Con el historiador Álvaro Rico
La emergencia, la urgencia y la autoridad
Rosario Touriño
4 diciembre, 2020
Para el exdecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República), la impronta del nuevo gobierno, la afirmación de sectores conservadores en la coalición y la emergencia sanitaria configuran un escenario en el que se han acentuado el control policial y la vigilancia sanitaria, que, si bien provienen de lógicas distintas, confluyen en un diagrama que es necesario abordar con prevenciones críticas. A criterio del historiador y filósofo, hay que distanciarse un poco de la experiencia personal y analizar el contexto uruguayo en sintonía con los cambios ocurridos en el mundo y la región, y con una tentación autoritaria que siempre subyace en los períodos de emergencia o en las situaciones de excepción.
—El nuevo gobierno ha hecho énfasis en la restauración de una autoridad presuntamente perdida. A su vez, en una situación de excepción como la que instala la pandemia, los dos ministerios vinculados a la seguridad, Interior y Defensa Nacional, tienen una presencia constante en los medios, casi equivalente al protagonismo de la cartera de Salud. ¿Cómo observa la impronta de la actual administración?
—Yo creo que hay tres indicadores a tomar en cuenta. Uno es el procedimiento utilizado a través de la Ley de Urgente Consideración. Otro, las políticas implementadas frente a la emergencia sanitaria. Y, finalmente, la reivindicación propia de la autoridad. Pienso que los tres elementos son correctivos de la democracia, y no porque en este caso concreto sean posiciones que puedan tildarse de ilegales, mucho menos de autoritarias. En definitiva, la urgencia, la emergencia y la autoridad son más que palabras, encierran conceptos, y en la dinámica que tiene la lucha política no reafirman un planteo democrático –y, en cierto modo, tampoco liberal–, sino que dejan abierta la duda respecto a conductas posteriores. Recordemos que el mecanismo de la urgente consideración surgió con la aprobación de la Constitución de 1967, en la que se le atribuyó al Poder Ejecutivo, como nunca antes, prerrogativas legislativas en detrimento del Parlamento y el equilibrio de poderes, en un cambio hacia un sistema presidencialista y una reafirmación de la autoridad del Ejecutivo. La urgencia altera los plazos de los tratamientos parlamentarios, los ritmos políticos, y obliga a tomar decisiones sobre la base de circunstancias concretas, que no son buenas consejeras para una toma de decisiones más consensuada y representativa de los distintos intereses que componen la sociedad.
Por otro lado, la emergencia sanitaria crea una situación de inmediatez en las decisiones en función de una circunstancia concreta, que ya hemos experimentado en otros momentos por razones políticas. En este caso, bajo ese concepto de emergencia por razones sanitarias, tampoco se han procesado las consultas necesarias a los efectos de tomar decisiones que tengan que ver más con un sentir colectivo y no exclusivamente con la decisión de la autoridad. Y allí entra ese tercer elemento, una autoridad que ha sido permanentemente reivindicada, y no sólo: está el propio modelo de gestión de la Presidencia de la República, con la escasa convocatoria del Consejo de Ministros, la negociación por separado del presidente con los distintos líderes de la coalición de gobierno, así como su presencia pública resaltada por los medios de comunicación. Entonces, la urgencia, la emergencia y la autoridad van en dirección a reafirmar un principio de gobierno más personalizado y más basado en las situaciones y las decisiones que en las lógicas democráticas, que tienen otros plazos, otros actores y otras formas de canalizarse.
—Desde otro punto de vista, se puede alegar que el gobierno no decretó una cuarentena obligatoria o un toque de queda –como sucedió recientemente en Francia, con graves casos de represión y censura–. Pero también podría advertirse que el mecanismo de excepción podría operar de hecho y con márgenes difusos.
