RED DE SITIOS DE MEMORIA
La memoria como reparación
En el mes de la memoria Caras y Caretas conversó con Mercedes Cunha, Rosario Caticha y Elena Bicera sobre los hogares del consejo del niño donde estuvieron detenidas las personas menores de edad durante la dictadura.
20 DE MAYO DE 2022 –
Por Sofía Pinto Román
La memoria precisa que la piensen, que la salven del olvido y del riesgo de caer en la oscuridad. En Uruguay los esfuerzos de recordación, reparación y búsqueda de la verdad recaen desde hace décadas sobre los hombros de la sociedad civil. Aunque el Estado está obligado a asumir la responsabilidad por los crímenes de la dictadura y realizar acciones de reparación para obtener verdad y justicia, se puede afirmar sin vacilar que el grueso de ese esfuerzo no lo realiza (más allá de acciones puntuales, muchas de ellas impulsadas originalmente por organizaciones sociales), a pesar de la presión ciudadana y de los organismos internacionales.
Mayo es el mes de la memoria y este 20 de mayo se realiza la 27ª Marcha del Silencio, organizada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Así que, hablemos de memoria.
Son tantos los trazos de historia que forman la imagen completa de la última dictadura cívico-militar en Uruguay que siempre aparece una hilacha sin tirar, una lucha de la que apropiarse, una bandera que levantar para obtener justicia.
Los sitios de memoria son bastiones contra la impunidad y el olvido. Están regulados por la Ley 19.641, que tiene por objeto la declaración y creación de Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente de la República Oriental del Uruguay.
De acuerdo con el artículo 3 de la ley, “La declaración y creación de Sitio de Memoria Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades”.
Desde hace meses comenzaron a reunirse e impulsar acciones de reparación personas que fueron presas políticas cuando tenían menos de 18 años y, por ello, fueron recluidas en instituciones del Consejo del Niño.
El Consejo del Niño fue una institución creada en 1934, bajo el gobierno dictatorial de Gabriel Terra, que dependía en ese momento del Ministerio de Protección a la Infancia. En ese período se dispuso mediante Decreto Ley la aprobación del Código del Niño con los objetivos de protección y control de niños y adolescentes.
“Durante la dictadura y los años previos de autoritarismo y la implementación de medidas prontas de seguridad, se mantuvieron detenidos en centros del Consejo a jóvenes menores de edad, integrantes de organizaciones gremiales estudiantiles y de partidos de izquierda, por su militancia”, explican en la página Sitios de Memoria.
Fueron centros de detención el hogar Yaguarón (ya declarado sitio de memoria), el instituto de menores Álvarez Cortéz, la Colonia Suárez, el hogar Burgues, el hogar Femenino de Artigas y el Asilo del Buen Pastor.
El 6 de mayo Nadia Delgado, ex presa política adolescente, contó su experiencia en Legítima Defensa. Su entrevista está disponible en el canal de YouTube de Caras y Caretas. También participó Mercedes Cunha como integrante de la Red de Sitios de Memoria.
En esta oportunidad Caras y Caretas dialogó con tres integrantes de la red: Rosario Caticha (delegada de la Red en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria), Elena Bicera (integrante del colectivo de Fusilados de Soca, integrante de la mesa coordinadora de la red) y Mercedes Cunha (integrante del colectivo de Tacuarembó, integrante de la mesa coordinadora de la red) sobre los hogares del Consejo del Niño donde estuvieron detenidas las personas menores de edad durante la dictadura, el trabajo de la Red de Sitios de Memoria y el rol del Estado.
El exhogar Yaguarón ya fue declarado sitio de memoria. ¿Cuál es la situación de las otras instituciones donde estuvieron detenidas las personas menores de 18 años?
Mercedes Cunha: El Álvarez Cortez ahora es la UTU de Malvín Norte. Todos los hombres detenidos siendo menores de edad pasaron por el Álvarez Cortez. Se está realizando un accionar por cuatro detenidos desaparecidos que estuvieron allí siendo menores; Héctor Castagnetto, Ary Severo Barretto, Jorge Martínez Horminoguez y Ruben Prieto González. Con Afutu se está llevando a cabo un proyecto sobre los derechos de los adolescentes en el presente.
En el caso del Buen Pastor, que es un edificio derruido y hay problemas de acceso, se trabaja en una audioguía del Municipio B y en un proyecto de la Facultad de Información y Comunicación.
