Sobre captura de Miguel Sofía y el “Escuadrón de la Muerte

Memorias del Escuadrón

SAMEL BLIXEN

El poeta Íbero Gutiérrez, una de las víctimas.

El Escuadrón de la Muerte –como genéricamente se llama a una constelación heterogénea de grupos terroristas parapoliciales y paramilitares que operaron desde mediados de 1970 hasta comienzos de 1973 bajo la dirección de los ministerios del Interior y Defensa y de la Presidencia de la República– nació en la embajada de Estados Unidos en Montevideo. Fue impulsado por los agentes encubiertos de la cia –algunos con fachada diplomática, otros como asesores de la Agencia Interamericana de Desarrollo– que supervisaban la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Por lo menos cinco funcionarios policiales de jerarquía integrantes del Escuadrón estuvieron a sueldo de la cia: los inspectores Víctor Castiglioni y Jorge Grau Saint Laurent; el comisario Hugo Campos Hermida; el oficial inspector Pedro Fleitas, y el fotógrafo policial Nelson Bardesio. También colaboraban con la cia tres civiles: el ex interventor de Secundaria y subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, el médico paraguayo Ángel Pedro Crosa Cuevas y el entonces estudiante Miguel Sofía, miembro de la Juventud Uruguaya de Pie (jup), una banda fascista que desde mediados de los años sesenta realizaba sistemáticos atentados y agresiones contra estudiantes y sindicalistas.

A partir de julio de 1970, el Escuadrón adquirió otra dimensión y proyección con la formación de grupos clandestinos que centrarían sus objetivos hacia lo que se denominaba la periferia del mln: familiares de guerrilleros clandestinos, abogados de presos políticos y activistas estudiantiles investigados por su posible vinculación con los guerrilleros. El cambio cualitativo fue la decisión de utilizar explosivos plásticos para los atentados y de concretar desapariciones y asesinatos a modo de represalia.

En setiembre de 1971, tres meses después de la desaparición del estudiante Abel Ayala, del asesinato de Manuel Ramos Filippini (cuyo cuerpo fue abandonado en unas rocas de Pocitos acribillado de catorce balazos y lacerado por múltiples torturas), y de la desaparición de Héctor Castagnetto (véase en este informe la confesión de Bardesio), el ministro del Interior del gobierno de Jorge Pacheco, el brigadier Danilo Sena, admitía explícitamente el vínculo oficial con las bandas parapoliciales. En un despacho a Washington el embajador de Estados Unidos, Charles Adair, resumía los términos de una conversación con el ministro: “Dijo que Uruguay en esos momentos estaba en guerra contra el terrorismo y que en esa lucha era necesario recurrir a todo tipo de acciones. Luego afirmó que existía una muy real posibilidad de que el mln, a través del temor, sucesivamente paralizara y neutralizara a todos los elementos que se oponían a su intento de destruir las instituciones uruguayas. El gobierno uruguayo tenía que demostrar que el mln no era todopoderoso y eran necesarios muchos y diferentes tipos de acción para comprobarlo”.

En diciembre de ese año un informe de la embajada estadounidense hacía un balance de la operativa del Escuadrón: “Existen serias dudas de que tales grupos hayan sido eficaces contra los tupamaros o los otros izquierdistas que constituyeron sus principales objetivos. La acción en menor escala de estos grupos distrajo la atención oficial y el esfuerzo por mejorar los programas antisubversivos de la policía normal, y a la vez despertaron cierta simpatía del público por las víctimas izquierdistas del ‘Escuadrón de la Muerte’”.

Una reflexión similar a la del ministro Sena, reproducida también en un documento desclasificado del Departamento de Estado, fue trasmitida en una conversación con diplomáticos estadounidenses por el entonces candidato presidencial Jorge Batlle. Batlle se lamentaba de que su derrota en las elecciones de noviembre de 1971 hubiera abortado un “plan” para la solución de la violencia, por lo que sólo quedaba combatir a la subversión “con sus propios métodos”.

La nueva estructura del Escuadrón exhibía, en el otoño de 1971, un nivel de decisión y de autorización de operativos que recaía en los subsecretarios del Interior y de Defensa. A lo largo de ese año ocuparon la subsecretaría del Interior el abogado Carlos Pirán, el coronel Julio Vigorito y el profesor Armando Acosta y Lara. En un nivel inferior se ubicaban los funcionarios que oficiaban de enlace: el coronel aviador Walter Machado, primero, y después el capitán de navío Jorge Nader Curbelo coordinaban con el Ministerio de Defensa. A su vez, el capitán de la Armada Ernesto Motto Benvenuto realizaba tareas de enlace del Estado Mayor Naval con la Jefatura de Policía. El inspector Pedro Fleitas, secretario del coronel Volpe (encargado por el presidente Pacheco del Registro de Vecindad), hacía de enlace con los jefes de los grupos operativos. Los jefes de departamento de la Inteligencia Policial (Castiglioni, Macchi, Campos Hermida) eran responsables de suministrar armas, explosivos, vehículos, cobertura y eventualmente personal.

El médico paraguayo Crosas Cuevas era de alguna manera el jefe operativo de varios grupos del Escuadrón. De las confesiones de Bardesio a los tupamaros surge que estaba en posición de dar órdenes al subcomisario Óscar Delega, al oficial Fleitas, al subcomisario Pablo Fontana y al propio Bardesio, quien oficiaba de coordinador entre los grupos (por lo menos tres) y el Ministerio del Interior.

Los miembros del Escuadrón se reunían en el estudio fotográfico Sichel, de la calle bulevar España, donde Bardesio revelaba las fotografías tomadas en el Aeropuerto de Carrasco de los pasaportes de viajeros con destino a Cuba, y que después entregaba a sus contactos de la cia en la embajada estadounidense. Una casa de la calle Araucana, en Carrasco, alquilada por el Ministerio del Interior, era otra base de operaciones del Escuadrón, regenteada por el paraguayo Crosas y Miguel Sofía. Algunas reuniones se efectuaron en el apartamento del embajador de Paraguay en Montevideo, en el edificio Panamericano, mientras que las instalaciones del Club Naval servían para sesiones de entrenamiento de miembros del Escuadrón.

