En Uruguay, el autodenominado Comando Barneix amenazó de muerte a defensores de derechos humanos
La búsqueda de justicia bajo amenaza
El comando que lleva el apellido de un general que se suicidó difundió este mensaje: “Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, entre funcionarios y activistas de DD.HH.
Por Gustavo Veiga
La calma ciudadana de Uruguay se vio alterada hace un par de semanas por el autodenominado Comando Barneix. El grupo lleva el apellido de un general del ejército que se suicidó en 2015 cuando lo estaban por indagar por presuntas violaciones a los derechos humanos. Su irrupción en público llegó acompañada por la amenaza de muerte a 13 personas.
En la lista están el actual ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, varios abogados, el prestigioso jurista francés Louis Joinet y el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño (MJDH), Jair Krischke, entre otros. Este último, consultado por PáginaI12, respondió sobre el hecho: “Esta gente no tiene límites. Son los huérfanos de Eleuterio Fernández Huidobro, el ex ministro de Defensa que los protegía. Él murió en agosto del año pasado y el viceministro que lo sucedió, quien tiene otra postura sobre las violaciones a los derechos humanos, por algo está en la lista de los amenazados”.
El Comando Barneix todo indica que sería un grupúsculo de militares y servicios de inteligencia, difundió su intimidación por medio de la red Tor, un sistema que permite navegar en Internet sin ser detectado. El texto con la amenaza que difundió el semanario Brecha decía que “por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. Y agregaba 13 nombres. Ahí estaban Menéndez, Díaz, Joinet, Krischke, la ex vicecanciller María Bernabela Herrera Sanguinetti, la ex fiscal Mirtha Guianze, los abogados Oscar Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Alvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé y la italiana Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford.
Todos tienen en común su compromiso con la continuidad de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Menéndez anunció en enero pasado la reactivación de los llamados tribunales de Honor para militares procesados de la dictadura (1973-1985) y la aplicación del artículo 25 de la Constitución que autoriza al Estado a ir contra ellos en caso de dolo. Para Krischke, el ministro de Defensa adoptó una posición diferente a la de su antecesor, el ex tupamaro Fernández Huidobro, quien cuando era ministro de José Pepe Mujica dijo que el reclamo de familiares de desaparecidos, “se está transformando en un negocio”, y que había “mucho dinero en juego”.
Una mutación de pensamiento que derivó en críticas muy duras de sus ex compañeros de militancia, los organismos de derechos humanos y generó serios conflictos políticos en el Frente Amplio. Cuadro relevante de Tupamaros en los años 60 y 70, preso político de la dictadura en condiciones extremas, el ex jefe guerrillero había acercado posiciones con sus enemigos de antaño.
Krischke piensa que apareció en la lista por su labor antes y durante el juicio contra el ex coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini. En mayo de 2016, el militar fue condenado en Buenos Aires a 25 años de prisión por varias desapariciones en el marco del Plan Cóndor. El presidente del MJDH con sede en Porto Alegre declaró en el juicio y cumplió un papel clave para detectar al genocida en Brasil, quien había sido extraditado a la Argentina en 2010. El referente de los Derechos Humanos dice: “es la primera vez que recibí amenazas por la prensa” y agrega que el Comando Barneix “es gente muy peligrosa, sobre todo porque usó el sistema TOR sin dejar señales”.
El buscador de militares acusados por violaciones a los derechos humanos encontró a Cordero y explica que hay otro como él que continúa prófugo en su país. Se trata del uruguayo Pedro Antonio Omar Mato. “Este tipo nació en Rivera, se jubiló y cruzó la frontera que es una calle que la separa de Santana do Livramento. Su madre es brasileña, tomó la partida de nacimiento de ella, la suya y pidió la ciudadanía en mi país”.
En el mensaje amenazante contra las 13 personas se sostiene que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos”. El militar tomó la trágica decisión en septiembre de 2015. La Justicia uruguaya lo investigaba por el asesinato de Aldo Perrini, un joven militante de izquierda de Colonia, que murió camino a Montevideo luego de ser torturado. El hecho había ocurrido en el batallón de infantería Nº 4, en 1974.
Barneix ocupó cargos de relevancia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. El comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, lo recomendó junto al general Carlos Díazpara para integrar una comisión que investigara el destino de los detenidos desaparecidos. Sus resultados fueron cuestionados por organismos de Derechos Humanos uruguayos. El militar había rechazado siempre las imputaciones que recibía. Y presentó el pedido de prescripción de la causa por la muerte de Perrini que la Corte Suprema uruguaya rechazó.
Cuando se percató que debía presentarse en un juzgado para declarar, sacó un arma de fuego en su casa y se disparó un tiro. La fiscalía había pedido su procesamiento. En Uruguay un comando tomó su nombre para repartir amenazas de muerte. Su propósito está más claro que su origen, aún desconocido. Pretende condicionar e intimidar a quienes presenten denuncias en la Justicia por los crímenes de la dictadura. En marzo del año pasado hubo un robo de documentación en la sede del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) que busca restos de desaparecidos y marcaron las direcciones de sus miembros en un mapa. Nadie se atribuyó el hecho. Las recientes amenazas del Comando Barneix dan un indicio para relacionar ambos delitos.
