Si aplicáramos la jurisprudencia” de la Suprema Corte uruguaya, a los nazis los “dejamos en la casa”, dice Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a quien le da “gusto a poco” el resultado de su trabajo
La Justicia “no se esfuerza” en
resolver crímenes de la dictadura y
el trato que da a los
“asesinos de uniforme” es un “escándalo”
– 17 AL 24 DE JULIO DE 2019
Entrevista de Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga
A comienzos del segundo gobierno, Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades para dirigir la búsqueda de los desaparecidos entre 1967 y 1985 y otra serie de cometidos detallados por decreto. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia quedó integrado por Ignacio Errandonea como representante de la organización de familiares de desaparecidos, la diputada oficialista Macarena Gelman, el exdiputado y exsubsecretario de Educación oficialista Felipe Michelini, y Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota en representación de diferentes expresiones religiosas presentes en la sociedad. Hoy solo quedan dos de los siete integrantes, Michelini y Sclofsky, y el primero, actual coordinador del grupo, dice haber quedado “con gusto a poco” con su labor, porque no pudo esclarecer ninguno de los 196 casos que investiga desde 2015.
Abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional, Michelini echa las culpas a un “pacto mafioso de silencio” que involucra a militares y civiles, pero concentra las críticas en el Poder Judicial, al que acusa de ser demasiado “piedeletrista” y de “no esforzarse” en la búsqueda de desaparecidos, aceptando “todas las chicanas” de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Michelini con Búsqueda.
—¿Qué balance hace de la labor del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en estos cinco años?
—La iniciativa del presidente Tabaré Vázquez fue hacer un relanzamiento de una deuda que es de toda la sociedad uruguaya y es un compromiso que tiene que saldar el Estado uruguayo. Las novedades fueron la creación del grupo y de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En ese sentido, se ha podido avanzar mucho en el tema de acceso, digitalización y análisis de archivos, entre otras cosas el del Fusna (Fusileros Navales) que permitió ser significativo en la apelación del juicio del Plan Cóndor en Roma. Pero el balance es con gusto a poco, sin duda.
—¿Por qué “gusto a poco”?
—Porque no pudimos esclarecer la situación de los 196 casos de detenidos desaparecidos, aunque hemos tenido algunos puntos parciales pero importantes, como ubicar la detención y entrega ilegal de los ciudadanos argentinos Rafaela Filipazzi y José Potenza. Pero, ¿encontraste algún cuerpo? No. Me hubiera gustado entonces dar una respuesta a los 196 familiares de la lista de detenidos desaparecidos, de qué pasó y de poder entregarles un cuerpo. Gusto a poco porque me hubiera dado satisfacción dar más respuestas, pero no fue por falta de voluntad ni tampoco por falta de medios. Seguiremos buscando.
—De las siete personas que designó el presidente en 2015, solo quedan dos. ¿Hubo problemas de funcionamiento del grupo?
—Han habido defecciones por diversas razones, que no las ocultamos, pero es parte de una fragilidad que se suma a la fragilidad institucional. El profesor Mario Cayota fue designado embajador en Roma y contribuyó en Roma con los archivos del Vaticano. Ademar Olivera por razones de salud no podía continuar. El representante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fue retirado por críticas de esa organización en relación al accionar del Poder Ejecutivo respecto a las Fuerzas Armadas. La situación de Susana Andrade se dio por las mismas razones. Y la de Macarena Gelman se dio en términos muy amigables.
—Pero también hubo críticas respecto a la politización interna, las diferentes estrategias, la inoperancia o la falta de agilidad del grupo.
—Las razones para las salidas de sus integrantes han sido varias y esas críticas no las escuché de quienes se fueron. El representante de Madres y Familiares se va, pero no por lo que el grupo hacía o dejaba de hacer, y Andrade se fue por esas mismas razones. La falta de agilidad con respecto a los crímenes es del país, con 20 años de impunidad.
—¿A qué se refiere?
—A que la reacción del Estado uruguayo en 1986, cuando el Poder Judicial finalmente podía actuar, fue de decir “espere un momento, no actúe”. Cuando tenía que actuar la Justicia, vino la impunidad. El mensaje durante 20 años fue que el tema no era trascendente, entonces cuando evalúo la gestión de este último tramo no me puedo olvidar de todo lo que viene atrás. El Estado no debió haber barrido bajo la alfombra y dejarse coaccionar por una patota asociada para delinquir que lo que ha hecho es cubrir sus espaldas bajo un pacto mafioso de silencio.
El Poder Judicial en estos procesos nunca dictaminó un allanamiento de las personas sometidas a juicio, ni siquiera las cita. Hay un Poder Judicial que no calibra adecuadamente la gravedad de estos hechos. Y yo lo entiendo porque esto es como la violencia familiar: a nadie le gusta saber que tu papá o tu hermano o tu mamá es una persona violenta. Denunciar eso, poder sobreponerse a eso es decir que las Fuerzas Armadas con la complicidad de los civiles actuaron como un ejército de ocupación. Cuando hay una denuncia de decenas de violaciones de hombres y mujeres, lo lógico es cerrar los ojos y mirar para el costado.
—¿Usted realmente cree que la mayor responsabilidad para la falta de aclaración de los casos es del Poder Judicial?
—El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hizo todo lo posible, pero si el Poder Judicial acepta todas las chicanas de los abogados de los acusados… y paran los juicios y aceptan que hayan inconstitucionalidades en causas con varios acusados. La última fue que cuestionaron la existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad porque eso prejuzgaba. Fíjense si eso lo aplicaran para el acusado de una rapiña que cuestionara el nuevo Código del Proceso Penal, a la Fiscalía; que le dijeran: “Usted se queda en su casa mientras resolvemos el caso”. ¡Sería un escándalo! Con los asesinos de uniforme ha habido esa atención. Allanamientos solo hubo el de José Gavazzo hace unos meses y el de un militar que había fallecido.
—Lo curioso es que desde el bando militar también se cuestiona a la Justicia.
—Porque las sentencias judiciales son objeto de controversia y discusión. Pero yo tengo muchos argumentos para sostener que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia con su jurisprudencia ha sido minimizar estos hechos: minimizarlos, no proceder. No hay directivas claras para actuar y resolver el tema. Entonces realmente es un Poder Judicial piedeletrista y que ha puesto como lo más importante algunos elementos del derecho penal garantista que acá no se aplican.
La jurisprudencia internacional, la experiencia internacional, debería ser aplicada. Si encontráramos aquí a un acusado de crímenes nazis lo procesaríamos y lo extraditaríamos, pero si aplicáramos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este tema lo dejamos en la casa. Lo que digo es elemental. Para los criminales comunes no hubo leyes de caducidad, no les siguen pagando los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, no los siguen atendiendo en el hospital Militar.
—¿Qué piensa de la actuación de Presidencia en el trámite de los fallos del Tribunal de Honor militar que juzgó a Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente?
—Yo no tengo que hacer ningún juicio de eso, ya tuvo discusión parlamentaria. No me corresponde hablar de ese asunto. Lo que yo digo es que a la justicia se avanza por distintos caminos. Uno es a través del Poder Legislativo, que con dificultades removió escollos legales que había. Otro es el Poder Ejecutivo, que hizo su parte y ha intentado cumplir dando información a las víctimas y colaborando con los juzgados. Pero al Poder Judicial no lo veo que esté actuando.
Las herramientas que tiene el Estado para actuar no las ha usado. Si usted depende de los criminales para esclarecer cualquier delito, no va a esclarecer nunca un delito, más con estos criminales que se han aprovechado de la estructura del Estado. Me parece que no se ha esforzado el Estado uruguayo.
—¿Cuáles son esas “herramientas” que el Estado no ha usado?
—Lo que yo digo es que el Estado tiene mecanismos para actuar. Si nosotros consideramos que no es justo que el Estado se haya arrogado el derecho de secuestrar a 196 personas y eliminar sus rastros y además amparar a los perpetradores, deberían hacer algo. Si en vez de 196 personas fuesen 196 inmuebles estoy seguro de que habría una reacción, habría investigaciones administrativas… Yo identifico que hoy hay un Poder Judicial que no se esfuerza en el asunto.