Desde el Ministerio del Interior se desarrollaron los contactos con aparatos de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay, con vistas a obtener apoyo para los grupos parapoliciales. Pirán –quien expresamente encomendó a Bardesio la formación de un grupo operativo que después se conocería como Comando Caza Tupamaros– negoció con la side argentina el desplazamiento de cuatro policías que realizarían entrenamiento en el uso de armas y explosivos. El acuerdo se tejió directamente entre el presidente Pacheco y el general Roberto Levinston, que había sucedido en la presidencia argentina al general Onganía. Uno de los policías que recibían los cursos, Nelson Benítez Saldivar, reveló que en el interin Levinston fue desplazado por el general Alejandro Lanusse, lo que generó inquietud respecto de la suerte que podrían correr los “estudiantes” en Buenos Aires. Benítez contó que a los pocos días fueron informados: “No se preocupen que hoy Lanusse confirmó el curso con el presidente Pacheco en comunicación directa”. Los contactos con Brasil fueron realizados por el comisario Campos Hermida por orden del subsecretario Acosta y Lara. Por lo menos dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia se trasladaron a Brasil; ambos participaron en el asesinato de Castagnetto.

OTRAS APOYATURAS. La embajada estadounidense en Montevideo tenía una visión más general: un documento de diciembre de 1972 hacía un balance de “la asistencia de terceros países en seguridad interna”. Los asesores (el capitán Morgan, el coronel Kerr y teniente coronel Haynes) se manifestaban incapacitados para estimar el monto de la “asistencia abierta” que las fuerzas policiales y militares uruguayas recibían de sus vecinos, aunque suponían que, “en todo caso, no es ni grande ni decisiva para los esfuerzos antiterroristas de las Fuerzas Conjuntas”. 
El mayor volumen de ayuda consistía en el suministro de municiones, armas cortas, gases lacrimógenos, y equipo de transporte y comunicaciones, e involucraba “varios milllones de dólares”; pero la principal ayuda “es el entrenamiento en las escuelas militares argentinas, así como en las de Brasil y España”.

Junto con la asistencia abierta –afirmaba el documento desclasificado por el Departamento de Estado– “hay también evidencia de que Argentina, Brasil y quizás Paraguay hayan dado alguna clase de soporte para los grupos uruguayos clandestinos antiterroristas. Tal ayuda no ha llegado a través de los canales militares regulares, pero sí a través de las respectivas agencias de seguridad en los dos países, el Servicio de Información del Estado (side) de Argentina, y el Servicio Nacional da Informação (sin) de la Policía Federal de Brasil”. El informe evaluaba que debía existir una “variedad de grados de coordinación en inteligencia” entre los servicios uruguayos y los de los vecinos.

Esta clase de “asistencia” encubierta desde Argentina estuvo “limitada al entrenamiento de unos pocos oficiales”. En cambio, afirma el documento, “los brasileños entrenaron a militares y policías uruguayos vinculados a grupos antiterroristas que pusieron bombas, secuestraron y hasta mataron a sospechosos de ser miembros de grupos terroristas de la izquierda radical”.

LAS ACCIONES. Ciertas armas y los explosivos plásticos llegaron a Montevideo por valija diplomática desde Brasil y fueron usados en el rosario de atentados que jalonaron la campaña electoral de 1971. Además de las decenas de atentados contra los locales de los comités de base del Frente Amplio, y contra las sedes de los partidos que lo integraban, un blanco predilecto del Escuadrón fueron los abogados defensores de presos políticos. Arturo Dubra, Dellacqua, Alejandro Artuccio y María Esther Gilio sufrieron atentados reiterados que destrozaron parcialmente sus casas. Profesores de enseñanza secundaria fueron objeto sistemático de atentados con bomba, así como editoriales, librerías e iglesias. Entre comienzos de 1970 y comienzos de 1972 se contabilizaron más de 200 atentados, 54 sólo entre noviembre de 1971 y marzo de 1972. Ni uno solo de esos hechos fue investigado por la Policía. Ningún responsable fue identificado (véase cronología del semanario Marcha).

Por lo menos en dos ocasiones el Escuadrón intentó asesinar al candidato presidencial del Frente Amplio, el general Liber Seregni, durante las giras de campaña electoral. Una emboscada planificada en Rivera logró ser eludida cuando la dirección del Frente Amplio cambió el recorrido de la caravana a último momento, gracias a un alerta. En Castillos la caravana fue tiroteada y en el tumulto durante un acto murió un joven de un disparo.

Otro asesinato planificado por el Escuadrón sucedió el 28 de febrero de 1972 y al parecer fue una respuesta directa al secuestro de Bardesio, ocurrido tres días antes. El cuerpo del estudiante Ibero Gutiérrez, de 22 años, fue abandonado en un baldío a pocos metros de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla; exhibía fracturas múltiples y 13 impactos de bala. A su lado un cartel decía: “Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros”.

El 14 de abril de 1972, en función de las confesiones de Bardesio, los tupamaros desataron una violenta acción de represalia (véase cronología de Marcha) y simultáneamente enviaron a diversos legisladores los casetes con los interrogatorios al fotógrafo policial, transcripción conocida como “las actas de Bardesio”. Una mayoría parlamentaria prefirió ignorar las evidencias sobre la existencia del Escuadrón de la Muerte. De todas formas, los grupos paramilitares y parapoliciales dejaron de operar. Las Fuerzas Armadas ocuparon su lugar, y a partir de la declaración del estado de guerra interno desplegaron los mismos métodos pero en una dimensión superlativa, configurando el terrorismo de Estado que implicó la violación sistemática de los derechos humanos durante más de una década.

