ARCHIVOS
Tabaré Vázquez expresó preocupación por robo de archivos sobre desaparecidos y la INDDHH denunció intencionalidad de entorpecer investigaciones
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, expresó preocupación por el robo de los archivos sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos del laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay. Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) denunció que el hecho tiene la clara intencionalidad de entorpecer los trabajos de los científicos
El Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, informó este lunes 28 que constató el ingreso de personas no autorizadas al laboratorio de Arqueología Forense y también la falta de material de archivo, relacionado con los trabajos de búsqueda de detenidos – desaparecidos en el marco de la pasada dictadura cívico militar (1973-1985).
Asimismo, las personas que ingresaron al laboratorio dejaron en el lugar un mapa con la dirección donde vive cada uno de los integrantes del grupo de investigadores, lo cual se consideró como una “amenaza”.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) realizó la denuncia policial en la Seccional 3ª de Policía e intervinieron la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.
El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, expresó a radio Uruguay que se trata de un hecho de “gran preocupación”. Aseguró que no es un episodio casual, sino planificado, por la forma en que ingresaron a laboratorio y de ubicar los materiales que fueron hurtados.
“Esto ocurre en el momento que el grupo de trabajo por Verdad y Justicia plantea su plan para los próximos años y luego de que han llegado nuevos datos a través de Familiares y de gestiones que ha realizado la Iglesia Católica”, advirtió Rico.
Además del robo del disco duro, del cual existe respaldo, también apareció en el lugar un mapa de Montevideo en el que se marcó en un círculo la dirección de las viviendas de los integrantes del equipo de investigadores.
“Son nueve los integrantes del equipo de antropólogos que viven en Montevideo y cuyas direcciones aparecen marcadas en el mapa”, relató el decano de Humanidades.
Preocupación
Por su parte, el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, se comunicó con Rico, para expresarle su solidaridad ante el robo del material al grupo de arqueólogos.
Roballo aseguró a El Observador que el presidente de la República Tabaré Vázquez “sigue muy de cerca el hecho” que preocupa al gobierno.
Por su lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) indicó que de acuerdo a la información que ha hecho pública la Facultad de Humanidades “es evidente que existe una clara intencionalidad de los autores de este atentado dirigida a entorpecer los trabajos que desde hace varios años se llevan adelante en el país, para erradicar la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado”.
“Aclarar lo ocurrido resulta fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y el Estado de derecho”, dijo la INDDHH a través de un comunicado.
Mientras tanto, el secretario general de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda, manifestó la preocupación que existe por el robo, pero de todos modos advirtió que se debe aguardar el resultado de la investigación.
“Es preocupante que en una institución pública sucedan estas cosas. Además, la supuesta amenaza hacia los integrantes del grupo se trata en realidad de bravuconadas”, sentenció Miranda.
Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se indicó que el robo es un hecho “muy grave que tiene el claro objetivo de amedrentar”.
“Este robo nos retrotrae a las prácticas ejercidas por el terrorismo de Estado”, lamentó la organización.
A comienzos de marzo, el grupo de antropólogos forenses retomó la búsqueda de restos de cuatro hombres y una mujer en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Número 1, ubicado en la localidad de Piedra del Toro, Canelones.
Días pasados, el Papa Francisco anunció que el Vaticano abrirá sus archivos sobre las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la uruguaya.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República afirmó que las personas detenidas desaparecidas dentro del período comprendido entre los años 1968-1985, es de 192 ciudadanos.
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Adjuntamos opinion de Lewis Rostan que testimonia en el juicio de Roma contra el Plan Condor
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El robo al GIAF es un hecho muy grave que atenta directamente a la verdad ,buscando sembrar la desconfianza y el miedo generalizado Desde la Comisión por la Paz de Jorge Batlle a todos los gobiernos del FA los militares y civiles golpistas han tenido y tienen mecanismos seguros para decir que paso con los compañeros desaparecidos. ..Tiene que ser muy grande el odio que envenena a estos represores para que sigan cometiendo el delito de desaparición forzada que a esta altura es mas contra los familiares y amigos de las victimas. Seguramente no se ha perdido información porque es practica común entre los investigadores el compartir y chequear la información con varias fuentes y las copias de seguridad entre varios organismos y personas Los objetivos son otros. Sembrar la desconfianza hacia los propios investigadores y los organismos que buscan la verdad y justicia Los ladrones fueron evidentes en demostrar que entraron con las llaves apropiadas y eso va a procurar fricciones entre el Ministerio del Interior encargado de la investigación y todo el personal que tiene o tuvo acceso a dichas llaves Fomentar el miedo entre los investigadores amenazados directamente e indirectamente entre los testigos e informantes Desalentar los esfuerzos de todos los investigadores ,de las organizaciones de DDHH y de la Comisión de Verdad y Justicia gubernamental Dar el mal ejemplo para que otros grupos o individuos desequilibrados y llenos de odio emprendan acciones de venganza similares o mas violentas El repudio a estos hechos además de las declaraciones solidarias necesarias sera efectivo por el aporte de toda la información disponible desperdigada ente muchos investigadores ,testigos y organizaciones diversas. Hay que canalizar ese flujo de información y el acceso a los archivos para todos los investigadores La desconfianza, y el miedo no pueden encerrarnos y limitar el trabajo porque ese es uno de los objetivos de los represores Los protocolos de acceso a los archivos deben dar garantía sobre la integridad de los mismos y el uso responsable de sus usuarios pero no priorizar el proteger “datos sensibles o de terceros” que impiden el avance de las investigaciones allí donde se aplica ese criterio Lewis Rostan |
Amnistía Internacional “repudió” las acciones cometidas contra el GIAF, y reclamó a las autoridades una investigación “exhaustiva”. El FA pidió justicia.