En Bella Unión estamos realizando entrevistas en profundidad a las compañeras que estuvieron detenidas allí. Dos están vivas, una ya falleció. Además estamos tratando de ubicar a dos niños que estuvieron allí porque su madre era mayor de edad y estaba presa.
¿Para cada uno de estos lugares hay que realizar una petición específica para que se convierta en sitio de memoria?
MC: No sabemos todavía si vamos a iniciar una petición para cada sitio en particular o si vamos a crear un circuito de la memoria con todos los sitios del Consejo del Niño además del exhogar Yaguarón como sitio de memoria.
¿Cómo se realiza la petición de declaración de los sitios?
Rosario Caticha: Los sitios se pueden declarar o señalizar. Señalizarlos es poner una placa. Al declararlo todo el lugar se convierte en sitio de memoria, se requiere una comisión de sitio que lo sostenga en el tiempo en un entramado con la comunidad. La gente debe aportar pruebas en un formulario destinado a la declaración.
La iniciativa debe ser de la sociedad y las organizaciones se tienen que encargar de mantener los sitios, ¿no? ¿El Estado no tiene un rol activo de financiación?
RC: Hay una contradicción entre el deber ser y lo que sucede. El sitio de memoria materializa el derecho a la verdad, a la memoria colectiva, la reparación; derechos que tenemos como personas. Cuando la ley se elabora, el Estado es responsable de las violaciones de esos derechos humanos, tiene que sostener eso, pero la ley no aparece con financiación, no tiene presupuesto: hay un conflicto. Quienes inician estos procesos son las personas organizadas de la sociedad civil, víctimas, vecinos, familiares. Esto ha sido así históricamente en Uruguay, en Argentina por ejemplo el gobierno apoya materialmente. El Estado a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) otorga fondos concursables que ofrecen plata, los sitios se presentan para lograr financiación. Es poco dinero, pero nos ha permitido algunas cosas. Generalmente son tres sitios los que se presentan cada año y obtienen 500.000 cada uno, no es mucho por la cuantía de lo que hay que hacer.
Elena Bicera: En el caso del sitio de memoria de Fusilados de Soca hubo apoyo de la Intendencia de Canelones desde antes de ser sitio. El memorial fue construido por la Comisión Memorial de los Fusilados de Soca en 2008. Luego de unos años la comuna, en la época de Marcos Carámbula, comenzó a apoyar el sitio. Nosotros hacemos un acto en memoria todos los meses de diciembre y la intendencia nos ayuda. Después de una investigación muy larga, hace dos años se conoció realmente el lugar donde fueron fusilados y era unas cuadras más abajo, entonces nos ayudó a trasladar el memorial y completarlo. A los dos años fue declarado sitio de memoria.
Siento que la memoria está siempre al borde del abismo, la sociedad civil tiene que estar trabajando constantemente para sostenerla.
RC: No hay memoria si no hay personas que recuerden, si no hay un entramado social que la sostenga. Ha sido una larga lucha para que estos temas se hablen. La lucha de Madres y Familiares a lo largo del tiempo, la propia presencia de las mujeres en ese pasado también ha estado en disputa, porque en general no aparecíamos en la historia. La memoria no se sostiene si no hay colectivos que lo sostengan porque el Estado participa, pero no es garante como debería serlo. La memoria es una forma de reparación.
MC: muchos colectivos tienen trabajo realizado con instituciones educativas, que es una forma de que transite la memoria hacia el futuro.
EB: Es imposible llegar a la verdad sin memoria, la memoria de una sociedad es como la memoria de una persona, si se pierde no es lo que era. ¿Cómo mantener la memoria? Con jóvenes, muchos jóvenes. Se critica a los jóvenes y ellos tienen clarísimo para dónde van. Que la memoria no desaparezca con la gente a la que nos importa ahora esa memoria, que siga ese camino hacia la verdad. Es importante relatar la historia. Hace poquito presentamos el libro Silencio roto. Como la Justicia está bloqueada (la causa nuestra tiene 48 años en la Justicia uruguaya dando vueltas), las comisiones investigan y averiguan cosas nuevas y todo eso se va registrando en un relato que se transformó en este caso en un libro que se hace para guardar la memoria.
RC: Se han hecho muchísimas cosas a lo largo del tiempo. Se ha avanzado muchísimo, a pesar del Estado.
MC: Y a pesar de lo que va apareciendo en este momento con mucha fuerza, que son las posturas que pretenden negar el pasado, relativizar el terrorismo de Estado, igualarlo y compararlo con la violencia guerrillera y planear “terrorismo de un lado y del otro”, sin distinguir la inmensidad no comparable de la violencia del Estado contra la población.