El asesinato de Castagnetto según Bardesio

SAMUEL BLIXEN

Las confesiones que Nelson Bardesio hizo a los tupamaros durante su secuestro fueron leídas por el frenteamplista Enrique Erro en una tumultuosa sesión del Senado a mediados de abril de 1972. Constituyen lo que se conoce como las “actas de Bardesio”. A mediados de mayo, una vez liberado y entregado a la Policía, a pesar de un compromiso expreso de no hacerlo, Bardesio se retractó. La retractación fue la excusa para que la mayoría parlamentaria de blancos y colorados calificaran la existencia del Escuadrón de la Muerte como un invento de los tupamaros. De aquellas confesiones, la más detallada y escalofriante es la referida al secuestro, interrogatorio mediante torturas y posterior asesinato del joven Héctor Castagnetto da Rosa, ultimado a balazos por dos funcionarios del Departamento 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en la madrugada del 19 de agosto de 1971, y cuyo cuerpo fue arrojado a las aguas de la bahía de Montevideo por el capitán de la Armada Jorge Nader. En la difusión periodística del debate parlamentario, los censores sustituyeron con equis los nombres aportados por Bardesio. La siguiente es la versión original:

“Yo, Nelson Bardesio, oriental, casado, de 31 años, funcionario del Ministerio del Interior, declaro ante el Tribunal del Pueblo mi participación y los hechos que conozco en relación con el secuestro y posterior asesinato de Héctor Castagnetto da Rosa:

Encontrándome en la oficina de Estadística, Contralor y Difusión del Ministerio del Interior, el oficial inspector Pedro Fleitas requirió mi participación para un operativo. La oficina de Estadística, Contralor y Difusión, cuyo director honorario era el inspector (r) Jorge Grau Saint Laurent, servía de cubierta a la planificación y ejecución de atentados sobre los cuales he prestado ya declaración ante el Tribunal del Pueblo. El oficial inspector Fleitas era secretario del coronel Volpe (encargado del Registro de Vecindad) y oficiaba como enlace entre el Ministerio del Interior y el denominado Comando Caza Tupamaros. Según me dijo Fleitas, el subcomisario Delega, del departamento 5 de la Dirección de Información e Inteligencia, le había solicitado su colaboración para dicho operativo, manifestándole que también me necesitaba a mí y a mi automóvil (un Volkswagen matrícula ficticia 505 210), que pertenecía a la Jefatura de Policía de Montevideo y que había quedado en mi poder después de haber sido utilizado en uno de los atentados referidos.

En horas próximas al mediodía me dirigí con el inspector Fleitas hacia el hotel Carrasco, frente al cual debía esperarnos el subcomisario Delega. AI llegar allí encontramos a Delega, a los funcionarios del Departamento 4 (que habían sido enviados a Brasil para recibir entrenamiento estilo Escuadrón de la Muerte) y a un joven que luego me enteré era Héctor Castagnetto. Esas cuatro personas estaban en un automóvil marca Opel, que pertenecía al comisario Pablo Fontana, del Departamento 4.

Pude saber que Castagnetto había sido detenido esa mañana en avenida Italia y Propios, por los dos funcionarios del Departamento 4 aludidos. Yo no poseía antecedente alguno sobre la persona del detenido. El subcomisario Delega nos dijo que había que ‘pasear’ a éste durante toda la tarde, para lo cual había requerido la utilización de mi automóvil. Castagnetto fue trasladado al automóvil sentado junto con Fleitas; Delega se ubicó adelante. El detenido vestía pantalón y saco y llevaba una bolsa que contenía discos de música popular. Se le notaba algo nervioso, pero no parecía asustado.

Informé al subcomisario Delega que el auto no estaba en condiciones mecánicas como para andar toda la tarde, contestándome él que me dirigiera hacia afuera, que ya se le ocurriría algo. Un rato después me indicó que iríamos hasta El Pinar y pasaríamos la tarde en un rancho abandonado que él conocía. Explicó que en ese rancho habían vivido algunos militantes del mln, contra los cuales se realizó un procedimiento en que él había participado, y que ahora la construcción estaba abandonada.

Fuimos hasta la construcción señalada por Delega. El ranchito de construcción algo vetusta está ubicado en la calle que va del Autódromo a avenida Italia. Una vez instalados en él, yo fui con el coche hasta un almacén que queda en avenida Italia, a más o menos dos quilómetros de distancia, y compré algún fiambre y dos o tres botellas de agua mineral. Pasamos toda la tarde en El Pinar. La mayor parte del tiempo Castagnetto estuvo sentado en el suelo, en un rincón, esposado. Prácticamente no se habló con él. Sólo Delega le hizo algunas preguntas: si aún pertenecía al mln, a lo que Castagnetto respondió que no; si sabía dónde estaba la Cárcel del Pueblo, a lo que también respondió negativamente; y qué hacía con la bolsa de discos, a lo que dijo que estaba trabajando como corredor independiente de discos. Nos fuimos turnando y mientras uno vigilaba a Castagnetto, los otros dábamos algún paseo por los alrededores. Le pregunté a Fleitas qué pasaría con el detenido y él me dijo que no tenía idea, que ése era asunto de Delega. Le hice la misma pregunta a éste, quien me dijo que sólo estábamos haciendo tiempo, mientras los dos funcionarios del Departamento 4, que habían identificado y detenido a Castagnetto, reunían sus antecedentes y preparaban el interrogatorio. Me indicó que no debíamos hacerle ninguna pregunta a Castagnetto y dijo que los referidos funcionarios ‘estaban formando un equipo nuevo’.

