Hace 44 años, el 5 de octubre de 1976, se realizó el “segundo vuelo” en el que una veintena de uruguayos secuestrados en el “pozo” de Automotores Orletti de Argentina, fueron traídos a Uruguay en el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), detenidos en unidades militares, ejecutados y enterrados, probablemente, en una fosa común. El caso fue denunciado en La República en 2002, la Fuerza Aérea reconoció la existencia de aquel segundo vuelo en 2004, el comandante del Ejército admitió el vuelo y la ejecución en 2006, cuando se llegó a realizar una causa judicial por la que ocho militares y policías fueron condendos en 2009, pero el Ejército sigue sin confesar dónde fueron enterrados. La impunidad sigue cubriendo la verdad de esa tumba.
El comandante con el zapato del maestro Julio Castro
I – El INFORMANTE DE SIMÓN RIQUELO
El 17 de marzo de 2002, dos días después que un examen de ADN confirmara que el joven que Rafael Michelini había ubicado en Argentina era efectivamente el hijo desaparecido de Sara Méndez, comenzó otra etapa en la investigación periodística realizada durante más de un año para Posdata Folios y por la que se habían conseguido los datos que permitieron encontrar a Simón Riquelo.
Inicialmente, la investigación tuvo como objetivo confirmar o descartar un documento con el testimonio un presunto agente de la policía federal que habría participado en los seguimiento de Zelmar Michelini desde meses antes al 18 de mayo de 1976 cuando lo asesinaron. Se buscó como fuente a un ex agente de la SIDE que había pertenecido a la banda de Aníbal Gordon y operó en el centro de torturas Automotores Orletti. (1)
El informante aceptó colaborar como fuente anónima solo sobre el caso de Simón, pero cuando se le preguntó sobre lo ocurrido con los uruguayos que habían desaparecido en setiembre y octubre de 1976, luego del primer vuelo de Orletti en el que había trasladado a otros secuestrados en junio y julio, admitió que también estuvieron en aquel centro clandestino de detención en el que operaba el Plan Cóndor.
“De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz.
Pero que no nos adjudiquen esas desa
Tras la confirmación de la identidad de Simón y su reencuentro con Sara Méndez, se volvió a contactar al informante argentino, quien agregó nuevos detalles de los procedimientos en los que fueron detenidos aquellos uruguayos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). La veracidad de su testimonio dejó abierta la especulación sobre un terrible fin de aquel segundo grupo de trasladados: si no fueron “blanqueados” como los primeros, solo pudieron ser ejecutados y enterrados en un cementerio clandestino. (3)pariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyó a todos los que quedaban, incluso cinco argentinos. No participé en la entrega, pero creo que a esos últimos tienen que buscarlos en Uruguay”, dijo. (2)
Tras la confirmación de la identidad de Simón y su reencuentro con Sara Méndez, se volvió a contactar al informante argentino, quien agregó nuevos detalles de los procedimientos en los que fueron detenidos aquellos uruguayos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). La veracidad de su testimonio dejó abierta la especulación sobre un terrible fin de aquel segundo grupo de trasladados: si no fueron “blanqueados” como los primeros, solo pudieron ser ejecutados y enterrados en un cementerio clandestino. (3)
II – LOS TRANSPORTISTAS DEL SEGUNDO VUELO
Meses más tarde, otra fuente de información, esta vez un militar uruguayo, permitió reconstruir los detalles de aquel segundo vuelo de Orletti e identificar los nombres de quienes estuvieron implicados en el traslado. En setiembre de 2002 se publicó en La República la segunda parte de la investigación con un dato significativo: el copiloto de vuelo que trajo a los uruguayos de Orletti había sido el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General José Pedro Malaquín.
La investigación periodística confirmó que en los primeros días de octubre de 1976 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco había aterrizado el vuelo Nº 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU). Un C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) procedente del Oeste y que la aeronave carreteó hasta ser estacionada junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento (BMA) de la FAU, que estaba custodiada por soldados y que descendieron entre 14 y 16 civiles encapuchados –uno de ellos vendado con una bufanda–, quienes fueron subidos a camiones del Ejército y trasladados con rumbo desconocido.
La coordinación de ese vuelo -se explicaba- fue realizada por el entonces coronel (av.) Uruguay Araújo Umpiérrez, denunciado años antes por el ex agente Julio Barboza como uno de los mandos principales del Servicio de Información y Defensa (SID). La nave tenía como piloto al mayor Walter Pintos, como copiloto al mayor José Pedro Malaquín y como tripulante al capitán Daniel Muñoz. La Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento, esa madrugada, estaba a cargo del mayor Walter Dopazzo.
