Una Justicia que actúa con lentitud de injusticia
Masacre de Trelew: la Corte demoró seis años
para devolver la causa a Casación
22 de diciembre de 2020
La Justicia sigue obrando con lentitud de injusticia en el caso de la Masacre de Trelew. Después de haber recibido un recurso por la causa, la Corte Suprema se tomó seis años para devolver la causa a Casación, al advertir que estaba mal concedido. De este modo extendió una demora que puede llevar a que esta causa quede sin pronunciamiento firme de la Corte, luego de más de ocho años desde el dictado de la sentencia por parte del tribunal oral.
El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia había resuelto condenar a prisión perpetua a Carlos Amadeo Marandino, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge Del Real. Estos dos últimos represores murieron mientras la Corte se tomaba los años de estudio para el caso. A los tres se los había considerado autores responsables del homicidio con alevosía de dieciséis personas y tres tentativas del mismo delito, cometido el 22 de agosto de 1972, en lo que fue “la Masacre de Trelew“.
Las defensas interpusieron entonces recursos de casación, y el 19 de marzo de 2014, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Liliana Catucci y Alejandro Slokar-, resolvió rechazarlos por unanimidad, confirmando las condenas a prisión perpetua y también el encuadre de los crímenes como de lesa humanidad. Además, los camaristas revocaron las absoluciones que había dictado el tribunal oral de Jorge Bautista y Norberto Paccagnini.
El 30 de septiembre de 2014, las juezas Catucci y Ana Figueroa –que reemplazó a Borinsky como nueva subrogante de la Sala III aquel año- concedieron los recursos extraordinarios deducidos por las defensas de los represores. Pero exclusivamente “en lo concerniente a la cuestión federal alegada vinculada con la caracterización de los hechos juzgados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad”. El Juez Slokar votó entonces por desestimar todos los recursos de las defensas.
Cuando se remitieron las actuaciones a la Corte Suprema, la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó en abril de 2016 el rechazo de los recursos extraordinarios concedidos.
A seis años de que la causa se radicara ante la Corte Suprema, el fallo suscripto por la ministra Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, resolvió anular la decisión de la Cámara de Casación que, por mayoría, había concedido el recurso de extraordinario federal del único imputado que en la actualidad continúa vivo: Carlos Amadeo Marandino. Lo hizo sin siquiera pronunciarse sobre el fondo del asunto que debía decidir (esto es: si los hechos cometidos en el año 1972 constituían o no crímenes de lesa humanidad). Así lo devolvió a esa Cámara… más de seis años después. La cuestión formal dilata aún más el pronunciamiento definitivo y la suerte final de estas actuaciones.
Mientras la Corte incubó la evasiva, fallecieron la mayoría de los imputados de esta causa: Sosa y Del Real, en julio de 2016; Bautista y Paccagnini, en julio de 2018 y noviembre de 2019, respectivamente.
Ésta es una de las causas emblemáticas que esperan que la Corte se pronuncie para definir si considera lo sucedido en la base Almirante Zar como un crimen de lesa humanidad cometido con anterioridad al golpe de Estado de 1976. Organismos y la Secretaría de Derechos Humanos hicieron notar esta demora cuando fueron convocados por Rosenkrantz a la fallida reunión de la Comisión Interpoderes que se celebró hace dos meses.
La masacre
En agosto de 1972, los represores dispararon contra 16 militantes políticos que estaban detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, de donde intentaron huir: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron a la masacre, pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.
En agosto pasado, a 48 años de la Masacre de Trelew, organismos de derechos humanos reclamaron que avance el proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo, acusado de ser uno de los represores que efectuó los disparos. El exteniente de la Marina que huyó a Estados Unidos poco después de los fusilamientos y allí, con los años, se convirtió en un millonario empresario.
QUE LA JUSTICIA TE ALCANCE
El «fusilador» Bravo: la lucha argentina
por la extradición de uno de los asesinos
de la masacre de Trelew
Crónica de las gestiones del gobierno argentino para extraditar a ex militar Roberto Guillermo Bravo, uno de los implicados en la masacre de Trelew.
POR ROLANDO ARBESUN
23 DICIEMBRE, 2020
En su descripción introductoria para explicar por qué Argentina pide la extradición de un ex oficial militar que vive en Miami y que es reclamado por el país por asesinatos cometidos hace 50 años, el diario norteamericano El Nuevo Herald describe al ex militar como: “alguien que a primera vista es un exitoso inmigrante estadounidense”.
¿Quién es Roberto Guillermo Bravo y por qué el gobierno argentino solicita su extradición?
Dejemos que sea el propio Herald quien “describa” su “honorable trayectoria”
“Nacido y criado en Argentina, se graduó de la Academia Naval de ese país y fue teniente antes de venir a Estados Unidos para trabajar como agregado militar en la embajada argentina. Después de retirarse de la vida militar, Bravo se mudó con su familia a Miami, se naturalizó estadounidense y comenzó su propio negocio”.
Así de sencillo y escueto.
Afirmar que “a los 78 años, una supuesta atrocidad en su pasado ha vuelto a perseguirlo, por segunda vez” es un ejercicio exculpatorio del militar y ofensivo con los argentinos, al mismo tiempo.
No es la primera vez que el ex militar enfrenta un pedido de extradición.
Hace 10 años un juez federal norteamericano negó la solicitud realizada por el gobierno argentino, esta vez el caso puede llegar a ser diferente.
“las autoridades argentinas y los fiscales federales dicen que el caso es más fuerte porque se basa en pruebas de un juicio argentino de 2012 en que tres de los compañeros oficiales de Bravo fueron declarados culpables del asesinato de presos que datan de agosto de 1972”.
En Argentina, señala el diario, el ex militar “enfrenta cargos de participar en la muerte a tiros de 16 prisioneros desarmados y de herir a otros tres reclusos que eran miembros de un grupo de izquierda que se oponía al presidente respaldado por el ejército del país”.
Un verdadero rosario de eufemismos, para no escribir, ni describir, el terror desatado por las sucesivas Juntas de Comandantes de las Fuerzas Armadas Argentina de aquellos tiempos, ya que, en la fecha de los hechos, por los que se solicita la extradición, el país vivía bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
Además de la solicitud de extradición, Bravo ha sido demandado por los familiares de las víctimas, ultimadas en lo que en la historia argentina se conoce como la “masacre de Trelew”.
Los familiares alegan que Bravo, “cuando era un oficial de 30 años en la prisión naval de Trelew, cometió los asesinatos “extrajudiciales” y violaciones de los derechos humanos, según la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, de Estados Unidos”.
Luego de su detención el pasado año por agentes federales, Bravo recuperó su libertad al depositar “un bono de garantía personal de $4 millones firmada por nueve familiares y amigos y una fianza adicional de $1 millón con el depósito de $100,000. Eso fue autorizado por el juez magistrado Edwin Torres, quien rechazó el argumento de la fiscalía para mantenerlo detenido”.
La representación jurídica de los familiares, apoyan el proceso de extradición, pero esperan también “alguna responsabilidad y medida de justicia” civil federal, “especialmente porque se ha permitido a Bravo vivir con impunidad en el “puerto seguro” de Estados Unidos durante decenios”.
“Ha vivido una vida cómoda y exitosa durante casi 50 años después de cometer estos crímenes”, dijo Claret Vargas, abogado de la organización sin fines de lucro de San Francisco, Centro para la Justicia y la Responsabilidad, que presentó la demanda en nombre de las víctimas de los asesinatos en prisión militar. “Esperamos que sea extraditado, eso es lo que todas las familias quieren”.
Por su parte el abogado defensor de Bravo, Neal Sonnett, lo ha descrito como “un hombre de negocios honesto y contribuyente con un historial sin mancha”.
