Investigan la red que ocultó el hallazgo de los cuerpos que aparecían en el mar
Los encubridores de los vuelos de la muerte
Un documento al que accedió Página/12 brinda detalles de cómo se enterraban los cadáveres en fosas comunes sin avanzar en una investigación policial ni judicial.
Por Luciana Bertoia
10 de julio de 2022 –
Para fines de 1982, las denuncias sobre tumbas NN a lo largo y ancho del país se empezaron a multiplicar. La Policía Bonaerense se puso especialmente en guardia ante la posibilidad de una visita del fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, al cementerio de General Lavalle –que es el lugar donde muchos años después se identificaron los restos de las tres Madres de Plaza de Mayo y una de las monjas francesas secuestradas en el operativo de la Iglesia Santa Cruz–. Ante la llegada de los referentes de derechos humanos, se armó una reunión para hacer desaparecer documentación que daba cuenta de cómo se enterraba en fosas comunes a cadáveres que aparecían en las costas bonaerenses con sus cráneos destrozados después de ser arrojados desde aviones en los llamados “vuelos de la muerte” y sin la menor investigación policial ni judicial. La información surge de un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) al que accedió Página/12 y que está en el juzgado federal de Dolores, donde se investiga la red de ocultamiento y encubrimiento que rodeó el hallazgo de los cuerpos que aparecían flotando en el mar.
La inteligencia de la Policía Bonarense alertaba sobre una visita del fundador del CELS.
La DIPPBA tenía información de que el 20 de noviembre de 1982 estaría Mignone en General Lavalle para recorrer el cementerio con una comitiva de la Liga por los Derechos Humanos llegada desde Francia. El objetivo era claro: saber qué habían hecho con los desaparecidos. Un día antes de esa visita, se activaron los resortes. Un agente de inteligencia policial –que, por el momento, no está identificado– mantuvo una reunión con el intendente de facto local, Marcos Quiroga, y con el jefe de Catastro, Domingo Montenegro. Los tres fueron al cementerio para ver las fosas y el libro de inhumaciones.
El intendente Quiroga – que prestó la “colaboración más absoluta”, según reportó el agente de la DIPPBA– se comunicó para saber si estaban los certificados de defunción. ¿Cuál era el problema que tenía la Bonaerense? Que muchos de los certificados consignaban como causa de muerte una fractura de cráneo o traumatismo. Es decir, daban cuenta de una muerte violenta. Ante ese hecho, el médico policial debió haber pedido que se hiciera un sumario y se investigara, pero nada de eso sucedió.
La solución que proponía el enviado de la Bonaerense era rehacer los certificados y que dijeran que, por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, se desconocía la causa de muerte. Eso pasaría por debajo del radar de los organismos de derechos humanos. “En lo que hace a las licencias de inhumación, el Intendente no tiene problemas, según expresó, en hacerlas desaparecer, ya que, de todos modos, están registradas en el libro y así se eliminaría la muerte violenta y pasarían a ser simplemente cadáveres que aparecieron en la playa”, explicó el enviado policial.
Los dos médicos que habrían firmado los certificados de defunción que ahora importunaban a la Policía Bonaerense eran Roberto Dios y Serafín Bertelotti. Dios murió en plena dictadura: un ataque al corazón lo fulminó en su cama. Su muerte estuvo rodeada de misterio. “El Dr. Dios falleció hace tiempo, de modo tal que con él no hay problemas”, opinaba el agente, que pensaba que conseguir que el otro médico alterara los certificados que ya había firmado.
Los preparativos para ocultar información en el cementerio de General Lavalle. Archivo DIPPBA del 19/11/82
La búsqueda de las Madres
El cementerio de General Lavalle se volvió un foco de interés para las Madres de Plaza de Mayo mucho tiempo antes. En diciembre de 1978, los diarios informaron el hallazgo de más de una docena de cuerpos en Santa Teresita. El día de Navidad, Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello lograron que el juez penal de Dolores Carlos Facio las recibiera. Era el magistrado con jurisdicción en la zona y era, para las mujeres, una esperanza.
Cinco días después, Norita viajó a Santa Teresita para averiguar cómo había sido el hallazgo de los restos. Hablando con los vecinos, reconstruyó lo que la justicia no hizo. Así supo que unos muchachos que estaban pescando encontraron los cuerpos y los empujaron hasta la costa. Los residentes también le hablaron de helicópteros de las fuerzas armadas que sobrevolaban la zona.
Las Madres se presentaron para aportar los datos al juez. “Tenemos sobrados motivos para pensar que entre estas víctimas pueden estar nuestros hijos o los de varios miles de padres cuyos nombres o datos poseemos”, escribieron y le pidieron que las dejara reconocer los cuerpos.
Después de unas medidas mecánicas durante la feria, Facio archivó la investigación. Semanas atrás, Norita declaró por Zoom en la causa y reafirmó que a ella nunca nadie la había convocado para ver los restos. En total, en diciembre de 1978, habían aparecido catorce cadáveres en Santa Teresita. Diez de ellos fueron identificados gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La denuncia que presentaron las Madres por el hallazgo de los cuerpos.
El rol de la Prefectura
La llegada de las Madres hacia finales de 1978 posiblemente obligó a la dictadura a tomar recaudos. El número de expedientes judiciales sobre los cuerpos que aparecían en las costas se redujo de manera ostensible en la jurisdicción de Dolores. Los bomberos de Santa Teresita ya no recibían los llamados para sacar los cuerpos del agua y trasladarlos a la salita de primeros auxilios, donde eran depositados hasta que los vecinos empezaban a quejarse por el hedor.
“Después de 1978 no nos llamaron más”, declaró Juan Ceballos, un integrante del cuerpo de bomberos local. “Nuestra teoría es que hubo alguna orden al respecto y que la policía directamente los empezó a cargar porque era extraño que aparecieran varios cuerpos de golpe y después de un tiempo no aparecieran más”, dijo.
Es probable que la teoría que manejaban los bomberos tuviera asidero, pero no era la policía la que tuvo un rol en ese desenlace. Según el documento de la DIPPBA, fue la Prefectura la que hizo que los cuerpos no se siguieran llevando en masa hacia el cementerio de General Lavalle. “En aquella época aparecieron más cadáveres, pero con muy buen tino, la Prefectura los enterró en los médanos y nada se sabe de ellos”, informó el agente policial.
Archivo DIPPBA
Días atrás, un exintegrante de la Prefectura declaró en el juzgado a cargo de Martín Bava. Carlos Turconi dijo haber encontrado restos humanos en las playas mientras hacía una recorrida en un jeep con tres compañeros. Situó el hallazgo entre 1977 y 1979. Dijo, además, que se enteró que había una orden desde la central de Prefectura para que los cuerpos se enterraran en el lugar donde se hallaban. “La orden la bajaron por medio de cifrados”, precisó.
Por el momento, la existencia de esa directiva es únicamente un indicio. De lo que sí hay certezas es de un armado para no dejar cabos sueltos y para que los desaparecidos siguieran desaparecidos. Más de 40 años después y tras el hito que marcó la sentencia que reconoció la mecánica de los vuelos de la muerte por parte del Ejército, el Poder Judicial tiene la oportunidad de desenterrar una red de complicidades que va desde las fuerzas hasta las autoridades de facto y a los funcionarios judiciales que no hicieron su trabajo: investigar qué pasaba frente a sus narices.