La confirmación de la fecha del vuelo requirió de un nuevo contacto con el informante argentino que había permitido encontrar a Simón: “No me quedan dudas ni confusiones, estoy seguro de ese vuelo, porque fue ese día que (Miguel Angel) Furci se quedó con la chiquita (Mariana Zaffaroni)”, dijo. Un dato coincidente con el testimonio de un argentino sobreviviente de Orletti: Luis Bertazzo había sido liberado el 7 de octubre y recuerda “que unos días antes de ello se había procedido al traslado de un grupo de uruguayos”, según consta en las actas de la causa del Plan Cóndor llevada adelante por la justicia argentina. (4)
Aquel informe periodístico agregaba otro dato particular. El comunicado que la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) difundió a fines de octubre de 1976, cuando se hizo un falso operativo de detención para “blanquear” a los detenidos del primer vuelo en un chalet del balneario Shangrilá, incluía la mención de 22 subversivos detenidos en setiembre. El texto, leído por el propio mayor José Nino Gavazzo, generó una confusión que llevó a los diarios a titular la captura de “62 subversivos”. Veintidós eran los del segundo vuelo que hasta entonces continuaban vivos. (5)
III – CONFIRMACIÓN DE LA FAU Y ARCHIVOS DE USA
Tres años más tarde, con el informe sobre los desaparecidos en dictadura que realizó la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) se terminó por confirmar la existencia del segundo vuelo de Orletti. El 11 de agosto de 2005 en La República se publicaba: “El informe que la Presidencia de la República entregó ayer a la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos señala que la Fuerza Aérea realizó en 1976 dos «servicios» de traslado aéreo de prisioneros desde Argentina, a pedido del Servicio de Información y Defensa (SID), en julio y octubre de aquel año, aunque «desconociendo la identidad y cantidad de pasajeros».
“La confesión de la FAU tira por tierra la historia oficial que por tres décadas escribieron las Fuerzas Armadas uruguayas y luego convalidó la Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle, respecto a que en Uruguay no hubo ejecuciones masivas de prisioneros ni cementerios clandestinos con fosas comunes como en Argentina y solo hubo muertos «accidentales» en la tortura”, denunciaba. Y agregaba: “La confirmación del «segundo vuelo» de Orletti implica que un grupo de quince a veinte militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), secuestrados en Buenos Aires entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre de 1976, luego de ser trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron asesinados a sangre fría y enterrados en una fosa común para continuar hasta hoy como desaparecidos.”
El 21 de agosto de 2005 el periodista Gabriel Pereyra hacía un aporte desde el diario El Observador, al denunciar la existencia de un “tercer vuelo” en el que a mediados de 1978 también se había trasladado «al menos a seis uruguayos detenidos en Argentina, los cuales fueron asesinados en Montevideo. «Ary Héctor Severo Barreto y Jorge Hugo Martínez Horminoguez», serían dos de los detenidos. (7) El traslado de los detenidos a sus países de origen se constituía en un “modus operandi” del Plan Cóndor.
Los informes sobre desaparecidos pedidos por el presidente Tabaré Vázquez confirmaron la existencia del segundo vuelo
En abril de 2006, documentos desclasificados por el National Security Archive de los Estados Unidos se constituyeron en una evidencia confirmatoria de la participación de oficiales de Inteligencia Militar uruguaya en el secuestro y desaparición de un grupo de compatriotas en Argentina en setiembre de 1976, se explicaba en otro artículo de La República.
“Los documentos hechos públicos en el marco del 30 aniversario del golpe de Estado en Argentina, señalan como un ejemplo de la «Operación Cóndor», como se denominó a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, el caso de los uruguayos Jorge Zaffaroni y su esposa María Islas de Zaffaroni”, se informaba. “El nuevo documento, elaborado hace treinta años por el «Departamento of Defense Intelligence Information Report» estadounidense, está fechado el 28 de setiembre de 1976, en pleno proceso de una represión contra los uruguayos, que finalizaría en los primeros días de aquel mes de octubre”, se decía. (8)
IV – “EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO”
La investigación periodística derivó entonces hacia el objetivo económico de la represión sobre los militantes del PVP, quienes en 1974 había realizado un secuestro extorsivo sobre un empresario argentino para financiar su lucha contra la dictadura. Se concluyó que los militares uruguayos habían recuperado buena parte de aquel rescate y por lo tanto no podían incluirse en la “Ley de Caducidad” que no amparaba los crímenes «que se hubieren cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero, un proyecto económico».
