España: se encamina la aprobación
de la Ley de Memoria Democrática
4 de julio de 2022
El proyecto, impulsado por la coalición de gobierno, entre otros puntos, declara “ilegal” al régimen franquista y exige al Estado la búsqueda y la exhumación de los desaparecidos.
La Comisión Constitucional del Congreso español aprobó por 19 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones el dictamen de la Ley de Memoria Democrática, el penúltimo paso antes de ser enviada al Senado. El proyecto legislativo será considerado en la cámara baja la semana que viene y en caso de ser aprobado, lo que parece altamente probable, pasará hacia la cámara alta.
La ley es impulsada por los sectores de la coalición de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, y cuenta además con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Más País, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y la Coalición Canaria. Los catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya se abstuvieron, mientras que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron en contra.
Hasta el último momento, ERC, socio de investidura del Ejecutivo, no aclaró el sentido de su voto. “Es un buen texto, pero faltan cosas”, explicó la diputada del partido soberanista Carolina Telechea antes de que su formación se abstuviera de aprobar el texto. “Lo que hay de bueno en la ley es la ilegalidad del régimen franquista, que es una reivindicación histórica de ERC. Gracias a nuestra posición firme, está contenida en el actual texto. Es una de las principales demandas, pero hay otra que es la ley de amnistía y la reparación de las víctimas”, dijo la diputada, de acuerdo a lo que informó RTVE.
Esta norma, que implica una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de haber sido avalada en el Consejo de Ministros hace casi un año, y fue considerada en el Congreso en octubre del año pasado. Pero antes de fin de año el gobierno dio marcha atrás con la iniciativa parlamentaria porque no tenía los votos suficientes para sacarla adelante. El mes pasado el proyecto fue reactivado luego de que el PSOE y Unidas Podemos negociaran y acercaran posturas con otras formaciones parlamentarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de aprobación en la comisión tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y la Coalición Canaria.
Entre las principales novedades de esta ley se destaca la asunción por parte del Estado de la búsqueda y exhumación de los desaparecidos, la creación de un banco de ADN y un censo de víctimas, la retirada de 33 títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco y la creación de un fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para impulsar las investigaciones, informó eldiario.es.
A fines de junio el Ejecutivo logró conseguir el apoyo a esta ley de los vascos de EH Bildu luego de acordar que dentro del texto se reconozca a las víctimas de torturas hasta 1983, lo que podría afectar al caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la organización parapolicial creada durante el gobierno de Felipe González para combatir a la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA). En uno de sus puntos la Ley de Memoria Democrática mandata al gobierno a crear, dentro del año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.
Paralelamente, informó el portal Público, los partidos de gobierno negociaron con el PDeCAT y Más País “declarar ilegal el régimen surgido de la contienda militar”, iniciado con el golpe de Estado que, “como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática”.
La ley, en caso de ser aprobada, considerará además como víctimas a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, “cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas”.
En las negociaciones con el PNV, se acordó fijar en el plazo de un año el lapso para la restitución de documentos o efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también de la norma los partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que actualmente estén en poder de entidades públicas.