Casi al oscurecer partimos hacia Montevideo, indicándome Delega que tomara por la rambla. Llegamos hasta una casa que queda en la calle Araucana. Allí nos recibió Ángel Pedro Crosas, diciéndonos que en la casa se encontraban personas compartimentadas y que deberíamos dar algunas vueltas con el auto, durante el tiempo en que dichas personas salían. Crosas me había sido presentado anteriormente por el coronel Walter Machado, asesor militar del Ministerio del Interior. Es de nacionalidad paraguaya y le dicen ‘doctor’. Había trabajado con Acosta y Lara en la intervención de Secundaria y tenido participación en la organización de la jup. Al ser nombrado subsecretario del Interior, Acosta y Lara lo había traído al ministerio. Al presentarlo, el coronel Machado había dicho que por orden del subsecretario, Crosas iba a realizar algunos operativos ‘especiales’ y había que prestarle la colaboración que él solicitara. En una reunión realizada en la oficina de Estadística, Contralor y Difusión, en la que participamos Machado, Fleitas, el inspector Grau y yo, Crosas planteó que había que llevar adelante una ‘acción psicológica violenta’ para hacer frente al mln. Yo manifesté que estaba en desacuerdo con ese planteo y que lo que debía hacerse era organizar un grupo eficiente de información, a lo que Crosas respondió que ésos eran sueños irrealizables.

Cuando regresamos a la casa de la calle Araucana, después de dar algunas vueltas, entramos a Castagnetto, ubicándolo en un sofá del corredor central. La casa era amplia y estaba amueblada con elegancia. El alquiler, que era de 300 dólares mensuales, lo pagaba el Ministerio del Interior; algunas veces había oído en el ministerio el comentario de que no había plata ni para comprar papel, pero se gastaba esa suma en la casa de Crosas.

Crosas nos dijo que deberíamos quedamos para custodiar a Castagnetto durante la noche, ya que los funcionarios del Departamento 4 no llegarían hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Dividimos la noche en tres turnos de guardia y nos quedamos. A mí me tocó la guardia de la mitad de la noche. No hablé con Castagnetto. Éste dormitaba a ratos en el sofá.

A primera hora de la mañana llegaron los dos funcionarios en compañía de Miguel Sofía, a quien llamaban José y que había sido presentado por Crosas en el ministerio como su principal ayudante. Por comentarios en el ministerio, sé que José pertenecía a la jup; al igual que Crosas, parecía tener gran confianza con el subsecretario Acosta y Lara, concurriendo asiduamente al despacho de éste. Al llegar José y los dos funcionarios, Delega y yo nos fuimos, quedando Fleitas en la casa de la calle Araucana. Yo alcancé a Delega hasta su casa y me fui para el estudio fotográfico Sichel, en bulevar España 2291. Esa misma tarde, alrededor de las 19 horas, Delega pasó por el estudio, diciéndome que necesitaba conectarse con alguien de la marina que pudiera ayudarlos a ‘sacar una persona de Montevideo’. Agregó que no podía ser el capitán Motto, pues éste tomaba mucho y era necesaria la máxima discreción respecto a esto. Recordé el nombre del capitán Jorge Nelson Nader Curbelo, que me había sido presentado en el Club Naval por el capitán Mario Risso, indicándome que podía recurrir a él para cualquier tipo de colaboración (más tarde, el capitán Nader sustituiría al coronel Machado como asesor militar del Ministrerio del Interior). Llamé a Nader por teléfono y combinamos un encuentro para dos horas más tarde en la rambla y Comercio. Allí Delega le pidió su colaboración para ‘sacar de Montevideo a un miembro del mln’, a lo que Nader accedió, acordándose un nuevo encuentro para la 1 de la mañana en pasaje Hansen y Propios, donde yo también debería concurrir para realizar el contacto. Alcancé a Delega hasta las oficinas del Departamento 5, en la calle Maldonado, comprometiéndome a estar en la casa de la calle Araucana 10 o 15 minutos antes de la hora convenida al encuentro con Nader. Llegué a la casa de Araucana muy sobre la hora, viendo que sacaban a Castagnetto con los ojos vendados, introduciéndolo en el coche de Crosas, un Chevrolet Nova argentino de color azul que tenía el parabrisas roto y que pertenecía al Ministerio del Interior. En él se ubicaron Castagnetto y los dos funcionarios del Departamento 4 en el asiento de atrás, conduciendo Crosas y yendo a su lado José. Al parecer, Fleitas no estaba en la casa. Delega subió en mi coche y fuimos hasta el lugar del encuentro, donde ya estaba Nader. Pasaron a su auto a Castagnetto y los dos funcionarios, siguiendo los tres vehículos hacia el puerto. En la entrada que queda al lado de la Estación Central del Ferrocarril, creo que es del club Rowing, el auto de Nader entró al puerto y nosotros dimos la vuelta. Dejé a Delega en el Departamento 5 y me fui a la casa de un matrimonio amigo, en la calle Canelones, donde estaba viviendo. Una hora más tarde, o sea, pasadas las dos de la mañana, Delega me telefoneó diciéndome que la casa de la calle Araucana debía ser evacuada pues Castiglioni había avisado que la casa iba a ser allanada por denuncias de un vecino, y que yo debería guardar algunos paquetes, ya que ellos no tenían dónde hacerlo. Delega pasó a buscarme en su automóvil y me llevó hasta la rambla y Araucana, donde se encontraba la camioneta que usan habitualmente los dos funcionarios entrenados en Brasil, una Volkswagen Kombi color crema. En la camioneta había dos personas que no conozco y que pertenecían al grupo de José para los cuales Crosas me recomendó total compartimentación. Me llevaron en la camioneta hasta el estudio, donde bajé dos paquetes y una caja sacados de la casa de Araucana. Ignoro el contenido de los paquetes. La caja, que estaba abierta, contenía seis metralletas calibre 45, con la marca y el número limados, y varios panes de explosivos. Éstos eran unos cubos de color esponja que en una de las puntas tienen un agujero para el detonador. Estaban envueltos en hojas de papel cuadriculado, donde había escrito con birome: ‘cct’. Destruí estas hojas por temor a que me comprometieran. Más tarde consulté a Delega acerca de si el manejo de esos explosivos podía significar peligro, diciéndome él que no, que no había peligro alguno si no se Ies colocaba detonador. Le dije también que había roto las hojas con la inscripción cct, a lo que él me dijo que había hecho bien.

