Actividades del 3 y 4 de setiembre por la denuncia de los detenidos desaparecidos

Conmemoración del Día del Detenido Desaparecido 2021 en Paris

Para conmemorar el Día Internacional del Día del Detenido Desaparecido, ¿Dónde Están? organizó, con la FEMED (Federación Euro-Mediterránea contra las Desapariciones Forzadas) y las demás asociaciones del Colectivo contra las Desapariciones Forzadas francés, dos actividades, el 3 y 4 de setiembre.

El 3 de setiembre en la gran sala del CICP donde funciona habitualmente La Parrilla y que abría por primera vez desde el principio de la pandemia en marzo del 2020 tuvo lugar una proyección debate. Delante de un público numeroso, donde había representantes de muchos países del mundo que buscan verdad y justicia para los desaparecidos, se proyectó la película “Por esos ojos” de Gonzalo Arijón, que cuenta la historia de Mariana Zaffaroni, hija apropiada de padres desaparecidos. El film tuvo un gran impacto emocional sobre el público presente.

Emmanuel Decaux, expresidente y actual miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU insistió en la importancia del papel de los familiares y de todas las ONG en la lucha por los desaparecidos y en la necesidad del trabajo por la ratificación universal de la Convención sobre Desapariciones Forzadas.

Nassera Dutour, presidenta de la Femed y madre de un desaparecido argelino, Nedja Benaziz, nieta de una desaparecida, así como Zelmar Michelini aportaron sus testimonios sobre la necesidad y la urgencia de denunciar uno de los crímenes de lesa Humanidad más dolorosos para las familias . Emilio Silva, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en España, recordó a los 114 226 desaparecidos de la guerra civil española y presentó la lucha actual por todos ellos.

El 4 de setiembre, las asociaciones instalaron carpas y carteles en la Place Stalingrad para informar al público sobre la situación de los desaparecidos en los diferentes países del mundo. Estuvo presente Geneviève Garrigos, expresidenta de Amnesty International-France y actual alcalde del distrito 20 de Paris. ¿Dónde Están? recibió visitas y estableció contactos con argelinos, marroquíes, saharauis, españoles, gaboneses y de otros países del mundo en los cuales las familias reclaman de saber la verdad y que se haga justicia para sus desaparecidos. Son siempre los mismos métodos por parte de los criminales: la mentira, el silencio y la impunidad. Es el mismo combate en todas partes para pedir Verdad, Justicia y Nunca más.

 

 

 

Otras fotos del sabado 4, entre ella la delegación de España presente en el evento:

30 de agosto 2019.

Hoy es un encuentro especial.

Conmovidos y expectantes, a tres días de un hallazgo, tener que hablar de la Desaparición Forzada, además de la emoción inocultable, de la fuerza que da recuperar un nuevo cuerpo-, porque es posible, porque ahí están, nos pone sobre la mesa las mismas preguntas: Cómo es que llegamos acá? ¿Porqué recién hoy? ¿Por qué apenas cinco? ¿Por qué tantos años de impunidad?

Todo nos habla de lo que continúa oculto, nos cuestiona sobre quiénes lo ocultan y porqué. Pero también nos dice que es posible sacarlo a la luz. Con todo lo que esa luz enriquece nuestro presente.

Nos refuerza el compromiso que asumimos de encontrarlos a todos y recuerda las dificultades de este camino. Los cientos de obstáculos que a lo largo de estos años venimos explicando, denunciando y exigiendo su remoción.

Esta fecha nos interpela aún más. Porque la Desaparición Forzada que continúa presente en Uruguay enquistada en el ocultamiento de los cuerpos de nuestros desaparecidos, cobijada por políticas permisivas hacia sus perpetradores, protegida por barreras de impunidad, se extiende por el mundo, tanto que hoy coexiste con distintos regímenes no sólo dictatoriales y abarca a todo tipo de victimas.

Su permanencia y la cultura de impunidad generada, matrizan en muchos aspectos esenciales la construcción de nuestra democracia.

La desaparición forzada, vale recordarlo, es un delito de derecho internacional, de lesa humanidad, imprescriptible y tiene un carácter permanente; articula estrategias de ocultamiento y destrucción de pruebas desde el inicio (detención secuestro u homicidio) como forma de invisibilizarse y que perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y paralizante para los demás. Su mayor efecto es social (el desconcierto, el silencio, el miedo, la dificultad de demostrar que sucedió, la amenaza implícita para todo tipo de lucha) y no cesa hasta que se encuentren los restos y se desenmascare todo lo que se conjuga en él.

