ITALIA
La Fiscalía de Roma pidió prisión perpetua para 14 militares uruguayos
Otros 15 integrantes de las Fuerzas Armadas de otros países sudamericanos también son acusados en la investigación por la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor.
La Fiscalía de Roma pidió condenar a cadena perpetua a treinta personas, entre ellas exjefes de Estado y miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, quienes ocuparon cargos en las décadas de 1970 y 1980. Se los acusa, en varias causas, de la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano. El proceso se lleva a cabo en los tribunales de la tercera sala del Fuero Penal. Las acusaciones contra los militares incluyen asesinato múltiple y secuestro agravado. La única absolución solicitada es para el teniente uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, jefe de Servicios del Cuerpo de Fusileros navales (Fusna). Los militares son acusados de haber llevado a cabo las actividades de represión dentro del llamado Plan Cóndor, una estrategia de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras latinoamericanas de las décadas del ’70 y ’80 para perseguir, detener, interrogar, torturar, asesinar y desaparecer a personas consideradas subversivas por los regímenes. La investigación, que duró cerca de 10 años, llegó a sus conclusiones hace seis años e involucró a 140 personas (entre ellos, 59 argentinos, 11 brasileños y seis paraguayos), pero problemas burocráticos con la notificación y la muerte de varios miembros de las juntas militares han hecho disminuir el número de personas en proceso. (ANSA)
Los acusados
Los militares bolivianos acusados son el exdictador Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez. Entre los uruguayos destaca el exdictador Gregorio “Goyo” Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen y que fue presidente de facto entre 1981 y 1985. Además, figuran sus compatriotas Jorge Alberto “Pajarito” Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio “Nino” Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli. Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada. Los chilenos son Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark (fallecido), los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.
El caso de Chávez Domínguez
El único militar para el que se solicitó la absolución por las acusaciones es el Teniente de navío Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, de nacionalidad uruguaya.
En una carta publicada en 2014 en el portal LaRed21, Chávez contó que fue obligado a pedir el retiro en 1983, luego de haber sido calificado con deficiente en conducta durante dos años seguidos por haberse negado a cumplir funciones de tortura y represión en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), al que había sido trasladado a fines de 1980. Allí estuvo 134 días preso de forma ininterrumpida por distintas sanciones que, según explica, representaban una “muy clara maniobra para desestabilizarme emocionalmente”.
El argumento de Chávez para explicar su inocencia es que en las fechas indicadas en la acusación,en el momento de los hechos que provocaron la desaparición forzada de los ciudadanos ítalo uruguayos, en 1977, se encontraba en territorio antártico realizando tareas de Investigación Oceanográfica. Esto fue verificado a la jueza Fanny Canessa, a través de su abogado, Homero Guerrero.
Chávez fue acusado por Daniel Rey Piuma, un ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN). Sin embargo, tras una reunión con Julio Marenales en 2009 en la que el dirigente verificó su legajo personal, logró obtener un testimonio probatorio de su inocencia por parte del MLN.
Según explicó el militar, conoció a Rey Piuma recién en 2003, cuando mantuvieron una conversación de “escasos minutos, en el hall del Sanatorio Americano”.
También se solicitó la abslución de los casos pero por fallecimiento para para los chilenos Sergio Víctor Arellano Stark, Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, Marcelo Luis Moren Brito y Joaquín Ramírez Pineda y para el uruguayo Iván Paulós.
Fuentes de EFE apuntaron al próximo 13 de enero como la fecha en la que previsiblemente se conocerá la sentencia.
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Son en total 30 militares latinoamericanos
Piden en Italia perpetua para Gregorio Álvarez y 14 militares
La Fiscalía los responsabiliza, junto a otros, por la muerte de 23 ciudadanos de ese país.
La Fiscalía de Roma solicitó cadena perpetua para 30 personas, entre ellas 14 militares uruguayos, por la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano durante las dictaduras del Cono Sur. Entre los acusados se encuentra el exdictador Gregorio Álvarez y el excapitán de navío Jorge Tróccoli.
