Etapa final en la causa Klotzman por delitos de lesa humanidad
El fiscal les pidió perpetua
Los acusados son el ex militar Fariña y tres ex policías federales. Además de la pena, Villate solicitó reparaciones simbólicas.
19 de junio de 2021
Fariña enfrenta un nuevo juicio por su rol en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario..
En el marco de los alegatos de clausura del juicio oral conocido como “causa Klotzman”, el fiscal Adolfo Villate pidió penas de prisión perpetua para los cuatro acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Quinta de Fisherton. Los juzgados son el ex militar Jorge Alberto Fariña y los tres ex policías federales Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. Se los acusa por delitos cometidos contra 29 víctimas, entre los que se cuentan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y la apropiación de una niña. El funcionario judicial también solicitó reparaciones simbólicas.
Luego de los testimonios y elementos de prueba presentados en el juicio que comenzó en septiembre de 2020, el fiscal hizo su alegato en cuatro jornadas. En ese contexto, consideró a Fariña “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 23 oportunidades, de homicidio agravado por alevosía en cinco casos y por la sustracción, retención y supresión de identidad de una niña nacida en cautiverio”.
En tanto, a Federico Almeder lo acusó como coautor penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad agravada y por aplicación de tormentos en seis oportunidades, de homicidio agravado por alevosía en dos hechos y por asociación ilícita. En cuanto a René Juan Langlois y Enrique Andrés López los encontró coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima agravado por aplicación de tormentos, con homicidio por alevosía en cuatro oportunidades y asociación ilícita.
Por otra parte, Villate remarcó la necesidad de que la sentencia sea un hito de reparación simbólica. En ese sentido, pidió que se ordene que los diarios locales de mayor circulación publiquen la parte resolutiva de la sentencia, tanto en su edición impresa como de forma online, al día siguiente del veredicto.
También, que se ordene a la Municipalidad de Rosario y a la provincia de Santa Fe que se vuelva a poner en su lugar el cartel de señalización del CCD “Quinta de Fisherton”, que fue retirado por trabajos de repavimentación y nunca fue vuelto a colocar.
Por último, que se le requiera a la comisión directiva de la Fundación Churchill, el instituto educativo que es el actual propietario del predio donde estaba el CCD, que se señalice el espacio y se deje en claro que allí funcionó un centro de exterminio durante la última dictadura militar. A su vez, pidió que se le solicite la enseñanza a su alumnado sobre los hechos que ocurrieron allí “como una forma más de transmitir la memoria”.
Roles
Durante la audiencia, Villate, con la asistencia del fiscal ad-hoc Álvaro Baella, describió las tareas que ejercieron los imputados en el plan de exterminio y enumeró los hechos por los que se los acusa.
Con respecto a Fariña, señalaron que el imputado comenzó a prestar servicio en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario ya desde 1973; que el 19 de diciembre de ese año fue ascendido de Teniente Primero a Capitán y que luego, el 1 de enero de 1975, continuó sus servicios en la Escuela Superior de Guerra hasta diciembre de ese año, para luego volver y continuar su desempeño en el Destacamento 121, donde fue nombrado como Jefe de la Sección Comando y Servicio en marzo de 1976. A su vez, en abril de 1976 fue designado como Jefe de la Primera Sección de Ejecución, mientras que el 22 de septiembre del mismo año fue nombrado como Jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia (COI), dependencias centrales las últimas en la represión ilegal estatal.
En cuanto a las tareas que realizó, Baella aseveró que “ocupó un lugar intermedio en la cadena de mando del armado represivo, que tuvo un amplio rango de autonomía para ejecutar las órdenes que le eran dadas y que para ello transmitió esas órdenes a sus subordinados, siempre en el cumplimiento del plan macro que organizó el genocidio”.
Asimismo, sostuvo que “la responsabilidad deviene clara al haber retransmitido órdenes, tomadas de sus decisiones, pero a su vez ejecutando materialmente los hechos” y agregó que “por todo esto no cabe duda de que Fariña es responsable de todo lo que se lo acusa como coautor”.
Con respecto a Almeder, Langlois y López, Villate indicó que eran, para la fecha de los hechos, agentes de la Policía Federal que cumplían funciones en Rosario. En ese sentido, remarcó que participaron de lo que se llamó la “oficina técnica”, que tenía como función recabar información, donde funcionaba también la llamada “brigada antisubversiva”.
