Observatorio Luz Ibarburu cuestiona
que equipo especializado en violaciones
de derechos humanos pase a
depender de la dirección de la Policía
9 de agosto de 2021
La modificación surge a raíz de un artículo de la Rendición de Cuentas; actualmente el grupo se encuentra en la órbita de Asuntos Internos del MI.
El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) rechaza el cambio previsto en la Rendición de Cuentas que determina que el Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos pase a depender de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La organización mantendrá una reunión este martes con autoridades del Ministerio del Interior (MI) y el miércoles comparecerá a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Por iniciativa del OLI, en 2013 se creó el equipo por resolución del MI y se determinó que funcione en la Dirección de Asuntos Internos, a los efectos de “dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y el artículo 1° de la ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado”, indicó la organización en un comunicado.
Durante el último gobierno del Frente Amplio, en la Rendición de Cuentas de 2017, se determinó el mismo cambio que se propone ahora: que el equipo pase a la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ante los reparos del observatorio, el MI finalmente no ejecutó lo que establecía la ley y el equipo continuó dependiendo de Asuntos Internos.
En el artículo 56 de la Rendición de Cuentas, que empezará a votarse este martes en la Cámara de Diputados, se determina el traspaso a la Dirección de Investigación de la Policía Nacional y se mantienen sus cometidos, que son colaborar “en forma directa con operadores jurídicos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del quebrantamiento del Estado de derecho que refiere la Ley Nº 18.596 [de actuación ilegítima del Estado], de 18 de setiembre de 2009”.
¿Por qué es importante que se mantenga en la Dirección de Asuntos Internos? “Al frente de esa dirección está una persona de confianza, que depende directamente del ministro. En 2013, con la sentencia Gelman, por el Código del Proceso Penal, el auxiliar de justicia era la Policía, entonces la Policía era uno de los elementos investigados, por eso para resolver ese tema lo que se nos ocurrió fue crear una unidad que fuera especializada y que dependiera directamente del ministro”, dijo a la diaria el coordinador del OLI, Raúl Olivera.
Olivera señaló que una unidad de este tipo puede sabotear una investigación si no tiene la voluntad política de avanzar. “Se me puede decir que los policías no son los de antes, pero ¿cómo se han comportado los militares actuales con relación al pasado? ¿Han tenido una actitud diligente para avanzar y encontrar los restos? No, no la han tenido. ¿Por qué? Porque existe eso que se llama la familia militar y la familia policial. Crear este antecedente es admitir que se puede encargar al instituto que de alguna manera es objeto de la indagatoria”, apuntó Olivera, y puso como ejemplo de esto lo que ha sucedido con los tribunales militares.
“La continuidad de los llamados de atención que recibe el Estado uruguayo por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por los magros avances en el cumplimiento eficaz de los procesos de justicia se suma ahora, de prosperar la iniciativa a consideración parlamentaria, un hecho de extrema gravedad: otorgarle el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidades en los crímenes del llamado pasado reciente”, se afirma en el comunicado.
Desde el OLI plantean sus reparos cuando a “los institutos armados se les otorgan las facultades para autoinvestigarse” y mencionan como ejemplos las versiones falsas brindadas a la Comisión para la Paz, las declaraciones de militares en los tribunales de honor o los informes de las Fuerzas Armadas entregados a Tabaré Vázquez durante su primer gobierno. Asimismo, se señala la “inconveniencia” de este cambio y se recuerda el espionaje en democracia por parte de los servicios de inteligencia, que fue el objeto de investigación de la Comisión Investigadora sobre Actividades de Inteligencia Militar en Democracia del Parlamento (2016-2018) y actualmente es el centro de una causa que lleva adelante el fiscal especializado en Delitos Económicos Enrique Rodríguez.
COMUNICADO DE PRENSA
Ante el Proyecto de Rendición de Cuentas actualmente a consideración del Parlamento, que en su artículo 56 proyecta sustituir el inciso segundo del artículo 93 de la ley N° 19.670 de octubre de 2018, en la redacción dada por el articulo 3° de la ley N° 19.788 de agosto de 2019, el Observatorio Luz Ibarburu denuncia:
1.- Que dicha sustitución por parte del Ministerio de Interior, supone que el Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos pase a depender de los mandos policiales de la Dirección de la Policía Nacional, integrada, entre otros, por la Dirección de Información e Inteligencia.
2.- El mencionado Equipo Especializado fue creado en julio de 2013 por resolución del Ministerio del Interior, a iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu y con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman y el artículo 1° de la ley 18.831, que reestableció la pretensión punitiva del Estado. Para ello, dicho Equipo Especializado, debía ser dotado de medios económicos y humanos necesarios, y no depende su conducción de los mandos policiales.
