Investigación indaga en maestros
destituidos durante el período
autoritariopor motivos
ideológicos y morales
12 de marzo de 2020
Diego Sempol.
Del archivo surge que la lista de maestros destituidos es más amplia que la oficial, que, entre otros, no incluye a Elena Quinteros.
Esta tarde, en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar), se hará el lanzamiento del sitio web de Memorias de mi Pueblo, un proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones (IC) que sistematiza la información disponible sobre víctimas del terrorismo de Estado en Canelones. La página contiene listados de víctimas del terrorismo de Estado, testimonios audiovisuales, fotografías, una biblioteca con el detalles de la documentación disponible sobre el tema, las fuentes y un mapa de sitios de memoria. La página invita a promover la colaboración de todas las personas que quieran aportar datos o testimonios.
Entre las víctimas, el proyecto comenzó a identificar a los maestros y maestras destituidos en el período autoritario, y así se accedió a todas las actas del Consejo de Educación Primaria (CEP) de entre 1968 y 1985. El acceso a este archivo determinó el comienzo del proyecto de investigación Escuela de la Memoria, que se propone la indagación en los casos de persecución ideológica y moral contra maestros en ese período.
Diego Sempol, docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, encabezó el proceso de exploración del archivo, que comenzó en octubre de 2019 y terminó esta semana: se relevaron todas las actas del CEP desde 1968 hasta 1985 y se solicitaron 2.700 carpetas con casos personales, de las que se seleccionaron 864 para digitalizar. El material en papel continúa en manos del Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero las cerca de 10.000 páginas digitalizadas están en custodia del Archivo Sociedades en Movimiento, de la Udelar, y estará disponible para investigadores o cualquier persona, previa solicitud de acceso a la información. La digitalización se hizo con financiación de la IC y de la Udelar en 15%, mientras que el restante 85% estuvo a cargo de voluntarios de organizaciones sociales, como Ovejas Negras.
Preguntas abiertas
El proyecto recién comienza y, con la primera exploración del material, se abren varias preguntas o líneas de investigación, señala Sempol. Uno de los primeros hallazgos es que la cantidad de maestros destituidos por razones político-partidarias o gremiales “son muchos más que los que oficialmente se dicen”. Esto pasa en todo el país, mencionó el investigador, pero en particular en Canelones; según informó Valeria Rubino, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la IC, el listado oficial del consejo “no llegaba a 100, y nosotros ya pasamos los 120 maestros destituidos”. Contó que, paradójicamente, una de las figuras emblema de la resistencia a la dictadura por el magisterio, Elena Quinteros, que trabajaba en la escuela 195 de Pando, no figuraba en la lista oficial de maestras destituidas en el departamento y fue una de las que encontraron.
Por otro lado, Sempol mencionó como un elemento novedoso de esta investigación el cruce de “los estudios de la dictadura con el campo de género y sexualidad y con el campo de historia de la educación, tres áreas que hasta ahora no habían coincidido en la investigación. Este archivo que vamos a poner a disposición nos va a permitir hacer nuevas preguntas sobre el autoritarismo y el pasado reciente”.
En referencia a la perspectiva de género y sexualidad, en la investigación se buscaron también casos de persecución moral, y se encontraron 38 casos de maestros y maestras que, en todo el país, fueron destituidas, sumariadas o sancionadas por cuestiones de “aptitud moral”. “Homosexuales, personas que consumen drogas, que se realizaron un aborto en forma clandestina o mujeres que vivían en situación de concubinato. La institución considera que estas personas no tiene aptitud moral para ser maestras, y lo dice explícitamente: hay carpetas y legajos de 300 páginas, donde están los informes médicos, las denuncias de los vecinos, de la Policía y la resolución del consejo”, dijo Sempol, quien graficó la “crudeza” de estas resoluciones que, por ejemplo, resuelven la destitución de maestros por definirlos como “homosexual activo”. El investigador apuntó que la mayoría de estos casos se produjo en el interior del país.
El doctor en Ciencias Sociales aseguró que en relación con la persecución moral la escuela es una institución “brutalmente vigilada, porque ahí se juega la reproducción social”, pero afirmó que en el período autoritario “hay una inflexión: vi expedientes y debates del período anterior y estos problemas no aparecían”. “Hay una fuerte intromisión en la vida privada en este período, que genera que nos enteremos de que muchos maestros son homosexuales o muchas maestras viven en concubinato; en tiempos democráticos regulares lo privado está mucho más disociado del rol profesional y las personas pueden vivir con estas discordancias, más allá de los discursos institucionales”, explicó.
Hay un caso emblemático, contó Sempol, de dos maestros que en una ciudad del interior se dieron un beso en un espacio público, lo que derivó en que fueran detenidos por la Policía. “Los procesan por atentado violento al pudor, los meten presos casi un mes, Primaria hace un expediente de casi 200 páginas, con informes de pericias médicas que demuestran que estas personas son homosexuales, y finalmente se los destituye a los dos. Un beso significó eso”.
Otra línea de investigación que se abre tiene que ver, según Sempol, con “la densidad de lo que significa exactamente lo ‘cívico’ cuando hablamos de la dictadura cívico-militar”, ya que en Primaria “se puede visualizar la complejidad: uno encuentra que hay maestras y directoras, esposas de policías y militares, a las que, durante el período autoritario, esa relación les dio privilegios para ascender en la estructura de Primaria, o que casi todas las inspecciones se vuelven cargos de confianza política”, señaló.
Un tercer punto a profundizar es la resistencia que ejerció el magisterio a la dictadura. Sempol identifica un punto álgido con la huelga de maestros que comenzó el 30 de octubre de 1972 y se extendió hasta diciembre, un período que generó una cantidad de investigaciones y sanciones y que generó consecuencias posteriores a los maestros que participaron, a los que les jugó en contra, por ejemplo, en la posibilidad de ascenso. “Son conflictos que son criminalizados y atraviesan la biografía de estas personas” y, a entender del investigador, son momentos que quedaron invisibilizados como hitos de la resistencia; “no se habla mucho de la participación de las maestras en la resistencia, el foco está puesto en secundaria y en la Udelar”.