Para todo eso, es necesaria la complicidad del Estado; la inicial al momento de la detención o el secuestro y las sucesivas que lo mantienen oculto e impune.  Incluyendo a los gobiernos posteriores a las dictaduras, si no tienen el claro propósito de cortar de raíz sus efectos.

Hacerlo, implica acciones comprometidas, firmes y profundas que tienen que ver con la justicia, con investigar, conocer , sancionar y divulgar todo lo que pasó y con la desarticulación y transformación a fondo de la institucionalidad del estado dictatorial que cometió el crimen, En particular las FFAA que fue el brazo ejecutor de ese terrorismo de estado.

En nuestro país, las desapariciones se dieron en el contexto represivo del avance hacia la dictadura y la posterior instalación del Terrorismo de Estado como resultado de la persecución masiva que se hizo a todo tipo de oposición política y social.

En dicho marco, se ejecutó o torturó hasta la muerte a más de 400 compatriotas y con un criterio selectivo que aún tenemos que desentrañar, algunos de esos cuerpos no fueron entregados: nuestros desaparecidos.

Las desapariciones se inician antes del golpe de estado, en 1971, con el secuestro y desaparición de dos militantes del MLN: Abel Ayala y Héctor Castagnetto, a manos de escuadrones de la muerte, (grupos para-policiales  durante el gobierno de Pacheco Areco). Y se continúan a lo largo de toda la dictadura.

El decreto del 1971 da a las FFAA la conducción de la “lucha anti subversiva” y en ese mismo año se forma la OCOA que junto al SID, serán como organismos especializados, el brazo ejecutor de la represión durante el Terrorismo de Estado.

El quiebre institucional venía madurando.

En el 72, con la declaración del Estado de guerra interno y la ley de seguridad del estado, se legaliza la arbitrariedad y todo detenido pasa a ser “desaparecido” sin protección legal por días -semanas, en un proceso que no se detendrá hasta la disolución del Parlamento en junio del 73.

Ese camino abonado por decretos y leyes parlamentarias llega al golpe encabezado x un presidente electo. Rechazado inmediatamente por la histórica huelga general y aplaudido por las grandes cámaras empresariales y los grandes medios.

Hoy sabemos mucho de los 12 años que siguieron. De las torturas, las muertes, los planes supranacionales, del Cóndor.

De todo resaltamos una vez más el innegable carácter institucional q tuvo la represión, la tortura, la muerte, las ejecuciones y desapariciones llevadas adelante por las FFAA uruguayas.

A las denuncias de cientos de testigos, hoy sumamos los aportes de sus propios archivos. Negaron su existencia, pero aún los pocos conseguidos, recortados y tachados, claramente los incriminan.

Nada de lo realizado se hizo sin contar con la aprobación de los más altos mandos y las órdenes precisas de toda la cadena jerárquica de las tres armas. El OCOA, el SID no eran una patota ni un grupo suelto de dementes. Ninguna operación fue realizada sin una planificación previa, órdenes específicas y detallados informes posteriores (muchos de los cuales hoy se aportan a la justicia). Nadie, en este país, en un sistema cuyo sustento es la disciplina y la subordinación, mató, desapareció, ni enterró clandestinamente a nadie sin cumplir una orden y sin informar exhaustivamente a sus superiores.

De los compañeros y compañeras asesinados a lo largo de estos mas de 12 años, ellos resolvieron que cuerpos entregar y a quiénes desaparecer y ocultar sus restos (como decíamos antes, con un criterio selectivo que todavía tenemos que desentrañar) –como ejemplo público ahí está Gavazzo, acusando a Esteban Cristi de ser quien toma la decisión de desaparecer a Roberto Gomensoro una vez asesinado.

Fueron los más altos mandos los que decidieron el destino de nuestros familiares

La desaparición tiene una sistematización, que de a poco se va aclarando y con ella las responsabilidades .No parece una casualidad que 4 de nuestros desaparecidos fueron hallados en los predios de los ex Batallones 13 y 14, batallones que no dependían de una región militar, sino directamente del Comandante en jefe de turno: Chiape Posse, Vadora, Gregorio Alvarez, Queirolo, Boscan Hontou.