—Sí, tenemos que ver todo esto en función de un contexto de globalización y espacio regional. No podemos quedarnos exclusivamente en la excepcionalidad de Uruguay. Y lo que estamos viendo a través de la situación de emergencia son gobiernos bajo leyes de excepción. La declaratoria del estado de sitio, el confinamiento obligatorio, las sanciones punitivas para quienes violenten disposiciones van diseñando un modelo de poder y una técnica de gobierno que se aleja, en este contexto de emergencia sanitaria, de las lógicas democráticas clásicas y de reafirmación del Estado de derecho. Ahí hay una condicionante muy grande para que las ciudadanías acepten, en cierto modo y no siempre pacíficamente, estas medidas que tienen que ver con el cuidado de la vida o la salud. Siempre que se plantea el tema de la vida, se plantea una situación límite, en la que nuestras formas de pensar, nuestros temores y nuestras angustias se concentran, y se termina aceptando, a veces, situaciones de hecho o disposiciones autoritarias, que en otros contextos no se aceptarían.El mundo está viviendo una coyuntura de este tipo, sin que exista ni una agresión comunista ni una catástrofe generalizada, sino una emergencia sanitaria. Pero lo cierto es que el sistema capitalista no logra estabilizar un tipo de funcionamiento que no sea a través de crisis, de situaciones de emergencia, y las correspondientes medidas excepcionales. Creo que con la pandemia también se implanta un modelo y un ejercicio del poder sobre la base del criterio de la bioseguridad, que transforma la vida en un objeto de la política. En Uruguay el gobierno no recurrió a la obligatoriedad de la cuarentena o la vacunación ni a medidas que penalizaran conductas, sino más bien a las recomendaciones. No obstante, la situación se ha agravado, y entonces hay que ver cuál será el comportamiento del poder político.
Por otro lado, quiero recordar que aquí el biopoder se inauguró con la dictadura, que fue lo que colocó la relación vida-muerte como objeto de la política, lo que transformó a los cuerpos, su persecución, su encierro, su expulsión, su desfiguración y su desaparición en un objetivo del Estado. Y fue también allí cuando el conjunto de la población se transformó en un objeto de sospecha, vigilancia, seguimiento y castigo. Es decir, si vemos nuestro pasado reciente –y alejando cualquier intento de traspolación al presente–, hay elementos de la experiencia de transformación de la vida convertidos en objeto de la política. La actual situación de bioseguridad vuelve a instrumentar –no por el lado del castigo, sino por el de los cuidados– un conjunto de acciones que tienden a atender los comportamientos, los hábitos, y a configurar conductas. Tendríamos que ser más distantes de nuestra propia experiencia personal y tener una mayor capacidad de visualizar los contextos regional e internacional, e introducir aspectos de nuestro pasado reciente, en el que ya experimentamos cosas de este tipo, para sacar también nuestras conclusiones. Este paradigma de biopolítica se combina con formas disciplinarias del ejercicio del poder que tienen que ver con las políticas dirigidas a la seguridad ciudadana. Es decir, no hay un solo modelo que esté actuando absolutamente, sino una combinación de distintas tecnologías del poder que configuran una situación política en la que los ciudadanos quedan bastante solos consigo mismos.
—Es un análisis muy delicado, porque tiene varias capas. Pero también está el peligro latente de que la pandemia sea utilizada como excusa para ciertos usos discrecionales de la autoridad, en una zona gris que no sabemos muy bien quién define.
—Absolutamente. Y, sobre todo, es un contexto poco disfrutable. Los ideales de una sociedad hedonista, que durante tantos años han sido la orientación del sistema sobre la base del consumo y la realización personal, no se pueden disfrutar hoy día. Ese ejercicio de la libertad responsable queda bastante limitado cuando el contexto general limita nuestras decisiones, porque la propia vida puede estar en riesgo. Y desde el punto de vista de la vigilancia, se ha acentuado el control sanitario como se ha acentuado el control policial, provenientes de lógicas distintas, pero que confluyen en un diagrama de la realidad social y política que nos hace mirar críticamente.
—En otro plano, no ha habido una convocatoria a la oposición en este contexto y hay un Frente Amplio [FA] que aún busca su lugar o tantea cómo pararse. ¿No sería más conveniente una mayor articulación política del gobierno hacia afuera?