Hace alrededor de un mes y medio llevé los paquetes y la caja al ministerio por indicación de Fleitas, quien me dijo que ese material debía entregarse al sid. Entregué los paquetes al capitán Nader. Entiendo que Castagnetto fue interrogado y torturado en la casa de la calle Araucana y luego eliminado, arrojándolo al río. En este caso, quienes realizaron la operación fueron los dos funcionarios que lo acompañaron en última instancia. Por lo que sé, el Comando Caza Tupamaros está integrado por Crosas, Sofía, el oficial inspector Fleitas, como enlace, Delega y los dos funcionarios entrenados en Brasil. De éstos, cuyo nombre no recuerdo, sé que pasaron al Departamento 5. Crosas y José (apodo de Sofía) desaparecieron pocos días después de lo de Castagnetto, y tras cobrar una gruesa suma de dinero en el ministerio dijeron que viajaban a Brasil, pero a José lo vi en Montevideo al día siguiente de las elecciones festejando el triunfo.

Declaro que todo lo antedicho es un fiel recuento de los hechos y admito mi participación en los mismos y la responsabilidad consiguiente. Para constancia de lo cual firmo. Nelson Bardesio. Marzo de 1972”.

Confirmaciones y sospechas judiciales

SAMUEL BLIXEN

Testimonio clave reafirma responsabilidad de Bardesio y Sofía.

Tres declaraciones que describen la estructura y las acciones del denominado Escuadrón de la Muerte resultan confirmatorias –periodística y penalmente– de las operaciones perpetradas por agentes policiales, militares y civiles (incluso integrantes del propio gobierno de la época) en predictadura. Los testimonios pertenecen a ex integrantes de la organización: dos de ellos son conocidos (los de Nelson Mario Benítez y Nelson Bardesio), pero recientemente se agregó un tercero, el de un ex funcionario policial que compareció ante la justicia penal.

En realidad, las declaraciones de este último fueron formuladas hace dos años y medio, en el marco de un interrogatorio, entonces a cargo del juez Pablo Eguren, que no refleja profundidad ni agudeza ante un testigo evidentemente dispuesto a revelar información.

Sin embargo, las escuetas declaraciones del interrogado –apenas dos carillas– involucran seriamente a Bardesio y al ahora empresario Miguel Sofía, sobre quien pesan sospechas de una eventual fuga, puesto que acaba de vender sus empresas de comunicación y se ha mostrado preocupado por su situación en distintas oportunidades y ante diversos testigos, según constató Brecha.

Fuentes consultadas por Brecha indicaron que el testigo clave es un ex funcionario policial que admitió la existencia de una organización dedicada a cometer violaciones a los derechos humanos; específicamente relató cómo Bardesio jugó un papel protagónico en la desaparición forzada de un joven que muy presumiblemente era Héctor Castagnetto.

Según la narración de Benítez ante el senador Juan Pablo Terra y el arquitecto Juan José Sostuyo, el 2 de marzo de 1972, y la del propio Bardesio ante los tupamaros durante su detención en la Cárcel del Pueblo, para el secuestro y tortura de Castagnetto se utilizaron dos casas: una en El Pinar –propiedad de Bardesio– y otra en la calle Araucana, en Carrasco, en la que residía el mentor paraguayo del Escuadrón, Alejandro Crossa Cuevas (véase en nota adjunta la declaración de Bardesio sobre el asesinato de Castagnetto).

INVOLUCRADOS. En aquel momento las declaraciones de Benítez fueron realizadas “antes de que hubiera ninguna manifestación relativa a confesiones o declaraciones que pudiera haber hecho el señor Bardesio”, según las palabras de Terra, registradas en la sesión del Senado del 7 y el 8 de junio de 1972. El testimonio de Benítez, además, fue ratificado en un acta notarial fechada el 2 de mayo de 1972: en el acto estuvieron, en calidad de testigos, los legisladores Daniel Sosa Díaz, Hugo Batalla, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Guillermo García Costa.

Más de 33 años después, en 2005, las declaraciones del ex funcionario policial ubicado e interrogado por la justicia a pedido del Serpaj coinciden con el testimonio de Benítez ante los parlamentarios y de Bardesio ante los tupamaros. Pero, además, el interrogado admitió que formó parte del operativo. Según supo Brecha, el ex funcionario dijo que en la casa de El Pinar vio a un joven tirado en un rincón, al que luego trasladaron rumbo a Montevideo. También relató cómo Bardesio buscó comunicarse con “alguien de la marina” para culminar el crimen.

Los datos aportados por el interrogado también coinciden con las conclusiones a las que arribó en 2003 la Comisión para la Paz. En su informe oficial, ésta estableció haber encontrado “elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir” que Castagnetto “fue llevado en primera instancia a un chalet del balneario El Pinar y posteriormente traído a una casita en Montevideo, en la calle Araucana, donde fue sometido a torturas; en la madrugada del día 18 de agosto de 1971, sobre la hora 1, fue trasladado a otro lugar y ejecutado. Su cuerpo –según la información recibida– fue tirado al Río de la Plata, en la zona del Cerro”. Sin embargo, la comisión no individualizó a los responsables. Pero otro informe oficial entregado en agosto de 2005 al presidente Tabaré Vázquez por parte de la Armada, sí aporta oficialmente un nombre: “29/4/1972: Según declaraciones del agente Bardesio secuestrado, el sujeto fue arrojado a la bahía por el capitán de navío Jorge Nader”, quien ha fallecido. Pero otros están vivos.

PIRÁN Y SOFÍA. Por ejemplo, el ex policía interrogado en sede penal sostuvo que Sofía integraba la organización –como antes lo habían señalado Benítez y Bardesio– y que estaba relacionado con un “paraguayo” (Crossa Cuevas).

