Todavía cuesta
En menos de un mes, el consejo directivo fundacional de la Institución de Derechos Humanos culmina su mandato. Mientras que Mariana González, Mirtha Guianze y Ariela Peralta decidieron que no continuarán en sus puestos, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira expresaron su deseo de ser nuevamente elegidos para el próximo quinquenio. Todos ellos y las organizaciones sociales muestran abiertamente su preocupación porque el tiempo corre, y el Parlamento, que debe iniciar el proceso para definir las próximas autoridades, se mueve a paso cansino.
Las demoras institucionales son una marca de nacimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). La ley que dio vida al organismo fue aprobada en diciembre de 2008, pero hasta 2012 su consejo directivo no se consolidó. En 2016, después de una larga lucha por conseguir un espacio físico propio donde trabajar, la Inddhh inauguró su sede en el lugar donde funcionaba el ex Servicio de Información de Defensa, centro clandestino de torturas en el que se vio por última vez a María Claudia García de Gelman.
“Logramos armar una institución de la nada, posicionarla y que se reconozca”, manifestó Mirtha Guianze. Pero, por diferentes motivos, las tres mujeres integrantes del consejo directivo entienden que es momento de dar un paso al costado. La abogada Ariela Peralta fue postulada por el Estado uruguayo a la Corte Penal Internacional y considera que no es correcto presentarse simultáneamente a los dos cargos. La socióloga Mariana González quiere dedicarse de lleno a la docencia universitaria y siente que el fin para el que fue elegida ya se cumplió: la institución está en pie. En marzo, Guianze explicó a Brecha (véase edición del 10/III/17) que es necesario que entre gente joven al organismo y que los nuevos desafíos de la institución se trabajen desde otras perspectivas. Por su lado, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira manifestaron que no harán campaña para ser reelectos, pero en caso de ser promovidos por la sociedad civil, se postularán nuevamente.
El 22 de junio terminan sus mandatos y si bien todos los integrantes del consejo directivo se mantendrán en sus cargos hasta que alguien los releve, Peralta considera que la situación no puede perpetuarse en el tiempo porque la “legitimidad” que ha ganado la institución se puede “erosionar”.
TIEMPOS DE MOVIMIENTOS. Las organizaciones sociales vienen trabajando vertiginosamente para proponer diversidad de candidaturas. Hace aproximadamente un mes, todos los jueves en Crysol, varias organizaciones han estado entrevistando a los posibles candidatos, proponiendo nombres y buscando algunos consensos.
La jueza Mariana Mota, trasladada arbitrariamente en 2013 del juzgado penal al civil cuando investigaba más de 50 denuncias por violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura, es una de las candidaturas más claras hasta el momento y, además, aceptada públicamente (así lo expresó en Océano FM el 5 de mayo). Su nombre fue puesto sobre la mesa, entre otros, por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comisión de Fusilados de Soca, Comisión Memoria de la Costa y la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt.
Esta última también promueve la candidatura de Virginia Martínez, ex directora de Tnu y realizadora de varios documentales que condensan la memoria del pasado reciente. El integrante de esta comisión de la central sindical, Raúl Olivera, sostuvo a Brecha que como criterio intentan mantener el equilibrio de género, buscar que ingrese gente relativamente joven y evitar “el desmantelamiento” de las organizaciones sociales para vestir al organismo.
En una de las reuniones mencionadas anteriormente se impulsó también la candidatura de Ivonne Klingler, ex presa política, médica de profesión, fue una de las 28 mujeres denunciantes por abuso y violencia sexual durante la dictadura. Klingler, en diálogo con Brecha, resaltó la importancia de que las propuestas partan de las organizaciones sociales (“es algo por lo que hemos luchado siempre”) y decidió aceptar el desafío propuesto por sus compañeros de Crysol y, posteriormente, de Fucvam.
Otra candidatura que surgió en ese ámbito fue la de Marina Morelli, feminista, abogada e integrante de la organización Mujer Ahora. Morelli explicó a Brecha que “lo interesante” de la lógica de las candidaturas es que se hace énfasis en los perfiles y no en los nombres, pero considera importante que las “activistas de base” sean tenidas en cuenta a la hora de integrar este tipo de instituciones.
