Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia
Reconocen error en la reparación a las víctimas de terrorismo de Estado y proponen modificaciones
El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, reconoció que la ley 18.033 confundió aportes jubilatorios y pensionarios con la reparación a las víctimas de terrorismo de Estado, lo que “es un problema que debemos solucionar”, sostuvo.
Michelini subrayó que el Poder Ejecutivo es consciente del tema, como explicitó en el decreto de creación del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, donde le encomendó una revisión de la normativa, que comprometió para los próximos meses.
El decreto 131/015 establece, entre otros puntos, que la comisión evaluará el funcionamiento de las Comisiones Especiales de la ley 18.033, del 13 de octubre de 2006, conmemorada en esta actividad, y de la ley 18.596, del 18 de setiembre de 2009, así como el estado de cumplimiento de sus cometidos.
En su artículo 7.1 señala que una de sus funciones es realizar una evaluación del cumplimiento de los fines de dichas normas, en el marco de los compromisos y observaciones desde ámbitos nacionales e internacionales y que el Poder Ejecutivo puede presentar las modificaciones que considere correspondientes.
La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Ariela Peralta, señaló que esa entidad puntualizó al Poder Ejecutivo, en 2012, los debes, grupos que quedaban excluidos y el problema de que el concepto de reparación en ese caso “está a contramano del concepto de reparación integral que maneja hoy el Derecho Internacional”.
Felipe Michelini, recordó que el decreto que crea este órgano incluye entre sus objetivos la evaluación de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y de prisión ilegal. Adelantó que en los próximos meses elevará un informe al Poder Ejecutivo y aseguró que la reparación de daños es un mecanismo para desmantelar el discurso que justifica la impunidad.
La exposiciones fueron realizadas con motivo del cumplimiento de diez años de la aprobación de la ley 18.033, que promueve los derechos jubilatorios a los ciudadanos víctimas de la dictadura militar 1973-1985, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia dependiente de la Presidencia de la República y la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay (Crysol), organizaron un seminario en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio Artigas, anexo del Palacio Legislativo, para analizar la norma.
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Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia elevará informe con modificaciones sobre la Ley Reparatoria
El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, recordó que el decreto que crea este órgano incluye entre sus objetivos la evaluación de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y de prisión ilegal. Adelantó que en los próximos meses elevará un informe al Poder Ejecutivo y aseguró que la reparación de daños es un mecanismo para desmantelar el discurso que justifica la impunidad.
Con motivo del cumplimiento de diez años de la aprobación de la ley 18.033, que promueve los derechos jubilatorios a los ciudadanos víctimas de la dictadura militar 1973-1985, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia dependiente de la Presidencia de la República y la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay (Crysol), organizaron un seminario en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio Artigas, anexo del Palacio Legislativo, para analizar la norma.
El coordinador del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, resaltó que la ley fue un avance tanto hace diez años como hoy, aunque se debe resaltar los debes de la normativa en materia de reparación y respecto a la desconstrucción del discurso de la impunidad.
Sin perjuicio del derecho individual de las víctimas generado por la prisión ilegal o por el terrorismo de Estado, Michelini reconoció que existe una necesidad de toda la sociedad para desmantelar el discurso que justifica la impunidad, a través de la reparación del daño.
Mencionó que la ley 18.033 confundió aportes jubilatorios y pensionarios con la reparación, lo que, según sostuvo, “es un problema que debemos solucionar”. En ese sentido, subrayó que el Poder Ejecutivo es consciente del tema, como explicitó en el decreto de creación del Grupo de Trabajo Verdad y Justica, donde le encomendó una revisión de la normativa, que comprometió para los próximos meses.
El decreto 131/015 establece, entre otros puntos, que la comisión evaluará el funcionamiento de las Comisiones Especiales de la ley 18.033, del 13 de octubre de 2006, conmemorada en esta actividad, y de la ley 18.596, del 18 de setiembre de 2009, así como el estado de cumplimiento de sus cometidos.
En su artículo 7.1 señala que una de sus funciones es realizar una evaluación del cumplimiento de los fines de dichas normas, en el marco de los compromisos y observaciones desde ámbitos nacionales e internacionales y que el Poder Ejecutivo puede presentar las modificaciones que considere correspondientes.
La presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Ariela Peralta, señaló que esa entidad puntualizó al Poder Ejecutivo, en 2012, los debes, grupos que quedaban excluidos y el problema de que el concepto de reparación en ese caso “está a contramano del concepto de reparación integral que maneja hoy el Derecho Internacional”.
La presidenta de este organismo que orbita en el Parlamento explicó que la ley 18.033 obliga al beneficiario a elegir entre derechos adquiridos de seguridad social o la pensión especial reparatoria, de naturaleza absolutamente distinta.
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Meses antes, y para comprender mejor las actividades del Grupo de Trabajo por Justicia y Verdad, publicamos una reunión que se efectuó en la Universidad de la República y que se dejaron expuestos los motivos de que se hago toda la Verdad y se aplique la Justicia.
«Continuaremos trabajando para que se sepa toda la verdad»
Rector de la Udelar, Roberto Markarian, Prorrector de Extensión, Hugo Rodríguez, Mario Cayota, Felipe Michellini, Ademar Olivera y Emilia Carlevaro. El rector Roberto Markarian y el prorrector de Extensión y Relaciones con el Medio, Hugo Rodríguez, se reunieron este miércoles con integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ). «Nuestro mensaje es muy claro e inequívoco: continuaremos trabajando para que se sepa toda la verdad», dijo Felipe Michelini, coordinador del GTVJ, al término del encuentro.
La reunión se realizó en medio de la investigación judicial y policial para determinar responsabilidades en el robo de la sede del equipo de antropólogos contratados en el marco del convenio con Presidencia de la República, descubierto el 21 de marzo tras la Semana de Turismo. En el lugar los atacantes dejaron mensajes amenazantes contra los profesionales en un hecho que Michelini consideró «gravísimo». En el encuentro también participaron Mario Cayota, coordinador alterno del GTVJ, Emilia Carlevaro y Ademar Olivera. «Desde nuestro punto de vista las hipótesis internas de investigación ya están claramente descartadas, y por lo tanto aspiramos a que el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Universidad de la República hagan el mayor esfuerzo para el esclarecimiento de este hecho gravísimo», dijo Michelini. «Ratificamos la comunidad de propósitos y el esfuerzo común de seguir trabajando para erradicar la cultura de la impunidad en el país», agregó.
Michelini reconoció la existencia de amenazas anteriores, pero aseguró que «por la forma en que se produjo, este hecho ha rebasado todos los límites». Evaluó que proviene de sectores «que han expresado de múltiples maneras no estar dispuestos al avance en el esclarecimiento de la verdad, y todos los conocemos», y señaló: «Nuestro mensaje es muy claro e inequívoco: continuaremos trabajando para que se sepa toda la verdad.
Michelini dijo que «el primer aprendizaje es revisar y fortalecer todas las medidas de seguridad en relación a las personas y locales destinados a este trabajo. Es una responsabilidad no solo de la Udelar sino de todos los espacios institucionales tanto públicos como privados que trabajan en estos temas».
El rector, por su parte, repudió a los responsables de esta «acción de terrorismo y amedrentamiento», y admitió que la Universidad «en alguna medida actuó amateurmente, no dándonos cuenta que los peligros de acciones de este tipo existen». También subrayó el hecho de que el ataque se dio en un período en que coincidieron el anuncio de la incorporación de nuevo equipamiento, declaraciones de preocupación por parte del Papa y el cardenal de Montevideo, y la comunicación de un nuevo plan de trabajo del GTVJ. Markarian destacó además la contribución de la Facultad de Ingeniería al eventual esclarecimiento de aspectos de electrónica y computación, y adelantó la introducción de videocámaras entre otras medidas de seguridad. «Estamos enfrentados a personas que actúan con sofisticación», dijo, «son de cuidado».
Creado hace casi un año por el presidente Tabaré Vázquez, el GTVJ debe recopilar y sistematizar la información disponible en causas judiciales u otras investigaciones oficiales o extraofiales, además de «proponer al Poder Ejecutivo principios rectores y las medidas pertinentes a fin de asegurar la accesibilidad de la información». También se le encomendó la creación y mantenimiento de registros que aseguren el acceso a la información.
Publicado el miércoles 6 de abril de 2016