Entre botas y tapabocas
Por Enrique Ortega Salinas.
10 MAYO, 2020
No les alcanza con haberle ganado al Frente Amplio; tienen que noquearlo y evitar que se levante, tirándole con todo lo que encuentren a mano. La derecha tiene a favor un número de periodistas militantes muy superior y con mayor poder de fuego que la izquierda, esa izquierda que terminó entregando el poder por coquetear con los votantes de derecha, que dejó libre el campo donde se daba y da la batalla ideológica, esa izquierda cuya dirigencia se quedó estática mientras le apedreaban el rancho con informaciones tendenciosas y se mostró inepta para dirigir a sus partidarios en medio de una guerra cultural.
Ya volveremos a analizar nuestros errores; pero ahora veamos la estrategia de la derecha.
Y esto recién comienza
No les alcanza con haber ganado: tienen cinco años para convencer a la ciudadanía de que durante los gobiernos del Frente se fundió al país, se enriquecieron los dirigentes con los dineros del pueblo, que trataron de destrozar a la familia uruguaya, que hicieron todo mal y que ellos -los restauradores- son los salvadores de la patria. Cinco años para subvertir la realidad mediante un lavado de cerebro colectivo. El plan está en marcha y para cumplirlo, harán funcionar a pleno a la prensa amiga y los grandes medios de desinformación. Para cumplirlo, un día sí y otro también, las conferencias de prensa operan en modo cadena nacional, y es que al medio que no las cubra un día, lo sacan de la lista.
Comenzaron desde la hora cero, restringiendo el acceso de los medios al Palacio Legislativo durante la asunción presidencial y restringiendo también la libertad de expresión y el derecho a la información durante las conferencias de prensa en la Torre Ejecutiva, donde permiten pocas preguntas y se prohíbe repreguntar, tal como ha denunciado en un informe el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).
No les alcanza con mostrar como un logro un descenso mínimo de rapiñas y hurtos (sin mencionar para nada la incidencia de la cuarentena) y minimizar el aumento de los homicidios “porque se la están dando entre ellos”. Tienen que darle a la crónica roja el menor espacio posible y frenar la manija para que la gente se sienta más segura. De hecho, se siente más segura, aun cuando el río de sangre aumentó su caudal.
No les alcanza con haber llevado al poder a los más duros defensores de los intereses de la oligarquía uruguaya (caso de Isaac Alfie, el verdadero ministro de Economía); tienen que cerrar la boca a los representantes de los trabajadores y lograr que esos trabajadores los odien. Ni soñar con permitirles usar la Cadena Nacional de Radio y Televisión; no sea que los humildes tomen conciencia de sus derechos y comiencen a moverse, poniendo nerviosos a los de arriba. No les alcanza con una legión de trolls ensuciando al Pit-Cnt; hay que magnificar cada metida de pata, cada frase errática o airada. Hay que dejarlos como monstruos.
Como te digo una cosa…
Tiene que esperar que la gente se olvide de cuando ellos, los multicolores, se revolcaban por el piso exigiendo la cadena; y es que tienen una facilidad tremenda para borrar con el codo lo escrito con la mano.
“A los comunistas les encanta juntar firmas”, dijo Jorge Nodevuelvoviáticos Gandini, olvidando que hace justo un año él mismo estaba entregando 12.000 firmas a la Cámara Empresarial de Maldonado para la campaña que buscaba plebiscitar la inclusión financiera obligatoria.
“Con su decisión para la cadena de Jorge Larrañaga, la Presidencia de la República violenta las reglas del fair play democrático. La facultad de otorgar cadenas no debería estar en manos del Ejecutivo, sino de un organismo especializado independiente”. Eso decía un crítico Gerardo Sotelo en un tuit el 29 de junio de 2019.
“La cadena de radio y televisión es un medio coercitivo, que el gobierno debe usar en circunstancias excepcionales. Para cubrir hechos de interés general están los informativos y periodísticos, y los que otorguen voluntariamente los responsables de los medios”. Eso expresó en un tuit el 16 de abril de 2020 un flexible Gerardo Sotelo.
“Hacemos uso de esta cadena nacional en el derecho…”. Primeras palabras de Jorge Larrañaga, tras la concesión que le hiciera el gobierno frenteamplista en 2019. Muy pocos meses después, su partido negaría a los voceros de los trabajadores el uso de la misma por considerar que era para uso exclusivo del Poder Ejecutivo.