Los represores uruguayos ya habían intentando chantajear al PVP en 1975 cuando propusieron una reducción de penas a quienes estaban presos en Uruguay a cambio del dinero de aquel secuestro. La extorsión volvió a aplicarse en Orletti con los detenidos del “primer vuelo” cuando habían capturado a los sindicalistas Gerardo Gatti y León Duarte. Y nuevamente hubo coacción cuando en setiembre se secuestro en Orletti a Alberto Mechoso y Adalberto Soba y se reclamó dinero para liberar a sus esposas e hijos.
Los entretelones de aquellas acciones fueron confirmadas por el propio informante argentino que llevó a encontrar a Simón Riquelo. El dinero recuperado por los represores fue repartido en tercios: una cuota para los mandos militares argentinos, otra para la banda de Anibal Gordon que operaba en Orletti y la tercera para los militares uruguayos. «El turco Arab, incluso, se puso a bailar como odalisca sobre la mesa, mientras se bañaba con whisky», narró el informante.(9)
Parte del dinero de Orletti fue a parar a los bolsillos de los represores que en Uruguay realizaron inversiones inmobiliarias desde la llamada Base Valparaíso, último paradero de María Claudia García de Gelman, cuya ubicación se había logrado en el transcurso de la investigación periodística (10). Hay al menos dos edificios en Montevideo (en Luis A. de Herrera y Demóstenes y en Ramón Anador casi José Batlle y Ordóñez) habitados por militares que crearon desde allí sociedades civiles para su construcción.
Se estima que 8 millones de dólares fueron “confiscados” por la patota del SID y la OCOA (11) durante sus operativos en el marco del Plan Cóndor. Otra parte del dinero se destinó a la adquisición de bases de represión: en Argentina un local en la calle Coronel Díaz (donde hoy funciona la sede de inteligencia antiterrorista argentina) y en Montevideo lo que se conocería como la Casona de la calle Millán, “pozo” en el que asesinaron al maestro Julio Castro. (12)
VI – BUSCANDO “LA TUMBA DE LOS DEL OMNIBUS”
En agosto de 2006, La República publica el testimonio de un suboficial del Ejército que había operado en el centro de torturas “300 Carlos” ubicado en el Servicio de Material y Armamento, a los fondos del Batallón de Infantería N° 13 de la calle Instrucciones. El militar sostuvo que los pasajeros del segundo vuelo de Orletti estuvieron detenidos en esa unidad y se los conocía como “los del ómnibus”, porque había llegado en un autobús.(13)
La “tumba de los del ómnibus” era uno de los lugares de búsqueda de los desaparecidos en la dictadura, según testimonios que había recogido la Comisión para la Paz creada durante el gobierno de Jorge Batlle, en cuyo informe final no se había incluido la existencia del “segundo vuelo” de Orletti. Según los elementos recabados, esa fosa se encontraba en un lugar no determinado del “Campo de Vidiella” frente al Batallón N° 14 de Toledo.
El suboficial del Ejército sostuvo que “los del ómnibus” llegaron procedentes del aeropuerto “El Palomar” de Buenos Aires y fueron colocados aparte de los otros detenidos que eran entonces torturados en el “300 Carlos”. «La mayoría de los detenidos llegaba siempre en camiones del Ejército y, ocasionalmente, en camionetas o jeeps. La diferencia de esos ‘tupas’ era que los trajeron en el ómnibus que el Servicio de Material y Armamento usaba para el transporte de su personal», explicó.
La fuente militar agregó un dato escalofriante: el grupo no fue trasladado en forma masiva para su «disposición final», sino que fue llevado en pequeños grupos dentro de una camioneta blanca tipo «combi» (marca «Pingo» o «Pony»), que la OCOA había «decomisado» en el puerto de Montevideo ese año. Un dato que podría implicar la existencia de fosas comunes para cada uno de esos grupos masivamente ejecutados. Hipótesis que admite el atropólogo José Luis López Mazz, quien dirigió las excavaciones de búsqueda de los desaparecidos.
El informante afirmó que el lugar de enterramiento de los que «se morían» era entre la cancha de fútbol del Batallón 13 y el arroyo. «Nosotros lo veíamos desde la Guardia de Prevención, dentro de «la pera», a la izquierda del galpón de enfrente, y desde el «300 Carlos» a la derecha de ese galpón», dijo y ante una fotografía aérea, la fuente marcó una triangulación entre los lugares donde se encontró el cuerpo del escribano Fernando Miranda, el radio no identificado y la arboleda que da al barrio Peñarol.