3.- Posteriormente, siempre a iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu, con los criterios de la resolución ministerial original que la creo, se impulsó que dicho Equipo Especializado fuera integrado por ley a la normativa vigente.
4.- La continuidad de los llamados de atención que recibe el Estado uruguayo por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por los magros avances en el cumplimiento eficaz de los procesos de justicia, se suma ahora, de prosperar la iniciativa a consideración parlamentaria, un hecho de extrema gravedad: otorgarle el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos, a los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidad en los crímenes del llamado reciente.
5.- Desde la pretensión de la justicia militar, para que se le otorgara competencia para que se auto investigaran de sus condutas crímenes cometidos en el marco de las políticas de terrorismo de Estado, la independencia y la objetividad de quienes deben investigar las conductas del pasado autoritario ha sido una preocupación constante de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
6.- Unas muestras de lo que ocurre, cuando a los institutos armados se les otorgan las facultades para auto investigarse, los encontramos en las actuaciones de los fiscales militares en el cumplimiento del artículo 4° de la ley de caducidad; en las versiones falsas brindadas a la Comisión para la Paz; en los informes de las fuerzas armadas entregados a la administración de Tabaré Vázquez; en las actuaciones de los tribunales de honor.
7.- A todo eso, se le suma el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia, que muestran la inconveniencia de la iniciativa comprendida en el mencionado artículo 56.
6.- A los efectos de que sea retirado del Proyecto de Rendición de Cuentas el mencionado articulo 56, y se consideren las formas más adecuados para que el mencionado Equipo Especial cumpla eficazmente con los objetivos que se le ha encomendado por ley, el Observatorio Luz Ibarburu se reunió el pasado 2 de agosto con la INDHYDP, y mantendrá sendas reuniones, con el Ministro del Interior el martes 10 a las 17 y 30 y con la Comisión de DD.HH de la cámara de diputados el miércoles 11 a las 13 y 45.
Fernanda Aguirre Maya
DIRECTORA
Raul Olivera Alfaro
COORDINADOR EJECUTIVO.
7 de agosto de 2021
Rechazo a que Equipo
Especializado en Violaciones a DDHH
quede bajo control de “la familia policial”
Por Georgina Mayo
8 de agosto 2021
El Observatorio Luz Ibarburu rechaza la modificación planteada en el proyecto de Rendición de Cuentas con respecto al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos que funciona en la órbita del Ministerio del Interior. Esa unidad se ocupa desde el año 2013 de la búsqueda de militares y policías que deben ser citados por la justicia penal como indagados y testigos para las distintas causas que investigan crímenes durante la dictadura.
El Observatorio Luz Ibarburu es una institución que asesora a familiares de víctimas de la dictadura. Su responsable, Raúl Olivera, dijo a 25siete que en el artículo 56 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas se sustituye el segundo inciso del artículo 93 de la Ley N°19.670 de octubre de 2018. La modificación supone que el Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos pase a depender de los mandos policiales de la Dirección de la Policía Nacional, integrada, entre otros, por la Dirección de Información e Inteligencia.
Esta dependencia es investigada en distintas causas judiciales que aún se tramitan. Hasta ahora estaba bajo las órdenes de Asuntos Internos, que depende directamente del Ministerio del Interior.
Olivera relató que si bien esta intención de que el Equipo Especializado esté bajo las órdenes de la propia policía estuvo en administraciones anteriores, esto “nunca se llegó a concretar porque manifestamos nuestra oposición” y agregó que “ahora es distinto porque ya hubo procesamientos de efectivos de la Guardia Republicana y otros policías, que hasta ahora no se habían concretado”.
Consultado si las nuevas generaciones de policías acaso no permiten pensar que puedan no entorpecer búsqueda de policías y militares indagados por la justicia o de testigos de las causas, respondió que es muy difícil pensarlo de esa manera porque “aún existe la familia policial”.
El Equipo Especializado fue creado en 2013 por resolución del Ministerio del Interior, a iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu y con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El objetivo fue dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera al cumplimiento de lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y el artículo 1° de la Ley Nº 18.831, que reestableció la pretensión punitiva del Estado.
Una de las condiciones era que este Equipo Especializado no dependiera de la conducción de los mandos policiales.
Raúl Olivera agregó que es grave que “el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos quede en manos de los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidades en los crímenes del pasado reciente”.
Dijo que además ahora debe tenerse en cuenta el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia, que muestran la inconveniencia de la iniciativa comprendida en el artículo 56. “La policía se dedicó en democracia a vigilar a organizaciones sociales como enemigos”, subrayó.
El Observatorio Luz Ibarburu solicita que se retire del Proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 56. Olivera indicó a 25siete que ya hubo reuniones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y anunció que se reunirá el martes con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al día siguiente con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.