¿Cuáles son los diferentes escenarios posibles cuando se quiere marcar un sitio? En Rocha, por ejemplo, señalizar el batallón implica dialogar con el Ministerio de Defensa.
RC: En Rocha se va a señalizar, pero hay que hacer una tratativa con el Ministerio de Defensa para acordar dónde quieren los integrantes de la comisión señalizar y dónde lo permite el ministerio. Se han demorado. Hemos tenido muy buena relación con el ministerio hasta hace poquito, se establecían paquetes de lugares donde había que señalizar. En este momento están demorados, pero se van a señalizar. En general no hay problemas, a veces demoran.
En el pasado hemos señalizado liceos, que tenés que pedir autorización a la directora, a la inspectora, y al Consejo de Secundaria. Señalizamos dos compañeros desaparecidos del liceo 1 de Durazno y dio un poco de trabajo, pero se realizó. En la actualidad no hemos tenido ninguna respuesta. Están muy demoradas, clausuradas las relaciones con la directora general de Secundaria en este momento. No es que digan que no, porque no pueden decirlo, la ley lo marca, pero están demorados. La ley no establece plazos. Hemos pedido reunión con la directora de Secundaria y con Robert Silva, pero no hemos tenido respuesta. Sé que cuando dialoguemos vamos a tener mejor respuesta porque van a comprender la necesidad de la memoria y del cumplimiento de la ley, pero mientras tanto el diálogo está demorado.
MC: En el mismo caso de Rocha tenemos el caso de la señalización de San José, que también está demorada. En el caso del hogar Yaguarón el INAU se puso a las órdenes, también el caso de Canelones es muy particular, hay apoyo a todas las organizaciones. En otros departamentos tenemos intendencias que cedieron terrenos para la construcción de un memorial, la plaza de los DDHH en Ciudad de la Costa.
EB: Hay una cosa importante que no se sabe. En la Intendencia de Canelones existe hace muchísimos años una Dirección de Derechos Humanos, es la única intendencia que tiene una referencia directa. Tiene que saberse porque es de un valor inmenso.
MC: En Montevideo se encarga Cultura, la IM apoya el desarrollo de Montevideo como una ciudad con memoria.
RC: Todos los acuerdos para la creación del Museo de la Memoria.
MC: El único del país.
RC: En principio, por aquellos tiempos en que los colectivos se reunieron, se pretendía que fuera nacional. Finalmente solo pudo ser departamental porque el predio cedido fue la famosa casona de Santos. Quiero mencionar también la placita de Punta de Rieles, la primera plaza-museo del país que recuerda los hechos ocurridos en el penal y fundamentalmente a las familias que fueron sostén de las presas que allí estaban; fue hecha con acuerdo de la IM con apoyos desde el exterior, de la universidad, con el sostén del barrio, con las ex presas. Existe, se mantiene y no ha sido vandalizada nunca. Forma parte de la vida de la gente de ahí.
La verdad sigue secuestrada
La Red Nacional de Sitios de Memoria de Uruguay publicó un comunicado en el marco de la 27ª Marcha del Silencio.
“La Red Nacional de Sitios de Memoria de Uruguay manifiesta su profunda preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas y relativistas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de actuación ilegítima del Estado y la última dictadura en Uruguay, que se enmarca en uno de los más grandes exterminios ocurridos en nuestro continente.
Con indignación vemos que en el ámbito del Parlamento se realiza apología de la declaración de guerra interna en el año 1972; se manifiestan posturas racistas y discriminatorias que atentan contra la memoria de pueblos autóctonos como el Charrúa, revictimizando a sus descendientes, y se propone un proyecto de ley destinado a otorgar prisión domiciliaria automática a las personas mayores de 65 años, claramente dirigido a beneficiar a los procesados por delitos de la dictadura.
Por otro lado, nos preocupan los continuos ataques a la Institución Nacional de Derechos Humanos por parte de los mismos actores políticos negacionistas, que no soportan el accionar de esta institución del Estado que tiene por cometido vigilar al propio Estado para que no viole los derechos humanos, o cometa excesos, y señalarlo cuando esto sucede.
Alertamos sobre los crecientes ataques contra la libertad de expresión que atentan contra los derechos humanos. En el mes de la memoria multiplicaremos las actividades por memoria, verdad y justicia, y convocamos a marchar el 20 de mayo con la consigna de Madres y Familiares. “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada: Es responsabilidad del Estado”.