—Creo que uno de los cambios importantes que se han dado desde la última elección es la reconfiguración del sistema democrático. Se ha ido acentuando una democracia de minorías gobernantes, en la que el objetivo no es conquistar a las grandes mayorías o conformar masas compactas detrás de objetivos políticos movilizados, sino sumar sectores. Me da la impresión de que los sectores políticos pesan más que los partidos.
—Y eso incluye al FA.
—Sí, que tiene ese antecedente de ser una suma de sectores y una coalición desde su propia fundación. El sistema ha sido fuertemente partidista en los períodos pasados. Y no es que haya dejado de serlo, pero, indudablemente, ha tenido una reconfiguración, en la que lo que pesa más es la capacidad de los partidos de sumar minorías para cumplir con la ley de hierro de las elecciones. Ahora, además de esa jerarquización de los sectores, estos estarían teniendo la capacidad de veto o un número suficiente de votos como para aportar al caudal ganador, porque de esa manera negocian mejor su situación en el gobierno.
—¿Es una lógica faccional?
—Es faccional pero continentada por una lógica de partido, de coalición y de gobierno. En ese marco, importan más las negociaciones internas que un proyecto o un programa político. Y también importa menos la articulación con la oposición o la posibilidad de crear especies de políticas de Estado. En este sentido, entiendo que por el momento el gobierno no convoque a la oposición, no intente hacer de la emergencia una salida nacional e insista en reafirmar tanto la autoridad presidencial.
—Y no se puede obviar, en este inusitado combo, el protagonismo que ha ganado Cabildo Abierto [CA].
—CA confirma ser un partido militar, un partido conservador. La novedad está en la creación de un partido político que nuclea estos sectores. Salvo en otras experiencias históricas de hace mucho tiempo, los sectores políticos conservadores estaban dentro de los partidos tradicionales. Hoy se han aglutinado en una expresión política bajo un liderazgo caudillesco y con una agenda que marca un fuerte perfil ideologizado y conservador en el sistema político y en el interior de la propia coalición. La coalición necesita de CA porque necesita sus votos, pero dudo de que en este proceso de crecimiento en algún momento CA necesite de la coalición, porque tiene objetivos muy marcados de transformarse en una alternativa de gobierno en pocos años. Planea dar marcha atrás en la agenda de derechos humanos conquistada, porque ya lo ha expresado. Va a intentar reinscribir la relación de vencedores y vencidos bajo la dictadura mediante la anulación de leyes adoptadas en estos 15 años de gobiernos progresistas. Frente a esta alternativa aparece de nuevo la necesidad de la lucha ideológica, de enfrentar políticamente los intentos regresivos, y, en ese plano, es necesario que las diferentes fuerzas se pronuncien, incluso dentro de la coalición de gobierno. Acá hay otra dificultad, porque en los partidos tradicionales hay una larga tradición de coexistencia y convivencia de los sectores liberales con los sectores conservadores. Por eso no es sólo que esté CA: están también los sectores conservadores de los partidos tradicionales.
—¿Por qué en cada partido se ha impuesto la corriente más conservadora?
—Claro, ocurre en el Partido Nacional, pero en el Partido Colorado el proceso de renovación que había impulsado Ernesto Talvi, que lo llevó a ser mayoría, quedó en entredicho con su renuncia. Y [Julio María] Sanguinetti, el representante del liberalismo conservador más genuino, habiendo sido derrotado, se ha transformado en el conductor del partido, en una suerte de negación de la voluntad del electorado colorado. Ahora, esa asociación de los sectores conservadores tradicionales con el conservadurismo entronizado en CA le aporta a ese nuevo partido la experiencia política que no tenía, una legitimidad intelectual –que le está costando conseguir– y una división del trabajo hacia la opinión pública, y no todos los costos los paga CA. Esa mixtura entre liberales, liberal-conservadores y conservadores es también parte del escenario político que se ha diseñado, en el que la izquierda deberá reaprender, luego de 15 años de ser oficialismo, cómo oponerse políticamente y enfrentarse ideológicamente.
