FRENTE AMPLIO DENUNCIA
El gobierno defiende la LUC con el blindaje y las mentiras
La izquierda advierte que existe un “blindaje mediático” a favor del Poder Ejecutivo, que buscará con todas sus fuerzas mostrar las supuestas “bondades” de la ley.
9 NOVIEMBRE, 2021
El gobierno ya prendió todos sus motores para la campaña en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y todos los días distintos ministros y legisladores oficialistas salen a dar declaraciones en contra del referéndum. Desde el Frente Amplio (FA) se advierte que el gobierno apela al “miedo y al terrorismo” para defender la LUC. Además, la izquierda sostiene que existe un “blindaje mediático” a favor del Poder Ejecutivo que buscará con todas sus fuerzas mostrar las supuestas “bondades” de la ley. A pesar de este contexto, el FA cree en el valor de su militancia y confía en que el puerta a puerta lo ayudará a derribar la campaña de algunos medios de comunicación.
“Creo que es una estrategia del gobierno que se posiciona en la generación del miedo y del terror, algo que históricamente ha recurrido la derecha y sobre todo los sectores más conservadores de la sociedad. Es conocido por todos, incluso antes de que naciera el Frente Amplio, que se decía que si se avanzaba en una perspectiva de izquierda en nuestro país se iban a llevar los niños a Cuba o a la URSS. Esos discursos parece que están retornando con otras formas”, dijo a Caras y Caretas el diputado por el Partido Comunista Gerardo Núñez.
“Hay como una campaña de dispersión donde es mentira que la LUC se defiende sola, de hecho, todo el tiempo hay una apelación al miedo de lo que pudiera llegar a pasar si se deroga y esa es una estrategia de campaña que es peligrosa”, afirmó a Caras y Caretas la diputada por el MPP Bettiana Díaz.
La diputada señaló que el gobierno da una información “muy errónea” y puso el ejemplo de algunos ministros que hablaron de la campaña a favor de la LUC.
“Están diciendo algunos disparates, es el caso del ministro de Interior [Luis Alberto] Heber diciendo que si se anulan los 135 artículos de la LUC, van a tener que soltar presos. Hacen terrorismo con eso, sembrando miedo, duda. Después de ver al ministro de Educación [Pablo da Silveira] hablando de un modelo sovietizado o viendo a [el expresidente Julio María] Sanguinetti que nombra a Stalin”, agregó
“Otras mentiras”
Núñez afirmó que “es una campaña cargada de mentiras”. Señaló que el gobierno ha planteado también, tanto en el caso del senador Sergio Botana como en el de Heber, que si se derogaran estos artículos, se estaría liberando a los presos en nuestro país. “Creo que más que argumentos lo que se está tratando de colocar son consignas para introducir el miedo en una campaña que viene remontando positivamente para los intereses populares y la perspectiva de la victoria del Sí”, agregó.
“Primero se decía que se iban a liberar los presos en nuestro país cuando sabemos que no va a ocurrir de esa manera ni en esa dimensión que se plantea. Segundo, es claro que se está proponiendo derogar en materia de seguridad un tercio del total de los artículos que se están planteando en la LUC. Entonces, mal estaríamos como país si por derogar un tercio de esos artículos, entraríamos una especie de desgobierno, descontrol en materia de seguridad pública”, expresó.
Otra de las mentiras que se han usado en las últimas horas es cuando se dice que con esta ley se puede alquilar sin garantías y que eso antes no sucedía, lo cual muestra un “enorme desconocimiento”, afirmó el diputado.
“El propio informe del actual gobierno señala que el 28 por ciento de las viviendas se arreglaban sin contrato. Además, por diferentes estudios que han ido cruzando la información, se conoce que un porcentaje de viviendas muy importante ya arrendaban sin garantía. Creo que se está apelando a la confusión, a la mentira y en otros casos se apela a la no aplicación de la LUC como es el caso del precio de los combustibles. Es notoria la intención del gobierno de ocultar la aplicación de la LUC, porque aplicarla seguramente generaría un rechazo masivo de la población que se volcaría muy fácilmente a votar por el Sí porque se estaría castigando nuevamente a la población uruguaya con un nuevo aumento del precio de los combustibles. En menos de un año, ha aumentado prácticamente un 30 por ciento el precio de los combustibles y 20 por ciento el supergás”, advirtió.