Entre los militares acusados se encuentran exjefes de Estado, como el ex dictador boliviano exdictador Luis García Meza y el uruguayo Gregorio Álvarez, y miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, quienes ocuparon cargos en las décadas de 1970 y 1980. Indica la agencia italiana Ansa son acusados, en varias causas, de la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano dentro del llamado Plan Cóndor, una estrategia de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras latinoamericanas de las décadas del ’70 y ’80 para perseguir, detener, interrogar, torturar, asesinar y desaparecer a personas consideradas subversivas por los regímenes.
Figuran entre los uruguayos Jorge Alberto “Pajarito” Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio “Nino” Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
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Tróccoli dijo que no participó en desapariciones y llamó a Uruguay “patria ingrata” que no tendrá ni sus huesos
“Señores y señoras de la Corte, ante todo quiero subrayar que yo nunca fui apresado en Italia, sino que me presenté espontáneamente ante el juez cuando supe que estaba requerido, y nunca dejé el país”. Así comenzó Jorge Néstor Tróccoli sus declaraciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma, regida por la jueza Evelina Canale, que tiene a su cargo la causa en su contra. El ex marino se presentó ayer y eligió no someterse a un examen por parte de la Corte y de los abogados; en cambio, leyó unas palabras y se retiró. El procedimiento italiano prevé que el imputado dé unas declaraciones espontáneas y decida no contestar las preguntas de la Corte y de los abogados, aunque estas declaraciones no tengan un valor en el proceso equivalente al de un examen procesal, según comentaron algunos abogados de la parte civil a la diaria.
Tróccoli, en su intervención, reconstruyó los hechos que ocurrieron en Uruguay en los años 60 y 70 según su perspectiva, y su punto de vista recalca lo que ya expresó en su libro La ira del Leviatán, que durante la audiencia mencionó y dijo haber escrito “buscando la paz para todos”. “En 1963, el gobierno democrático uruguayo sufrió un ataque por parte de movimientos terroristas. […] En esa época yo tenía 15 años y recién había empezado la escuela naval, con muchas expectativas. En la marina me hicieron entender lo que estaba pasando y mis sueños se rompieron. Acabó mi juventud. Durante más de 15 años el movimiento subversivo agredió, despojó, torturó y mató civiles, policías, compañeros y amigos”. Luego pasó a detallar su carrera dentro de la Marina, hasta llegar a su entrada en el Fusna (Fusileros Navales): “En 1974 llegué al grado de alférez de navío y entré al Fusna. Esa era una unidad que se dedicaba a contrastar el terrorismo. Estaba organizada como el cuerpo de los Marines norteamericanos. […] Mi tarea era obtener informaciones y evaluarlas con el objetivo de contrarrestar las acciones del movimiento subversivo. Y por eso yo coordinaba intercambios con otras agencias”. A propósito de eso, Tróccoli refiere y justifica sus contactos con la Marina argentina y sus viajes a ese país, pero, dice, “yo no sabía nada del Plan Cóndor […] supe de esa operación después de mi retiro, por los medios de prensa, y dudo que haya existido esa organización”. Reiteró varias veces su inocencia respecto de las acusaciones y dijo haberse enterado de los delitos que se le atribuyeron alrededor de diez años después de su jubilación, y que la circunstancia le fue referida “por un miembro del grupo subversivo GAU [Grupos de Acción Unificadora] en ocasión de un encuentro concedido por el pedido de ayuda para encontrar a algunas personas desaparecidas y tener noticias útiles para encontrarlas”.
