Se establecerán “criterios de acceso amplios” al archivo del Ministerio de Interior, dijo Rico
Los archivos con información vinculada a la última dictadura militar están dispersos en diversas instituciones del Estado, y los criterios para acceder a ellos en algunos casos no son coincidentes. A principios de diciembre, el Ministerio del Interior entregó a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) la digitalización de archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de esa cartera entre 1968 y 1974. Una copia la tendrá el GTVJ y otra el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) de la FHCE, que ya cuenta en su poder con varios archivos vinculados a la dictadura: documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Uruguay, el archivo del ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) David Cámpora, y donaciones privadas de personas que estuvieron en el exilio, entre otros.
El decano de la FHCE, Álvaro Rico, hizo consultas con la Unidad de Acceso a la Información Pública, con el Archivo General de la Nación (AGN) y con integrantes del CEIU para determinar la localización de la documentación, los criterios de acceso -para lo cual se elaborará un protocolo- y procesamiento del material, y la infraestructura necesaria para conservarlo. Rico dijo a la diaria que se aplicará “al máximo” la Ley de Acceso a la Información Pública, “dando máxima publicidad a la documentación” que consta en el archivo entregado por el ministerio. El artículo 12 de esa ley establece que los funcionarios no podrán invocar la reserva en el acceso a la documentación “cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”. “Nosotros vamos a aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública, que para el tema de los derechos humanos y para la solicitud de información por parte de las víctimas establece criterios amplios, no restrictivos”, remarcó Rico. Aseguró que sólo regirá la reserva para el caso de información que “afecte la integridad moral de la persona, o los principios de la dignidad humana”, pero acotó que estos casos “son excepcionalísimos en los miles de documentos que hemos revisado como investigadores”, y que en todo caso se reserva una parte del documento, no todo. Puso como ejemplo las “situaciones de tortura, de interrogatorio, o referidas a la sexualidad de la persona”, que son “cuestiones muy delicadas y muy reservadas”.
La idea es que en marzo esté pronto el archivo para consulta en el CEIU, para lo cual se definirá en las próximas semanas la compra de una computadora, la contratación de un archivólogo y la elaboración de un formulario de acceso.
Sólo para interesados
En el subsuelo del AGN, el archivo incautado por la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti durante el primer período de gobierno de Tabaré Vázquez tiene un lugar propio. Los 1.144 rollos de microfilms hallados en una unidad militar de la calle Eduardo Víctor Haedo están guardados en cámaras de conservación, y también están allí los únicos materiales originales que no fueron digitalizados: un fichero que contiene datos sobre ingreso y cese de funcionarios públicos en distintos organismos estatales, placas de vidrio que almacenan fotografías, y pequeñas fotografías impresas de presos políticos en los años previos a la dictadura, acompañadas de algunas anotaciones.
La directora del AGN, Alicia Casas, dijo a la diaria que para acceder a ese material es necesario ser “el involucrado o un familiar directo”. Explicó que se aplica la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data, que dispone la reserva de los datos personales. En su artículo 14, esta norma establece que todo titular de datos personales “tendrá derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo se halle en bases de datos públicas o privadas”. En el caso de personas fallecidas, ese derecho les corresponde a sus sucesores. En el sitio del AGN hay un formulario para que las personas presuntamente involucradas o sus familiares directos soliciten el acceso a la documentación del “archivo Berrutti”, pero aplica sólo a la información que los involucre directamente.
Casas señaló que los investigadores sólo pueden acceder al material que los involucrados hayan consentido expresamente difundir, porque la institución debe “atenerse a la Ley de Protección de Datos Personales”. “Nosotros le preguntamos en un formulario a la persona si autoriza la información para investigación, y muchos dicen que sí. Cuando el involucrado autoriza, yo no tengo ningún inconveniente, porque se trata de que esa información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero son documentos que atañen a la privacidad de la gente”, afirmó la directora.
En cuanto al archivo que entregó el Ministerio del Interior, Casas consideró que debería darse “el mayor acceso posible a los investigadores”, pero al mismo tiempo es necesario elaborar un protocolo “para no lesionar derechos”.
Natalia Uval