestó que la Ley de Lacalle es típica del “populismo de derecha”.
“No se les cae una idea para generar puestos de trabajo, mucho menos desarrollo productivo. Parece que todo se resuelve con represión, recortes e intentos de silenciar la lucha. La vamos a enfrentar”, aseguró.
CONCENTRACIÓN
25 de enero de 2020
Convocan a una concentración
contra la Ley de
Urgente Consideración
A través de las redes sociales se convoca para el lunes 2 de marzo a una concentración en plaza Independencia en rechazo al proyecto de Ley de Urgente Consideración que será puesto a consideración del Parlamento.
Días pasados el presidente electo, Luis Lacalle Pou, presentó a los líderes de los partidos de la coalición multicolor un ante proyecto de Ley de Urgente Consideración.
La iniciativa que deberá ser puesta a consideración del Parlamento, luego de que los distintos partidos que componen el futuro gobierno la analicen, se compone de 457 artículos y diez secciones, ellas son: Seguridad Pública; Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado; Educación Pública; Economía y Empresas Públicas; Eficiencia del Estado; Sector Agropecuario; Relaciones Laborales y Seguridad Social; Desarrollo Social y Salud; Emergencia en Vivienda y Otras disposiciones en la cual se incluyen tres artículos sobre: protección a la libre circulación, portabilidad numérica y adecuación de regularidad constitucional de la Ley de Medios.
La propuesta ha recibido el cuestionamiento de parte del Frente Amplio y también del PIT-CNT.
Abuso de poder
Mientras que distintos ciudadanos respaldan, a través de las redes sociales, un convocatoria a una concentración en rechazo de la futura normativa.
“Les invitamos a una concentración en la plaza Independencia para expresar disconformidad respecto a varios artículos del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que ha presentado el presidente electo Luis Lacalle Pou a los líderes de los partidos de la oposición”, se indica en la convocatoria que partió a través de Facebook.
Asimismo, se expresa que hay artículos que “afectaran claramente a los empleados y a las mujeres”.
“Hablamos de un proyecto de Ley que incita al abuso de poder y a la represión, y atenta contra la libertad de expresión”, consideran los organizadores de la concentración.
Manifiestan, asimismo, que “hay que tomar consciencia de que va a ser prácticamente imposible tener una convivencia equitativa y de tolerancia”.
Por ello los convocantes consideranque “hoy más que nunca el pueblo uruguayo debe estar unido, y a través de la lucha y la resistencia no dejar que quiten ningún derecho adquirido”.
La concentración se realizará el 2 de marzo, es decir al día siguiente de que asuma el próximo gobierno. Mientras que el próximo Parlamento asumirá sus funciones el 15 de febrero.
Ley urgente y seguridad:
más castigo, nuevos delitos y policías al poder
La seguridad pública es la gran protagonista de la ley de urgente consideración y en varios artículos refleja el espíritu punitivista de algunos integrantes de la coalición multicolor: plantea el endurecimiento de penas, crea delitos como el del agravio a la autoridad policial, le otorga más poder a oficiales policiales y estimula el gatillo fácil.
24 enero, 2020
El anteproyecto de la ley de urgente consideración (LUC) que se dio a conocer el pasado miércoles está conformado por 457 artículos divididos en 10 secciones que plantean cambios en áreas como seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social, salud y vivienda.
La sección de Seguridad Pública contiene 94 artículos separados en 10 capítulos. En el primer artículo la ley urgente propone cambios a la Legitima defensa (art.26 del Código Penal). Por un lado se extienden las situaciones y lugares en las cuales una persona puede estar amenazada y por otro lado propone amparar a policías, efectivos de la Prefectura, soldados del Ejército y todo funcionario del Ministerio de Defensa, incluso aquellos en retiro. A estos se les otorga el poder de usar «armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva».
En el caso de los efectivos retirados, éstos podrán portar armas, con previo trámite en la Jefatura Departamental y contarán con la potestad de intervenir en caso de delitos al igual que el personal en actividad. «El personal policial en situación de retiro, podrá, ante la ocurrencia de un caso de flagrancia de un hecho delictivo violento, tomar las medidas más urgentes y necesarias para impedir el delito en proceso».