Dijo a la Corte haberse encontrado varias veces con personas por la misma razón, pero que estas no se comportaron bien. A esa altura de su declaración volvió a hablar del Fusna, subrayando que dependía del comando de la Marina, que su acción era nacional y que tenía un grado inferior al SID (Servicio de Inteligencia de la Defensa) y al OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). Puntualizó que no participó nunca en operaciones en el exterior de Uruguay y que nunca viajó encubierto. Respecto de diciembre de 1977 y de los secuestros y desapariciones de los miembros de los GAU, detalló que viajó a Argentina el 20 de diciembre y que el “viaje no está en el legajo porque fue un viaje personal, para organizar cuestiones relativas al curso de 1978. Tuve que coordinar la estadía para mí y mi familia […]. Regresé a Uruguay después de dos días, muy poco tiempo para cometer los delitos de los que se me acusa. Dejé el S2 a mitad de diciembre de 1977, el 1º de enero dejé el Fusna, el 4 de febrero me mudé a Puerto Belgrano. Señores, soy inocente. Fui militar con todo lo que eso conlleva. No maté a nadie, no participé en ningún episodio conectado a desapariciones, como oficial cumplí mi deber. […] El tratamiento de los prisioneros era riguroso, así como fue el mío en el Regina Coeli [penal de Roma donde Tróccoli fue detenido cuando Uruguay pidió la extradición en 2007]”. La última parte de su declaración fue un violento discurso en contra de Uruguay: “Mi vida fue destruida, perdí oportunidades de trabajo, mi familia fue amenazada. La patria que me llamó a combatir me traicionó, como ha hecho también con mi amigo Larcebeau [Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray]. Esa no es justicia, sino furia y venganza. […] hemos sufrido una guerra y yo logré perdonar todo, excepto el hecho de que ellos transfirieron el odio a sus hijos, cosa que yo y mi esposa no hicimos. Mis hijos son libres del odio. La única cosa positiva es que aprendí a amar Italia, el país que me acogió, la patria de mis entenados. Para lo que atañe a la otra, patria ingrata, no tendrá ni mis huesos, como dijo desde el exilio Escipión el Africano”.
Después de la declaración, la diaria se acercó al imputado para hacerle algunas preguntas; eso no fue posible porque Tróccoli dijo que no quería dar declaraciones. Fuera de grabación, nos dijo que su posición es la que expresó en las declaraciones espontáneas, en especial en la última parte de sus afirmaciones, y que vino a buscar justicia en Italia.
Luego de la lectura del texto por parte de Tróccoli, se realizaron las últimas entregas de documentación y la Corte declaró concluida la fase de testimonios del juicio. La Fiscalía tomó la palabra y abordó la exposición del alegato conclusivo. Empezó el fiscal Giancarlo Capaldo, con una introducción de carácter general, que subrayó la importancia del juicio no sólo a nivel italiano sino a nivel mundial, por “la importancia relativa no sólo a la reconstrucción de casos judiciales, sino porque contribuyó a revolucionar, como ya pasó con el trabajo del juez Baltasar Garzón, la jurisprudencia, posibilitando la celebración de otros juicios a militares involucrados en esos hechos. La celebración de esos juicios contribuyó a que los jueces de países del Cono Sur declarasen inconstitucionales las leyes de amnistía y de obediencia debida”. Capaldo quiso también expresar el papel imprescindible de los familiares de las víctimas, que con sus luchas dieron un empujón fundamental a la apertura de esas causas.
Otra parte de su acusación se centró en la abundancia de documentación que fue presentada y en la característica de los delitos; esos homicidios muy especialmente agravados no deben será analizados como casos aislados, dijo, sino como operaciones planificadas por las juntas militares, y por eso deben ser perseguidos no sólo los autores materiales, sino los responsables políticos. La fiscal Tiziana Cugini, que representó a la Fiscalía en todas las audiencias, empezó una reconstrucción puntual de cada caso, poniendo en evidencia las pruebas aportadas por medio de material documental y de los testimonios. Inició con el caso de Daniel Banfi, secuestrado en Buenos Aires el 13 de setiembre de 1974, y detalló las pruebas aportadas por la viuda Aurora Banfi, que presenció el secuestro y declaró en el juicio, y de otros testigos, además de aportar material documental de variado origen que prueba la colaboración entre fuerzas represivas uruguayas y argentinas. El segundo caso que abordó fue el de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) desaparecidos entre junio y octubre de 1966: Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti y Juan Pablo Recagno. Para analizar esas desapariciones, reconstruyó las dos oleadas represivas en contra del PVP citando todos los testigos “claves”: María Pilar Nores Montedónico, que colaboró con los militares; Ana Cuadros, de quien destaca la prolijidad en la declaración; Sara Méndez, Ricardo Gil, y las últimas testigos llevadas por la parte civil, Cristina Mihura, María Elena Laguna y Beatriz Castellonese. Por la parte documental, Cugini subrayó, además, muchos documentos de archivo y la declaración del fiscal argentino Pablo Ouviña, citado por la misma Mihura. Cugini puso en evidencia las conexiones que emergieron entre uruguayos y argentinos, destacó el rol de los militares acusados, dejando en claro quiénes los reconocieron y dónde fueron reconocidos; y habló de la tortura como ulterior elemento de conexión entre los organismos represivos de los diferentes países, ya que se utilizaron los mismos métodos en lugares diferentes.