En ese sentido, explicó que las tareas en las que participaba la Policía Federal se organizaban bajo la dirección del jefe de la delegación -Juan Dib, quien estaba imputado pero falleció el año pasado- en coordinación con las máximas autoridades del Destacamento Inteligencia 121 del Ejército, entre quienes se encontraba el propio Fariña, y que contaba entre sus recursos con personal del escalafón de seguridad, entre ellos Almeder y López, y con integrantes del Cuerpo de Informaciones. Este departamento centralizaba en esa fuerza de seguridad las actividades de inteligencia, en este caso concreto, en la persona de Langlois.
Villate explicó cómo accionaron en los autodenominados “Operativos Conjuntos”, hechos delictivos perpetrados por este grupo de tareas, conformados tanto por integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 como por miembros de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, quienes, más allá de la división de funciones, actuaban en lo relativo al secuestro, torturas, asesinatos y desaparición de personas.
Las audiencias continuarán este miércoles con los alegatos de las querellas. La sentencia se espera para la segunda mitad del año.
Se investiga la desaparición de 29 víctimas del terrorismo de Estado
Causa Klotzman: la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación
comienza su alegato esta semana
El proceso juzga a tres expolicías federales y a un exmilitar por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”.
19 de junio 2021
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación iniciará el miércoles su alegato como querella en el juicio que se realiza en Rosario por la causa “Klotzman”, que investiga la desaparición en esta ciudad de 29 militantes o allegados al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la primera quincena de agosto de 1976.
A partir de las 9.30, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario comenzará a escuchar el alegato de la Secretaría en este proceso que juzga a tres expolicías federales y a un exmilitar por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”, que funcionó en aquella ciudad durante la última dictadura cívico militar.
El juicio oral, a cargo de los jueces Mariela Rojas, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, se inició en septiembre del año pasado y analiza las desapariciones y muertes de 29 víctimas del terrorismo de Estado ligadas al ERP.
De ellas solo existe un sobreviviente, Fernando Brarda, quien declaró en la etapa del juicio dedicada a la producción de pruebas, mientras que durante el proceso se conoció la existencia de otro hombre que fue secuestrado. También se juzga la apropiación de la hija de dos víctimas desaparecidas, Ricardo Horacio Klotzman y Cecilia Barral, cuya identidad fue recuperada en 2011.
Agenda judicial por delitos de lesa humanidad en el país
Por otra parte, los juicios por delitos de lesa humanidad continuarán el martes con las declaraciones testimoniales en el juicio por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y muchos de sus compañeros, y siete niños/as nacidos/as en cautiverio.
Asimismo, el martes desde las 8 seguirán las audiencias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, expresidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).
El martes, miércoles y jueves se dará en La Pampa el tercer tramo del juicio de la Subzona 14, un proceso que tiene cinco acusados y en el que está previsto el testimonio de cerca de 200 víctimas del terrorismo de Estado, en hechos que incluyeron también crímenes sexuales, mientras que el miércoles en Neuquén tomarán las declaraciones de testigos en el juicio “Escuelita VII”.
Por otro lado, en los tribunales de San Martín tendrá curso el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.
El jueves desde las 9.30 se presentarán los alegatos en el juicio Contraofensiva montonera II en el que se juzga la responsabilidad de Mario Guillermo Ocampo, en su carácter de exintegrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo, en los crímenes perpetrados contra las víctimas de la denominada “Contraofensiva Montonera” entre 1979 y 1980.
En Santa Fe, el Ministerio Público Fiscal dará lugar al alegato en el juicio “Chartier” por privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos contra 11 víctimas detenidas entre febrero y abril de 1980, quienes fueron confinadas en diferentes centros clandestinos de detención de esa provincia para luego ser distribuidas por cárceles del país.
Además, el jueves, proseguirán en Bahía Blanca los alegatos de las defensas en el juicio a cuatro exintegrantes de la organización paraestatal Triple A, acusados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las Fuerzas Armadas junto a civiles.
El viernes, la Capital Federal proseguirá desde las 14 con el alegato de la querella en el juicio contra el exmilitar y expersonal civil de inteligencia del Ejército, Carlos Antonio Españadero, alias “Mayor Peña” o “Mayor Peirano”, por crímenes cometidos contra ocho víctimas.
También en la Capital continuará a las 8.30 el juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978.
En Mendoza, se desarrollará el juicio por la apropiación de la hija del matrimonio de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, contra el matrimonio que la apropió y la crió como su hija biológica y un allegado.
También en Mendoza proseguirán desde las 9.30 las testimoniales en el juicio Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea que aborda la responsabilidad penal de 20 imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.
Finalmente, en San Juan seguirá el megajuicio en el que se juzga a 34 exintegrantes de las fuerzas de seguridad y al exfiscal federal Juan Carlos Yanello, acusado de ser partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia en la Justicia Federal.