SOBRE CONFERENCIA DE “DEMOCRACIA VIGILADA” EN EL PIT-CNT
POR SOFIA UMBRE
Que en dictadura hubo vigilancia, seguimientos e infiltrados a todo tipo de organizaciones y personas, a cargo de la inteligencia militar, no es nada nuevo. Es la posibilidad de ser vigilados hasta el día de hoy lo que prendió las alarmas en la ciudadanía y puso en marcha una preinvestigadora, votada por todos los partidos.
Al poco tiempo de ser ministro, Guillermo Stirling pidió al Ministerio del Interior que le dieran –si existía– la documentación que había sobre él. El funcionario que atendió el pedido preguntó a su superior: “¿Le damos todo lo que tenemos, o una parte?”.
La anécdota relatada por Samuel Blixen hizo estallar de risa a un centenar de personas en la sede del Pit-Cnt, convocadas el lunes 23 por el encuentro “La democracia vigilada: la actuación de los servicios de inteligencia”. Que en dictadura hubo vigilancia, seguimientos e infiltrados a todo tipo de organizaciones y personas, a cargo de la inteligencia militar, no es nada nuevo. Es la posibilidad de ser vigilados hasta el día de hoy lo que prendió las alarmas en la ciudadanía y puso en marcha una preinvestigadora, votada por todos los partidos.
Fue un año antes del allanamiento del domicilio de Elmar Castiglioni, cuando Blixen publicó en Brecha que la casa del coronel contenía archivos que comprobaban el espionaje militar en democracia. Las 65 cajas incautadas fueron prueba suficiente de que la vigilancia se extendió por lo menos hasta 2006 y revelan que personalidades de todo el espectro político y social fueron espiadas ya entrada la democracia.
“A veces me pregunto si Uruguay se avergüenza de su propia historia”, cuestionó la historiadora Isabel Wschebor, que entiende que lo sucedido en torno al archivo Castiglioni se inscribe en un problema uruguayo que es la desidia en su patrimonio documental.
Para el abogado Pablo Chargoñia hay tres grandes temas presentes. Uno es la política de archivos y la importancia de la voluntad política para avanzar en las causas de los derechos humanos. El segundo se encuadra en la libertad sindical y supone que si hay infiltrados lo que se afecta es la posibilidad que una organización gremial tiene de defender sus intereses; por último, la exigencia de acceder a los archivos, como actitud frente al problema.
La ex fiscal Mirtha Guianze analizó cómo son naturalizadas situaciones en las que se da una ruptura de la privacidad. y puntualizó que en eso la sociedad es responsable por no reclamar una revisión de criterios y, específicamente, por no haberle exigido al Frente Amplio tomar cartas en el asunto.
Según Blixen, hay una suerte de secretismo y opacidad que rodea al asunto, lo que explica que en nueve años no haya habido un trabajo real de analizar la documentación incautada por la ex ministra Azucena Berrutti en las oficinas de inteligencia de una unidad militar, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de la verdad. El periodista recalcó que los militares “no son los responsables de esa omisión. Es el poder político, que por razones que todavía no se han podido desentrañar, no ha querido saber”.
Guianze señaló como un inconveniente el hecho de que no se ha discutido una normativa que ponga límites al poder estatal para vigilar a los ciudadanos. De la misma forma, reconoció lo inviable de acceder a ciertos documentos: “nunca pude convencer a un juez de allanar un domicilio de ningún militar para ver si había archivos”.
El acceso a los archivos del Ministerio del Interior así como de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, en palabras de Wschebor es “absolutamente arbitrario”, ya que un investigador, juez o fiscal debe pedir autorización al ministro, y por criterios desconocidos luego de unos meses se da el sí o el no. La historiadora detalló de forma caricaturesca lo agobiante del proceso. El investigador consulta un archivo del que no se le entrega inventario, los funcionarios que atienden van a un lugar que nadie conoce detrás del mostrador y entregan la información que ellos asumen que sirve, pero “nadie sabe si lo que trajo es la mitad, la cuarta parte o la totalidad de todo lo que hay”. Wschebor proyectó la necesidad imperante de cambiar la custodia de los documentos de la órbita privada a una órbita civil, entre otras cosas porque considera que se ha dado una privatización de estos archivos.
Blixen esbozó sus dudas acerca de que este tema termine como debería, que es entrar a los archivos de inteligencia y “revolver absolutamente todos los papeles”. Aun así reconoció que el hecho de votar una investigadora constituye un paso muy importante que va a confirmar finalmente que había “una autonomía tal de la inteligencia militar que les permitía hacer todas estas barbaridades”.
En este contexto Chargoñia procuró aclarar la definición de la inteligencia militar lícita, a la que se considera como el “proceso sistemático de búsqueda, recolección, evaluación y análisis de información” cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones a nivel gubernamental y con el objetivo de alcanzar fines nacionales. Está claro que “la inteligencia militar de la que hablamos no encaja en esta definición”, de hecho este tipo de inteligencia militar es contraria a los objetivos nacionales, porque es antisindical, antisocial y antidemocrática.