Detenerse es retroceder e injusto con las víctimas
Mientras la interna de los centros militares ruge de bronca ante el anuncio gubernamental de que habrá un pequeño impuesto especial que afectará al 20% ellos, es decir a quienes perciben retiros superiores a los $ 50.100, estos días se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley 18 033. Fue una de las leyes más significativas que se aprobaron en Uruguay intentando hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Estado. Aprobada a más de 21 años del retorno a la democracia, contribuyó a superar, en parte, y en mucho también, las secuelas del mismo, enfocándose en los aspectos jubilatorios y pensionarios. Ante una realidad apremiante y agobiadora que exigía respuestas inmediatas debido al paso del tiempo y a las condiciones de vida deplorables. Como resultado de una amplia y extensa movilización de nuestro colectivo, junto a otras organizaciones sindicales y de derechos humanos, el proyecto original del gobierno fue ampliado, profundizado y mejorado durante el tratamiento parlamentario. Gracias a Crysol y su movilización se lograron introducir mejoras sustantivas para evitar una nueva frustración. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que desconoció claros pronunciamientos de Crysol a todos los niveles, ignoraba que la mayoría o una parte muy importante de los expresos políticos al recobrar la libertad no pudieron reinsertarse satisfactoriamente a nivel laboral. Ello ocurrió en todo el país y muy especialmente en el interior del país. Al no tener en cuenta esta realidad, en los hechos, se propuso una ley jubilatoria para aquellos ex presos políticos que no necesitaban que se aprobara una ley de esa naturaleza para acceder a una jubilación .
Un gran avance político
Recién a partir del año 2005 Uruguay comenzó, realmente, a transitar el arduo y difícil camino de dar cumplimiento a las normas de DDHH que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia en los diferentes aspectos. Al retornar a la institucionalidad democrática hubo iniciativas parciales y limitadas en algunos planos como lo fue la Ley 15 783 para los funcionarios públicos. Durante más de dos décadas se vivió bajo el imperio de la caducidad y de la cultura de la impunidad que ella generó. Al aprobarse la Ley 18 033, en los hechos, tácitamente, el Estado uruguayo asumió su responsabilidad por la imposibilidad de miles de compatriotas de trabajar y de aportar a la seguridad social para acceder a una jubilación al llegar a la vejez y su obligación, al mismo tiempo, de reparar el sufrimiento y el daño ocasionado. También asumió, implícitamente, que el Estado uruguayo fue omiso en cumplir con sus obligaciones al retornar a la democracia con miles de ciudadanos que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
No luchamos para jubilarnos ni para ser reparados.
Aunque la derecha uruguaya continúa quitándole trascendencia a lo ocurrido o haciendo hincapié en la conmoción social, exaltando una y otra vez la “teoría de los dos demonios”, no hay justificativos de ninguna naturaleza para que los gobiernos violenten los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera en situaciones de máximas tensiones y conflictos. Cuando ocurren situaciones como las vividas por Uruguay, los Estados tienen la obligación de investigar, esclarecer y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y tienen, también, que resarcir a las víctimas por el daño, por el sufrimiento ocasionado y también por la destrucción del proyecto de vida de quienes fueron vulnerados al defender la causa de la libertad y de la justicia.
Rebeldes con causa.
Es indudable que se ha avanzado en los últimos años en múltiples aspectos. Pero los avances son insuficientes. No colman las aspiraciones de las víctimas ya que no cumplen con lo dispuesto por la normativa de DDHH que es el estándar de calidad a la hora de las evaluaciones, muy especialmente la Resolución 60/147 de la ONU. Quienes batallan para fortalecer y profundizar la democracia y el Estado de derecho, no pueden conformarse con un pequeño grupo de criminales procesados y condenados, con el poder judicial carente de compromiso con la causa de la justicia, con la exasperante lentitud para conformar los Tribunales de Honor para los militares con sentencia firme, para impulsar cabalmente la memoria histórica y obviamente, también, las imprescindibles e impostergables modificaciones a las leyes reparatorias. Lograr la aprobación de la Ley 18 033 fue una gran conquista de nuestro colectivo aún con las carencias e insuficiencias que siempre hemos señalado. Junto con la lucha desplegada por restablecer plenamente la pretensión punitiva del Estado, desde el mismo instante de su promulgación, comenzamos a movilizarnos para seguir avanzando, para superarlas. Son un legado negativo y pernicioso desde el punto de vista político, jurídico y práctico. Un proyecto razonable a disposición del Poder Ejecutivo. Crysol es una organización madura y propositiva. Conoce ampliamente la realidad y propone soluciones a los problemas. Con sentido de responsabilidad histórica, el año pasado presentó formalmente al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia un proyecto de ley destinado a superar las limitaciones de la ley 18 033. Desde diciembre de 2012 hay un pronunciamiento categórico de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo que ha sido y continúa siendo ignorado por parte del Poder Ejecutivo. También existe y, es de público conocimiento, el contundente informe presentado por el relator especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en el año 2014. El proyecto presentado por Crysol es sensato, razonable, ajustado a derecho y viable. Aborda el restablecimiento de los derechos jubilatorios y también los aspectos referidos a la salud que han quedado pendientes de resolución.