Además, se crea la figura de la «presunción de inocencia» para los efectivos. Esto significa que se presume la legítima defensa y se invierte la carga de la prueba, es decir, se supone a priori que se actuó en defensa propia y, en caso de que se denuncie, se debe probar lo contrario.
Por otro lado, se establece la obligatoriedad de identificarse ante la Policía, que podrá pedir cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o «cualquier otro documento idóneo» y se crea el delito de Resistencia al arresto, el cual sería castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. La misma pena correría para aquel que intentara impedir el arresto de otra persona o facilitar su fuga.
Otro delito creado por este proyecto de ley es el del Agravio a la autoridad policial, que sería castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión. Se entiende como agravio toda conducta que «obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial».
También existen algunas modificaciones a nivel de la legislación policial profesional el uso de la fuerza. En el artículo 36 del tercer capítulo de la LUC queda establecido que las fuerzas del Estado, «al advertir un daño», podrán hacer uso de la fuerza para «salvaguardar la vida o la integridad física propia o de terceros». Esto, siempre y cuando «no sea posible proteger por otros medios los derechos de los habitantes».
Además, la ley urgente establece que los efectivos policiales podrán usar la fuerza en situaciones tales como un allanamiento, si se enfrentaran a casos de resistencia. Esto es, cuando «no pueda defender de otro modo la posición que ocupa, las instalaciones que proteja o las personas a las que deba detener o conducir o que hayan sido confiadas a su custodia».
Otra de las modificaciones es el endurecimiento de penas para algunos delitos como la violencia sexual y el narcotráfico. En el caso del abuso sexual, por ejemplo, la LUC propone remplazar la pena actual, que es de 8 meses de prisión a 12 años de penitenciaría, por la de 3 a 12 años.
Una novedad que trae la LUC, es la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Se trata de una «unidad policial cuyos cometidos son el diseño, la coordinación, la ejecución y la evaluación de las políticas de seguridad en el medio rural».
Ley de Urgente
Consideración un atraso en materia de
derechos y libertades en Uruguay
por Nicolás Centurión
26.01.2020
El día 22 de enero, el líder de la derechista Coalición Multicolor y próximo presidente, Luis LacallePou, hizo público el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que pretenden aprobar con celeridad apenas asuman los nuevos legisladores el mes próximo, aprovechando la mayoría parlamentaria de la derecha.
La norma propuesta faculta al uso de la fuerza pública para disolverlos piquetes de manifestantes y habilita las detenciones “en casos de apariencia delictiva”
En la historia del Uruguay posdictadura se habían enviado 12 proyectos de estas características, con un máximo de 92 artículos. La LUC, que comprende 457 artículos y consta de diez secciones: seguridad pública, secretaría de inteligencia estratégica del Estado (SIEE), educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, normativa sobre la emergencia de vivienda y otras.
Significa un atraso importante en materia de derechos, criminaliza la protesta, mercantiliza la educación, coarta libertades, liberaliza el mercado de importación y refinamiento de petróleo y tiene sendos artículos más que polémicos, como el número 7 sobre las relaciones sexuales consensuadas con menores.
Hasta el momento se han expresado en contra-o al menos con preocupación- varias organizaciones y actores sociales. Por ejemplo la central sindical PIT CNT, el rector de la Universidad de la República, el Centro de Archivos y Acceso a la Información, varios dirigentes y sectores del Frente Amplio, como gremios y sindicatos.
El primer capítulo es sobre la Seguridad Pública. Plantea un terreno fértil para la represión y se posicion a desde el paradigma del “populismo punitivo” donde lo único que importa es aumentar las penas y robustecer el aparato policial.
En la Sección VII del documento, se establece que “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa” y se dispone que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente”.
El artículo 11 plantea que cualquiera que “ofenda” a la policía puede ser detenido de 3 a 12 meses sin explicitar quién establece lo que es una ofensa y que actos calificarían como ofensa. Lo mismo el artículo 36, donde la policía puede hacer uso de la fuerza para dispersar reuniones o manifestaciones que no sean pacificas, pero tampoco se establecen criterios de lo que es lono-pacífico.