Según el Herald, Sonnett declaró al medio “que la solicitud de extradición de Argentina y la demanda civil de las víctimas deben ser rechazadas, calificando las acusaciones como “falsas” porque los asesinatos en prisiones militares ocurrieron como resultado de un levantamiento de presos por parte de “terroristas”. También describió la segunda petición de extradición de Argentina como una “caricatura judicial” porque ya se solucionó por parte de un juez federal de Miami a favor de Bravo”.
“La demanda contra Roberto Bravo es legalmente equivocada, falsa y moralmente en bancarrota”, dijo Sonnett. “Los hechos de la queja ocurrieron hace casi 50 años y un intento de 2010 por parte de Argentina de extraditar al Sr. Bravo fue negado por un juez federal, quien determinó que el Sr. Bravo había sido absuelto en Argentina de cualquier irregularidad y que los cargos presentados en Argentina más de 30 años después fueron “delitos políticos” prohibidos por nuestro tratado de extradición”, expresó el abogado defensor del ex militar.
Para evitar el avance lo solicitado por los familiares, Sonnett debe presentar en enero una moción para desestimar el caso de tortura, moción que probablemente esgrima “motivos técnicos, como el estatuto de limitaciones”.
La negación de la extradición en 2010, fue dada por el magistrado Robert Dubé, quien argumentó “que Bravo estaba protegido por una ley de amnistía argentina, fue exonerado por un tribunal militar y que el testimonio de tres sobrevivientes de los tiroteos en la prisión no era creíble”.
Según el medio de prensa, el juez Dubé “descubrió que al menos uno de los 19 prisioneros atacó a un guardia e intentó arrebatarle el arma inmediatamente antes que estallara el tiroteo en 1972. Como resultado, el juez determinó que el ataque a tiros era de naturaleza “política” y Bravo no pudo ser acusado bajo el tratado de extradición entre Estados Unidos y Argentina porque se estaba defendiendo de una rebelión”.
La actual existencia de pruebas “que muestran que los prisioneros estaban desarmados cuando Bravo y los otros oficiales les dispararon”, será una evidencia central en las decisiones que asuma el juez magistrado Torres, encargado de decidir si hace lugar a la solicitud del gobierno argentino o no.
Según relata el Nuevo Herald, la denuncia de extradición y otros registros judiciales, indica que el 15 de agosto de 1972, 25 prisioneros miembros de “un grupo de izquierda militante opuesto al gobierno militar argentino escapó de la Penitenciaría de Rawson en la provincia de Chubut”.
En la huida un militar resultó muerto a tiros.
Seis del total de fugados, alcanzaron a escapar en un avión secuestrado, los otros 19 fueron recapturados y llevados a la Base Aérea Naval Almirante Zar en Trelew, Argentina.
Para esa fecha, Bravo era teniente en el Batallón de Infantería Naval No. 4 en la base.
Durante la madrugada del 22 de agosto de 1972, refiere el Herald que describe la petición de extradición, “los 19 prisioneros de la base naval argentina en Trelew dormían cuando Bravo y otros cuatro oficiales llegaron con ametralladoras y pistolas calibre .45”.
“Los oficiales ordenaron a los prisioneros que se levantaran y fueran sus celdas con la cabeza baja (…) Momentos más tarde, los oficiales navales le dispararon a corta distancia (…) Muchos de los prisioneros murieron instantáneamente de los disparos iniciales (…) Los oficiales navales entonces procedieron a determinar si había sobrevivientes e intentaron ejecutarlos. Bravo localizó a varios prisioneros que no murieron inicialmente y les disparó con su pistola”, se lee en el pedido de extradición del gobierno argentino.
Esa noche, no todos los prisioneros murieron, tres de los mismos sobrevivieron a los tiroteos, con lo que se convierten hoy en testigos clave, entre ellos Alberto Camps, el padre de una de las familiares que ha interpuesto la demanda ante la justicia norteamericana en paralelo con el pedido de extradición.
Tanto Alberto Camps, como los otros dos sobrevivientes que lograron testimoniar por estos hechos, forman parte de la larga lista de argentinos desaparecidos de la última dictadura.