La audiencia terminó alrededor de las 17.00. Hoy seguirá la reconstrucción de la fiscal Cugini, que abordará los casos en los cuales está acusado Jorge Néstor Tróccoli.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia
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Justicia italiana pide cadena perpetua para 14 uruguayos
La Fiscalía de Roma pidió este viernes la cadena perpetua para 14 uruguayos por la muerte y desaparición de uruguayos ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor.
La fiscal Tiziana Cugini pidió la pena máxima para Gregorio Álvarez, dictador entre 1981 y 1985; José Ricardo Arab; Juan Carlos Blanco, canciller de Juan María Bordaberry; José Nino Gavazzo; Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, el expolicía Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Sande Lima, Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez y Jorge Tróccoli.
De ellos, todos están presos en nuestro país por delitos cometidos durante la dictadura, a excepción de Mato Narbondo, que reside en Brasil. Cristina Mihura, querellante por la desaparición de Armando Bernardo Arnone, dijo a Informe Nacional desde Roma que la decisión de la fiscal es “un mojón importante” después de años de lucha por verdad y justicia. La fiscal también pidió cadena perpetua para el exoficial de la Armada Jorge Néstor Troccoli, que vive en libertad en Italia tras haber escapado de la justicia uruguaya en 2007 y que realizó una declaración hace 48 horas no admitiendo preguntas.
Cristina Mihura criticó duramente lo dicho por Tróccoli ante la Justicia italiana y sostuvo que los uruguayos deberían acceder a una traducción de su declaración para conocer “lo que ha sido capaz de decir, cuando los familiares de las víctimas después de 40 años no han obtenido ni siquiera la restitución anónima de los restos de sus familiares”.
El próximo 13 de enero es la fecha en la que se conocerá la sentencia.
Para escuchar la emisión tocar la radio
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LA FISCALIA ITALIANA PIDIO PENAS DE CADENA PERPETUA PARA 27 REPRESORES DEL PLAN CONDOR
“Deben saber que no gozarán de impunidad”
Los acusados son todos militares o policías, incluyendo dos ex presidentes de facto, con la excepción de Juan Carlos Blanco, un civil que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura uruguaya.
Por Elena Llorente/ desde Roma
Cadena perpetua sin atenuantes fue la condena pedida por los fiscales italianos para 27 de los 28 imputados (2 bolivianos, 8 chilenos, 4 peruanos y 15 uruguayos) en el juicio contra los responsables y torturadores del Plan Cóndor que se está llevando a cabo en Roma desde 2015. Sólo uno, el uruguayo Ricardo Chávez Domínguez, fue declarado inocente.
Los culpables por los secuestros, desaparición y muerte de 43 personas (seis ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos y 33 uruguayos, de los cuales sólo 13 son ítalo-uruguayos) en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, y Brasil, eran originariamente, 33 pero 5 de ellos murieron desde que comenzó el juicio. Los acusados son todos militares o policías, con la excepción del uruguayo Juan Carlos Blanco, un civil que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura uruguaya antes y durante la Operación Cóndor. Entre los acusados se encuentran también el peruano Francisco Morales Bermúdez y el boliviano Luis García Meza, ambos militares, que fueron presidentes de facto de sus respectivos países en las décadas de 1970 y 1980 respectivamente. Sólo uno de los acusados, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, vive en Italia, donde pensó que por el hecho de ser de origen italiano y tener pasaporte italiano, iba a poder escapar a la justicia.
El jueves y viernes los fiscales a cargo de la causa, Giancarlo Capalbio y Tiziana Cugini, hicieron una síntesis de los casos y pidieron las condenas. Capalbio, que hace más de 15 años que se está ocupando del tema, destacó que este es un juicio “muy atípico” porque todo el proceso introductorio de investigación no fue preparado por la policía judicial, como suele ocurrir normalmente. Cuando ocurre un asesinato o una desaparición, los familiares hacen la denuncia e interviene la policía. Pero en este caso no fue así. Fueron los familiares de los desaparecidos quienes se ocuparon de reunir las pruebas y los testigos. Varios de los testigos declararon por videoconferencias pero muchos otros viajaron a Roma para presentarse personalmente, incluyendo el fiscal general argentino Pablo Ouviña, que el pasado 7 de octubre declaró por el caso del ítalo-uruguayo Bernardo Arnone y sus compañeros del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) de Uruguay. Arnone y sus compañeros fueron secuestrados y recluidos en 1976 en el centro clandestino “Automotores Orletti” que funcionó en Buenos Aires.
Cristina Mihura, viuda de Arnone, vive en Italia desde hace años y ha sido una de las personas que más se ha movido para llevar adelante este juicio: “Este es un paso importante,· declaró a Páginað12. “Parece mentira que después de tantos años de lucha, hoy hayamos escuchado el pedido del fiscal. Han pasado 50 audiencias y un debate complicado, con decenas de testigos. Es un paso formal porque eso no quiere decir que la Corte acepte lo que piden los fiscales. Esperamos que haya justicia y que esto sirva de estímulo para que sigan las investigaciones en todos los países donde fueron cometidos estos delitos. Porque no nos olvidemos que excepto un caso de este juicio, todos los demás son desaparecidos de los cuales, después de 40 años, no nos han restituido ni siquiera los restos y en muchos casos ni se sabe qué pasó”.
El abogado italiano Arturo Salerni, representante legal de familiares de desaparecidos chilenos, argentinos y uruguayos en esta causa, destacó que los jueces pidieron 27 condenas a cadena perpetua. “Significa que los familiares, los abogados, la prensa, todos hemos trabajado muy bien. Ahora los jueces de la Corte deberán evaluar cada caso y en enero sabremos como terminará”.
El pedido de condenas a cadena perpetua de parte de los fiscales no significa en efecto que terminó el juicio. Todavía se requerirán varios pasos formales hasta que la corte emita la condena. Y luego, dado que la justicia italiana tiene tres instancias, habrá que esperar la tercera –después de la apelación– que es la de la Corte Suprema y será la definitiva.
Eventualmente, cuando las condenas sean realmente definitivas, la justicia italiana podría pedir a los países de origen, la extradición de los condenados. Y si están en la cárcel de sus propios países, una vez terminada la condena teóricamente podrían ser extraditados, explicó el abogado. “Los responsables de crímenes contra la humanidad deben saber que siempre habrá quien los persiga,” dijo Salerni. “Deben saber que no gozarán de la impunidad.”
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Fiscalía de Roma pidió cadena perpetua para Tróccoli y otros 13 represores uruguayos
“Agradeciendo a toda la Corte y a todos los abogados presentes en este largo, complicado, exigente procedimiento, invito a todos a reflexionar sobre la respuesta que nuestro sistema de derecho da a estos graves hechos, y a tomar en cuenta lo que se logró en términos de pruebas; quiero subrayar la gravedad de los hechos que estamos juzgando, que justifican el pedido de pena y de total desautorización de las circunstancias atenuantes para los imputados. Mi solicitud es que se reconozca a […] Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato Narbondo, Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bissio, Jorge Néstor Tróccoli, como responsables de los crímenes objeto de este juicio y que sean condenados a cadena perpetua. Pido pronunciar una sentencia de absolución para […] Iván Paulós por extinción del crimen por muerte del reo. Pido pronunciar una sentencia de absolución para Ricardo Eliseo Chávez Domínguez por no haber cometido los crímenes objeto del juicio”.
Alrededor de las 15.00 del 14 de octubre, la fiscal Tiziana Cugini concluyó su requisitoria y presentó a la Tercera Corte de Asís, de Roma, sus pedidos para los imputados en el juicio por el Plan Cóndor. De un total de 33 imputados, fueron solicitadas 27 cadenas perpetuas, cinco absoluciones por extinción del crimen por muerte del reo y una absolución por no haber cometido los crímenes objeto del juicio. Durante toda la mañana, la fiscal Cugini había reconstruido en su requisitoria los hechos relativos a los casos de algunos chilenos y uruguayos que no había sido posible concluir en la audiencia antecedente. Su reconstrucción de las circunstancias del juicio retomó en mano el documento que certifica el surgimiento de la Operación Cóndor. “Cóndor quiere decir mirar los hechos en conjunto; no estancarse sólo en los responsables en un territorio, sino concentrarse en conectar diferentes hechos que son parte de una operación única. En la represión se ha utilizado la misma tortura, se han utilizado personas para señalar a otros compañeros, se ha establecido una red internacional de contactos e intercambio de informaciones, se ha hecho un uso consistente de la fuerza: eso es el Plan Cóndor”, dijo la fiscal de Roma. Además, agradeció al jurado por el esfuerzo realizado para “entender hechos que son complicados también para los técnicos”.
Cugini explicitó a la Corte su voluntad de subrayar la contribución de algunos testigos y del material documental, y de dejar a los abogados de la parte civil la reconstrucción técnica de los casos. En lo referido a Uruguay, se concentró en la declaración del soldado Barbosa, que en su descripción del Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID), y en particular del Departamento 3, confirmó el hecho histórico, ya reconstruido a partir de documentos, así como la realidad de ese lugar: “Barbosa es la voz del SID desde adentro, por eso es extremamente importante”, dijo la fiscal.
Acerca de la parte relativa a Fusileros Navales (Fusna) y a la represión de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), recordó el testimonio de Mónica Xavier, del 2 de octubre de 2015, cuando la senadora declaró que fue exterminada una generación entera de disidentes. Esos mismos, subrayó la fiscal, que Tróccoli definió como subversivos y, por eso, proclives a ser eliminados.
Como ejemplo de la coordinación del Plan Cóndor en la sustracción de niños a sus familias y su posterior entrega a familias cercanas al régimen, recordó la declaración de Julio D’Elía Casco. Persistió en describir las condiciones de su nacimiento en el pozo de Banfield: el momento en que Yolanda Casco, encapuchada y maniatada, da a luz en una jaula se materializa en un aula búnker muda de horror. “Carlos D’Elía Casco es uno de los testigos vivientes de las atrocidades que se cometieron”, concluyó Cugini. Luego la fiscal pasó a detallar las pruebas de la participación del Fusna en el desmantelamiento de los GAU en Buenos Aires y en Montevideo. Presentó como prueba contundente las grabaciones de los interrogatorios de Raúl Borrelli y Julio D’Elía, secuestrados en Buenos Aires, quienes fueron encontrados en el Fusna de Montevideo e incluidos en el informe que la Armada uruguaya entregó en 2005 al gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Eso testimonia la conexión entre los dos países y el involucramiento del Fusna en la desaparición de los 28 militantes del GAU. En esos interrogatorios, contrario a lo que sostiene la Armada -es decir, que los argentinos estaban interesados en entender las conexiones entre los GAU y el movimiento Montoneros-, no aparece ninguna palabra ni pregunta sobre Montoneros, sino numerosas consultas sobre los miembros y el organigrama de los GAU: “Es evidente que esos interrogatorios fueron llevados adelante por uruguayos que estaban interesados sólo en los GAU”, concluyó Cugini. “De la muerte y desaparición de esas personas es responsable el personal del Fusna. Por esos hechos le tocó responder penalmente a Larcebeau, el mismo al que Tróccoli ayer definió como ‘amigo desa- fortunado’. ‘¡Amigo de infamias!’”, dijo la fiscal.
A continuación, detalló las pruebas directas en contra del ex marino. Los testigos especialmente importantes que sostienen haberlo visto actuar en el Fusna son: Cristina Fynn, que después de tres meses de aislamiento con venda no puede olvidar la primera cara que vio, la de Tróccoli, y Rosa Barreix, quien accedió a colaborar con los torturadores y cuya declaración es importante por lo que dice y por lo que no dice”, expresó Cugini. Añadió que la Fiscalía y los abogados no quisieron insistir con esa testigo para no revictimizar a una persona que desde hace 40 años vive con el sentimiento de culpa de haber salvado su vida cuando muchos la perdieron. Barreix vio a Tróccoli en muchas ocasiones. “Él me torturó”, declaró, y refirió confidencias que le hizo el marino cuando ella empezó a colaborar en la “computadora”: Tróccoli le habló de la gente que había caído en Buenos Aires, le hizo ver las hojas de los interrogatorios en Buenos Aires, le dijo que era S2 y le presentó a Larcebeau como su sucesor.