—Usted habla de impunidad, de pactos de silencio, de carencias del Estado y de inacciones de la Justicia. Sin embargo, no dirige ninguna crítica a los gobiernos del Frente Amplio…
—La izquierda tiene sus contradicciones, un partido que representa al 50% de la sociedad tiene el 100% de las contradicciones en todos los temas. Pero desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo de intentar resolver el tema. Se siguió una lógica de decretos y se interpretó la normativa vigente de forma de permitir los juicios y las condenas, ya con algunos elementos adversos: el paso del tiempo y el pacto mafioso de silencio en los perpetradores, que fueron tratados como personas honorables, que no fueron tratados como delincuentes. Desde esa perspectiva es que se pudo recuperar la pretensión punitiva y se despejó el camino judicial con la aparición de cuatro cuerpos, entre ellos el de Julio Castro que era una figura reconocida en la sociedad uruguaya, y de alguna manera se abría la senda de la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos.
Pero en definitiva nos encontramos que, una vez resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no ha actuado con la severidad que estos crímenes ameritan y los trata como delitos comunes y no como lo que todo el mundo sabe en el Uruguay, que fueron crímenes del Estado amparados hasta el día de hoy en el aparato estatal.
—Menciona que desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo en la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero un primer paso se dio en el gobierno de Jorge Batlle. ¿Para usted esa apertura no significó un quiebre en la búsqueda de justicia?
—No. La presencia en el gobierno de Jorge Batlle para mí es el acto simbólico de recibir a familiares de detenidos desaparecidos y de crear la Comisión para la Paz. A partir del lenguaje, demuestra claramente que la voluntad política era importante pero prudente, muy tímida, es un eufemismo para identificar a los detenidos desaparecidos. Fue una impronta importante, pero no un quiebre cualitativo. Lo cierto es que la llegada del Frente Amplio significó un cambio radical en materia de abordar el pasado reciente.
—Con el aval del Poder Ejecutivo usted impulsa ahora que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia tenga una nueva institucionalidad. ¿Qué se pretende?
—Lo que estamos planteando ahora es que la búsqueda de detenidos desaparecidos esté situada en una institución que tenga niveles de independencia con relación al Poder Ejecutivo. Estar bajo el paraguas del Poder Ejecutivo tiene beneficios, pero también inconvenientes, y nosotros creemos que hay que dar un paso cualitativo, salir de la lógica del decreto y pasar a asumir este cometido de búsqueda de detenidos desaparecidos desde otro lugar. Se necesita una ley para crear una entidad estatal por fuera del Poder Ejecutivo que permita, entre otras cosas, convocar a personas que tienen información relevante para que brinden testimonio y si no quieren venir lo tengan que hacer igual. Tendríamos un cometido explícito. Si se legisla habrá un mandato legal explícito y determinado en cómo continuar esto. Cuanto antes mejor.
—La idea es aprobar esa ley antes del 1º de marzo. ¿Le preocupa que un futuro gobierno no frenteamplista ponga freno a este trabajo?
—Ahora todo el mundo dice que la causa de los desaparecidos es sagrada, así que supongo que no es una mentira y nadie se opondrá a este claro mensaje político a través de una ley.
—¿Qué podría lograr esa nueva institución que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no pudo?
—Lo que se puede hacer es una investigación a fondo de los 196 casos y poder encontrar documentación como en el caso de Filipazzi y Potenza, que demostraba el involucramiento de militares uruguayos en el Plan Cóndor. Este tipo de delitos salen a flor mucho después. Los sobrevivientes del nazismo no querían contar y hablaron 20, 25 años después. Estas son personas que piensan que estuvo muy bien lo que hicieron, que no deberían tener ninguna punición legal o ética, que lo volverían a hacer y que deberían ser reconocidos como patriotas. Esa es su versión de los valores. Y ese pacto mafioso del silencio ha sido alentado: a muchos de los militares se los defendió en el Senado, se los ascendió, no hubo una depuración de las Fuerzas Armadas, se los valoró.
—¿Cree que esta institución podrá superar ese pacto mafioso? ¿No teme que pase el tiempo y se mueran quienes saben los secretos y se los lleven a la tumba?
—Sí, claro, por supuesto… Es una lucha contrarreloj, por eso hemos luchado tanto para que esto se pueda avanzar. Por eso creo que este impulso va en la buena dirección.