Sin transparencia
Por otro lado, Díaz afirmó que el gobierno no está aportando transparencia a la campaña. “Recordemos que durante toda la juntada de firmas en realidad lo que se vio fue que hubo una estrategia por parte del gobierno de silencio diciendo que la gente ya conocía la LUC, que había sido parte de la campaña electoral y eso obviamente después tuvo su freno. De hecho, ahora hay un gran apuro por salir a promocionar los contenidos de la LUC que se suponía que todo el mundo conocía”, expresó.
Si realmente se hubieran conocido sus contenidos, nadie hubiera apoyado una LUC que garantizaba que los combustibles aumentaran todos los meses, eso fue de las medidas “más impopulares” que tomó el gobierno, opinó.
“Pero además hay un corrimiento de algunos límites que tienen que ver con un cierto grado de corrección política de dar una información clara a la sociedad y de ver cuáles son los riesgos de amplificar algunos discursos. Yo recuerdo hace unos años que algunos actores fogoneaban el tema de la legítima defensa, de armarse, porque la situación de la seguridad se suponía que era insostenible y así fue que en un barrio de Montevideo, una persona terminó matando a su hija dentro de su casa. Hay algunos discursos que hay que calibrar”, advirtió.
Medios
Ambos legisladores también se refirieron al rol de los medios en esta campaña por el referéndum contra la LUC.
“Creo que obviamente hay que verlo en dos etapas. La inmensa mayoría de los medios de comunicación, en la etapa de recolección de firmas, jugaron favorable al circo mediático, prácticamente no tuvo lugar en la prensa la recolección de firmas, salvo algunas excepciones de algunos medios de comunicación. Ahora creo que en una nueva etapa lo que se está tratando de hacer por parte de muchos medios de comunicación que claramente tienen una línea editorial a fin del gobierno es justamente mostrar el debate y hacer punta de las bondades supuestas de la Ley de Urgente Consideración”, reflexionó Núñez.
“Creo que acá es muy injusto hablar de los medios en general, pero hay que hablar más que nada de las líneas editoriales y direcciones que tienen algunos medios, que influyen en la opinión pública. Creo que en realidad hay un cierto blindaje mediático que es parte del apoyo del gobierno por parte de los canales privados de televisión. Vemos la ausencia de toda aquella crónica policial, permanente constante y alarmistas que se veía en las administraciones anteriores pero además también vemos que la gente no se ha enterado de muchas de las cosas que han pasado a partir de la LUC”, afirmó Díaz.
Consideró que habría que hacer un estudio comparado de las horas de crónica policial que había antes del primero de marzo de 2020 y después. Afirmó que hay mucho menos espacio para la crónica policial. “El caso ejemplar fue lo que pasó el fin de semana en Montevideo, que hubo ejecuciones, ocho asesinatos y una persona asesinada en un accidente de tránsito por un conductor que se fue a la fuga. De todo esto nos fuimos enterando como de a poquito. Me tomé el trabajo de ver los noticieros y en algunos se hizo informe y no aparecía el tema de seguridad que ha sido el caballito de batalla para la compañía de defensa de la LUC por parte del gobierno”, agregó.
Advirtió que algunos medios no amplificaron la denuncia de defensores de oficio por abuso policial y “nadie dice que la reforma de seguridad social es en parte hija de la LUC”.
“Nadie cuenta todas las prórrogas que ha tomado el gobierno, la demora en implementar reformas importantes como una nueva institucionalidad fiscal, la conformación del comité de expertos en economía, pero además hay cambios que en la educación no se han implementado, porque afecta a la carrera de docentes, no se han implementado porque no hay acuerdo entre los partidos. Todo lo que se ha hecho y se ha tenido que recular porque no es buena su implementación, eso es la LUC”, expresó.
Batalla
Hace unos días, la campaña a favor del referéndum reconoció el valor de la militancia y anunció que no buscará publicidad en los medios de comunicación.
“Nuestro principal recurso es la militancia de a pie. No vamos a definir esta campaña en los grandes medios de comunicación con publicidad contratada. Nuestra fuerza está en nuestras razones y en el compromiso de miles con ellas. Esta campaña se juega en la capacidad de que, así como tuvimos casi 800.000 firmas, hoy tengamos 800.000 voceras y voceros”, se afirma en la proclama del acto de lanzamiento de la campaña por el Sí.
En este contexto, Núñez afirmó que una batalla que se da con medios de comunicación tiene más fácil la llegada masiva. “Si no se cuenta con medios es un obstáculo la posibilidad de llegada. Pero yo creo que como se demostró en la recolección de firmas, que se pudo romper justamente el circo mediático a través del barrio a barrio, ferias, puerta a puerta, a través del abordaje uno a uno a lo largo y ancho del país, yo creo que se puede, se pudo y se va a poder romper ese cerco mediático que es muy duro, muy firme y que genera una especie de realidad en la sociedad”, agregó.