Otro testigo clave mencionado por Cugini es Carlos Alberto Dosil, que reconoció a Tróccoli como uno de sus secuestradores y torturadores. La fiscal mencionó el fragmento de la declaración de Dosil en el que dice que se lo amenazó con llevarlo a Buenos Aires para señalar a compañeros y cuando, en enero de 1978, Tróccoli le dijo que habían apresado a José Edmundo Dossetti.
Antes de pasar a hablar de Daniel Rey Piuma, la fiscal volvió a mencionar el informe que la Armada le presentó a Vázquez en 2005. Recordó que fue redactado por Tabaré Daners, quien en 1977-1978 era juez sumariante de la Armada y fue reconocido por uno de los testigos como participante en el secuestro de Dossetti. La fiscal se preguntó, y preguntó a la Corte, si esa circunstancia no podría haber determinado que el contenido del informe fuera “limpiado” de alguna información.
La última parte de la requisitoria se centró en Daniel Rey Piuma, fallecido en agosto y que nunca llegó a declarar en el juicio. La Fiscalía, que después de su muerte recibió material documental que él mismo había dejado, hizo referencia a las fotos que Rey Piuma sustrajo de la Prefectura Nacional Naval cuando, con apenas 19 años y recién empleado, se dio cuenta de lo que pasaba allí. Cugini describió fotos en las que se pone en evidencia una violencia extrema, y relató fragmentos de declaraciones de Rey Piuma: su contacto con los prisioneros cuando fue enviado a tomar huellas dactiloscópicas, y su asombro y horror ante los cuerpos desnudos, encadenados y ensangrentados en el Fusna.
A propósito del pedido de absolución del imputado Chávez Domínguez, la diaria habló con el abogado Fabio Galiani, que representa al Estado uruguayo. Él compartió la posición de la Fiscalía y argumentó expresando que un pedido de condena sin pruebas podría disminuir las demandas de condena en los casos en los que hay indicios graves de culpabilidad o incluso pruebas. Añadió que en los registros militares no se encuentra el rol de jefe de operaciones especiales del Fusna, y que atribuir ese papel a Chávez Domínguez podría reducir las responsabilidades y el papel de Tróccoli.
Al finalizar la audiencia, la diaria hizo algunas preguntas a la fiscal, ya que el viernes terminó su actuación en el juicio. Cugini fundamentó el pedido de absolución para Chávez Domínguez afirmando que no existían elementos de responsabilidad penal en su contra, y que en su legajo aparece su disociación de las acciones de Tróccoli y las consecuencias que sufrió luego de negarse a participar en esas acciones. Además, dijo que ninguno de los testigos lo vio.
la diaria pidió a la fiscal una evaluación general del trabajo que se hizo en estos años en el marco de este juicio, a lo que Cugini respondió que se siente una “obrera del derecho que dio su contribución para que crímenes así de graves no queden impunes”. “No hay manera de que las lágrimas de las personas que sufrieron esos abusos se sequen. Yo traté de traducir esos sentimientos en justicia”, afirmó.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia
Repercusiones en Uruguay de juicio en Roma
Si bien el pedido de la Fiscalía de Roma contra 14 represores uruguayos por la causa Plan Cóndor se conoció en vísperas de un fin de semana, ya hubo alguna declaración política sobre el tema, aunque se esperan más, a medida que se vayan reuniendo los distintos órganos partidarios. Ayer, luego de reunirse, el Comité Central del Partido Socialista emitió una declaración en la que manifiesta su “beneplácito con la resolución de la Fiscalía de Roma de solicitar condena a quienes se encargaron en el marco del Plan Cóndor de llevar adelante una estrategia de persecución, detención, tortura, desaparición y muerte de militantes políticos y sociales”. “Reafirmamos que el camino es la Verdad, Justicia y Nunca Más”, concluye. Según información que adelantó la agencia de noticias Efe el viernes, las sentencias definitivas del juicio que se lleva a cabo en Roma se conocerán el 13 de enero.