La organización Amnistía Internacional repudió las acciones cometidas contra el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y señaló que representan “un retroceso en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional Uruguay instó a las autoridades competentes a realizar “una investigación exhaustiva e imparcial y que las personas responsables sean llevadas ante la justicia para que este hecho no quede impune y se prevenga la generación de nuevos obstáculos en la búsqueda de la verdad”.
La organización “exhorta” a los responsables a garantizar la seguridad del GIAF para que continúe realizando su trabajo, y señala que “la búsqueda de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la última dictadura forman parte del derecho de las víctimas y sus familias y, de la sociedad en su conjunto, a saber la verdad de lo ocurrido, exigir justicia y que se den garantías de no repetición. Estas acciones de carácter aparentemente intimidatorio, constituyen una nueva vulneración de estos derechos y atentan contra el Estado de derecho”.
En el mismo sentido se expresó el Secretariado del Frente Amplio, que, en palabras del senador Rafael Michelini pronunciadas durante el acto que la fuerza política realizó el miércoles en la Plaza Seregni, instó a aclarar el caso.
“Vamos a exigir a la Policía, al Ministerio del Interior y a la Justicia que con rigurosidad y profesionalismo aclaren rápidamente los hechos, y si es posible, lleven a los responsables a la Justicia”, dijo Michelini.
Montevideo Portal
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Siguen las expresiones de repudio al alevoso robo de documentación en la Facultad de Humanidades:
Siguen agazapados
El atentado contra el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, perpetrado durante la Semana de Turismo, merece nuestro franco repudio y enérgica condena. Es un intento claro de entorpecer el trabajo que se viene llevando a cabo, no solamente en cuanto a la búsqueda de los restos de los Detenidos Desaparecidos
Es un hecho grave y preocupante. Hay una amenaza clara y directa para los integrantes del grupo de trabajo cuyos domicilios fueron identificados y señalados en un mapa de Montevideo. Su irradiación es mucha más amplia. Apunta a amedrentar a quienes anónimamente han comenzado a aportar información relevante en los últimos tiempos. También agrega presiones a todos los operadores judiciales, a todos los jueces que tienen en sus manos las causas del pasado reciente.
En nuestro país, corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado.
Desde octubre de 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones. La ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, anulando fácticamente la ley de caducidad. El poder judicial, además, recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada durante dos décadas por los defensores de la impunidad.
El tiempo en que estuvo vigente la ley caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. Son, por sentencia de la Suprema Corte, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices.
La Suprema Corte de Justicia debe alentar y vigorizar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor. Debe adoptar orientaciones que garanticen que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para los criminales como Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.
La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto de país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad en junio de 1968. Se aplicó para reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de los privilegiados de siempre. Fue una iniciativa de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.
Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. La implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es la hoja de ruta para evitar que los hechos vuelvan a repetirse, para afirmar la democracia, las normas de DDHH y generar las condiciones que permitan seguir avanzando.
Corresponde también a la justicia, con el auxilio de la Policía, investigar y castigar este atentado sumamente profesional y que amenaza también a toda la sociedad. La impunidad siempre alienta la impunidad.
La movilización más amplia de toda la ciudadanía en reclamo de Verdad y Justicia, por conocer el destino de los Detenidos Desaparecidos, es el camino a transitar. Como siempre. Los expresos políticos ahí estaremos.
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Expresiones del senador Rafael Michelini:
Michellini: el FA y los ataques al GIAF
El senador Rafael Michellini, habló en nombre del secretariado de la fuerza política, sobre los hechos acontecidos en el laboratorio del Grupo de Investigación de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades que investiga sobre casos de detenidos desaparecidos, con el robo de archivos y ame-nazas a investigadores. Esta situación, según Michellini, no requería «otra declaración formal más», sino que «merece que levantemos nuestra voz de condena y de repudio ante estos hechos». «Vamos a exigir a la policía, al ministerio del Interior y a la justicia, para que aclaren rápidamente los hechos y lleven a los responsables a la justicia».