En su declaración ante la justicia, Sofía negó su participación en el Escuadrón, ni siquiera aceptó haber participado en la jup. Pero admitió su vinculación con el ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, con Bardesio, con Crossa Cuevas y con el coronel Walter Machado (todos hombres clave del Escuadrón).

También fue interrogado Carlos Pirán, quien negó conocer a “ningún Escuadrón” así como la existencia de “torturas” en aquellos años. Pero Pirán dejó un flanco que el juez Eguren no profundizó: no supo explicar cómo llegaron a sus manos las actas parlamentarias en las que Bardesio supuestamente se desdice, y que fueron robadas del Palacio Legislativo. El ex gobernante colorado entregó a la sede penal una copia de las actas de la comisión investigadora sobre actividades terroristas, fechadas el 10 de junio de 1972, y que habían sido “extraviadas”.

Por otra parte, también declararon el inspector retirado Jorge Grau Saint-Laurent (activo participante en la formación del Escuadrón), Washington Grignoli y Pedro Mato, quienes también negaron su responsabilidad en esa organización.

El fiscal Ricardo Peciballe y la jueza Graciella Eustacchio pretenden interrogar a otros testigos y presuntos ex integrantes del Escuadrón, o a funcionarios eventualmente vinculados a la organización.

En calidad de testigos, la jueza se dipone a citar a los ex senadores Carlos Julio Pereyra y Guillermo García Costa. Y en algún momento también está prevista la declaración de Julio María Sanguinetti.

El delito que se persigue es el de desaparición forzada, que es imprescriptible. No obstante, si se considerara que el caso debe caratularse como homicidio muy especialmente agravado, el plazo de prescripción se cumpliría a mediados de 2009.

Sanguinetti y el proceso

La denuncia

Con el patrocinio de Serpaj, Ana Castagnetto se presentó en junio de 2005 ante el Poder Judicial a solicitar que se investigue el destino de su hermano Héctor. La denuncia penal por desaparición forzada quedó en principio en manos del juez penal de 11º turno, Roberto Timbal, pero éste declinó actuar al entender que correspondía enviar la denuncia al juzgado que ya había entendido en esta causa en 1987. En aquel momento, el entonces diputado Nelson Rovira (Frente Amplio) había denunciado la desaparición de Héctor Castagnetto da Rosa y de Abel Ayala, y los homicidios de Antonio Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Pero el gobierno de Julio María Sanguinetti mandó archivar el caso alegando que había sido alcanzado por la ley de caducidad.

En 2005 el caso fue derivado a la sede penal de 8º turno, a cargo de Eguren, e intervino la fiscal penal de primer turno, María del Huerto Martínez. No obstante, ambos cambiaron de oficinas –Eguren a una sede de lo contencioso administrativo y Martínez a la órbita civil–, y ahora el caso quedó a cargo de la jueza Graciela Eustacchio y del fiscal Ricardo Perciballe, que han decidido arrestar a Bardesio.

Inacción

Según consta en el expediente judicial, la dirección de Ituzaingó donde Brecha encontró a Bardesio figura en el expediente judicial desde hace un año y medio. No obstante, el juez Eguren no lo requirió.

Interpol Uruguay, en coordinación con su par argentina, obtuvo datos de la casa, de la esposa de Bardesio, e incluso de su auto: un Citröen C3 patente EQI 185, que siempre está parado a la vista de los peatones. Ahora, el fiscal Perciballe y la jueza Estacchio tomaron cartas en el asunto, y procuran encarcelar al ex represor.

El eslabón encontrado

Investigación de Brecha localiza el paradero de Nelson Bardesio.

SAMUEL BLIXEN

A los 68 años, Nelson Bardesio Marzoa –el agente de la cia y fotógrafo policial que 36 años atrás reveló a los tupamaros la identidad de los integrantes del Escuadrón de la Muerte y confesó la forma en que operaba clandestinamente en atentados con explosivos, torturas a detenidos, asesinatos y desapariciones– vive actualmente en Argentina. Brecha lo ubicó en su domicilio del partido de Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires, donde reside con su esposa. Al cierre de esta edición, se aguardaba la orden para su detención preventiva, previa al pedido de extradición.

El testimonio de Bardesio es considerado un elemento clave de la investigación judicial en curso por el asesinato y desaparición de Héctor Castagnetto. Pero para ello será necesario que la justicia argentina acceda al pedido de extradición de su par uruguaya, un trámite que recién comienza con la solicitud de captura.

Es impredecible establecer cuál será la actitud del ex fotógrafo policial una vez que se enfrente a la jueza penal que realiza la investigación. En marzo de 1972, interrogado por los dirigentes tupamaros en la “Cárcel del Pueblo”, Bardesio confesó con lujos de detalles los pormenores que vinculaban a los grupos paramilitares y parapoliciales con el Ministerio del Interior y de Defensa. Una vez liberado, y a pesar de sus temores de que fuera asesinado por sus camaradas policías, Bardesio fue entregado al Ministerio del Interior, en mayo de 1972, y en circunstancias que se desconocen, se rectificó de sus confesiones, aduciendo que había sido torturado psicológicamente.

Probablemente en noviembre de 1972 logró abandonar el país, quizás protegido por los agentes de la cia estacionados en Montevideo. Un primer destino, según periodistas estadounidenses que investigaron el Escuadrón de la Muerte uruguayo, habría sido Canadá; más tarde fue ubicado en México, ahora como pastor de una iglesia evangélica.

Una investigación de Brecha pudo establecer que Bardesio contrajo matrimonio en 1976 con su actual esposa, según los registros del condado Bexar, en el estado de Texas; en 1972 el agente de la cia estaba casado con una funcionaria policial, y se desconoce cuándo y cómo se produjo el divorcio.

Las páginas amarillas de la telefónica de Texas indican que en 2004 Bardesio registraba como domicilio las oficinas de la Compañía Cantrell en el 8144 Walnut Hill Ln, Ste 1440

Dallas, tx 75231-4344. La empresa tiene, sugestivamente, el nombre de quien fuera uno de los más activos jefes de la estación de la cia en Montevideo, William Cantrell, de quien Bardesio fue el chofer de confianza.

Si Bardesio pretendió borrar su rastro durante más de 30 años, para dejar atrás su pasado de coordinador de grupos operativos del Escuadrón, su llegada a Argentina, en junio de 2006, provoca cierta perplejidad, puesto que no se esforzó por disimular su presencia. Ingresó a ese país con el pasaporte estadounidense número 712614610, expedido a su nombre. Hasta donde se pudo reconstruir su periplo con base en numerosas fuentes consultadas, Bardesio optó por instalarse en una casa anodina, ni muy modesta ni muy lujosa, de un barrio de clase media alta de la calle León Bloy 308, en Ituzaingó, una población del Gran Buenos Aires distante unas dos horas del centro de Capital Federal. El teléfono particular fue registrado a nombre de su esposa. Y se sabe que en ciertas oportunidades viajó a Montevideo para visitar a sus propios familiares.

Al activarse la denuncia por la desaparición de Castagnetto, la justicia uruguaya solicitó información vía Interpol, y la policía argentina, a mediados de 2007, comunicó en detalle sobre el paradero y bienes del ex fotógrafo policial. Por razones que se desconocen, el pedido de captura preventiva no se activó hasta ahora y es de presumir que Bardesio tenía conocimiento de las diligencias judiciales. Sin embargo, no tomó al parecer ninguna medida para eludir una detención. Quizás ello sugiera que Bardesio está dispuesto a desentrañar la confusión de mayo de 1972 que permitió a una mayoría parlamentaria mirar para el costado e ignorar la responsabilidad institucional de los gobiernos de Pacheco Areco y Juan María Bordaberry al estimular, amparar y financiar los escuadrones paramilitares y parapoliciales.

BARDESIO LOCALIZADO. En el curso de la investigación de Brecha pudo verificarse, por dos fuentes independientes entre sí, la presencia de Bardesio en Argentina. El martes 22 un equipo del semanario se trasladó a Ituzaingó. Logró ubicar la casa, una construcción de ladrillos a la vista, con un cobertizo para el vehículo marca Citroen color negro y una entrada enrejada. Ciertos paralelismos saltaron a la vista: el nombre de la calle corresponde al escritor francés del siglo xix, que primero fue un disipado mujeriego y después se convirtió en una especie de monje asceta, de la misma forma que Bardesio fue primero un activista del Escuadrón de la Muerte para luego convertirse en pastor evangelista. Quizás haya sido un accidente el lugar de residencia, pero no puede menos que señalarse que la calle está literalmente rodeada de reminiscencias uruguayas: las laterales y paralelas de León Boy exhiben nombres como José Artigas, Oribe, Juan Antonio Lavalleja, Tacuarembó, Colonia, Florida.

La discreta vigilia de Brecha pretendía confirmar su presencia y obtener una fotografía de Bardesio, que nunca fue difundida. El vecindario, preocupado por las olas delictivas, se alborotó ante la presencia persistente de extraños. Finalmente, en la mañana del miércoles 23, Brecha intentó comunicarse telefónicamente con Bardesio. Atendió su esposa: “Nelson está ahora en la ducha”. Media hora más tarde, Brecha tocó el timbre de la puerta.

—Queremos hablar con el señor Nelson Bardesio.

—¿Quién lo busca? –preguntó una voz femenina a través del portero eléctrico.

—Periodistas uruguayos.

Hubo un silencio y la comunicación se cortó. No parecía que el matrimonio Bardesio estuviera sobre aviso.

Minutos más tarde, después de varios intentos, la esposa atendió el teléfono, y ante el requerimiento anunció que Bardesio no quería formular declaraciones. Los argumentos esgrimidos no lograron variar la determinación. Sin embargo, quedaba cumplido el objetivo de confirmar la presencia del ex agente de la cia en Ituzaingó.

En el momento de sacar su vehículo, una vecina fue abordada por Brecha:

—¿Conoce a su vecino, el señor Bardesio?

-Sí, pero muy someramente. Cuando salen, lo hacen en el auto, y nunca concurren a las reuniones de vecinos para discutir los problemas de seguridad. ¿Por qué preguntan?

Se le informó del pasado de Bardesio referido a los derechos humanos.

—¡Mire usted! Aquí en la cuadra hay varios que seguramente tuvieron que ver con esas cuestiones. Es gente muy reaccionaria. Por lo que sé, Bardesio vivió muchos años en Estados Unidos.

La posibilidad de abordar a Bardesio en la calle se diluía a medida que transcurría la tarde. La puerta de su casa se abrió sólo para permitir la entrada de dos personas. El tedio sólo fue roto cuando un patrullero de la Policía Bonaerense se estacionó junto al auto de Brecha y pidió documentos.

—¿Qué hacen aquí? –preguntó un oficial.

—Somos periodistas. Queremos entrevistar a una persona que puede ser detenida y extraditada.

El oficial regresó al patrullero y se comunicó por radio. Después devolvió los documentos y dijo:

—Sigan nomás, muchachos.

Al cierre de esta edición, la captura preventiva de Bardesio aún no se había producido. Y tampoco se produjo una fuga precipitada del requerido.

La situación judicial de Bardesio puede resultar comprometida porque su responsabilidad en la estructura del Escuadrón de la Muerte está confirmada por dos testimonios independientes de otros tantos miembros de uno de los grupos parapoliciales que el ex agente coordinaba con los jerarcas del Ministerio del Interior. Ello sin contar con que, pasados 36 años, Bardesio puede estar dispuesto a rever el desmentido que evidentemente efectuó bajo presión política y confirmar el detallado testimonio que brindó a los tupamaros. La negativa a conceder una entrevista a periodistas no es necesariamente un indicio de que no quiere colaborar con la justicia. Porque lo más directo hubiera sido fugar. Y volver a un peregrinaje por tierras donde, lo más probable, no haya calles con referencias a Uruguay.

