El Ejército chileno reconoce crímenes de
lesa humanidad en la dictadura de Pinochet
Es la primera vez que la institución castrense condena la acción de militares durante el periodo comprendido entre 1973 y 1989.
4 MARZO, 2022
Augusto Pinochet,dictador
El excomandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez -quien comunicó ayer su dimisón, luego ser citado a declarar en calidad de culpable por una arista del Milicogate-, divulgó como última acción al mando, un informe de la institución que reflexiona sobre las acciones del Ejército en los últimos 50 años. En el texto, repudian hechos acaecidos en la dictadura de Augusto Pinochet.
El documento, llamado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, constituye la primera vez en que la institución castrense condena la acción de militares durante el periodo comprendido entre 1973 y 1989.
El trabajo de análisis y discusión “fue realizado desde una perspectiva eminentemente institucional o del quehacer militar” e incluyó inicialmente investigación y jornadas de exposición y debate con el Cuerpo de Generales”, mientras que posteriormente contó “con el trabajo de un equipo de profesionales militares bajo la supervisión directa” del general Martínez, indica el informe.
Condenas a actos realizados en dictadura
El documento indica que la “Caravana de la Muerte” -comitiva del Ejército que recorrió el país en dictadura, y que asesinó y desapareció a opositores-, liderada por el general Sergio Arellano Stark fue “uno de los episodios más condenables”.
“Hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales”, apunta el texto.
“La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento increíblemente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno, de cómo se debía proceder con el ‘adversario’”, añade.
En esa línea, el texto señala que las “acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército”.
También calificaron como “vergüenza institucional” el asesinato del excomandante en jefe, general Carlos Prats -también exministro del Interior del exPresidente Salvador Allende-, y de su esposa Sofía Cuthbert, realizado en 1974 en Buenos Aires, Argentina.
En el asesinato estuvieron involucrados miembros de la DINA. “A pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército (…) quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución”, apuntaron.
“Reprochable” e “inaceptable”
“Si bien, la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944”, comenta el Ejército en el documento.
“Estas situaciones provocaron un grave daño al prestigio de la Institución”, enfatizaron.
Asimismo, tildaron de “inaceptable” que “no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.
Además, mencionaron que las acciones en que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época merecen “el más enérgico repudio”.
“Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982 y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992”, explicaron.
Atentados, detenciones y torturas:
El explosivo informe del exjefe del
Ejército de Chile sobre violaciones de derechos
humanos durante la dictadura
3 mar 2022
La denuncia impacta en medio de la transición, ya que Boric asumirá como presidente la próxima semana.
Soldados chilenos
En una crítica inédita, el excomandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez Menanteau, reconoció y condenó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos cometidas por esta institución antes y durante la dictadura de Augusto Pinochet (1976-1983).
“Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, se titula el informe de 120 páginas que Martínez Menanteau dio a conocer luego de que la víspera renunciara al cargo para enfrentar una causa en la que se le acusa de fraude y desvíos de fondos.
La difusión del documento alteró el clima político de Chile a solo una semana de que el presidente Sebastián Piñera termine su mandato, ya que el próximo 11 de marzo asumirá el político izquierdista Gabriel Boric.
Uno de los casos a los que se refiere el informe es el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider Chereau, ocurrido el 25 de Octubre de 1970, cuando militantes de extrema derecha lo acribillaron en la calle.
“En el asesinato del General Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la CIA”, señala.
Sobre la participación de este organismo, agrega que el 18 de octubre de ese año hubo comunicaciones que reportaban el embarque de armas y municiones desde EE.UU. que llegaron a su embajada en Chile y que iba a ser usadas para secuestrar a Schneider Chereau.
“En una de las notas de la CIA se indicaba que ‘neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende”, recuerda.
Críticas
También afirma que las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por el General Camilo Valenzuela y el General Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que mató al general.
Desfile de tropas chilenas,
“El asesinato del General Schneider fue un triste y luctuoso hecho, muy doloroso y un agravio al ethos militar. Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y se mezclan con activistas políticos fanatizados por causas afirmadas en un patriotismo equivocado, al final será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar”, lamenta.
Otro caso es el conocido como “el Tanquetazo”, una sublevación militar encabezada el 29 de junio de 1973 por el entonces teniente coronel Roberto Souper Onfray, con participación de otros oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Con respecto al golpe de Estado contra Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, señala que las instituciones armadas se vieron enfrentadas a situaciones “extremadamente críticas” que marcaron su futuro, principalmente del Ejército.
“Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar“, señaló.
Uno de los episodios más condenables, agrega, fue el recorrido del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, que fue bautizado como la ‘Caravana de la Muerte’. Durante ese periplo, el militar viajó a diversas guarniciones del norte y sur del país y dejó una huella de ejecuciones que afectó a la Institución y que permitió que, años más tarde, integrantes del Ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueran procesados y condenados.
“Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales”, denuncia.
Augusto Pinochet, dictador de Chile.
Magnicidio
El informe recuerda el atentado que terminó con las vidas del general de Ejército Carlos Prats González y de su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires.
“[Los asesinatos] se han constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución”, apunta el informeƒ.
Según consta en el expediente de la investigación, el agente norteamericano de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Michael Townley, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio.
Para Martínez Menanteau, fue un crimen “extremadamente cobarde, vergonzoso, violento, cruel y repudiable”.
Ya después de la dictadura, retoma el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación que demuestra que personal de las Fuerzas Armadas y policiales ejecutaron a personas en sus viviendas, en la vía pública, en cuarteles y en recintos castrenses y civiles.
“Si bien la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944″, afirma.
Estas situaciones, añade, “provocaron un grave daño al prestigio de la Institución”. En esa línea, agrega: “No se pueden violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación, y el respeto a los detenidos“.
También considera “inaceptable” que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias, reclamo que mantienen vigente los organismos de derechos humanos.
“Los mandos que no asumieron su responsabilidad por las consecuencias que produjeron las órdenes que emitieron, también ocasionaron un grave daño a la Institución. Se relativizaron y desconocieron ‘órdenes verbales’ imprescindibles para la operación de los medios militares en todo tiempo y circunstancia”, acusa.
Quienes así lo hicieron, concluye, “comprometieron el ‘honor militar’ que es un valor fundamental que debe ser observado de Soldado a General. No son pocos los oficiales y suboficiales de baja graduación que, como consecuencia de haber actuado en cumplimiento de órdenes verbales que posteriormente fueron desconocidas por sus superiores, hoy están privados de libertad”.
Versión PDF, del infrome del Ejército chileno sobre crimenes cometidos por la dictadura 1973-1989
tocar la línea de texto
Familiares de víctimas de la dictadura
critican documento del Ejército:
“Mantienen el pacto de silencio”
Las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos señalaron que el documento dado a conocer hace algunos días no aporta a la verdad y la justicia y solo pretende justificar la acción del cuerpo armado. “Hubo una acción represiva articulada por un Estado que se puso al servicio del crimen”, precisaron las organizaciones humanitarias.
11 de marzo 2022
Una dura crítica realizaron las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos del documento firmado por el excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau, donde reconoce haber sido parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.
En un comunicado, las organizaciones recalcaron que en ninguna parte del documento dado a conocer por el alto oficial en retiro “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, se condena el golpe de Estado y los atropellos cometidos durante ese periodo.
Las entidades humanitarias señalan que el objetivo de Martínez es “justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejército era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar”.
Además, sostienen que el ex jefe castrense coloca el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 como respaldo para el golpe de Estado y luego los decretos de ley 5 y 641 que establecen un Estado de Guerra en el país para justificar la obediencia debida a los mandos militares que permitieron las ejecuciones de miles de personas los días posteriores a la asonada contra el Gobierno de Salvador Allende.
“El Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército”, precisan en el comunicado.
En ese sentido agregan que “no ha existido colaboración. Por el contrario, lo que existe es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina”.
Junto con subrayar que los avances en materia de verdad, justicia y reparación han sido gracias a la incansable denuncia de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, puntualizan que “no nos engañemos con este informe, y su ethos militar, la garantía de no repetición no es tácita en las palabras de un comandante en jefe del Ejército que debe renunciar por estar imputado por fraude. El ethos militar, y el honor militar ha internalizado el crimen, el abuso y el fraude”.
Por último, precisan que “nuestra demanda por Justicia, Verdad y Reparación por las violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas durante la dictadura cívico militar, no ve un avance en este informe del ex General Ricardo Martínez, sólo contiene una retórica encubierta de la impunidad, que tanto ha costado vencer”.