ITALIA
Comienza nuevo juicio al represor
uruguayo Jorge Troccoli
Troccoli deberá responder por los crímenes contra dos argentinos y la militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Elena Quinteros.
14 DE JULIO DE 2022 –
El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, actualmente en prisión en Italia por el asesinato de italianos en la Operación Cóndor, volverá a ser juzgado por los casos de otros tres desaparecidos en la década de 1970.
La jueza de la audiencia preliminar del Tribunal de Roma Annamaria Govoni ordenó el pasado 5 de mayo abrir otro juicio contra Troccoli en la III Corte Penal de la capital italiana, que dará inicio este jueves en el Aula Búnker de la cárcel de Rebibbia
Troccoli, italouruguayo de 72 años y residente en el país europeo tras escapar de la justicia uruguaya en 2007, actualmente cumple su cadena perpetua en la prisión de Carinola, en Caserta (sur).
El 9 de julio de 2001, el Tribunal Supremo de Italia confirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, el plan represivo en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980.
Entre estos el único que se encontraba en Italia era Troccoli, lo que permitió encarcelarle y acabar con la libertad de la que gozaba.
Ahora, este torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) deberá responder por los crímenes contra otros tres desaparecidos, el peronista argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Raffaella Filipazzi y la militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Elena Quinteros.
Los dos primeros, cuyos cadáveres aparecieron en la capital paraguaya, Asunción, en marzo de 2013, fueron detenidos en mayo de 1977 en el Hotel Ermitage de Montevideo y trasladados a dependencias del FUSNA, como muchos de los desaparecidos del Plan Cóndor.
Quinteros, aún en paradero desconocido, fue detenida en junio de 1976 en el barrio Pocitos por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y conducida al centro de detención clandestino “300 Carlos”, donde se pierde su pista.
Entre los querellantes de este nuevo fascículo del Plan Cóndor en Italia están la hija de Potenza, Silvia Potenza, residente en la provincia argentina de San Luis, y también la hija de Raffaella Filipazzi, Beatriz García, que vive en Corrientes, Argentina.
El resto de partes acusadoras en el nuevo juicio contra Troccoli son la República Oriental de Uruguay, representada por la abogada Alessia Merluzzi, y el Gobierno italiano de Mario Draghi, representado por la Abogacía del Estado.
Comenzaron las audiencias por
el segundo juicio contra Tróccoli en Italia
14 de julio de 2022
Nadia Angelucci, desde Roma
El militar es juzgado por la muerte y desaparición de Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza y Elena Quinteros.
Camiseta mostaza, pantalón verde oscuro, tapaboca negro. Jorge Néstor Tróccoli se presentó este jueves en el aula búnker de Rebibbia para asistir a la primera audiencia del segundo juicio que se celebra contra él en Italia, tras ser condenado a cadena perpetua por el Tribunal Supremo de Italia el 9 de julio de 2021, junto a 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay, acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el marco del plan represivo que se desarrolló en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, el Plan Cóndor.
Tróccoli está acusado, en este nuevo juicio, de la muerte y desaparición del matrimonio ítalo-argentino Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, y de Elena Quinteros.
Llegó a la sala escoltado por los guardias de la prisión tras un viaje en furgón policial desde la cárcel Gian Battista Novelli de Carinola, en la provincia de Caserta, donde cumple su condena, que durante los tres primeros años incluye el aislamiento diurno. Su presencia generó sorpresa entre los abogados de los querellantes y los asistentes al juicio, ya que durante las audiencias del juicio Plan Cóndor sólo estuvo dos veces y había decidido no someterse al examen de los abogados, sino sólo hacer declaraciones espontáneas.
Esta vez las cosas parecen haber tomado un rumbo diferente. Sus propios abogados, Francesco Guzzo y Marco Bastoni, declararon a la diaria que habían “convencido a su cliente para que participara activamente en el juicio asistiendo a las audiencias y siguiendo así el proceso para poder responder mejor a los cargos que se le imputan”.
Las víctimas en el caso de este juicio son Rafaela Filipazzi y Agustín Potenza, que fueron detenidos en mayo de 1977 en el hotel Hermitage de Montevideo, trasladados a dependencias del Fusna, y cuyos cadáveres aparecieron en Asunción (Paraguay) en marzo de 2013; y Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, desaparecida luego de ser detenida en su domicilio en Montevideo el 26 de junio de 1976, recluida en el centro clandestino de detención conocido como 300 Carlos y nuevamente secuestrada en el predio de la Embajada de Venezuela en Montevideo, luego de haber logrado escapar.