Los artículos 448, 449 y 450, de lo súltimos de la LUC, establecidos en el capítulo “De la protección a la libre circulación”, son los más criticados, y es donde se establece la ley antipiquetes. Le otorga el aval a la policía de dispersar manifestaciones en “pos de la tranquilidad y la libre circulación” y de detener a las personas quetengan “apariencia delictiva.” Es decir, por porte de rostro. Y nuevamente queda librado al criterio de las fuerzas policiales cómo vayan a proceder y a quienes vayan a detener.
El articulo 20 también plantea que los efectivos policiales podrán interrogar “autónomamente al imputado”. En buen criollo, obtener testimonio bajo apremios ilegales.
La rehabilitación de los presos es ficticia ya que apenas deja la capacidad de reducir la pena por estudio y/o trabajo para unos pocos delitos menores. En el artículo 37, sobre Identificación y advertencia policial; el personal policial queda eximido de identificarse y de advertir. Traducción: primero disparo y luego pregunto.
Esto es solo el principio de la “leyómnibus”, que preten de impulsar Lacalle Pou ya que la mayor cantidad del contenido se extrae del programa de gobierno del Partido Nacional. Faltan los agregados de los demás partidos. Una ley que tiene artículos de “relleno” o que no parecen ser tan de urgente consideración como que las carnicerías puedan elaborar suspropios chorizos o la portabilidad numérica..
Lo que se expuso muy brevemente son solo algunos artículos enfocados en la seguridad pública. Aun queda analizar la reestructura brutal que van a hacer en educación, mercantilizándola y abriéndole las puertas de par en par en los lugares de decisión a las universidades privadas.
El anteproyecto también incluye adecuaciones al sistemaque administra el Banco de Previsión Social (BPS).
El ataque a la estatal petrolera Ancap, sigue la línea de su padre y último presidente blanco, Luis Alberto Lacalle Herrera. Éste y tantos otros temas van a sacudir de la modorra estival a las organizaciones del campo nacional y popular.
Por si fuera poco la agrupación de propietarios rurales “Un solo Uruguay” volvió a realizar su acto anual este 23 de enero brindándole todo el apoyo al gobierno entrante y el general Guido ManiniRíos, líder del ultraderechista Cabildo Abierto, miembro de la Coalición Multicolor, quien apuesta a ser intendente de Montevideo, tras 30 años de gobiernos frenteamplistas en la capital uruguaya.
Las experiencias regionales y de otros continentes nos han demostrado que este tipo de leyes, por más que nos espante, es solo el marco legal (pero no legítimo), la punta del iceberg del retroceso que se vendrá. Es el sustento jurídico para reprimir la lucha ante medidas del futuro gobierno que serán sumamente regresivas en derechos y en detrimento de la clase trabajadora.Al final parece que el ajuste no serápluma por pluma para que nadie se queje, como vaticinó el ex presidente Julio María Sanguinetti, la mano viene de desplume, así sin más.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)…
Civila: El anteproyecto de la ley de urgencia
«confirma lo peor de nuestros pronósticos»
Gonzalo Civila, Secretario del Partido Socialista y diputado reelecto, criticó el contenido del anteproyecto de la ley de urgente consideración.
Ene 23, 2020
Otra voz que se alzó para referirse al anteproyecto de la ley de urgente consideración, que será una de las prioridades del gobierno que asumirá el 1 de marzo, fue la de Gonzalo Civila.
El Secretario General del Partido Socialista y diputado reelecto expresó una visión sumamente crítica del documento publicado, pues considera que desde la coalición «tiran una bomba para medir reacciones y después aparecer cediendo alguna barbaridad».
El mensaje completo de Civila sostiene: «No hay una ley, ni siquiera un proyecto, hay un borrador que confirma lo peor de nuestros pronósticos, e incluso va más allá. Lo mismo que con el “acuerdo programático” para el ballotage: tiran una bomba para medir reacciones y después aparecer cediendo alguna barbaridad».