—Carlos Demasi recordaba que la propuesta de CA tampoco es tan novedosa, en función de los antecedentes del riverismo, del ruralismo blanquicolorado, y que, de algún modo, esa expresión ha estado topeada. ¿Le ve ahora mayores posibilidades de expansión?
—Creo que tiene margen para crecer. Los sectores conservadores en la sociedad uruguaya –y no hablo exclusivamente de los políticos– son numerosos. Hemos ido construyendo el relato de la excepcionalidad de la sociedad uruguaya, que la coloca siempre democrática, progresista y moderna. Sin embargo, en ese recorrido de la historia política uruguaya que señalabas, al que podemos sumarle el pachequismo, debemos recordar que la dictadura tuvo una base social de sostén, que no se expresó mayoritariamente en el plebiscito de 1980, pero que constituyó un porcentaje muy importante. Es decir, hay un basamento conservador en la sociedad uruguaya de larga tradición, al que se incorporan los actuales cambios en la región y el mundo –por qué no en Uruguay–, que explotan temores, angustias e inseguridades de la sociedad, que se canalizan en discursos contra los inmigrantes u otros chivos expiatorios. Allí también hay potenciales adhesiones a un discurso conservador y no democrático. Por lo tanto, si bien hoy CA representa un 10 por ciento, si bien en las departamentales no creció, en las actuales coordenadas las opciones conservadoras podrían fortalecerse. Entonces, necesitan ser enfrentadas de manera inteligente y con propuestas de país y de cultura que capten sectores de la opinión pública –particularmente sectores juveniles– que con su participación política ayuden a neutralizar estas opciones, para que no se transformen en mayoría.
La Udelar ofreció colaboración académica al Ejército
«El libro de cabecera no puede ser el de la dictadura»
—¿Cómo observa este proceso del Ejército de revisar sus programas de formación y tomar como período de análisis de su actuación un tramo quizás más amplio de lo que se podría prever, que se inicia en un año clave como 1958?
—Hay que tomarlo con buenas expectativas, porque la última vez que las Fuerzas Armadas dijeron institucionalmente algo distinto a lo repetido en los últimos 40 años fue a partir de la solicitud del presidente Tabaré Vázquez en 2005, en los informes de los comandantes en jefe. En un marco de congelamiento, sería bueno que se aportaran elementos para avanzar no sólo en la verdad de los acontecimientos, sino también en un nuevo tipo de relacionamiento con la sociedad. El período que se proponen abarcar comienza cuando despunta la crisis en Uruguay. Por lo poco que sabemos hasta ahora, la propuesta tiene un objetivo limitado pero referido a la enseñanza de los propios militares. El propio comandante [Gerardo] Fregossi dijo que durante todos estos años el manual de formación en las escuelas era Testimonio de una nación agredida. Entonces, no es posible que los propios comunicados de prensa de la dictadura y los informes de inteligencia constituyan el libro de cabecera de la formación cívica, política y social de personas con un rol tan relevante. Sin duda, se tendrá que hacer mucho para emprolijar ese sistema de enseñanza, pero también porque no se hizo nada –ni siquiera en los gobiernos del Frente Amplio– en cuanto a otro tipo de formación. Por eso, dependerá mucho de la metodología que se utilice para elaborar esos materiales, porque en estos años hubo aportes del periodismo, de los testimonios, de la investigación universitaria, y se ha hecho mucho por reconstruir la historia del período de la dictadura. Entonces, todos esos aportes, ¿se van a incorporar o va a ser una cosa cerrada y autosostenida por los propios militares? Creo que hizo bien la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en ponerse a disposición del Ejército para colaborar, en una decisión que también hizo suya el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República [Udelar].1
- La resolución (del 18 de noviembre de 2020), que será comunicada al Ministerio de Defensa Nacional, puede leerse en: http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos3.nsf/0/8A0F6BDF32E41E130325862500757DB4/$File/Dist.%20811.20.pdf