La atención en salud es vital.
La atención en salud es un problema nada menor en un universo de sobrevivientes con un promedio de edad de 70 años, la gran mayoría de sexo masculino. Es un colectivo claramente individualizado, que tiene una menor expectativa de vida y una mayor tasa de morbimortalidad que el resto de la población debido a su peripecia de vida en las últimas décadas. El Artículo 10 de la Ley 18 596 estableció el derecho a la atención gratuita y vitalicia para todos los beneficiarios de la Ley 18 033 en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El Poder Ejecutivo al reglamentar dicho derecho mediante el Decreto 297/2010 lo hizo de una manera restrictiva y perjudicial. Limitó el derecho a la atención en ASSE, ignorando el espíritu de la ley y el hecho notorio de que centenares de beneficiarios, de edad avanzada, desde hace décadas, se atienden en el sistema privado y no están en condiciones de cambiarse, por obvias razones de sentido común. A lo anterior se agrega el hecho de que la Junta Nacional de Salud (JUNASA) continúa desconociendo el texto de la Ley 18 596 y procede a hacer el descuento Fonasa a los beneficiarios que están eximidos por ley. Cinco aspectos importantes a solucionar. En lo sustancial, haciendo justicia con la realidad histórica, el proyecto de ley que presentó Crysol considera que todos aquellos ciudadanos que fueron detenidos y sometidos a tribunales militares, la aberrante Justicia Militar del Estado de Guerra interno de abril de 1972, deben ser considerados presos políticos a los efectos de la ley y beneficiarios del Artículo 11. Todos ellos fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas y malos tratos, sin ninguna protección legal de ningún tipo, como era habitual durante la larga noche del terrorismo estatal aunque posteriormente hayan sido puestos en libertad sin ser formalmente procesados. En segundo lugar, la Pensión Especial Reparatoria del artículo 11 debe ser otorgada y concedida a todos los ex presos políticos sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna clase. Debe tener, como su nombre lo indica, un auténtico carácter de resarcimiento y el mismo no puede estar limitado por los ingresos ni tampoco teniendo en cuenta la fecha de liberación. En tercer lugar, al reparar el Estado no puede y no debe obligar a renunciar, en los hechos, a ningún derecho o beneficio como ocurre hasta el presente con las jubilaciones y las pensiones, incluso las de sobrevivencia que generan los cónyuges cuando fallecen. En cuarto lugar, hay que incluir a los hijos y adolescentes de la época que eran familiares directos de los ex presos políticos y que hasta el momento han sido ignorados en materia reparatoria. Los hijos fueron quienes más sufrieron las consecuencias de la represión del terrorismo de Estado En quinto lugar, deben ser eliminadas las inequidades que perjudican a los exiliados, los despedidos durante la dictadura, los requeridos y los clandestinos que mantuvieron en el país, bien en alto, las banderas de la resistencia y permitieron abrir un horizonte de libertad.
La dictadura estuvo al servicio de las élites económicas.
Las siempre necesarias actualizaciones y modernizaciones doctrinarias que la vida impone no pueden olvidar que la dictadura cívico militar que azotó a Uruguay desde 1973 a 1985 fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad. A más de 30 años, la dictadura sigue influyendo decisivamente en la realidad nacional y gravitando en el desarrollo de los acontecimientos. No somos trasnochados. La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. El déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar, los 400 millones de dólares por año, desde hace años, son un lastre de esa época, de una ley jubilatoria aprobada en 1974, de las debilidades democráticas posteriores que la han mantenido vigente hasta el día de hoy. La dictadura fue un proyecto de país en el cual los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen, las elites económicas, entre ellos los señores de la Asociación Rural que aplaudieron la disolución del Parlamento. Durante la dictadura cívico militar, a los jubilados y a los pensionistas se les quitó el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. Los cooperativistas fueron severamente perjudicados. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza. La dictadura fue una auténtica tragedia nacional. Las dictaduras propiciadas por EEUU son funestas para los pueblos. La “mano dura” no trae seguridad. Trae redistribución negativa de la riqueza, hambre, dolor y sufrimiento para los trabajadores y los pueblos.
Es hora de actuar.
Estos temas no son asuntos del pasado como clama la derecha y los defensores de la “teoría de los dos demonios”. Siguen vigentes. Para que no se repitan, para que no vuelvan a ocurrir, seguiremos levantando nuestras banderas, de Verdad, de Justicia, de Memoria y también de Reparación porque es el camino que corresponde. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia debe recomendar de una vez por todas a Presidencia que envíe a la mayor brevedad un proyecto de ley al Parlamento. La propuesta presentada por Crysol ha colaborado enormemente para facilitar el trabajo. El partido de gobierno, sus nuevas autoridades, todos los sectores políticos que lo integran, debería ponerse las pilas. Para seguir avanzando también en este plano. El tiempo pasa, negativamente.