La ley era peor
Por Leandro Grille
26 enero, 2020
El proyecto de Ley de Urgente Consideración dado a conocer por el presidente electo entraña un profundo acto de deshonestidad cuyas consecuencias pueden ser dramáticas. Es deshonesto, porque Lacalle Pou reveló que venían trabajando en esta ley en octubre de 2018 –en entrevista concedida al diario El País–, pero se cuidó de mantener su contenido oculto durante trece meses, aunque ya lo sabía y hasta conocía el número aproximado de artículos con los que contaría la norma. Es deshonesto porque se ampara en una urgencia que no existe y que abarcaría a todas las funciones del Estado, para imponer un programa de restauración mediante un trámite expedito que clausura la discusión parlamentaria.
Para los que seguimos la política cotidianamente y conocemos el pensamiento de la derecha, no hay ninguna novedad llamativa en un proyecto de punitivismo rancio, antisindical, desregulador y hondamente neoliberal, pero a la gente la estafaron. Le escondieron la ley durante toda la campaña electoral, tanto el mismísimo Lacalle Pou como los medios de comunicación afines a él, que eran, son y seguirán siendo la inmensa mayoría y los más poderosos; medios que, además, surgen, sobre todos los canales, fuertemente retribuídos en este proyecto, que les va a permitir hacer los negocios que querían y no podían, cuando La Ley de Urgencia derogue parcialmente la Ley de Medios y además se les autorice a ofrecer internet.
El 30 de agosto del año pasado, en Caras y Caretas publicamos lo que habíamos podido averiguar de lo que se estaba tramando. Así señalamos que si Lacalle Pou resultaba electo, la Ley de Urgencia iba a incorporar la “eliminación de la representación docente en la ANEP”; la “creación de una regla fiscal para financiar el gasto público”; la “reorganización del Ministerio de Desarrollo Social”; la “presunción simple de legítima defensa” para los policías; el “control de las sociedades anónimas de los entes públicos”; la “ley de derribo”; la “autonomía absoluta de las unidades reguladoras”, que calificamos como “otro paso para avanzar sobre las empresas públicas, fijándoles parámetros y estándares hasta que consigan su sueño (derrotado en el plebiscito de 1992) de privatizarlas en todo o en parte”; la “desregulación de la importación de combustibles”, cuyo propósito es liquidar Ancap; la “eliminación de la bancarización obligatoria”; la “conformación de una comisión para establecer reformas a la seguridad social”; y hasta la “creación de una Agencia de Monitoreo y Evalaución de Políticas Públicas”.
Aunque estuvimos finos en los pronósticos, nos quedamos cortos. La ley es todavía peor que todo lo que podíamos imaginarnos y regula materias de una heterogeneidad asombrosa. Valga de ejemplo que en un artículo se mete con la Ley Orgánica de la Universidad de la República y le quita a la Universidad la competencia de revalidar títulos extranjeros, y en otro artículo autoriza a las carnicerías a hacer chorizos artesanales.
Usted se preguntará por qué Lacalle Pou incurrió en la torpeza de regular mediante esta ley asuntos tan disímiles y de trascendencia incomparable. Sin perjuicio de la existencia de normas a demanda de amigos y particulares –la de los chorizos no puede tener otro fundamento–, cabe admitir que la urdimbre de la ley respondió a la lógica megalómana del hijo de un patrón de estancia cuando le escribe una carta a Papa Noel: lo mismo pide una Play, una tabla de Surf, un pasaje a Disney y un sobre de figuritas del álbum del Mundial. Es una ley para materializar sus sueños, confiado en la robustez inicial de una coalición multicolor, que debería darle los votos para darle vuelta y vuelta al Uruguay porque se le canta. Más que una ley, es una bravata de baladrón.
Dicho esto, ¿qué opción le deja a la sociedad que no comparte su delirio? Debatir está claro que no, porque el trámite parlamentario previsto para una Ley de Urgente Consideración obligaría a cada una de las dos cámaras a dar tratamiento, debate y aprobación a la friolera de diez artículos por día y, así y todo, con ese ritmo frenético, le faltaría un día a cada cuerpo legislativo para abordar los 459 artículos de la norma. El único instrumento posible, si se aprueba, es promover su derogación por medio de un instituto de democracia directa, lo cual tampoco representa una novedad, porque varios de los proyectos más ambiciosos de esta la Ley de Urgencia ya han sido derrotados en las urnas. Entre ellos, la ley de desmonopolización y asociación de Ancap aprobada en 2001 en el gobierno de Jorge Batlle y derogada en referéndum por más del 60% de la ciudadanía el 7 de diciembre de 2003, que ahora Lacalle Pou quiere reintroducir como a un zombie que emerge atravesando la tierra con las falanges agusanadas.