En la audiencia de este jueves la Tercera Sección de la Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri y con la jueza Francesca Russo, se escucharon todas las peticiones de las partes civiles en el juicio. Las solicitudes llegaron por parte de familiares de las víctimas, del Frente Amplio y de los sindicatos italianos CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) y UIL (Unione Italiana del Lavoro). Los abogados de los acusados se opusieron a algunas de estas solicitudes, en particular las relativas al Frente Amplio, representado por el abogado Andrea Speranzoni, y a la de Graciela Almeida Duquini, prima segunda de Elena Quinteros, representada por la abogada Alicia Mejía.
El abogado Bastoni dijo a la diaria que “en un juicio penal pueden entrar sólo los que realmente tienen un interés civil, y el Frente Amplio no tiene un interés civil inmediato y directo. Este interés debe determinarse antes y en una fecha anterior a los hechos controvertidos”.
La abogada Mejía señaló que existen algunos pasajes de la sentencia de la primera audiencia del juicio del Plan Cóndor en los que se reconoce al Frente Amplio un interés directo e inmediato en constituirse como parte civil. Mejía también dijo a la diaria que la constitución de Almeida Duquini como actor civil es una “gran incógnita” porque “no hay jurisprudencia pacífica que prevea la constitución como actor civil de personas que no tienen una relación directa con la víctima del delito”.
La próxima audiencia ha sido fijada para el 27 de setiembre: se dará respuesta a las constituciones de los demandantes civiles y se fijará un calendario de audiencias que, según la jueza Antonella Capri, no comenzará antes de 2023.
Plan Cóndor: Comenzó segundo juicio en Italia
contra el represor uruguayo Jorge Troccoli
El excapitán de la Marina ya fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Troccoli está acusado del homicidio de un ciudadano argentino, José Luis Potenza, de su esposa italiana Raffaella Filipazzi, y de la uruguaya Elena Quinteros.
Por Elena Llorente
14 de julio de 2022
Desde Roma
Este jueves comenzó en Roma el segundo proceso contra el militar uruguayo Jorge Troccoli, ya condenado a cadena perpetua por la justicia italiana en julio del año pasado junto a otros 13 militares y civiles latinoamericanos. A los condenados se los consideró responsables del homicidio de 43 ciudadanos de distintos países en el contexto del macabro Plan Cóndor, el plan que coordinaba la represión entre las distintas dictaduras sudamericanas de los años 1970-80.
Esta vez Troccoli, siempre en el contexto del Cóndor, está acusado del homicidio de un ciudadano argentino, José Luis Potenza, de su esposa italiana Raffaella Filipazzi, y de la uruguaya Elena Quinteros.
No estuvieron presentes en esta primera audiencia los testigos, porque el tribunal debe todavía analizar y aceptar cada uno y lo hará en la próxima audiencia prevista para el 27 de setiembre. Hay más de 30 personas propuestas como testigos que podrán testimoniar tanto en presencia como en video conferencia y esto deberá ser definido próximamente. La tercera audiencia estaría prevista para enero, pero todavía no se ha fijado la fecha.
Además de los abogados defensores y varios representantes de organizaciones de Derechos Humanos, como Jorge Ithurburu de “24marzo.it” , estuvo presente uno de los personajes más simbólicos de todos estos procesos: el Secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, hijo recuperado de padres desaparecidos durante la dictadura.
Los abogados hablaron de las partes querellantes, que por lo demás deberán todavía ser aceptadas por la Corte. Entre ellas la Argentina (que por primera vez en la historia de juicios como éste se presenta como querellante), el Consejo de Ministros de Italia (o sea el gobierno italiano), el partido uruguayo Frente Amplio, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, las centrales sindicales CGIL, Cisl y Uil de Italia.
Quiénes eran las víctimas
Potenza y Filipazzi fueron secuestrados en Montevideo en 1977 y trasladados a Paraguay donde fueron asesinados. Potenza trabajaba en la Biblioteca del Congreso Nacional en Buenos Aires. Era peronista. Su esposa Raffaella, nacida en la ciudad italiana de Brescia, llegó con sus padres a Argentina cuando tenía poco más de un año. Sus padres escapaban de la Segunda Guerra Mundial. José Luis y Raffaella vivieron en Buenos Aires pero al parecer viajaban a menudo a Uruguay. En el Hotel Hermitage de Montevideo fueron secuestrados. Potenza fue llevado a un centro de detención clandestino de Asunción del Paraguay llamado “La Emboscada” mientras su esposa fue llevada a la cárcel “El Buen Pastor” de la capital paraguaya. Sus restos fueron encontrados años más tarde en Asunción y fueron identificados en 2016.