Consideró que hay aspectos de la realidad que “no se pueden maquillar ni distorsionar” más allá del papel que tengan algunos medios de comunicación. “La suba de combustibles no se puede maquillar, el desempleo, la pobreza, la multiplicación de las ollas populares, creo que más allá de lo que se pueda plantear en un medio de comunicación, la realidad impacta y genera obviamente opinión en diversos sectores de la sociedad”, reflexionó.
En la misma sintonía, Díaz afirmó que la juntada de firmas demostró que una apuesta por la militancia, dejando de lado los medios de comunicación, da “muy buenos resultados”.
“En realidad hubo mucho menos presencia de la Comisión Pro Referéndum en los grandes medios, incluso se le negó la posibilidad de una cadena nacional, pero además también hay algo muy cierto: que la riqueza de la juntada de firmas fue la militancia que tienen las organizaciones sociales y la respuesta popular. Hay una reacción de pueblo que organiza para defender sus demandas, creo que la comisión tiene un acierto, porque es cierto, puedo estar encerrado mirando la televisión todo el día, pero la campaña capilar de ir puerta a puerta y de llevar la papeleta y de hablar con el vecino y de escuchar las inquietudes es la verdadera respuesta y ha sido muy exitosa”, expresó.
Reflexionando sobre la LUC
11 de noviembre de 2021 ·
Escribe Daniel Parada
La ley de urgente consideración (LUC) es expresión de la ideología que promueve el modelo social de la coalición de derecha que gobierna Uruguay actualmente. Desde una óptica política, analizaremos cómo impacta esta norma en la sociedad.
Las leyes de urgente consideración fueron utilizadas por todos los gobiernos del país desde la recuperación democrática hasta la fecha. En un período de 35 años se enviaron 12 proyectos de urgente consideración y se aprobaron ocho. En total, si sumamos todos los artículos de las 12 leyes presentadas, totalizan 389 artículos para todo el período mencionado. La LUC fue presentada con 502 artículos y se aprobaron 476. Por lo tanto, durante 35 años se discutieron 389 artículos, y en 90 días se tuvieron que discutir 502 artículos, más las entrevistas con todas las organizaciones involucradas en la toma de decisiones.
Si sacamos una cuenta elemental veremos que para discutir y aprobar en la cámara cada artículo de la LUC cada legislador contó con cuatro horas y media por artículo, sin contar reuniones con involucrados en comisión y búsqueda de información, y siempre y cuando los legisladores hubiesen trabajado sin parar ni dormir por 90 días de corrido.
Creo que no sólo es poco serio aprobar una ley en estas condiciones, sino que además es atentatorio contra el sistema democrático republicano, es antidemocrático, porque todos sabemos que si las cámaras no toman posición sobre una ley de urgente consideración, esta queda aprobada automáticamente y eso favorece al Ejecutivo, por encima del Legislativo, donde está recogida toda la opinión del pueblo uruguayo.
Sin dudas, esta ley es regresiva y se impone con un objetivo claro, que es comenzar a destruir todos los logros obtenidos en estos 15 años de gobierno progresista.
Pero, ¿cuál es la razón de este intento de retroceso? ¿Caprichos, mala voluntad o incomprensión?
Sin dudas, esas no son las verdaderas causas; estas tienen origen en la concepción de sociedad que tiene la derecha. Esta concepción se asienta en la necesidad de la clase dominante de proteger sus bienes, y todas las leyes que se aprueban van en ese sentido. Al decir del presidente, proteger al “malla oro”; ese concepto que es parte del discurso que nos habla de hacer crecer la torta para que derrame luego sobre los pobres, es una máxima del capitalismo y del neoliberalismo que defiende e impulsa este gobierno y que es un fracaso absoluto para los pueblos y los países.
Veamos que esta coincidencia no es una simple coincidencia, sino que responde a un proceso histórico y, como tal, se comporta en la teoría de la espiral de la historia.
Durante el proyecto batllista, período de grandes avances sociales en Uruguay, sobre todo en la agenda de derechos, en las leyes de protección a los más vulnerables y en el fortalecimiento del Estado, en 1916-1917 se produjo un quiebre dentro del Partido Colorado, con Feliciano Viera (Partido Colorado radical, antibatllista) por un lado y por otro lado el riverismo representado por Carlos Manini Ríos. En el Partido Nacional, el Herrerismo. Ambas corrientes estaban aliadas a los latifundistas y a los sectores del comercio y la importación, respaldados por el imperio británico; esta alianza sólo buscaba derrotar a José Batlle y Ordóñez para no sólo frenar sino desandar el camino logrado.