De ahora en adelante, la izquierda y el movimiento popular uruguayo deben abstenerse de llorar sobre la leche derramada. Porque llorar no sirve para nada. La única estrategia para contener el daño tremendo que este verdadero aparato legal puede producirle a nuestro país es poblar de argumentos la cancha, compartir la información, analizarla colectivamente, recorrer el país, casa por casa, para que todo el mundo sepa lo que se está votando, y organizar la mayor juntada de firmas de la historia que nos lleve derechito al referéndum, donde una vez más el pueblo los derrote. No hay otro camino que el debate y la lucha. No hay otro camino que volver a lo que éramos cuando no teníamos la sartén por el mango ni la máquina de ganar de votaciones en el Palacio Legislativo. No hay otro camino que volver a ser la izquierda de la resistencia, la que nos dio todo, desde la organización hasta la esperanza, la que nos hizo lo que fuimos, cuando éramos más flacos y perdíamos siempre, sin cargos para repartir ni ambiciones desmesuradas, pero capaces de forjar la historia en la mitad de avenida. Vamos a necesitar de la memoria de nosotros mismos.
Realizarán movilización
en rechazo a la ley urgente
La convocatoria se lanzó vía redes sociales y será el 2 de marzo en Plaza Independencia.
27 enero, 2020
El pasado miércoles 22 se dio a conocer el anteproyecto de la ley de urgente consideración (LUC). Se trata de 457 artículos divididos en 10 secciones que plantean cambios en áreas como seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social, salud y vivienda.
La propuesta recibió el cuestionamiento y rechazo de varios sectores como el Frente Amplio el PIT-CNT así como diferentes colectivos y ciudadanos. Ante esta situación, se comenzó a gestar una convocatoria mediante la red social Facebook que hace un llamado a concentrar y movilizar en rechazo a la ley y será el 2 de marzo en Plaza Independencia.
«Les invitamos a concentarse en la plaza independencia para expresar la desconformidad respecto a varios artículos del proyecto de Ley de urgente consideración planteado por el próximo nuevo gobierno», relata la convocatoria del evento.
Ademas, se exhorta a la ciudadanía a realizar una análisis profundo de la ley y tomar consciencia. «Hay que leer bien artículo por artículo y agarrar uno por uno con pinzas. Hablamos de artículos que claramente afectaran a lxs empeladxs, a kas distintas desidencias, a las mujeres, etc, hablamos de un proyecto de ley que incita al abuso de poder y la represión, entre otros y que claramente atenta contra la libertad de expresión».
La convocatoria ya cuenta con miles de interesados y asistentes al evento confirmados.
Morás: “la ley de urgencia no augura un futuro
promisorio en seguridad”
Se da el mensaje “ármese y defiéndase”, dijo sobre la definición de legítima defensa que se propone
El proyecto de ley de urgencia del gobierno entrante “no augura un futuro promisorio de la seguridad pública, de reducción de la violencia”, dijo en Puntos de vista el director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad Derecho de la Udelar, Luis Eduardo Morás. El incremento de penas y la creación de nuevos delitos no resuelven el tema de la inseguridad, sostuvo.
Con medidas de ese tipo no se resuelve el ingreso de jóvenes al delito, afirmó. Repasó que en los últimos años 6000 jóvenes de entre 18 y 25 años se involucraron anualmente con el delito por primera vez . “¿Qué estamos haciendo como sociedad para que no ingresen al delito?”, dijo y agregó que el proyecto no aporta nada en ese sentido.
Recordó que en 2012 hubo 15.400 rapiñas. Se decía que la mayoría habían sido cometidas por adolescentes y en función de eso se aumentó la pena a un año de privación como mínimo. En 2018 se llegó a 30.000 rapiñas, agregó. Lo que se preveía como una herramienta para mejorar la seguridad pública no tuvo ese efecto, señaló.