En tanto, desde Ielsur impulsaron la candidatura de uno de sus fundadores el abogado Wilder Tayler, quien fue secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y también integrante del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. El presidente de Ielsur, Jorge Pan, explicó a Brecha que Tayler fue elegido por sus credenciales, sus años de experiencia y su capacidad de gestión.
Otro nombre puesto sobre la mesa es el del docente Óscar Destouet. El secretario de comunicación de la Feuu, Marcio Mañana, manifestó a Brecha que el Centro de Estudiantes de Derecho presentó su candidatura para que se discuta en la Feuu como “un compañero de confianza, un cuadro histórico del movimiento estudiantil, de la generación del 83, y además tiene un compromiso ineludible con la defensa de los derechos humanos”. Si bien la Feuu aún no ha tomado una decisión, Mañana no cree que existan grandes discrepancias.
TIEMPOS PARLAMENTARIOS.
“Los tiempos legales a esta altura parecen prácticamente imposibles de cumplir”, explicó Peralta. La ley que creó la Inddhh establece que una comisión especial bicameral será la encargada de recibir las postulaciones, concretar las entrevistas y elaborar una nómina de candidatos –basándose en los propuestos por las organizaciones sociales– que luego deben ser votados por la Asamblea General. El plazo no puede ir más allá del 1º de agosto.
Los integrantes del consejo directivo se reunieron hace aproximadamente dos meses con Raúl Sendic, en su calidad de presidente de la Asamblea General, para recordarle sobre la inminencia de la fecha límite y también tuvieron reuniones informales con varios legisladores por el tema.
La senadora frenteamplista Daniela Payssé informó a Brecha que el 17 de mayo se designó a los integrantes de los partidos para la conformación de la comisión especial. Sin embargo, hasta el momento no se han reunido. La senadora frenteamplista aseguró que “no se va a generar un vacío” y si bien este asunto se puede superponer con la rendición de cuentas, no hay una decisión de postergar la elección del consejo directivo de la Inddhh. En todo caso, argumentó, puede postergarse “por obra de las circunstancias”.
Desde la Inddhh, González analiza: “El tema está moviéndose, los nombres están circulando, se empezó a aceitar el engranaje, pero no sé cuánto falta para que empiece a marchar con los ritmos que tiene que marchar, ese es el enigma. De parte nuestra, lo que deseamos y para lo que estamos trabajando es para que efectivamente el engranaje se mueva y si bien está claro que los tiempos de la ley no se van a poder cumplir, por lo menos no nos alejemos tampoco demasiado”.
Breve balance
“No teníamos nada. Fue todo un desafío construir, levantar una institución pública y creo que dejamos, por lo menos, la base y las columnas para que continúe creciendo”, reflexiona la actual presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) Ariela Peralta.
Las tres integrantes del consejo directivo que entienden que su etapa en la institución está cumplida coinciden en que el primer período fue de construcción institucional. Después de idas y venidas, el organismo consiguió una sede fija y funcionarios que ingresaran por concurso. También se consolidó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que, actualmente, realiza visitas casi rutinarias a diferentes centros de privación de libertad. “Logramos dar visibilidad a algo que no existía”, sintetiza Mariana González y agrega que eso generó que se reciban más denuncias y casos que atender.
Para Peralta los desafíos que quedan en la puerta son: llegar al Interior a través de los centros regionales de la Universidad de la República, cumplir con el mandato de la ley de servicios de comunicación audiovisual que establece que la Inddhh debe presentar un relator de audiencias y trabajar para que cada área dentro de la institución tenga un protocolo de actuación definido ante las denuncias.
Guianze destacó que el renovado consejo directivo tendrá el desafío de hacer que las instituciones del Estado cumplan con las recomendaciones de la organización o “que por lo menos las atiendan y se den cuenta que si el Estado de buena fe armó esta institución, de buena fe tiene que cumplir también”. González agregó que sería interesante elaborar, de manera sistemática, contenidos temáticos sobre derechos humanos (como medio ambiente, violencia de género, salud mental), y marca la necesidad de que la sede de la Inddhh sea reconocida por la gente como un espacio de memoria