Ellos tuvieron la información y tomaron o accedieron a la decisión.

Fueron luego los Comandantes en Jefe desde esos años hasta hoy, quienes siguen decidiendo el ocultamiento.

También son los gobiernos, presidentes, ministros, legisladores y Supremos Tribunales de Justicia del año 85 a la fecha quienes no exigieron que entregaran la verdad.

Durante los años de Terrorismo de Estado, desde toda la institucionalidad del estado se vigiló, amenazó, persiguió; se impuso un disciplinamiento a toda la sociedad, que era su verdadero objetivo. Se intervino la educación y la cultura. Los medios de expresión y hasta el lenguaje.

Se utilizó toda la estructura del estado, hasta la diplomática para perseguir y controlar a los exiliados. Se acordaron y consolidaron planes macabros internos y externos, de intercambio de prisioneros, de secuestros, ejecuciones, apropiaciones de nuestros hijos y nietos.

Así de grave y profundo fue el Terrorismo de Estado

Por lo tanto, la tarea de construcción democrática  posterior era mucha, y el único camino: verdad y justicia.

Los primeros gobiernos lo bloquearon. Negando y tergiversando los hechos, legalizando la infamia e impunidad con la ley de caducidad. No era raro, los mismos políticos que alentaron el golpe, estaban nuevamente en el ruedo.

Quedaba claro que  había cambios que sólo se podían dar con un gobierno diferente, que reconociera lo sucedido, libre de complicidades y comprometido con su pasado claramente anti dictatorial.

La deuda no era exclusivamente con los muertos y desaparecidos sino con toda la sociedad que debía reconocerse, cuestionarse y liberarse de lo que se quería naturalizar, la impunidad del Terrorismo de Estado.

En el 2005, el Frente Amplio no estuvo a la altura de la demanda histórica para conducir las acciones profundas que precisábamos.

-Para liberar e impulsar una justicia independiente que cortara el paso a la impunidad.

-Para reformular las instituciones que seguían intocadas, donde sin lugar a dudas, entre todas, las FFAA era la principal, aunque no la única. Su oficialidad de aquellos años, aún activa y muy especialmente sus Comandantes, sus mandos, sus servicios de inteligencia, debieron ser cesados.

El desafío era uno y ese momento una nueva oportunidad: democratizar nuestra sociedad. Romper las barreras de inclusión y pobreza  junto a una comprometida batalla contra la impunidad.

Los logros sociales debían ser sostenidos por la conciencia de lo que costaron, de las luchas por la libertad, contra la dictadura y de las luchas anteriores, por trabajo salario, educación. Todo lo que el autoritarismo arrasó, todo por lo que el autoritarismo persiguió, mató, desapareció y permanecía avalado por la impunidad.

La participación de esas Fuerzas Armadas en la dictadura debía ser cuestionada públicamente y juzgada (aunque hubieran pasado años, aún lo es) no sólo individualmente, porque no actuaron así, sino preguntarnos como sociedad algo que sigue pendiente: Qué FFAA necesita, este país. Claramente no son las que se vuelcan contra su pueblo al que deberían defender. ¿Entonces: para qué?

Y mientras tanto: ¿Con qué número de oficiales? ¿Con cuál formación? ¿Para cumplir cuáles tareas? Se debió derogar su ley orgánica del 74, en ese momento, cambiar drásticamente su vínculo con el ministerio de defensa, al que nunca se subordinó del todo y no arrastrar lo que se venía dando.

Este tiempo perdido fue mucho.

Claro q hubo avances y no los negamos, pero si cuestionamos que esos avances en tandas, de a poquito, no llegaron al corazón del problema.

Y en este tiempo, se consolidaron dos cosas muy importantes y negativas.

– Una cultura de impunidad que se extiende más allá de los crímenes que ampara. Que no es sólo judicial, aunque haya fragilizado al sistema de justicia y el valor de la misma y por tanto al propio estado de derecho. Una impunidad “descontextualizada”, totalmente inexplicable e inadmisible para una sociedad que valora el respeto y la libertad.