Sin dudas, esta ley es regresiva y se impone con un objetivo claro, que es comenzar a destruir todos los logros obtenidos en estos 15 años de gobierno progresista.
Hoy la misma alianza, los mismos nombres tratan por todos los medios de desandar el camino realizado para proteger sus intereses. Su consigna es que los pobres sean más pobres para que los ricos sean más ricos, y la LUC es su barco insignia.
Es su barco insignia porque sólo con la ley de presupuesto no era suficiente para retroceder con los logros sociales del gobierno progresista, entonces se debía recurrir a una ley que permitiese la deconstrucción legal de lo logrado.
A esa alianza se suman los grandes medios de comunicación, que con el poder que tienen en sus manos construyen permanentemente un determinado relato que define cómo ver e interpretar al país.
No nos llama la atención de quienes componen esa alianza, dado que históricamente se han enfrentado dos fuerzas antagónicas: la del cambio y la de la reacción. Las mismas familias que ostentan el poder a lo largo de la historia uruguaya siguen defendiendo sus intereses y no quieren perder sus privilegios. Son los que claman por reducir el costo del Estado, que debemos traducir como disminuir el control del Estado y dar paso al libre mercado sin control, al neoliberalismo; los mismos que se opusieron a los monopolios del Estado gritando “libertad”, cuando la única libertad que buscaban era la de engordar a sus empresas y vender la riqueza de la patria igual que lo hacen hoy impulsando la LUC.
Pero esto no es todo. Hoy el señor presidente nos habla de proteger e impulsar al “malla oro”, que según él es quien genera las riquezas, y de agrandar la torta para que por derrame llegue a los más humildes. Más allá de que ese discurso es de 1960, lo cierto es que los “malla oro” cuando agrandan la torta agrandan la asadera, y no derrama nada. Hasta ahora no conocemos una sociedad que, regida por las leyes del mercado, regale nada. Cuando sobreproduce, se tira el exceso para que no caigan los precios, como lo han hecho con café, azúcar y otros, generando miseria y hambruna en los pueblos.
Como vemos, si seguimos el espiral de la historia pasamos varias veces por los mismos intentos y ejecuciones de las políticas de la clase dominante.
En 1916 se aliaron contra el batllismo Viera, Manini Ríos y el Herrerismo; en 1933 se produjo el golpe de Estado de Gabriel Terra, apoyado por Luis Alberto de Herrera. En 1961, más exactamente el 17 de agosto, el dirigente ruralista Benito Nardone decía: “Los militares deben hacerse cargo del gobierno”. Más tarde, hubo medidas prontas de seguridad y terrorismo de Estado, dictadura desde 1968/1973, con participación notoria de civiles. En 1990 tenemos la política de venta de las empresas estatales impulsada por Luis Lacalle Herrera, quien además llegó a afirmar que “en Uruguay no hay más que media docena o una docena de desaparecidos”. Hoy la LUC la impulsa su hijo Luis Lacalle Pou, actual presidente de la República, que habla de la LUC como defensa de la libertad. Pero se trata de un nuevo gobierno para los mismos ricos de siempre.
Sólo despertando de este engaño es que podremos rechazar los 135 artículos y, de esa forma, derrotar la estrategia de destrucción del Estado que tiene la coalición de gobierno.
Daniel Parada es médico y fue profesor agregado en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La LUC construye un Estado policial
Valeria España
…como su brazo armado; extender la legítima defensa
al derecho de propiedad abre el camino al ́gatillo fácil ́
14 de Noviembre de 2021
“Quienes abrazan la demagogia punitivista para castigar a los pobres y a los trabajadores que se manifiestan” tal como lo establece la LUC, “están proponiendo un proyecto de ley para liberar a quienes cometieron los delitos más graves” a nivel nacional e internacional, es decir los “crímenes de Lesa Humanidad” en el periodo del terrorismo de Estado, acusó en INFO24 la abogada Valeria España, activista por los Derechos Humanos.
España recordó que “la Ley de Urgente Consideración (LUC) ha tenido sus momentos de impugnación por movimientos sociales, instituciones de Derechos Humanos, organismos internacionales inclusive, y por lo tanto habilitar esta posibilidad” de anular una parte “sin duda implica también devolverle a la ciudadanía la posibilidad de evitar que haya un atropello tan importante a las normas constitucionales y por supuesto a la democracia”.