No les alcanza con haber cambiado sus vidas al llegar a cargos con los mejores salarios de la administración pública; tienen que premiar a la mayor cantidad posible de colaboradores, sin importar su capacidad u honestidad, y aunque tengan que saltarse la carrera administrativa. Volvió el dedazo. Por cualquier duda, pregunten en el INE.
Con amigos como estos, Luis no precisa enemigos
No les alcanza con haberse acomodado; tienen favores que devolver. Quizá por eso a Manini Ríos se le ha permitido llenar de militares y militaristas varias áreas; aunque, por lo menos, el presidente no se arriesgó a darle mando de tropas, lo cual hubiera sido extremadamente peligroso para la República.
A pocas semanas de asumir, los retirados ya van marcando su perfil, esperando que el sonido de las botas, que tanto extrañan, haga que todo el mundo se pare firme ante su paso, aunque pertenezcan a esa raza inferior que para el milico pertenecen los civiles. El lema de estos especímenes es: “¡Usted no está aquí para pensar; está para cumplir órdenes!”; y no solo es el lema de los militares, sino de los militaristas, que suelen ser peores.
Los integrantes de Cabildo Abierto no paran de darle dolores de cabeza al presidente. Tras ser recomendado por el coronel (r) Enrique Montagno en el Directorio de ASSE, el doctor Fernando Silva fue nombrado director de la región oeste. No pudiendo con su condición, el 3 de abril agradeció a su coronel por Facebook y largó una andanada de críticas cuartelarias contra sus futuros subordinados, motivando la renuncia de más de 50 médicos en todo el país. Obviamente, el escándalo obligó al directorio a rever la designación de Silva, quien, posiblemente, tendrá que irse con el rebenque para su casa.
Si algo desagrada a militares y militaristas es la libertad de expresión. La denuncia presentada en 2019 por el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, contra el periodista Gabriel Pereyra (que lo criticó por no haber repudiado las desapariciones durante la dictadura) y la presentada por el asesor de Cabildo Abierto, Antonio Romanelli, contra tres medios que publicaron una carta de expresos políticos, ya auguraban lo que vendría. Lacalle ganó con los votos de la derecha y de la ultraderecha. Para llegar al poder tuvo que abrazarse con serpientes y ahora tiene que pagar los favores recibidos.
No les alcanza con lloriquear porque la Justicia procesó con prisión al militar asesino Lawrie Rodríguez; también quieren que todos los militares retirados salgan armados a la calle. Conozco a varios militares ejemplares que mucho bien le harían a la sociedad con esta medida; pero los uruguayos saben que hay demasiados que representan un peligro, con o sin armas. Por algún extraño motivo, los grandes medios ocultaron el hecho de que la persona que se atrincheró con sus hijos luego de golpear a su esposa era retirado militar.
Ojalá se entienda el enorme respeto que tengo por los buenos militares; pero hay que separar la paja del trigo. Hay militares con verdadera vocación de servicio y alto sentido del honor -no van para ellos estos palos-; pero lo demostrado por el subsecretario de Defensa, coronel (r) Rivera Elgue, no es precisamente eso.
Luego de confrontar por Twitter contra los ministros Pablo Mieres y Ernesto Talvi y en defensa de su líder Manini Ríos, el cabildero reculó (al ver que su cargo estaba en juego) y dijo que le habían hackeado la cuenta. Pocas horas después, y tras haber borrado sus mensajes, dijo que no le habían hackeado la cuenta, sino que una persona de su confianza la había usado sin su consentimiento; se disculpó con ambos ministros, se quedó con el cargo y nosotros con ese incómodo sentimiento de vergüenza ajena.
Si quieres conocer a un hombre, dale poder
No les alcanza con beneficiar nuevamente a los medios desinformativos hegemónicos, esta vez por medio de la LUC; el círculo cierra con la designación de un conocido periodista y candidato derechista al frente del Secan (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional). Su primera acción consistió en un comunicado dirigido a los coordinares de los informativos de TNU y todas las radios públicas, ordenando que todos los contenidos “deben ser consultados con el coordinador periodístico del Secan, Jorge Gatti”, lo que, traducido al criollo, es censura previa.
Tras instaurar la Santa Inquisición en los medios de comunicación públicos, al referirse a sus criterios, Gerardo Sotelo amenazó desde el diario El País: “Quienes no los acepten, amigos como siempre; pero, cada uno para su casa”.
Poner a Sotelo a controlar la objetividad periodística es como poner a Nino Gavazzo al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Lo triste es que le encomienda a Jorge Gatti la más indigna de las tareas: ser el verdugo que decapite opiniones. ¿Aceptará Jorge censurar a sus propios compañeros de trabajo de acuerdo con los criterios de su jefe, que tendrá arte y parte durante la campaña electoral departamental? ¿Alguna vez a él o a Antonio Maeso le llegó una llamada de alguna autoridad para que midieran sus comentarios en Buscadores? Jorge puede no ser de izquierda; pero tampoco es un radical de derecha como Sotelo, ni tiene su soberbia o prepotencia. Entre ambos, hay un abismo; por lo que habrá que esperar a ver qué hace el primero. Lo que sé es que ni Sergio Gorzy ni Miguel Nogueira hubieran largado jamás un comunicado como el que largó Sotelo instituyendo la censura previa.
“Esta administración no va a aceptar que haya programas o comunicadores con un sesgo político”, dijo al diario El País. Que lo diga él, que siempre ejerció el periodismo militante, desconcierta. No está mal adoptar ese rol; lo malo es hacerlo de manera encubierta, solapada.
Su presencia en diversos medios lo llevó -y llevó a Mieres- a creer que incrementaría considerablemente los votos del Partido Independiente; pero lo cierto es que su presencia parece haber espantado muchos de los pocos votos que por allí quedaban. Con todo, ambos lograron acomodar el cuerpo en la coalición.
Cristianos hasta que salen de la iglesia
“El problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar absolutamente nada”. Angela Merkel
No les alcanza con decir sin pudores que no tocarán los bolsillos de las familias más poderosas del país, sino que aumentan tercamente las tarifas de los servicios públicos pese a la pandemia, el desempleo y la suba del dólar. Tienen que evitar los malos ejemplos; motivo por el cual Un Solo Uruguay criticó en un comunicado el aporte de 100 millones de dólares por parte de varias agrupaciones y asociaciones gremiales rurales al Fondo Coronavirus. “La libertad individual es innegociable”, sentencia el comunicado. “La solidaridad es casi un acto de fe y, por lo tanto, es individual”.
No les alcanza con ser ratas, explotadores, abusivos, llorones y ambiciosos hasta el paroxismo. Lo gritan a todos los vientos reivindicando su condición.
Dicen que estamos todos en la misma barca. Sí; pero los que reman no son todos; son los de siempre.
Cuidado con el abuso. Quizá cuando el hambre comience a matar más que el virus, el pueblo abra los ojos… y la historia demuestra que siempre que un pueblo despierta, lo hace de mal humor.
No querrán estar allí cuando eso suceda.
¡Ni venceréis ni convenceréis!:
A propósito de las
mentiras de El País
Cuenta la historia que cuando el general fascista Millán de Astray gritó en el aula magna de la Universidad de Salamanca “¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!”, Miguel de Unamuno respondió exclamando “¡Venceréis, pero no convenceréis!”.
10 MAYO, 2020
Por Rolando Arbesún
Casi 100 años después, desde el diario El País se exhiben nostalgias del fascismo y la dictadura.
Cada día, ese diario dedica sus editoriales para atacar a la izquierda uruguaya y a los gobiernos del Frente Amplio. Esto no es una novedad, lo ha hecho siempre; es admirador y principal vocero de los pensamientos más reaccionarios y conservadores. Del mismo modo que antes fuera el vocero de la dictadura, hoy es el vocero de quienes sienten nostalgias por la misma.
En su editorial del lunes 4 de mayo, intenta igualar las muertes que se han producido en las prisiones uruguayas en los 15 años de gobiernos frenteamplistas con las muertes acaecidas en las prisiones nacionales durante la dictadura.
