ARGENTINA Y EL FALLO DE LA CIDH EN EL CASO JULIEN GRISONAS
Responsabilidades compartidas
Fabián Kovacic
desde Buenos Aires
7 enero, 2022
“Malestar” es la palabra que define la sensación de los funcionarios argentinos en la Secretaría de Derechos Humanos tras la sentencia de la CIDH en el caso Julien Grisonas. Argentina acatará el fallo, pero considera que le exigen más en materia de justicia que al resto de los países que participaron del Plan Cóndor.
Victoria Grisonas y Mario Julien
La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino por el caso de la familia Julien Grisonas abre un interrogante para el gobierno de Alberto Fernández y, por cierto, causa cierto fastidio. Es que la CIDH consideró que existió demora excesiva en la tramitación de los procesos judiciales referidos a los cuatro miembros de la familia Julien Grisonas, víctimas del terrorismo de Estado en 1976; falta de juzgamiento por el crimen de Mario Julien; demora en la tipificación del delito de desaparición forzada y omisión en la búsqueda de Victoria Grisonas; falta de comunicación para dar con los restos de Victoria y Mario, y una errónea decisión de la Justicia argentina al declarar prescripta la acción para reclamar las reparaciones correspondientes, violando así el derecho de Anatole y Victoria (los hijos) de conocer el paradero de sus padres.
Todos esos delitos ocurrieron a partir de la tarde del domingo 26 de setiembre de 1976, cuando un operativo comando desmesurado en fuerzas del Ejército y la Policía bonaerense asaltó la casa en la que habitaban Mario Roger Julien Cáceres, Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y sus hijos, Anatole Boris, de 4 años, y Victoria Eva, de poco más de 1. La vivienda se ubicaba en la calle Mitre 1390, en el partido de San Martín del Gran Buenos Aires. Y esos delitos siguen ocurriendo y son imprescriptibles, por eso la condena de la CIDH. Nada se supo de Mario ni de Victoria después del operativo en el que participaron oficiales del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de Uruguay y de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina. Los niños habrían estado en el centro de detención Automotores Orletti junto a su madre, trasladados de manera clandestina a Montevideo para finalmente ser abandonados en una plaza de Valparaíso (Chile) y convertirse en los primeros nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. El motor de búsqueda en ese caso fue la madre de Roger, Angélica Cáceres.
Los cinco puntos del comienzo están contenidos en la sentencia de 100 páginas divulgada la última semana de diciembre en el sitio web de la CIDH. Argentina sostiene que va a acatar la sentencia y cumplirá las sanciones impuestas, que constan de cinco acciones a ser desarrolladas por los poderes Ejecutivo y Judicial argentinos. Sin embargo, hay quejas por parte de los funcionarios argentinos recogidas por Brecha. «Somos el país ejemplo en persecución de delitos cometidos por las dictaduras y no parece justo que la CIDH nos sentencie de esta manera. Es cierto que el fallo de la Corte Suprema sobre la prescripción de la reparación a los hermanos Julien fue malo y debiera ser revisado, pero fueron ellos quienes optaron por no acogerse a la reparación económica», señaló una fuente que siguió de cerca el caso desde 2004. «La figura de la desaparición forzada no fue usada en el caso de Victoria Grisonas –alegó– porque cuando se llevó adelante el juicio no existía como tipo penal. Por lo tanto, es una discusión teórica, porque quienes fueron condenados lo fueron a prisión perpetua, más allá del tipo penal invocado, y hoy están cumpliendo condena efectiva», añadió.
SANCIONES PUNTUALES
El primer punto de la sentencia implica el esclarecimiento de los hechos por los cuales permanecen desaparecidos Mario Julien y su compañera, Victoria Grisonas. Allí deberán cumplir un papel simultáneo la Secretaría de Derechos Humanos y la justicia federal, revisando los expedientes de las cinco causas sobre la suerte corrida por los cuatro familiares para analizar cuál puede ser el cauce a seguir. La primera se inició en 2011 y las posteriores en 2012, 2016, 2017 y 2021.
Por lo pronto, el Equipo Argentino de Antropología Forense llegó a la conclusión de que los restos de Mario se encuentran en un osario común en el cementerio de San Martín, a escasas 12 calles de donde vivía la familia, pero sin poder identificarlos con exactitud. Nada se sabe aún sobre los restos de Victoria, su compañera. El Estado argentino también deberá pagar los tratamientos de rehabilitación psicológica y psiquiátrica de los hermanos Anatole y Victoria e indemnizarlos por los daños morales y materiales, hecho que hasta ahora no ocurrió porque los hermanos decidieron tomar la vía administrativa y no la penal para reclamar al Estado argentino. La Corte sostiene que el crimen es imprescriptible y, por lo tanto, siempre debe quedar abierta la vía de la indemnización económica para las víctimas.
Argentina deberá convocar a Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú para «investigar, extraditar, enjuiciar y sancionar a los responsables de los delitos» cometidos en el marco del Plan Cóndor. Y finalmente publicar en la página web oficial del Estado nacional el reconocimiento de su responsabilidad por la suerte corrida por la familia Julien Grisonas, además de elaborar un documental audiovisual «con el punto de vista de los hermanos Anatole y Victoria».
En diálogo con Brecha, Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino, y representante del Estado en el juicio ante la Corte, repasó la sentencia del caso Julien Grisonas: «Nosotros fuimos muy claros ante la CIDH en reconocer que la familia Julien Grisonas fue víctima del terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor. Lo que intentamos hacer en todo momento es resaltar el proceso de memoria, verdad y justicia de Argentina, que es modelo en todo el mundo y, sobre todo, en la región».
Pero, al mismo tiempo, señala su disconformidad con el fallo en relación con la situación uruguaya en materia de juicios por delitos de lesa humanidad: «La sentencia en un punto destaca el proceso de memoria, verdad y justicia, y reconoce los avances que hubo con relación a la familia Julien Grisonas. Coloca al Estado argentino en una situación de seguir liderando los esfuerzos regionales en este sentido. Se trata de una sentencia novedosa que insta a Argentina a hacer esfuerzos con los otros países involucrados en el caso Julien Grisonas, como Uruguay, para avanzar en el proceso de justicia. Es llamativo que le pongan a Argentina esa obligación y no se la pongan a Uruguay, posiblemente porque no fue en este caso concreto el país demandado. Argentina demostró que no pudo juzgar a un represor uruguayo porque Uruguay negó la extradición. Y en este punto obligan a Argentina a seguir extremando los esfuerzos para conseguir esa extradición, cuando, en realidad, deberían obligar a Uruguay a concederla y, en todo caso, condenarlo».
A partir de febrero, cuando termine el receso judicial, se iniciarán los contactos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial de Argentina para retomar las investigaciones en donde quedaron paradas. Será entonces también cuando comiencen los trámites de acercamiento –vía las cancillerías– entre la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y los organismos correspondientes de Uruguay (la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente). Todo sería más sencillo y digno si los responsables del genocidio en el Río de la Plata durante los años setenta se dignaran a hablar. Pero la omertà militar parece funcionar como entonces.