-Y unas FFAA cohesionadas en el orgullo de lo que hicieron en dictadura, de su pasado criminal, convencidas de su mesianismo salvador, formadas hasta ahora en los valores de aquéllos años y sintiéndose la reserva moral de la nación.

La ideología que los sostuvo hasta hoy, no ha sido derrotada, ni siquiera se ha acallado.

A pesar de todo lo que se conoce, la impunidad funcionó como un aval a lo actuado. El Estado les ha ido otorgando nuevas oportunidades: Misiones de paz, defensa de la frontera. Ha permitido sus manifestaciones sobre temas ajenos a su incumbencia, sus mentiras deliberadas sobre el paradero de restos de desaparecidos y todo lo q conocemos con su profusa presencia de opiniones y críticas en los medios.

Desde que se hicieron públicas las actas de los Tribunales de Honor este panorama, ampliamente denunciado en estos años, explotó y se hizo inocultable.

El hasta ese momento comandante del ejército, Manini Ríos lo utilizó para atacar al Poder Judicial y como ya lo venía anunciando, usó su investidura y la estructura estatal como plataforma para lanzarse al ruedo político.

También provocó una inmediata y positiva reacción del presidente (dar de baja a 7 generales) que apoyamos firmemente, aunque cuestionamos su falta de transparencia. Esa firmeza era la que estos acontecimientos ameritaban.

Fue lamentable la decisión del senado, que con un confuso mensaje de valores a la sociedad permitió, una vez más, que estos graves hechos quedaran sin sanción y dejó a esos generales al mando del ejército.

Hoy, la existencia de un partido militar, creado desde la institución, testifica tristemente esta situación.

En esta peligrosa confusión y con total irresponsabilidad de parte de sus impulsores, se plebiscitará una reforma constitucional que pretende poner a estos militares nuevamente en las calles. Nos oponemos totalmente a esta campaña. Entre los muchos motivos (que en esta mesa explicó Martín) porque además significa una marcha atrás en la conciencia sobre su papel institucional en la dictadura que aún no está aclarado y mucho menos saldado, sino todo lo contrario.

Este es el corazón de nuestra lucha, porque es la impunidad quien acarrea estos peligros, la que condiciona nuestra convivencia, nuestro presente y las luchas del futuro.

Apoyamos desde el primer momento la campaña “NO a LA REFORMA” y convocamos junto a ellos a los distintos sectores de la sociedad, como ya lo están haciendo, a sumarse a esta iniciativa.

Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero acá estamos.

Cuando parecía todo liquidado por el resultado negativo del voto verde, se volvió a empezar. Desde el sótano de Serpaj, con su indeclinable voluntad, algunas madres resistieron el aislamiento, nos dieron la esperanza y la fuerza para continuar esta lucha. Y lo hicimos.

Ante el bloqueo de la justicia local, hace casi 20 años, unos pocos familiares iniciaron la causa frente al tribunal de Roma. Hoy festejamos su resultado con una sentencia trascendente.

La perseverancia, la permanencia, ha sido transmitida por nuestras madres en esta lucha tanto como la justeza de sus objetivos.

Hoy los jóvenes compañeros del GIAF nos dan una clara muestra de ello. Su fuerte compromiso y gran convicción son lo que posibilitaron este logro. Como dijimos antes, es a ellos y a otros persistentes compañeras y compañeros que rodean la tarea que se los debemos.

Cada hallazgo nos devuelve mucho más que a la querida o querido compañero que tanto buscamos. Trae la esperanza que esta lucha los rescatará a todos y con ellos abrirá un camino de mayor libertad.

Por lo tanto, no hablamos del pasado. Esta lucha la estamos gestando hoy cada día, cuando queremos justicia, cuando no queremos aceptar lo inaceptable, cuando queremos cuidar nuestras fuentes de trabajo, el medio ambiente, la diversidad de derechos. La lucha por todos los derechos confluye y se potencia. Y sale a las calles de todo el país los 20de mayo. Hace mucho que no estamos solos.

Hay que buscarlos y encontrarlos. Con más fuerza, más investigación y exigencia a quienes deben aportar datos y no obstruirlos.

Recibimos con gran expectativa el proyecto de ley para la búsqueda de nuestros desaparecidos que presidencia presentó hace unas semanas a la Comisión de legislación y códigos.

Es auspicioso que quede en manos de un organismo independiente como la Institución Nacional de Derechos Humanos. El proyecto es claro y explicita las potestades y presupuesto imprescindible para llevarlas adelante.

Todos los presidenciables se han expresado a favor de esta búsqueda. Tienen la oportunidad de que no sean sólo palabras de campaña electoral sino votos concretos y unánimes para este proyecto con estas potestades. Sin ellas, no tiene sentido ni credibilidad, ni asegura resultados concretos.

Y la justicia. ¡¡La queremos toda!! Aunque ya tan tardía, sea poco o nada reparadora, no podemos dejar a otra generación esta batalla. No renunciaremos a que el Poder Judicial incorpore los delitos de lesa humanidad. Y se conforme una nueva Suprema Corte de Justicia que lo sostenga, en sintonía con el trabajo serio y activo que está desarrollando la Fiscalía Especializada.

Decimos siempre: No existe Estado que vaya a asumir estos compromisos sin un impulso popular decidido. Lo demuestra la tardanza de todos estos años. Por eso es imprescindible una sociedad informada, consciente, atenta, involucrada; que no tolere las debilidades, los ocultamientos y las demoras en este tema. No más.

Que no tengan cabida en esta sociedad ni los crímenes ni sus perpetradores. Ni los ideólogos de estas barbaries, que se maquillan y reciclan una y otra vez. Todos somos Familiares.

“Hoy hay un cuerpo más entre nosotros. Un cuerpo como marca, como grito, como recuerdo. Un pedazo de nuestra identidad que se vuelve visible y que nos vuelve dignos, nos pide justicia. Un cuerpo que aparece. Uno de nosotros. Un nudo se desata. La memoria está encontrando las palabras”.

Nunca más Terrorismo de Estado

¡¡Que nos digan dónde están!!

Verdad y Justicia.

 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Madres y Familiares
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

 

 

Publicamos:

Oratoria del Prof. Oscar Destouet – 30 de Agosto de 2021

Día Internacional del Detenido Desaparecido

30 de agosto 2021 – Sala Zitarrosa

El Juicio de Roma

Oscar Destouet

El 9 de julio próximo pasado, luego de 22 años de iniciado el proceso judicial la Corte Suprema de Justicia de Italia ratificó la cadena perpetua a los responsables del Plan Cóndor, entre ellos a 13 uruguayos y encarceló al Capitán Jorge Tróccoli. Recordemos someramente la historia.

La década de los 90 fueron años donde el dolor convivió con la impunidad y la desesperanza.

En diciembre de 1986 se votó la ley de impunidad y el 16 de abril de 1989 la ciudadanía ratificó con su voto dicha ley. El miedo, entre otras razones, fue factor fundamental para que crímenes inenarrables no se investigaran y sus responsables sortearan no solo los Tribunales de Justicia sino el conocimiento público de los hechos.

Tuvimos desaparecidos, pero no desaparecedores.

Las políticas de impunidad, negación y silencio recorrieron el continente. Se le llamó Punto Final, Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Obediencia Debida o simplemente olvido. Algunos minimizaron los hechos y negaron su magnitud.

La convocatoria a una Marcha del Silencio por 18 de julio el 20 de mayo de 1996 transformó el silencio impuesto en un silencio activo reivindicando memoria y justicia. Con una presencia multitudinaria se demostró que las voces de tantos ya no podrían ser silenciadas. El reencuentro en la calle revivió nuevas esperanzas.

Al no ser posible ejercer el derecho a la justicia en nuestras tierras se iría a donde sea para lograrlo. La consigna “como a los nazis, a donde vayan los iremos a buscar” caló hondo en muchas mentes a lo largo del mundo. “Hay que aprender a resistir. No a irse ni a quedarse, a resistir” escribió Juan Gelman.

En 1998 el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición del dictador de Chile Augusto Pinochet que se encontraba en visita privada en Londres. Fue detenido. Trámites legales lo salvaron y lo devolvieron a su país. No se logró el objetivo, pero quedó demostrada la legitimidad de la justicia tras-nacional frente a crímenes de Lesa Humanidad.

Ese mismo año un grupo de victimas se reunieron en la sede SERPAJ, participó Luz Recagno, María Bellizzi, Aurora Meloni, Felipe Michelini, Raúl Olivera y Guillermo Payseé en nombre de SERPAJ en coordinación con Cristina Mihua residente en Italia y Zelmar Michelini (h) residente en Francia. Deciden presentar una demanda judicial ante un Tribunal en Roma reclamando justicia por un grupo de asesinados y desaparecidos de origen italiano. Contaron con el apoyo de la Secretaría de DD. HH del PIT CNT cuyo responsable era Luís Puig.

En 1999 parten rumbo a Roma Luz Ibarburu madre de Juan Pablo Recagno y María Bellizzi madre de Humberto Bellizzi desde Uruguay, desde España Marta Casal de Gatti esposa de Gerardo Gatti y desde diferentes ciudades italianas Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi asesinado en Bs. As en 1974 y Cristina Mihura esposa de Bernando Arrnone secuestrado y desaparecido en 1976.

El objetivo era dialogar con el Fiscal Giancarlo Capaldo sobre la viabilidad de entablar un juicio penal en defensa de los derechos de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor.

Ese año se dieron las dos primeras denuncias a cargo de las residentes en territorio italiano. Tiempo después se integraron María Ester Gatti de Islas, madre de M° Emilia y abuela de Mariana, Marta Giordano hermana de Héctor Giordano, René Pallares madre de Julio D’Elía, Graciela Borelli hermana de Raúl Borelli y la familia de Raúl Gambaro (residente en Italia). Todos de origen italiano. Desde el inicio se tuvo el apoyo de la asociación de DD. HH 24 de marzo de Italia, organizaciones sindicales, comunas, etc.

La Justicia italiana asume la potestad de investigar homicidios de personas italianas cometidos en el exterior y admite que el juicio se lleve a cabo sin la presencia de los imputados (juicio en ausencia). Hubo antecedentes, los Tribunales italianos ya habían iniciado investigaciones por delitos cometidos durante la dictadura argentina.

En el 2007 un hecho relevante vinculó nuevamente justicia y cobardía. Sin imaginar sus consecuencias futuras, se produjo la fuga del Capitán Jorge Tróccoli hacia Italia para eludir un proceso judicial que se abría en nuestro país y lo involucraba.

Frustrada la solicitud de extradición del prófugo se produce un vuelco en la estrategia judicial. Ingresa el Estado uruguayo como parte afectada. También el Frente Amplio.

Al fugado Tróccoli se lo juzgó como un italiano acusado de delitos de Lesa Humanidad, y la condena prevista para esos delitos era la Cadena Perpetua.

Pasaron más de 16 años, con marchas y contramarchas en búsqueda de Verdad y Justicia. En el 2015 y 2016 comenzaron las audiencias públicas en Roma. Cientos de testimoniantes, académicos, periodistas, dirigentes políticos y juristas provenientes de diversos países del mundo hicieron sentir su voz y sus sentimientos. Se investigó en profundidad el Plan Cóndor, sus planes operacionales y a los responsables de delitos de Lesa Humanidad. Se celebraron 60 audiencias públicas.

El procedimiento se basó en la propia legislación italiana para la cual los asesinatos aberrantes cometidos por organizaciones mafiosas no prescriben. Se demostró que el Plan acordado en la Conferencia de Ejércitos Americanos reunida en Santiago de Chile en 1975 fue una red secreta de Inteligencia y contrainsurgencia entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para el intercambio de información y personas incluyendo secuestros y asesinatos. Tuvo su origen en la cooperación bilateral entre las fuerzas militares y policiales en el marco de la Guerra Fría y la política de Estados Unidos en la región.

Carlos Osorio, Director del Proyecto Cono Sur de la Universidad George Washington presentó ante el Tribunal un documento fechado el 26 de julio de 1976 que confirma la coordinación con la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU. El documento proporciona nombres de detenidos en Bs. As entre ellos Gerardo Gatti y León Duarte. Es el primer documento oficial que confirma el accionar y los contactos entre las fuerzas represivas de la región. También refiere al Senador Zelmar Michelini.

Isabel Allende y Zelmar Michelini (h) presentaron su testimonio que ilustró el clima político en el que estuvieron inmersos sus padres en los últimos momentos de su vida.

“Soy Isabel Allende, hija de Salvador”. Así empezó el testimonio quien fuera la Presidenta del Senado Chileno. Contó su llegada a La Moneda en la mañana del 11 de setiembre de 1973: “Él nos reunió en un salón y agradeció la presencia de la gente, pero pedía que salieran, decía que no era necesario sacrificar vidas. Pero nadie quiso salir”.

Zelmar (h) relató ante el tribunal “yo tenía 18 años y vivía con mi padre en el Hotel Liberty en una pieza chiquita con dos camas. La primera cosa que mi padre me dijo cuando llegué a Bs. As fue la de tener cuidado porque había policía por todos lados. A veces hasta se instalaban policías dentro del Hotel. En otras ocasiones salíamos y veíamos que nos seguían. Yo estaba con él el día que llegaron los militares al hotel y se lo llevaron”.

Como lo remarcó Sara Méndez “los testigos son sobrevivientes y victimas. Tenemos todavía que romper el temor que tenemos, para contar el temor. Y no queremos ser víctimas, sino rescatar nuestra función, que es la razón por la cual sobrevivimos. Para hablar”.

Al momento de la sentencia en Roma, el Plan Cóndor ya había sido reconocido judicialmente en Uruguay (2009), Argentina (2016) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos oportunidades (Goiburú Vs. Paraguay, 2006 y Gelman Vs. Uruguay, 2011). La diferencia fue que en esos casos la Operativa Cóndor fue el contexto, en el Juicio de Roma la Operativa se investigó en su conjunto y fue centro del pronunciamiento, ejemplarizado con casos que tuvieron como víctimas directas a ciudadanos italianos, y el accionar de un victimario el ciudadano italiano Jorge Tróccoli.

Con el respaldo de documentación de archivos del Estado el testigo Martín Ponce de León probó que “al día siguiente a la llegada de Tróccoli a Argentina, y por dos días, hasta que él regresa a Uruguay, se desata la ola de secuestros que incluye compañeros de los GAU [Grupos de Acción Unificadora] y de otros sectores políticos vinculados en Buenos Aires a los GAU en la Unión Artiguista de Liberación”.

Para finalizar, algunas ideas sobre el legado del Juicio de Roma:

– Se ratifica el valor universal de la Justicia. Delitos aberrantes como los ocurridos durante las dictaduras dañan la conciencia y la dignidad humana universal. La verdad es un derecho universal.

– Se reafirma la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad.

– La voz de las víctimas fueron fuente de verdad y su testimonio abrió puertas a otras búsquedas, reconociendo lugares y responsables.

– Se confirmó un viejo secreto a voces. El Estado registra, guarda y reproduce las constancias de su actuación por más ocultas que hayan sido. La presentación de documentos probó lo dicho por los testigos y también abrió nuevas miradas que contribuyeron a la localización de los responsables.

– Se legitimó el relato y la magnitud de los horrores de los daños sufridos.

– Contribuyó a recuperar la capacidad de asombro e indignación.

– Las condenas a Cadena Perpetua de los responsables ideológicos y materiales contribuyeron a revalorizar la democracia y la cultura de derechos. La Justicia es un derecho y una garantía.

Hoy es momento, necesidad lo fue siempre, que se haga público un índice descriptivo de la documentación atesorada en las Agencias de Inteligencia del Estado. Es un derecho que atañe a la verdad y a la cristalinidad de la función pública.

Es tiempo de la creación de un Archivo Nacional de la Memoria como entidad pública que reúna diferentes fondos documentales sin perder el contexto y lugar donde fueron generados, que al ser liberados del secretismo militar se transformen en fuente de información, verdad y derecho a saber.

Es momento que el Estado declare Ciudadanas Ilustres a María Bellizzi, Aurora Meloni, Cristina Mihura, Martha Casal, Marta Giordano y Graciela Borrelli. Montevideo las vio nacer, crecer y luchar, las valora por su dignidad, por trasmitir paz y esperanza, por luchar por los derechos de todos. El Estado debería reconocerlas y en ellas a todos los familiares y las víctimas.

Reafirmamos la exigencia del cumplimiento de los mecanismos de prevención establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales (Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada así como la aplicación de los principios Rectores para la búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y las recomendaciones del Grupo de Trabajo, para Nunca Más desapariciones forzadas ni en Uruguay ni en el mundo.

Parafraseando a José Martí “La mejor manera de decir es hacer”.

Muchas gracias