Dicho editorial, “Realidad vs relato de la izquierda”, expresa con relación a las prisiones actuales: “La situación explosiva, completamente violatoria de los derechos humanos, que existe en las cárceles del país, ha sido denunciada por organizaciones internacionales y por el comisionado de cárceles en muchísimas ocasiones en estos años, y ha sido periódicamente analizada en estas páginas: las cárceles que deja el Frente Amplio no solamente son inhumanas para una gran mayoría de presos, sino que además imposibilitan la rehabilitación social de unos delincuentes, cuya enorme mayoría, algún día terminarán reintegrándose (mal) a la sociedad. La responsabilidad del FA en este sentido es gravísima: en los 15 años de sus gobiernos murió en promedio más gente en sus cárceles por causas violentas que en los 12 años de dictadura”.
En este editorial hay una clara intención de mentir, es así con todos los temas que se repasan en el mismo y se intenta la construcción de un relato muy falso de lo que ha venido aconteciendo en el país desde hace 15 años.
Utiliza para mentir el último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, sin mencionar que a pesar de que esta figura del Parlamento fuera instituida por ley en 2003 (Nº 17.684), no fue hasta el año 2005 que la misma terminó configurándose y eso, mal que le pese al editorialista, fue obra del primer gobierno del Frente Amplio.
En aquel momento, y con el voto unánime de todos los partidos políticos, el Dr. Álvaro Garcé emprendió una labor que, como él mismo expresara en sus sucesivos informes, tuvo innumerables complejidades en tanto y cuanto era la primera vez en la historia nacional que un organismo no dependiente del Poder Ejecutivo monitoreaba las diversas situaciones existentes en las prisiones.
Se empezó a hablar de “derechos humanos” en el sistema carcelario justamente cuando se recuerda la profunda y sistemática violación a los derechos humanos de miles y miles de uruguayos y uruguayas durante los 12 siniestros años que hoy El País, de la mano de algunos acólitos que hoy actúan en Cabildo Abierto, intenta negar.
En noviembre de 1984, la organización Serpaj publicó un libro llamado Muertes en las prisiones uruguayas. Habían pasado apenas cinco meses de la muerte, producto de las torturas, del médico Vladimir Roslik en un cuartel militar de Fray Bentos. En el mencionado texto se afirmaba: “La tortura ha sido y es una práctica sistemática en nuestro país, aplicada a todos los detenidos. Durante la década del 60 fueron numerosas las denuncias de torturas aplicada a presos comunes; en el 65 comenzaron a utilizarse para los presos por razones políticas y a partir de la década del 70 se transforma en una práctica sistemática aplicada con fines racionales. Durante 11 años de dictadura, los militares se preocuparon por tecnificarla y perfeccionarla, y bajo esta nueva forma se extendió a los presos comunes”.
En el libro en cuestión, se enumeran y documentan las muertes de más de 60 militantes. Eran los tiempos -el editorialista de el país no lo dice- en que las prisiones, todas las prisiones, estaban bajo la égida y el mando directo de las fuerzas conjuntas, como el hoy senador de Cabildo Abierto general (r) Guido Manini sugiere que tengamos ahora. Era la época en que desde las páginas de ese matutino se requería la captura de los dirigente estudiantiles y sindicales, se ocultaba la desaparición de Julio Castro y Fernando Miranda, se aplaudía la prisión del general Seregni, se festejaba a Juan Carlos Blanco, homicida de María Elena Quinteros, y se pedía la captura de Wilson Ferreira Aldunate .
Miente el El País cuando iguala las muertes violentas en unas y otras prisiones. Miente, además, cuando no reconoce que las muertes de estos 15 años son fruto directo de una política criminal altamente punitiva que, desde fecha tan temprana como 2005, ya el entonces comisionado parlamentario denunciaba una y otra vez: la política de acudir preferencialmente al encierro como forma preferida de sancionar la infracción a la ley penal.
La nefasta posición que sigue ocupando Uruguay en el ranking mundial de prisionización no es una elección de los gobiernos del Frente Amplio y esta mentira del editorialista no resiste ninguna evidencia histórica.
Para arrancar en 1999 y no ir más atrás, vemos que había en nuestro país un total de 4.117 prisioneros. Para el año 2005, fecha de inicio del primer gobierno frenteamplista, el país tenía un total de 7.004 prisioneros; es decir, en esos siete años, el número de prisioneros se había incrementado 70,12%.
Entre 2005 y 2019, los 15 años frenteamplistas, el ascenso del número de prisioneros en el país ha sido de 67,5%, por lo que Uruguay tiene hoy cerca de 12.000 prisioneros. A pesar de ese marcado descenso porcentual, el último informe del comisionado parlamentario, nos ubica en el triste segundo lugar de tasa de prisionización en América Latina, escoltando la infame situación de Brasil, que lleva el “mérito” de ser el “malla oro” de la región.
Hoy tenemos 328 prisioneros por cada 100.000 habitantes y es esa la primera condición que hay que analizar responsablemente si queremos entender las muertes violentas en las prisiones nacionales.
El editorialista, en su ignorancia supina, no sabe que quien hoy -en el actual gobierno- es el máximo jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ya lo era cuando las muertes violentas en las prisiones empezaron a ser documentadas por el actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit; era, además, el mismo que dirigía el sistema penitenciario cuando el actual ministro del Interior (quien hoy lo designa) interpelaba al entonces secretario de la cartera, Eduardo Bonomi.
No sabe el editorialista algo muy terrible: durante muchos más años que los 15 de gobierno frenteamplista, en Uruguay, morir en las prisiones no era un dato relevante, no eran muertes “dignas de cuantificarse o de prestarles atención”.
Hasta ese punto había calado la desidia en la administración penitenciaria en lo que a respeto a derechos humanos se refiere: una muerte en prisión era un simple dato de su realidad.
Tuvo que venir el primer gobierno del Frente Amplio para que, una vez nombrado el primer comisionado parlamentario, todo lo que en las prisiones acontecía empezara a ser más conocido.
Transparentar las prisiones desde la política de derechos humanos fue, a pesar de las complejidades de ese aprendizaje, un mérito ineludible de los gobiernos de izquierda.
Las muertes en prisiones, las críticas a las mismas son hoy posibles gracias a un instrumento parlamentario que se inaugura durante gobiernos frenteamplistas, de modo que todo, pero todo lo que hoy podemos saber sobre las prisiones, incluso lo más negativo de ellas, es gracias a que los dos comisionados parlamentarios que ha tenido el país han podido trabajar, más allá de los aprendizajes y tensiones, durante esos 15 años.
Las muertes en prisiones desmienten además un mito sobre el cual se ha sostenido siempre la prisión como respuesta ante la infracción a la ley penal: que mientras más duro sea ese castigo, menos delitos habrá.
Este mito que no es cierto hacía “el afuera” carcelario, tampoco lo es hacia su “adentro”.
Nos sorprenderíamos, pero aprenderíamos mucho si alguna vez se contabilizaran los hurtos y las modalidades de rapiña que al interior de las prisiones ocurren.
“En las prisiones el vicio conserva su audacia”, ha dicho Michel Foucault, uno de los más importantes historiadores de los sistemas carcelarios, una forma muy particular de recordar “que el delito es patético”, lo que ya había sido dicho por los pensadores de la Ilustración, según nos recuerda el último informe del comisionado parlamentario.
Y agrega el comisionado que el delito es patético porque “genera dolor, sacude los sentimientos y los sentimientos nublan la razón, llevando a reacción lejos del sano raciocinio”.
Las muertes en prisiones, en estas prisiones que el editorialista mentiroso de El País iguala con las de la dictadura, obedecen a razones y causales bien diferentes.
Hay que ser muy ruin para igualarlas, para desconocer, por ejemplo, las contundentes condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuando en 1978 afirmaba: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay como resultado de las denuncias crecientes de alegadas violaciones múltiples y graves de los derechos humanos en ese país desde 1973. Esta decisión fue tomada durante su trigésimo noveno período de sesiones (octubre-noviembre de 1976). En el mismo período, la comisión también acordó informar al gobierno de Uruguay de esta decisión, así como hacer gestiones ante dicho gobierno para obtener su anuencia para una observación in loco de una comisión especial de la CIDH para completar la información ya en su poder. A las gestiones realizadas por el presidente de la CIDH , doctor Andrés Aguilar, con el fin de obtener la anuencia de las autoridades uruguayas para la visita de la comisión especial al país, el gobierno respondió reiteradamente en forma negativa. La negativa del gobierno de Uruguay de permitir la observación in loco no impidió a la comisión cumplir con sus deberes estatuarios”.
A diferencia del gobierno de entonces, que se negaba sistemáticamente a las visitas de observación in loco, ha sido durante los 15 años de gobierno frenteamplista que esta práctica ha tomado estatura nacional con la acción conjunta de dos instituciones: el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos.