LAS IDENTIDADES DE CABILDO ABIERTO CON LA DICTADURA
Militares con partido
Samuel Blixen
23 octubre, 2020
Cabildo Abierto no tiene empacho en ser banca y punto al mismo tiempo. Por un lado, defiende a «los camaradas» y levanta consignas nacionalistas; por otro, apoya todas las medidas de estricto corte neoliberal que ha impulsado el gobierno de coalición. Pero se para en los pedales cuando el gobierno interfiere en sus cálculos para agrandar la base social de su proyecto político, que no se reduce a ser un socio más.
Pocas semanas después de que el general Guido Manini se aferrara, no muy dignamente, al salvavidas que le arrojó el Partido Nacional en la discusión parlamentaria de su desafuero, Cabildo Abierto (CA) decidió abrir una herida en el cuerpo palpitante de la coalición multicolor: anunció su decisión de no votar en el proyecto de presupuesto el artículo correspondiente al traspaso a Presidencia del Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB), una idea sugerida por el neoliberal Isaac Alfie desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La decisión de CA fue acompañada por el sector sanguinettista del Partido Colorado, de modo que el Partido Nacional decidió retirar la propuesta antes de que fuera considerada en el plenario, porque siempre es mejor una retirada que una derrota.
El tajo ofende particularmente al presidente, Luis Lacalle, quien, en conversación con periodistas, aclaró que insistirá en la idea de que Presidencia controle ese aspecto vital de la política de vivienda. En su momento, Manini había manifestado que la política de vivienda era esencial para CA. De hecho, la propuesta del Ejecutivo de crear la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, junto con el Plan Nacional de Relocalización y el Plan Juntos, pretextó la primera de las muchas reuniones reservadas que el general Manini viene manteniendo en los últimos tiempos con el presidente en casa de gobierno. Esas reuniones son el barómetro de la relación inestable de CA con la coalición. Su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, había puesto el grito en el cielo alertando que el traspaso prácticamente desmantelaba su ministerio.
La Presidencia intentó con el PMB lo mismo que con la virtual expropiación del Parque Agroalimentario (el nuevo Mercado Modelo) de la Intendencia de Montevideo: concentrar en la cabeza del gobierno actividades e iniciativas que se consideran políticamente vitales, como lo es también la inteligencia estratégica. Si en el caso del Parque Agroalimentario el objetivo es, so pretexto de atender las necesidades de todos los productores agrícolas, digitar el abasto en beneficio de los grandes productores, en el caso del PMB la intención es controlar su financiación. En la Comisión de Vivienda de Diputados, Alfie no se esmeró mucho para justificar el traspaso: el objetivo es lograr una mejor coordinación entre los gobiernos departamentales y las empresas públicas, argumentó. En épocas de recorte presupuestal, la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo al PMB constituye una porción significativa de los recursos de que dispone el Ministerio de Vivienda. En ese sentido, se entiende el desvelo de Alfie por controlar el plan, que no requiere malabarismos de recortes, ahorros y traspasos de partidas, pero que sí permite, por lo menos por un tiempo, pases de mosqueta.
Para CA, el control del PMB es mucho más, es una seña de identidad. Es la herramienta que permite manejar soluciones habitacionales en directa relación con la gente necesitada; es un instrumento de generación de clientelismo en un sector de la población en el que CA supo penetrar, ganándole la pulseada al Movimiento de Participación Popular; es buena parte de la porción de votantes que perdió el Frente Amplio, los 180 mil votos sobre los que gira la autocrítica frenteamplista. En este caso, CA no le hace asco a defender con uñas y dientes una financiación que proviene de esos organismos internacionales que representan la globalización, pretenden poner de rodillas a la patria y son objeto de las diatribas discursivas del general Manini, aunque el acento esté puesto, claro está, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
PARTIDO MILITAR, ¿PARTIDO DE LA DICTADURA?
Las contradicciones, algunas groseras, van compilando el ADN de CA en su camino hacia la consolidación de una nueva derecha vernácula. Recientemente, el novel senador suplente de Manini, Gonzalo Ferreira Sienra, agitó viejos –y no tan viejos– fantasmas al fundamentar su rechazo a la norma que pretende obligar a los políticos a explicitar el pago de impuestos. «¿Somos una especie de brazo extendido de la DGI? ¿Tenemos que ser espías de nuestra sombra? Cuando era chico, nos decían: “¡Qué horrible el régimen nazi; Stalin; que los hijos delataban a los padres o la mucama, de repente, decía algo y terminaban mandando a Siberia a su empleador!”. ¿Somos eso? ¡No, señor! No estoy de acuerdo, que se las arregle la DGI, y si no, la disolvemos antes.»
Aparentemente inspirado en la retórica alucinante de la senadora Graciela Bianchi (es atractiva la imagen de un soviet denunciado por su mucama), el vástago de Ferreira Aldunate mentaba al fascismo, algunas de cuyas características –el patriotismo, el papel de la Iglesia, la base social para el autoritarismo– están presentes en el discurso y en el hacer de CA. El reordenamiento barrial es la clave de la consolidación de la base social.
Esa base social fue, quizás, el mayor fracaso de la dictadura cívico-militar. El general Esteban Cristi, el mismo que ordenó a Hugo, hermano de Guido a disolver la Juventud Uruguaya de Pie (véase recuadro), reclamaba, en 1975, un proyecto ideológico incorporado a la Constitución que retomara el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia, y a la vez conquistara la adhesión popular para desandar el desastre económico de la política del ministro Alejandro Végh Villegas. Esa parece ser la intención de Manini, al frente de un partido que se define populista, patriota, antineoliberal, antiglobalización, pero que no confirma ninguna característica democrática.
En el acto de cierre de la campaña electoral de CA en Montevideo, Irene Moreira dijo: «Dentro de cinco años yo no tengo la certeza de que podamos votar nuevamente». La afirmación fue considerada muy grave por tirios y troyanos, aunque algunos tirios después se metieron en el caballo multicolor. La exsenadora Constanza Moreira escribió en su cuenta de Twitter: «Sra. Irene Moreira: la última vez que en este país no se votó fue cuando gobernaron los militares. Que usted pueda ser votada ahora se lo debe a los miles de uruguayos y uruguayas que lucharon contra la dictadura exigiendo la vuelta de la democracia. ¿Estaban usted o su esposo ahí?».
Con CA, Manini supera a la dictadura: se convierte en el único líder indiscutido de la estructura, algo que los «generales del proceso» nunca lograron porque, permanentemente, después de acordar el golpe de febrero de 1973, se enfrascaron en una sórdida lucha interna por el poder que consolidó la «dictadura colectiva» bajo un paraguas legal y civil. Además, avanza en la conquista de los sectores sociales que mantienen un vínculo clientelar con el partido, especialmente con su figura central, y dota a todo el movimiento de dos intangibles: un artiguismo vacío de contenido social y revolucionario (aspecto que la dictadura abordó con una concepción cuartelera del marketing), y un contrato espiritual con la Iglesia (no porque sí Manini optó por concurrir a misa vistiendo el uniforme), a la que probablemente le prometa un retorno a su condición de credo oficial, si estuviera en su poder hacerlo, como en su momento lo hizo Mussolini.
Como definió el politólogo Gerardo Caetano, CA es un partido militar: expresa los intereses de esa organización, defiende sus reclamos y se nutre de oficiales retirados que ocupan los principales lugares de conducción. Pero va más allá: expresa la misma concepción de anticomunismo, levanta las mismas consignas de patria y soberanía con los mismos contenidos de la dictadura, y, en especial, aplica el mismo objetivo de control del aparato estatal colocando a militares retirados (en la dictadura eran oficiales de inteligencia) en los más variados niveles de la administración y que sólo responden al «mando». Una denuncia de Búsqueda reveló que la mitad de los cargos otorgados a CA fueron ocupados por militares.
Sería aventurado decir que en el partido de Manini no aparece, de vez en cuando, alguna voz disidente (como la del diputado Eduardo Lust, intransigente en su combate a UPM 2), pero la forma en que se resolvieron algunas extralimitaciones verborrágicas que circularon en las redes sugiere que Manini arraiga en sus filas un sentido de mando muy militar, vecino de la verticalidad. Dos diputados del partido militar –Sebastián Cal, de Canelones, y Rodrigo Albernaz, de Salto– le recordaron a Manini que en CA hay también profesionales civiles que obtuvieron su representación por voluntad popular y: «No fuimos considerados por la cúpula partidaria. Esperamos una reacción más noble de la cúpula del partido».
El coronel retirado Herbert Pintos, subdirector nacional de Empleo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salió al cruce: «¿Que somos demasiados militares en el gobierno? ¿Qué hay de malo en eso? Como si fuéramos abogados, escribanos o médicos», dijo, defendiendo la «impronta militar» que aplica Manini.
En este juego de descubra las semejanzas, la defensa de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad introduce otro elemento de identidad con la dictadura. Como dijo el coronel retirado Carlos Silva Valiente, presidente del Círculo Militar y exmiembro del tenebroso Servicio de Información de Defensa durante la dictadura: «Que salgan a decir lo mismo Cabildo y el Círculo Militar significa que nuestro sentir es idéntico. Cabildo representa a la familia militar. Somos todo lo mismo». Por lo demás, el coronel no oculta su percepción histórica: «Para mí no hubo una dictadura. Hubo un vacío de poder… fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación, se les fue de las manos».
