Puig: “Habrá que analizar la responsabilidad de los que lo llevaron adelante”
Espionaje en democracia: CIA le pagaba a 37 informantes uruguayos
Hay denuncias sobre la actuación de la CIA en hechos de espionaje en democracia, donde le pagaba a 37 informantes uruguayos que le pasaban información, dijo a LA REPÚBLICA el diputado Luis Puig quien aseguró que la Comisión Investigadora solicitará a la cancillería de Estados Unidos un “informe jurídico” para luego poder convocar al embajador de dicho país.
La intervención de la CIA
Debido a las denuncias que hay de la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los hechos de espionaje en democracia, “la Comisión solicitaría a la cancillería de Estados Unidos un informe jurídico”, dijo a LA REPÚBLICA un diputado Luis Puig, para luego poder convocar al embajador de dicho país.
Respecto a la intervención de la CIA en estos hechos, el integrante del PVP dijo que “hay denuncias de la actuación de la CIA en Uruguay, incluso el pago de a 37 informantes de la CIA”, los cuales eran uruguayos, “lo cual desde el punto de vista de soberanía era algo gravísimo”.
Semanas atrás, el presidente de la Comisión Investigadora, Gerardo Núñez expresó a LA REPÚBLICA que “hay claras referencias a determinados informantes que tenía la CIA en algunos de los servicios de inteligencia del Estado”.
Luis Puig
El contralmirante Oscar Otero, ex director de Julio María Sanguinetti fue el primero en reconocer que sabía de los hechos de espionaje posterior a la dictadura. Luis Puig, quien por la reserva de la investigación no quiso confirmar que fuera el exdirector de inteligencia, dijo que “se vuelve a confirmar la existencia de espionaje militar en democracia, la situación planteada durante años donde algunos convocados a la comisión manifestaron claramente que si, se hacia espionaje sobre organizaciones políticas, sobre políticos, organizaciones sociales, lo asocio con una costumbre a ese espionaje que se venía realizando desde hacía tiempo. Hacia referencia al proceso dictadura y a la continuidad en democracia”.
“Lo que se establece es la continuidad en las labores de inteligencia, en el periodo democrático, donde claramente la comisión tiene a disposición un voluminoso archivo de 3 millones de documentos, el Berruti, en donde una gran parte de los documentos se puede apreciar con sellos y firmas, como la inteligencia militar actuó violando la constitución y la ley”, añadió.
Las actuaciones de espionaje se realizaban sobre organizaciones, sobretodo de Derechos Humanos, partidos políticos, sobretodo el Frente Amplio y dentro del mismo el PCU y el PVP, también se realizaban investigaciones sobre políticos, personalidades, y determinadotes sectores y gremiales, desde profesores y maestros para determinar su afiliación política o el Pit Cnt.
“Debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”
Consultado sobre la relevancia que toma la ausencia de 4 militares que se negaron a declarar ante la comisión, teniendo en cuenta lo que señaló Otero y compañía, Luis Puig expresó que se seguirá analizando e investigando en la medida que Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins (exjefes de inteligencia entre el ‘85 y el ’99 no concurrieron. Estas ausencias “lo cual mereció una declaración unánime del Parlamento rechazando esa actitud y diciendo claramente que se pretendía obstaculizar la investigación, la comisión investigará esa situación”, expresó.
Además agregó que cuando se lleguen a las conclusiones “se convocaran a los jefes de departamento que actuaron en esa época para tener respuestas a la documentación y la comisión evaluará. Lo determinará la comisión, pero creo que cuando culmine sus investigaciones, además de presentar un informe a la Cámara, seguramente debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”.
“Habrá que analizar responsabilidades”
Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins no participaron de las convocatorias de la comisión investigadora. Si bien los documentos no dejan dudas “importante cotejarlo con cada uno de los integrantes, para intercambiar con ellos”, dijo Puig.
“Habrá que analizar la responsabilidad de los que lo llevaron adelante el espionaje como la omisión de funcionarios públicos, que no controlaron como era su obligación”, señaló el diputado, quien concluyendo cuestionó: si los jefes de inteligencia no sabían, ¿para que se montaba todo ese espionaje sistemático con dineros públicos?. Dinero del presupuesto de Defensa que era asignado a los servicios de inteligencia. Si no lo saben ellos ¿a quien hay que consultarle?”.