La maestra Elena Quinteros, era una activa militante del sindicato de trabajadores de la educación y de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) de Uruguay pero también militaba en la Federación Anarquista uruguaya. El 26 de junio de 1976 fue arrestada y llevada a un centro de detención clandestino llamado “300 Carlos”, dependiente del ejército. El 28 de junio se hizo llevar cerca de la embajada de Venezuela diciendo que delataría así a un contacto suyo. Pero en realidad trató de escapar pidiendo asilo a la embajada pero sin éxito. Fue llevada al batallón de Infantería 13 donde fue torturada bárbaramente, según contaron otros presos. Sus restos nunca aparecieron.
El acusado
Troccoli era un capitán de la Marina uruguaya. Formó parte del FUSNA (cuerpo de Fusileros Navales) que era parte del Comando General de la Armada. El Fusna fue creado en 1972 y ubicado en un gran edificio con galpones que antes habían sido usados como depósitos. Pero desde 1972 se transformó en una cárcel para presos políticos al principio y luego en un centro clandestino de detención y tortura. En este centro, donde fueron secuestradas y torturadas cientos de personas de distintos países, actuó Jorge Néstor Troccoli que además era miembro de los servicios secretos de la marina uruguaya. (S2). En 2007, la justicia uruguaya abrió el caso para procesarlo pero Troccoli escapó a Italia, dado que tenía pasaporte italiano. Vivió en Marina di Camerota (Calabria, sur del país) donde fue descubierto. En julio del año pasado, fue condenado a cadena perpetua al concluirse en Roma el llamado Juicio Cóndor, contra los militares latinoamericanos. Desde ese momento está en la cárcel.
El tribunal
En la llamada “aula bunker” (aulas super vigiladas donde originariamente se procesaba en Italia a los exponentes de las mafias y se usa también para procesar a ya condenados muy peligrosos) de la Tercera Corte Penal del Tribunal Ordinario de Roma ubicado en el barrio de San Basilio, estuvo presente el acusado Troccoli, detrás de las rejas de una de las celdas del aula, y con dos guardias de la policía penitenciaria que lo tenían bajo control.
Memoria, Verdad y Justicia
“Para nosotros es de suma importancia estar presente en esta primera audiencia para que el Tribunal vea que estamos -declaró Pietragalla a Página 12-. Reconocemos además el accionar de los estados que han condenados a represores como Italia. No es el primer juicio que se hace aquí. Nosotros tenemos en nuestra conciencia una frase que siempre cantamos: ‘A los nazis les va a pasar, donde se vayan los iremos a buscar’. Estamos haciendo eso. Respetando nuestras consignas históricas”.
Pietragalla estuvo recientemente en Berlín, Alemania, por el caso Luis Esteban Kyburg , comandante de la Agrupación de Buzos Tácticos de Argentina, acusado de crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata. Cuando Argentina comenzó la etapa indagatoria del juicio, en 2013, Kyburg escapó a Alemania porque tenía doble ciudadanía. Kyburg fue encontrado tiempo después allí por un periodista argentino y luego se pidió la extradición que Alemania rechazó. Alemania no prevé la extradición de sus ciudadanos por lo cual debería ser procesado y condenado allí. El juicio alemán todavía está en la etapa preliminar..
En Berlín el secretario de Derechos Humanos argentino se reunió con el fiscal que está llevando adelante la causa y con el que el estado argentino colabora desde 2021 con todo lo que la justicia alemana necesita. “Estamos trabajando para que cuando aparezcan prófugos de Argentina en otros países se puedan extraditar, porque lo mejor sería juzgarlos en nuestro país. Pero si no es posible, ayudaremos para que sean condenados en los países donde viven. Todo esto nos da respaldo a la política de Memoria, Verdad y Justicia. Ante tantos discursos negacionistas que existen, los procesos judiciales que se hacen en Europa reafirman el proceso judicial que se lleva adelante en Argentina”, añadió Pietragalla.
El secretario, que en principio debía retornar a Argentina este fin de semana, debió prolongar su estadía para poder concretar un encuentro con el secretario de estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, probablemente el lunes. Con Parolin ya se habían reunido hace algunos meses, cuando Pietragalla visitó al papa Francisco en el Vaticano. Y con el primer ministro vaticano habló del acceso a los archivos vaticanos que entre muchas cosas, reúnen toda la documentación de las embajadas de la Santa Sede en los distintos países, lo que podría ser muy útil.
“Nuestra idea es ampliar los requerimientos de quienes pueden consultar los archivos vaticanos. Hoy pueden hacerlo sólo los familiares directos de los desaparecidos. La intención nuestra es que esos archivos puedan ser consultados por la secretaría de Derechos Humanos y algunos organismos de Derechos Humanos de Argentina, para poder seguir avanzando y encontrar algo que nos dé material para los juicios pero también para poder encontrar a los nietos que seguimos buscando”, concluyó Pietragalla.