A diferencia del pedido de extradición rechazado hace diez años, en esta oportunidad, los fiscales federales en Miami consideran que la nueva solicitud de extradición es más fuerte.
Para ello recuerdan que un juicio argentino del año 2012 contra tres de los compañeros oficiales navales de Bravo involucrados en la masacre de la prisión, permitió el procesamiento y condena de los mismos (se trata de los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino).
La condena se sustentó sobre la base de pruebas de testigos que mostraban que “los oficiales mataron a tiros a reclusos desarmados a corta distancia, según la denuncia de extradición presentada por la fiscalía federal”.
En esa oportunidad, Bravo no pudo ser juzgado.
“En particular, las conclusiones del tribunal de primera instancia y del tribunal de apelación [en Argentina] rechazaron varias defensas jurídicas y de hecho planteadas por Bravo durante su procedimiento previo de extradición, incluida su reclamación de amnistía legal, la absolución previa en una investigación militar y la supuesta falta de credibilidad de las declaraciones de los sobrevivientes”, describe el medio de prensa que afirma, la denuncia de extradición.
A principios del año en curso y durante una audiencia de extradición, el fiscal federal Jason Wu argumentó que Bravo y los otros oficiales no actuaron en defensa propia.
“El Tribunal de Primera Instancia argentino [en 2012] concluyó más allá de una duda razonable que un grupo de oficiales militares, incluido el Sr. Bravo, masacró prisioneros desarmados e indefensos en la oscuridad de la noche, y esas conclusiones son una causa más que suficiente para certificar esta solicitud”, dijo Wu en la audiencia de extradición celebrada en el mes de marzo de este año.
Pero el abogado defensor de Bravo, Sonnett, “los tiroteos en la prisión de Trelew no eran “ejecuciones sumarias” y el hecho de que había tres sobrevivientes demuestra ese punto”.
En su argumentación, Sonnett dijo que tanto el ex militar como los otros oficiales implicados en los hechos “se defendían de los miembros encarcelados de un grupo terrorista izquierdista conocido como los Montoneros, que en agosto de 1972 había escapado de otra prisión una semana antes de ser recapturados y encarcelados en la prisión naval de Trelew”.
“Estas personas eran montoneros, eran guerrilleros (…) Eran gente muy dura e ilegal. Habían escapado de una prisión de máxima seguridad seis días antes”, señaló Sonnett en la audiencia.
En agosto de este año, a 48 años de los hechos, organismos de derechos humanos reclamaron para que se avanzara en el proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo, el ex teniente de la Marina que huyó a Estados Unidos poco después de los fusilamientos y que, con los años, se convirtió en un millonario empresario.
Bravo, señala una nota de Página 12 de esa fecha, “había sido detenido en octubre pasado en Miami y se esperaba que fuera extraditado en pocas semanas. Sin embargo, pese a que el fiscal de la causa se expresó a favor de que sea trasladado a Argentina, el juez a cargo de la causa aún no tomó una decisión”.
“Bravo, de 78 años, vive en Estados Unidos desde fines de los 70, donde llegó como representante de la Embajada de facto. En los 90, se convirtió en un empresario exitoso de servicios de salud y amasó una fortuna. En 2008, tras la declaración de la Masacre de Trelew como delitos de lesa humanidad la justicia chubutense expidió el primer pedido de extradición de Bravo a su par de Miami. Según los relatos de testigos y sobrevivientes, el ex teniente había sido uno de los que apretaron los gatillos en la Masacre. El pedido fue rechazado, pero tras la sentencia del juicio en el que los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino fueron condenados a prisión perpetua, fue reiterado” recuerda el medio argentino.
En la audiencia de marzo, el fiscal actuante descartó que los hechos puedan ser explicados como “la represión de una fuga” y en atención a ello lo definió como “ejecuciones extrajudiciales”.
Un argumento que, resaltó, no puede “considerarse una excepción al tratado de extradición entre Estados Unidos y la Argentina».