Un sitio donde los arqueólogos que buscan los desaparecidos no habían concluido su trabajo y en el que trece años más tarde, octubre de 2019, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Eduardo Bleier.
El militar retirado también señaló una serie de nombres de personal subalterno que estuvo relacionado con los enterramientos, el manejo de una excavadora del SMA color verde y la llamada «Operación Zanahoria» del Batallón 13, en la que se exhumaron cuerpos de desaparecidos en 1984. La fuente aportó datos sobre eventuales lugares de enterramiento dentro del campo de Vidiella, adjunto al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo. La información fue entregada entonces a las autoridades a cargo de la búsqueda de desaparecidos.
V – EL JUICIO, LA CONDENA Y LA CONFIRMACIÓN
Inicialmente detenidos en setiembre de 2006 por un pedido de extradición solicitado por la Justicia argentina, un grupo de militares, policías y subalternos fue finalmente encausado por el juez penal de 19° turno, Luis Charles, ante acusación de la fiscal penal de 2° turno, Mirta Guianze. El juicio duró dos años, antes que la fiscalía pidiera la condena de los procesados y el juez aplicara condenas de hasta 25 años de prisión por la desaparición forzada de las víctimas del “segundo vuelo” de Orletti.
Un primer dato confirmatorio de aquel negado vuelo lo dio el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, quien admitió que él y su antecesor José Pedro Malquín, siempre creyeron que habían sido los pilotos del “primer vuelo” que trajo desde Orletti a los que fueron detenidos en el falso operativo montado en el chalet Sussy del balneario Shangrilá.
“Bonelli -copiloto del primer vuelo- dijo que, en ambos casos, «no se supo a quien se traía ni la cantidad ni la identidad de las personas». Luego de tantos años, agregó, «se dice que en ese segundo vuelo vinieron una nómina determinada de personas y nada se sabe de él. Yo no tengo más nada que agregar precisamente por eso, porque las tripulaciones nunca supimos a quienes trajimos».«Las dos tripulaciones pensamos que efectivamente ésas eran las personas que habíamos traído. Nosotros no sabemos más, ni tenemos mayor información al respecto», alegó.(14)
También el entonces comandante del Ejército, Carlos Díaz, reconoció la existencia del segundo vuelo al ampliar el informe sobre desaparecidos de su arma. Díaz manifestó la imposibilidad de acceder a información sobre la lista de detenidos transportados y su identidad ya que no se trató de un operativo del Ejército sino del Servicio de Información de Defensa (SID), que durante la dictadura, dependía orgánicamente del Ministerio de Defensa. (15)
El general Díaz terminó de confirmar el segundo vuelo al declarar ante el juez Charles y la fiscal Guianze en abril de 2007, cuando afirmó en el juzgado que los presos políticos trasladados desde Buenos Aires en octubre de 1976 estuvieron en un centro militar clandestino, y que luego fueron ejecutados. Sin embargo, el ya ex comandante en jefe del Ejército dijo no tener información respecto a los lugares de enterramiento de los cuerpos. Tampoco indicó entonces tener conocimiento de las actas del Tribunal de Honor del coronel Gilberto Vázquez, en las que se reconoció el segundo vuelo y el asesinato de su pasajeros. (16)
La Justicia no tardó en confirmar la existencia del segundo vuelo (17), pero necesitó muchos meses para llegar a una condena de los implicados. Finalmente, en agosto de 2008, la Fiscalía solicitó una pena de 25 años de penitenciaria para los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, y de 20 años para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales José Sande Lima y Ricardo «Conejo» Medina, por su participación en el secuestro y desaparición de los pasajeros del «Segundo Vuelo». (18) En marzo de 2009, el juez Luis Charles condenó a los acusados y la sentencia fue confirmada por un tribunal de apelaciones a mediados de 2010 (19).
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A diez años de la confirmación de la condena, doce años del procesamiento con prisión de lo militares responsables, dieciocho años de la denuncia periodística que se ha ido reafirmando durante más de una década, y cuarenta y cuatro años del traslado ilegal de aquel 5 de octubre de 1976, el “segundo vuelo” de Orletti ya no es negado, pero sus víctimas siguen desapareciendo cada día, bajo la tierra que aplastan la impunidad del pacto de silencio y la desidia de los tres poderes del Estado.