Otro de los puntos cuestionables del proyecto de ley es la extensión de las condiciones en las que se configura la legítima defensa. Se amplía el área en que se puede encuadrar esa figura a las zonas adyacentes de una vivienda y también el disparo de arma de fuego cuando hay sospecha que quien está en actitud delictiva dentro de esas áreas tiene un arma. “Se le está dando el mensaje ‘cómprese un arma y defiéndase’ a la sociedad civil”, sostuvo.
La ley propone varias modificaciones de códigos, de legislación, y debe ser dilucidada en 90 días, repasó Morás y afirmó que eso menoscaba el mecanismo democrático, la sana discusión entre la sociedad civil y el debate con el mundo académico, entre otros sectores involucrados. “En 90 días es imposible que se haga un análisis meticuloso y provechoso”, dijo.
Morás apuntó que el proyecto aún está en etapa de cambio y acotó que cree que varias de las propuestas no serán aceptadas por sectores integrantes de la coalición que respalda al gobierno. “Espero que prime la cordura”, dijo.
Entrevista a Luis Eduardo Morás
Diga, oficial
Goldaracena enviará nota a Inddhh por
cambios en accionar policial de la ley urgente
El abogado señaló que el texto otorga a la Policía “licencia para reprimir impunemente”, dijo que no es “compatible” con un Estado liberal y que contiene inconstitucionalidades.
27.01.2020
El abogado Oscar López Goldaracena enviará este martes una nota a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en el que recogerá lo que pudo recabar en un análisis primario del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que fue presentado la semana pasada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou.
Según este primer análisis, al que tuvo acceso Montevideo Portal, el texto “restringe derechos de las personas”, otorga a la Policía “licencia para reprimir impunemente” y “violenta principios del proceso penal”.
Goldaracena especifica que el anteproyecto contiene “propuestas inconstitucionales” y que no es un texto “compatible con un Estado liberal de Derecho”.
“Frente al avance de la delincuencia organizada, los Estados muchas veces incurren en la tentación de restringir derechos, libertades y garantías de todas las personas y someter de esa forma a la sociedad a un control policial que, para que lo acepte, se lo presenta como algo indispensable”, enfatiza el abogado.
Sin embargo, agrega, un Estado liberal “debe siempre” procurar un “justo equilibrio entre el accionar policial y los derechos y libertades para no traspasar el límite entre el derecho y la arbitrariedad”.
“Considero que las propuestas analizadas no deberían ser aceptadas. El proyecto, claramente, aumenta el poder de la Policía al tiempo que restringe derechos y garantías, habilitando la probabilidad de que haya desbordes que queden impunes”, comenta.
Según detalla, la Policía podrá efectuar controles de identidad “sin causa, ni motivo”: “Porque sí”. “Se eliminan derechos de la persona a la que se le pide identificación”, especifica.
“La Policía puede realizar el registro de cualquier persona, su vestimenta, equipaje y vehículo, bastando que invoque un procedimiento rutinario en busca de efectos robados, armas o droga”, añade.
Frente a un hecho que considere con “apariencia delictiva”, aunque no fuese denunciado, la Policía “quedará habilitada” a intervenir sin que la Fiscalía “se entere de inmediato, ni de la denuncia ni del hecho”.
“La Policía iniciará las investigaciones, obtendrá prueba y tomará declaración al imputado sin avisar al Fiscal y sin su intervención ni control, pudiendo incluso detener personas en averiguaciones sin orden judicial”, comenta Goldaracena.
El abogado señala que la LUC “viola principios esenciales del sistema procesal penal y de la Constitución de la República”.
El proyecto habilita a que en “determinadas circunstancias” la Policía pueda “disparar sin guardar la obligación de causar mínimas lesiones”.
El profesional detalla también que el proyecto pretende “blindar con impunidad” la actuación represiva con modificaciones a la legislación actual, y señala que el nuevo texto propone la presunción simple de inocencia para la actuación policial”.
También propone eliminar la norma que expresa que el personal policial es responsable penal, civil y administrativamente por los actos que ejecuta, así como por las órdenes que imparta.
“Es, en definitiva, un proyecto que contiene propuestas inconstitucionales y contrarias a normas internacionales”, finaliza.
Montevideo Portal
Documento del Dr.Oscar López Goldaracena
Texto en PDF de la Ley de Urgencia del nuevo gobierno uruguayo