A continuación la abogada caracterizó que la LUC “no solamente es un instrumento político y jurídico sino que también incorpora concepciones que creíamos que no estaban tan arraigadas en sectores de la derecha y la extrema derecha de nuestro país; y vemos que evidentemente la LUC es una síntesis de la época mórbida que la vio nacer, porque no hay que olvidar que estábamos en un momento muy complicado de la pandemia cuando se impuso violentando los órdenes constitucionales vigentes”.
En América Latina “existen algunos antecedentes que podemos ver en una reforma del Estado que intentó (Carlos) Menem en su momento y que incorporaba una misma lógica en ese sentido, vinculada a desplazar al Estado, a generar un andamiaje normativo para la demagogia punitiva; y también tenemos un ejemplo muy claro en el caso de México con las reformas estructurales que buscó impulsar (Enrique) Peña Nieto, uno de los políticos responsables del número de desapariciones forzadas hoy”, apuntó.
Y si bien “estamos hablando de contextos políticos diferentes, (…) el juez (argentino Eugenio Raúl) Zaffaroni planteó en su momento que esas reformas estructurales se buscan, entre otras cosas, para generar un andamiaje de propuestas de mercantilización y desplazamiento del Estado, las armas para que esto sea posible, constituyendo un Estado gendarme; y eso lo vemos, sin duda, en que el brazo armado de la LUC en ese sentido es el Estado policial que construye con las disposiciones que plantea”, graficó.
“Es un retroceso en términos sobre todo de protección, de garantía de Derechos Humanos de la comunidad política en Uruguay en general; por un lado no se hace nada nuevo para poder generar una propuesta que no se base exclusivamente en el aumento de penas; (…) algo que impone la LUC y que lo dice expresamente, (…) es que la concepción digamos ´madre´ de seguridad que plantea está vinculada a la defensa de la propiedad privada como exclusivo objetivo que tendríamos como comunidad, lo cual es muy preocupante”; en esa dirección acusó al diputado Gustavo “Zubía” porque “está siendo absolutamente irresponsable, porque él hace apología de la violencia todo el tiempo; justamente porque plantea que la resolución de los conflictos en la sociedad en la que vivimos es como en el ´far west´ o como en Ciudad Gótica, o no sé en qué mundo él imagina que estamos, que el vecino y la vecina tienen que resolver sus conflictos con un arma de fuego; lo digo así porque él justifica de alguna manera la modificación de la legítima defensa planteando” lo mismo que la LUC, “que extiende la legítima defensa a la protección de los derechos patrimoniales, incluso cuando no corre riesgo la integridad física de la persona que eventualmente fue robada”; y esto allana el camino al “gatillo fácil”, advirtió la abogada.
Más adelante abordó la problemática derivada de que “el Derecho Penal es selectivo” y señaló al respecto que la LUC legitimó “una criminalización primaria que hace la Policía”, por ejemplo al detener a alguien en la calle aplicando el criterio discrecional de “´portación de cara´”, basado solo en prejuicios; cuando la detención se hace con “prepotencia” y ante ésta “la persona alega algo”, dado que “con la LUC existe el concepto de ´agravio a la autoridad´ esa persona queda detenida” sin más, caso de “criminalización primaria” que se está repitiendo “según informes de práctica forense”; a eso se suma “después la criminalización secundaria, que se da en el ámbito del trabajo que realiza la Fiscalía y también el Poder Judicial en su conjunto”.
Además, subrayó, esa concepción de la LUC “visibiliza también como comunidad una discusión que tenemos que dar, porque quienes abrazan la demagogia punitivista para castigar a los pobres, para castigar a los trabajadores que se manifiestan, (…) están proponiendo un proyecto de ley para liberar a quienes cometieron los delitos más graves” a nivel nacional e internacional, es decir los “crímenes de Lesa Humanidad” del terrorismo de Estado como “el genocidio, la tortura y la desaparición; así que sin duda, el orden de prioridad de este gobierno (…) está absolutamente equivocado; entonces el poder plantearlo en las urnas es clave, porque es una manera también de dialogar con un poder que está cegado a ese nivel de evaluar la posibilidad de hacer una concesión humanitaria a quienes cometieron crímenes gravísimos para la comunidad internacional en su conjunto, y por otro lado negar prisiones domiciliarias a mujeres con hijos”, acusó España.