CONSEJO DE MINISTROS
La ley de memoria declara “nulos de pleno derecho”
los juicios sumarios del franquismo
La norma cambiará la forma de enseñar la dictadura en colegios e institutos: “Nuestros jóvenes necesitan saber de dónde venimos”, dice Calvo. Las multas por incumplirla llegan a los 150.000 euros
CARLOS E. CUÉ
|NATALIA JUNQUERA
La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo (en primer término), y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes. En vídeo, Calvo explica que la ley de memoria declarará “nulos de pleno derecho” los juicios sumarios del franquismo.
Casi un año después de la exhumación de los restos de Francisco Franco, uno de los hitos del mandato de Pedro Sánchez, el Gobierno reactiva el debate sobre la memoria histórica con una exhaustiva ley de 66 artículos que remata el trabajo comenzado por la primera norma de este tipo, la de 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Esta nueva ley prohíbe la exaltación del franquismo y fija multas de hasta 150.000 euros por actos de homenaje al dictador. Además, cambiará la forma de explicar la dictadura en las escuelas y creará una fiscalía especial para investigar las violaciones de derechos humanos en ese régimen.
Carmen Calvo finiquita el trabajo iniciado por María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta primera, para homologar, según sus palabras, la democracia española a otras muchas en el mundo que han sufrido dictaduras y se enfrentan al dilema de cómo afrontar desde el presente un pasado trágico. “No seríamos una gran democracia si no somos capaces de enfrentarnos con justicia a nuestro pasado”, sentenció Calvo en la presentación del anteproyecto, que este martes aprobó el Consejo de Ministros y que según el secretario de Estado de memoria democrática entrará en vigor en 2021.
El texto contiene novedades legales de calado para honrar a las víctimas y cerrar el paso a todos los grupos, como la Fundación Francisco Franco, que siguen dedicándose a exaltar la dictadura, algo inviable en muchas democracias del entorno español con sus respectivos dictadores. Y desde el punto de vista político reabre un asunto que genera polémica en la derecha pero tiene un apoyo importante entre los votantes progresistas. “Siempre que Pedro Sánchez tiene un problema, saca el comodín del público, que es Franco”, declaró este martes el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. La norma tendrá ahora un largo recorrido parlamentario con polémica política garantizada.
La norma contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y la asunción por parte del Estado de la identificación de víctimas del franquismo que yacen en fosas y cunetas con fondos públicos, además de un banco de ADN. Y la ley, según confirmó la vicepresidenta, declara “nulos de pleno derecho” todos los juicios sumarios del franquismo, una reclamación histórica de las asociaciones de memoria.
Hasta 150.000 euros de multa por incumplimiento
Una de las grandes novedades del proyecto son las sanciones por incumplir la ley, que serán de hasta 150.000 euros en los casos muy graves: la destrucción de fosas comunes o de lugares de memoria, que la norma promueve para honrar a las víctimas en las ubicaciones de las peores tropelías del franquismo, y “la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación que entrañen la humillación de las víctimas”, una referencia pensada por ejemplo para un Ayuntamiento que permita un acto de exaltación franquista.
Además, se cambiará por completo la forma de enseñar la etapa de la dictadura. “Vamos a actualizar contenidos curriculares de enseñanza obligatoria y bachillerato, lo haremos en la ley de educación y en su desarrollo. Lo haremos también en la formación del profesorado, para tener los contenidos de la ley de memoria como una parte importante de los contenidos y de los valores de nuestros centros educativos”, señaló la vicepresidenta.
En el caso de la Fundación Francisco Franco, lo que hace la norma es fijar que será causa de extinción de una fundación pública —la de Franco o cualquier otra que esté en el registro de fundaciones— que se dedique a la apología del franquismo. La ley también contempla limitaciones similares para las asociaciones, para evitar que los franquistas vayan por esa vía: “Las autoridades públicas competentes procederán a revocar la declaración de utilidad pública de aquellas asociaciones” que hagan apología del franquismo o inciten al odio contra sus víctimas, señala el texto.
La norma contempla la creación de una Fiscalía de sala de memoria democrática en el Tribunal Supremo para coordinar el trabajo de justicia y reparación para las víctimas. Y señala que “el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, la dictadura y después de la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución de 1978”. Eso podría implicar un salto definitivo para juzgar los delitos del franquismo, aún con protagonistas vivos, sobre todo los de los últimos años. Sin embargo, todos los intentos que se han hecho hasta ahora para procesar a algún franquista —el más conocido es el del juez Baltasar Garzón— se han topado con el límite de la ley de amnistía de 1977. Y esa ley no se toca.
Fuentes del Gobierno señalan que la ley de amnistía puede eximir de responsabilidad personal por los hechos, pero no impide la investigación, que es lo que garantiza esta norma. El asunto queda en el aire, pero abre una puerta inédita al menos para investigar estos crímenes por parte de una fiscalía especial.
Gobierno español presentó anteproyecto
de Ley de Memoria Democrática
15 de septiembre de 2020
Entre otros puntos, esta norma prevé la creación de una fiscalía que investigará violaciones de los derechos humanos desde el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura.
Carmen Calvo, vicepresidenta española primera del gobierno, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, presentó este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto con 66 artículos que se agrupan en cinco títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la guerra civil y la dictadura encabezada por Francisco Franco, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales.
“No seríamos una gran democracia si no fuéramos capaces de enfrentarnos a nuestro pasado. Esta es una ley para encontrarnos todos, para producir sobre la verdad y la justicia, la paz que necesitan también las familias de estas víctimas”, afirmó la vicepresidenta Calvo luego de la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes, de acuerdo a lo que consignó La Sexta.
Además, según este anteproyecto de ley, que amplía y corrige significativamente la normativa de 2007 que aprobó el gobierno que en ese momento tenía como presidente al socialista José Luis Pérez Zapatero, se creará un plan de exhumaciones con recursos públicos y un banco de ADN para identificar a las víctimas del franquismo que permanecen enterradas en fosas comunes.
Paralelamente, mediante esta ley se retirarán todas las medallas y honores otorgados a los torturadores franquistas, aunque ya hayan fallecido, y se anularán todas las sentencias del franquismo, incluyendo crímenes emblemáticos como como fue el caso del poeta Miguel Hernández, fallecido por tuberculosis en una cárcel franquista en 1942, o del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, fusilado en 1940 luego de haber sido apresado en Francia por la Gestapo nazi a pedido de la Policía española. No entraría dentro de este capítulo de las sentencias el fusilamiento del poeta Federico García Lorca, en 1936, ya que este ni siquiera pasó por un juicio, sino que fue ejecutado de forma sumaria.
De acuerdo a la nueva ley impulsada por el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, también se procederá a la resignificación del Valle de los Caídos, célebre conjunto arquitectónico situado en las afueras de Madrid, del que hace un año exhumaron los restos del dictador Franco. En este sentido, Calvo explicó que el lugar quedará “como un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional”.
Por otra parte, la nueva ley habilitará la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo que investigará violaciones de los derechos humanos desde el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución actual, en 1978, y sus funciones serán “de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados”, según informó 20minutos.es.
Otra medida destacada de esta legislación será la prohibición de espacios públicos y fundaciones que exalten las figuras de los dictadores, como es el caso de la Fundación Francisco Franco. Al respecto, la ministra dijo que “no van a poder existir en nuestro país asociaciones con recursos públicos que enaltezcan cualquier tipo de figura dictatorial o la promoción del totalitarismo, no será posible ni legal”.
A propósito de este tema, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, dijo esta mañana que en el caso de que finalmente sean ilegalizados por la nueva normativa, la Fundación se inscribirá en un país extranjero para continuar con su actividad. “Si es preciso, nos vamos a un país libre”, expresó Chicharro Ortega en un programa radial, consignado por el portal Público.
En opinión de Chicharro, el proyecto del gobierno es “liberticida” y busca “borrar de un plumazo el franquismo y la transición”. Además, el militante de extrema derecha aseguró que antes de irse del país acudirán a los tribunales. “Los jueces van a tener un problema”, dijo.
Un proceso largo
Otro aspecto que abarcará la nueva ley será la educación. La vicepresidenta Calvo explicó que se incluirán materias relativas a la memoria democrática en la enseñanza secundaria y el bachillerato, además de figurar dentro de las materias de formación de los docentes.
En este momento, la II República, la guerra civil y el franquismo se incluyen en la asignatura de Historia, y Calvo adelantó que se van a “actualizar contenidos” que incidan sobre unos temas que, de manera más amplia, deberán ser “elemento capital” de los “valores” que se inculquen a niños y adolescentes en los centros escolares.
Se incluirá el “conocimiento de la historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas”.
Nunca Más requiere decir que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia siempre”, dijo Calvo. Por otra parte, el gobierno propone un régimen de sanciones que pueda multar con hasta 150.000 euros a quienes enaltezcan la dictadura o a Franco o lleven a cabo acciones que menosprecien o “humillen” a las víctimas del régimen totalitario que gobernó España entre 1939 y 1975.
Entre las conductas sancionables como falta grave, figura ir a una manifestación con banderas franquistas –una acción habitual en las movilizaciones de la extrema derecha española– y proferir proclamas que atenten contra la dignidad de las víctimas del régimen.
De todas maneras, el gobierno de Sánchez es plenamente consciente de que la puesta en práctica de esta norma deberá atravesar un largo proceso. Si bien la idea es que se apruebe “lo antes posible”, se tiene claro que no se podrá hacerlo a la brevedad.
El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros tiene que ser enviado a diferentes órganos e instituciones que se verían afectadas por su aprobación como, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial.
Una vez se pronuncien estos órganos, el texto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda instancia y recién entonces sería remitido al Congreso para su debate, proceso de enmiendas y búsqueda de una mayoría parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, se muestran optimistas y esperan contar con un respaldo parlamentario importante que garantice su aprobación sin grandes problemas.