Proyectando los valores de la dictadura, Manini espera trascender a sus maestros. Por algunas de las razones apuntadas, esta nueva derecha es más coherente que el fascismo de la dictadura. Pero sería aventurado equipararla con la derecha xenófoba y proteccionista europea. CA es producto de los tiempos, pero en un país de la periferia dependiente. Si en muchos aspectos el discurso y el hacer de CA exhibe contradicciones, en lo que tiene que ver con su postura contraria al neoliberalismo el techo se llueve. Para ello sirve una comparación de las medidas que CA ha apoyado, tanto en la Ley de Urgente Consideración como en el presupuesto:
- Aprueba los cambios en la educación, que otorgan un lugar preponderante al sector privado y favorecen la concentración en la toma de decisiones, con un incremento de la centralidad del Ejecutivo.
- Está de acuerdo con la regla fiscal, una visión enteramente centrada en controlar el gasto del Estado.
- Apoya la reducción salarial.
- Apoya los cambios en la Ley de Inclusión Financiera, que favorecen la evasión, van en la línea contraria de la mejora de los ingresos estatales e implican un retroceso en materia de transparencia y en la posibilidad de realizar controles respecto al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Apoya la desregulación de algunas funciones públicas, favoreciendo la privatización, con pautas discrecionales a la hora de instrumentar acciones en la toma de decisiones.
- Apoya la restricción del derecho de huelga.
- Apoya el criterio de ignorar por completo el modelo cooperativo.
Si se dejan de lado los autos de fe discursivos que sugieren una postura nacionalista y hasta antimperialista, CA se muestra como una eficiente formación política, que introduce un actor, el soldado –que hasta ahora comía en la cocina–, y que arrebata a los sectores conservadores de los partidos tradicionales las banderas de derecha, porque no tiene vacilaciones, problemas de conciencia ni cuentas que pagar en la interna. Es, simplemente, un factor de poder en una coalición inestable. ¿Puede CA ser de extrema derecha y a la vez neoliberal? Claro que sí. Lo fue la dictadura.
VIEJA JUVENTUD
¿Por qué será que la aparición de unos carteles firmados por la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) provocó todo tipo de reacciones, pero no llamó la atención, como si fuera una noticia anunciada?
Se pueden hilvanar algunas explicaciones para un fenómeno que es resultado de una atmósfera que se enrarece: los ataques a la Justicia, la defensa de terroristas de Estado, la postura anticomunista cada vez más virulenta y, por supuesto, el apellido Manini.
Para quienes no sepan, o no quieran recordar, la JUP fue una formación de extrema derecha, la última de las apariciones fascistas que en los años sesenta y setenta desplegaron la violencia contra estudiantes y obreros con el beneplácito policial. La JUP tuvo su protagonismo durante la campaña electoral de 1971, que, en medio de medidas prontas de seguridad, transcurrió con el trasfondo de los atentados con bomba contra locales partidarios de la izquierda, allanamientos de liceos y locales sindicales, palizas a militantes y ataques con explosivos a casas de abogados.
Con algunos hilos vinculantes con el Escuadrón de la Muerte, la JUP fue a la vez una estructura parapolicial y una organización política de ultraderecha con cierto alcance nacional; tuvo dos apoyos mediáticos: el diario La Mañana, que dirigía Carlos Manini Ríos, tío de Guido, y la publicación Nuevo Amanecer, en la que tenía un papel destacado Hugo Manini, hermano de Guido, hoy productor arrocero y responsable de la actual edición semanal de La Mañana.
Hugo Manini, que adhiere a Cabildo Abierto, fue fundador de la JUP en octubre de 1970. Por tanto, habla con propiedad cuando comenta la aparición de los dos carteles colgados en la vía pública, uno frente al liceo Dámaso Antonio Larrañaga y otro en el Instituto Nacional del Cáncer. En ambos se anunciaba el retorno de la JUP, se proclamaba el rechazo al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración y se ponía la típica rúbrica: «Fuera comunistas». Hugo Manini atribuyó la aparición de los cartelones a la acción de «agentes provocadores», con la intención de «pegarle a Cabildo Abierto».
El hoy editor de La Mañana aclaró que la JUP «bajó la cortina» en 1974 para «no ser usada por el proceso cívico-militar». La afirmación peca de cierta inexactitud histórica. No fueron los Manini los que tomaron distancia de los militares, fue el general Esteban Cristi (cuya hija mantenía un noviazgo con uno de los hermanos Manini) quien impulsó la decisión de que la JUP se disolviera, porque los militares no necesitaban nuevos dolores de cabeza con parapoliciales aficionados, represores diletantes. El Ejército no necesitaba derivar a otros la tarea sucia. Los paramilitares, como se sabe, son recursos que florecen en democracia cuando los demócratas no quieren ensuciarse las manos. Por eso es que la aparición de los cartelones generó alarma.