“El Estado debería investigar y sancionar a los responsables”
El periodista y abogado Edison Lanza, actual relator especial de la OEA para la libertad de expresión, estima que las denuncias periodísticas sobre el espionaje militar en democracia deben ser investigadas para erradicar prácticas de vigilancia y de presión que vulneran derechos fundamentales. Brecha dialogó con Lanza durante una fugaz visita suya a Uruguay.
Por SAMUEL BLIXEN
—Yo quisiera manifestar la preocupación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) por este hallazgo que comprueba la existencia de actividad ilícita y actos de intimidación sobre activistas, dirigentes políticos y periodistas. Recordar que estos episodios de espionaje son considerados en un estándar de protección a la libertad de expresión; se requiere un ámbito libre de vigilancia e injerencia, más cuando hay un servicio de inteligencia que actúa fuera de la ley. Que sin ningún control judicial hace vigilancias, recopila información sobre periodistas con fines de intimidación, o los pone en listas de presuntamente peligrosos para la seguridad nacional, o trabaja para sectores, vaya a saber cuáles, que, esos sí, operan al margen de la ley. Actividades como éstas siempre han sido señaladas como violaciones a la integridad personal y a la intimidad, pero también a la libertad de expresión.
—¿Hay antecedentes en América Latina de revelación de informes sobre espías o informantes?
—Justamente, entre 2002 y 2008 hubo un caso similar en Colombia. Como ocurre siempre que no hay institucionalidad para ejercer un control sobre las actividades de inteligencia, las cosas se conocieron después. Pero en esos años el Departamento Administrativo de Seguridad (Das), el principal centro de inteligencia estatal de Colombia, ejerció una masiva vigilancia sobre dirigentes políticos, periodistas y activistas sociales. En su momento la Rele condenó esta práctica como un hecho que lesionaba las libertades fundamentales y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. La Relatoría reiteró la condena en sus informes anuales y se le llamó la atención al Estado para que de-sarticulara ese aparato de inteligencia que utilizaba los recursos del Estado y que actuaba al margen de la ley, precisamente para seguir a periodistas o enemigos políticos del gobierno de aquel entonces. En febrero de 2009 la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del Das continuaban grabando ilegalmente a líderes de la oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. Una vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada como una empresa criminal dirigida desde la “Casa de Nariño”, la casa de gobierno durante la presidencia de Álvaro Uribe.
—¿Qué pasó con esa recomendación?
—Finalmente el Estado de Colombia, después de haber sido apercibido en un par de ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió desarticular al Das. La medida fue adoptada por el presidente Juan Manuel Santos en 2011. Así se supo de la existencia de listas de periodistas, de sus correos, direcciones personales y números telefónicos, catalogados como enemigos del gobierno; se conocieron los detalles de las operaciones de intimidación y las formas de amenaza y de presión. Tras la disolución del Das se estableció otro esquema de inteligencia, según las necesidades del Estado, pero bajo control parlamentario y una suerte de control democrático; y por otro lado se estableció una política de protección de periodistas, independiente y autónoma en serio. Porque se daba la paradoja –Colombia vivía por aquel entonces una situación de conflicto armado y de operativos de bandas criminales– de que el mismo organismo que tenía la obligación teórica de proteger a los periodistas los espiaba. Se creó una unidad de protección de periodistas, con participación de la sociedad civil, y eso permitió que mejorara muchísimo la situación de los periodistas y del ejercicio de la profesión, que se eliminaran las amenazas y las vigilancias (*).
—¿Usted cree que en este caso similar del espionaje militar en democracia podría repetirse algún tipo de recomendación de la Relatoría para el Estado uruguayo?
—En el informe anual de la Relatoría vamos a recoger este tema, porque me parece que es un asunto de la mayor trascendencia respecto de la vigencia y ejercicio de la libertad de expresión en Uruguay; y sobre todo demostrar la necesidad de que se adopten medidas para la no repetición de esas prácticas ilegales. Ante el atentado contra cualquier derecho fundamental, en este caso la privacidad, la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos en general, el Estado debería investigar y sancionar a los responsables.
—La ley marco de defensa, vigente, aún no reglamentó la forma de funcionamiento de los aparatos militares de inteligencia…
—Es hora de que el país tenga una discusión en serio sobre el ejercicio de la actividad de inteligencia y cómo debe ser controlada. Creo que el secretismo imperante y la falta de acceso a cualquier clase de información y de control sobre estos servicios hacen que la democracia no pueda tener certezas de si estos aparatos son utilizados por sectores políticos, por actores políticos o por personajes del propio gobierno.
Creo que el Parlamento tiene, ni que hablar, la obligación constitucional de intervenir, y con las convenciones internacionales sobre derechos humanos a favor, abrir la investigación de esta situación particular y de toda la actividad de inteligencia. Luego, eventualmente, la investigación dirá si esta es una situación puntual, una política particular de un grupo que hoy no funciona, o si es una política de un ministerio. Yo descarto que se trate de una política general del gobierno, pero no por ello debe ser tolerada.
(*) Para el caso del espionaje del DAS en Colombia ver párrafo 140 en adelante en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf
Sobre condenas por ocultamiento de información, ver la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a los documentos de la Guerrilla de Araguaia en http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf