La Comisión Investigadora que desde la tarde del jueves 24 comenzó a indagar sobre las prácticas de espionaje de la inteligencia militar tendrá la difícil tarea de demostrar la existencia oficial de documentos que los mandos militares aseguran que no existen. Brecha aporta algunas pistas para ubicar rápidamente esos documentos, primer paso para desmontar la autonomía de la inteligencia militar.
Cuarenta y ocho horas antes de que el plenario de la Cámara de Diputados aprobara la instalación de una comisión investigadora parlamentaria sobre actividades de espionaje militar en democracia (véase recuadro), los mandos del Ejército hicieron la primera movida en el tablero, reveladora de la actitud que asumirán en los próximos 180 días en que se desplegará la indagatoria parlamentaria. Consecuentes con una línea histórica, los mandos han optado por negar la evidencia y encubrir el espionaje. El mensaje fue trasmitido por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en ocasión de la convocatoria del Senado a Comisión General para abordar la situación general de las Fuerzas Armadas. En la ocasión, el ministro aclaró que no bien habían surgido las primeras denuncias periodísticas había consultado a los mandos sobre prácticas de espionaje a organizaciones políticas y sociales por parte de la inteligencia militar. Los mandos le informaron que desde la reinstalación de la democracia en 1985 tales prácticas fueron eliminadas. En la sesión del Senado del martes 22, el ministro detalló la respuesta de sus subordinados agregando nuevos elementos. Dijo que el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le aseguraron que no hubo espionaje en años de democracia a partidos políticos, jueces, periodistas ni otras autoridades. El desmentido sobre la existencia de espionaje de inteligencia en democracia (espionaje que surgió de los informes de dos peritos a una jueza penal al relevarse el contenido de la documentación incautada en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni) ya había sido adelantado por el ministro a los integrantes de la bancada del Frente Amplio que impulsaban la creación de la comisión investigadora. Pero en el Senado el ministro Menéndez agregó otro elemento: “Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”.
El ministro se encargó de enfatizar que la afirmación sobre la no existencia de documentos era parte de la respuesta que había recibido; y además subrayó el carácter sugerente del adverbio “institucionalmente”, que abre una puerta lateral para considerar que la documentación incautada en el domicilio de Castiglioni era producto de una actividad “privada”. La respuesta de los mandos al ministro juega con una ambigüedad que puede convertirse en un tiro por la culata.
El ministro aparentemente debe atenerse a lo informado por sus subordinados, pero eventualmente podrá enfrentarse a una situación delicada, muy parecida a la mentira que unos generales hicieron llegar al presidente Tabaré Vázquez sobre la ubicación de restos de desaparecidos. Menéndez ya tiene sus dolores de cabeza con los “libretazos” del comandante de la Armada, el último de los cuales se refiere a la intimación y amenaza contra La Diaria por el contenido de un artículo de humor.
La iniciativa del comandante Leonardo Alonso de enviar una carta al matutino amenazando con denuncias judiciales no fue avalada por el ministro ni por el presidente Tabaré Vázquez, quien en su primera presidencia contó con Alonso como edecán militar. Ahora, la respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Eduardo Pintos, y del director de la Inteligencia Estratégica Militar, coronel Juan José Pomoli, puede ser mucho más temeraria, entre otras cosas porque la comisión investigadora puede llegar a la conclusión, a poco que camine, de que sí hay, “institucionalmente”, documentación oficial sobre espionaje militar a políticos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, legisladores y magistrados.