El dirigente frenteamplista señaló que si bien falta la información completa, que se de terminará en la investigación en curso, ya hay algunos elementos que se tienen para analizar, por ejemplo, que los autores entraron sin forzar ninguna cerradura ni lidiar con las alarmas y que dejaron las direcciones de los investigadores.
«Sabemos más –continuó, que no quisieron ocultar el hecho, que dejaron evidencia para que lo supiéramos, para que sepamos que actuaron con total impunidad».
«El pueblo uruguayo tiene un compromiso ineludible con la verdad, con la justicia, con la memoria y con el nunca más», afirmó. Michellini sentenció que quienes entraron en la Facultad de Humanida-des «cometieron un error imperdonable para ellos, que es decirnos y hacernos ver que están actuando en forma permanente para intentar torcer el brazo de la justicia y que siga habiendo impunidad», y agregó que en el Frente Amplio, «levantamos nuestra voz para decirles que no les tenemos miedo, y que el pueblo uruguayo está acá presente para enfrentarlos cada vez que sea necesario y para seguir construyendo nuestro futuro de libertad, de justicia y de Derechos Humanos».
«Lo hacemos por nuestros compañeros desaparecidos, por los que lucharon por la dictadura, por los fundadores del Frente Amplio», destacó, añadiendo que también lo hacemos por «nuestros hijos y nuestros nietos y los que vendrán».
Por último, llamó a convocar al próximo 20 de mayo «sin banderías pero sí a favor de la verdad, de la justicia y del nunca más terrorismo de Estado».
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Otras voces
De “La Diaria” 4/04/2016
Facultad de Humanidades pidió asesoría técnica en Ingeniería para “tener una segunda opinión” sobre informe de empresa de seguridad.
El viernes, y pese a la lluvia, centenares de personas se movilizaron en el centro de Montevideo para repudiar el robo de información en el local del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) y las amenazas contra el equipo de antropólogos que investiga sobre detenidos desaparecidos en la dictadura militar. Ese mismo día, el juez penal de 4º Turno, Eduardo Pereira, a cargo de la investigación, se comunicó con las autoridades del Ministerio del Interior, solicitó los informes de la Dirección Nacional de Policía Científica y tomó medidas para profundizar las pesquisas. Una de ellas fue convocar a los nueve antropólogos, que ayer declararon en la sede penal. Otra línea de acción que determinó el magistrado, según informaron fuentes cercanas al caso, tiene que ver con la posibilidad de auditar el sistema de seguridad de Grupo Gamma, la empresa privada encargada de la seguridad en el edificio perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), ubicado sobre la calle Paysandú, entre Minas y Magallanes.
Esta preocupación ante posibles fallas en el sistema de alarmas también caló en el ámbito universitario. El decano de la FHCE, Álvaro Rico, se comunicó hace unos días con su colega de la Facultad de Ingeniería, María Simon, para solicitar la intervención de técnicos del Instituto de Ingeniería Eléctrica de esa casa de estudios. El motivo del pedido, según pudo saber la diaria, tiene que ver con la necesidad de “tener una segunda opinión” y no depender “exclusivamente” del informe que entregó el Grupo Gamma, que brinda este servicio de vigilancia tras haber ganado una licitación.
La actividad de la firma de seguridad también es seguida con atención por autoridades del Ministerio del Interior. Fuentes de esa cartera confirmaron que se han hecho averiguaciones para determinar si es cierto que algunos militares y policías retirados estuvieron vinculados con la fundación de la empresa, y, en caso de que sea así, si ese vínculo se mantiene en la actualidad. Esta semana, jerarcas del Ministerio del Interior se reunirán con las autoridades universitarias para continuar con el intercambio de información. Además de lo que puedan aportar los técnicos de Ingeniería (sobre características de las alarmas, a qué tipo de dispositivos estaban conectadas, qué tipos de sensores de humo y movimiento habían instalado, entre otras cosas), también deberán tener en cuenta las investigaciones administrativas que ordenó el decano de Humanidades, cuyos resultados estarán prontos hoy, tras consultas con el secretario de la facultad, la Intendencia de Montevideo y la sección de portería y vigilancia de la institución.
Por otra parte, de los objetos que se denunciaron como hurtados no hay novedades: en el informe de la Policía Científica se indica que concretamente faltan dos memorias extraíbles (una marca Toshiba y otra Samsung), un pendrive azul de ocho gigabytes, 3.100 pesos, un candado dorado y cuatro llaves (tres de un altillo y una de un armario).