Miembros del Escuadrón, según Bardesio*

Carlos Pirán, subsecretario de Interior.

Armando Acosta y Lara, subsecretario de Interior.

Subcomisario Raúl La Paz, nexo entre la dnii y la Embajada de Estados Unidos.

Inspector Víctor Castiglioni, director de la dnii.

Capitán de marina Ernesto Motto, de inteligencia de la Armada.

Alberto Sosa González, funcionario del Ministerio del Interior.

Hernán Silvera Techera, policía.

Óscar Rodao, policía.

Estanislao Lamenta, funcionario del Ministerio del Interior.

Comisario Hugo Campos Hermida, jefe del Departamento 5 de Investigaciones.

Comisario Macchi, jefe del Departamento 6.

Coronel aviador Walter Machado, enlace entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

Oficial inspector Pedro Fleitas, dnii.

Santiago de Brum Carvajal, ministro del Interior.

Brigadier Danilo Sena, ministro del Interior.

Julio Vigorito, subsecretario de Interior.

Inspector Jorge Grau Saint Laurent, director de la Oficina de Estadística y Contralor de Información.

Ángel Crosas Cuevas, médico paraguayo.

Miguel Sofía, integrante de la jup.

Subcomisario Óscar Delega, funcionario del Departamento 5.

Walter Werner Machado, policía.

Capitán Mario Risso, jefe de inteligencia de la Armada.

Capitán Pedro Antonio Matto.

General Juan Pedro Ribas.

Nelson Benítez, policía.

Capitán de navío Jorge Nader.

Nelson Bardesio, funcionario de las Fuerzas Conjuntas.

* Existen, además, otros miembros cuya identidad Brecha está investigando.

La Fiscalía de Crímenes de Lesa

Humanidad solicitó prisión preventiva

para Miguel Sofía pese al recurso de

inconstitucionalidad

12 de enero de 2019

Fue formalizado por “falsificación ideológica” y permanece preso en la cárcel de Domingo Arena.

El ex integrante de los “escuadrones de la muerte” Miguel Sofía, capturado por Interpol el martes después de permanecer prófugo de la Justicia por casi diez años, fue formalizado por el delito de falsificación ideológica por un particular, según informó Subrayado. El día de la detención, el empresario de 70 años y ex titular de las radios del Grupo Del Plata fue abordado por la Policía y se identificó con una cédula que pertenecía a otra persona. Permanecerá en prisión en la cárcel de Domingo Arena junto con militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad. Sobre Sofía pesaba una orden de captura internacional por no presentarse a declarar ante la Justicia en 2009, luego de que el fiscal de primer turno Ricardo Perciballe solicitó su procesamiento con prisión por los delitos de asociación para delinquir, una desaparición forzada y dos homicidios especialmente agravados. El abogado del detenido Aníbal Martínez Chaer presentó un recurso de inconstitucionalidad aduciendo que los delitos por los que se acusa a Sofía, eventualmente cometidos en 1972 y 1973, prescribieron. Además, dijo que su cliente declaró que si hubiera usado su documento real “hubiera sido capturado inmediatamente”, que siempre ingresó al país “por frontera seca” y que sólo hizo uso del documento ajeno el martes, cuando la Policía le requirió que se identificara.

Por otro lado, el jueves, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, representada por la fiscal Sylvia Gari, al tomar conocimiento del recurso interpuesto por la defensa del indagado, solicitó “que se adopte la medida cautelar de prisión preventiva […] en cuanto existe peligro de sustracción al proceso del mismo”. “Al respecto surgen acreditados los siguientes extremos: 1) Durante más de nueve años (desde el 2009 en que se solicitó su procesamiento y prisión), el indagado supo de su requisitoria a nivel nacional e internacional, habiéndose sustraído al proceso durante todo ese lapso, en forma ininterrumpida hasta la fecha, habiéndose solicitado su procesamiento y prisión por un delito de Asociación para delinquir en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de Desaparición forzada y dos delitos de Homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor”, argumenta la Fiscalía. Agrega que “a efectos de burlar las requisitorias mencionadas utilizó un documento de identidad falso, lo cual hizo en reiteradas oportunidades” y que “la entidad de la causa que se investiga, relativa a delitos de Lesa Humanidad, así como el conjunto de convenciones y acuerdos internacionales que vinculan al Estado uruguayo en relación al respeto y protección de los derechos humanos, amerita se tomen medidas cautelares que no pongan en riesgo la demora y frustración del presente proceso”. Para la Fiscalía, “la única medida cautelar adecuada” para Sofía “es la prisión preventiva, en tanto ha quedado demostrado con el transcurso de estos nueve años que un cierre de fronteras resulta irrisorio”.

La Fiscalía cita como “fundamento jurídico de relevancia” una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que concluye que “la suspensión de los procedimientos ordenada por la Constitución” como consecuencia de un planteo de inconstitucionalidad “no priva al Juez de la causa de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para precaver la obstrucción y hasta la sustracción del imputado al proceso”. “En autos no puede soslayarse que la sustracción del indagado al presente proceso data de casi diez años, y su aprehensión se debió al accionar policial, requiriéndose a ese fin varias órdenes de allanamiento, además de su seguimiento personal, todo lo que informa de su claro propósito de evadir a la Justicia uruguaya, por lo cual la cautela que se peticiona es la única que puede garantizar la continuidad de estos procedimientos”, sostiene Gari.

En la edición del cotidiano “La diaria” de Montevideo, se publica un artículo que asocia la detención de Miguel Sofía a la organización JUP dando así una visión claramente de los orígines fascista del siniestro “Escuadrón de la muerte” .

Para leer dicho artículo se debe tocar la imágen.

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