Intento inaudito de cambiar la historia de la dictadura

El golpe de Estado «fue consecuencia de

los movimientos guerrilleros»

aseguró secretaria de Derechos Humanos

Rosario Pérez, secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, aseguró además que «una parte de la población sintió que los militares eran la solución para un país en declive».

POR SOFÍA PINTO ROMÁN 

30 NOVIEMBRE, 2021 

Rosario Pérez, secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, aseguró en un acto oficial que el golpe de Estado «fue consecuencia del deterioro que atravesaba el país» por «el surgimiento de los movimientos guerrilleros». También aseguró que «una parte de la población sintió que los militares eran la solución para un país en declive, pero, a cambio, perdió uno de sus bienes más preciados: la democracia».

Pérez participó en un evento organizado por la propia Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y el Parlamento llamado «Viví democracia». La jornada se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para celebrar el 38° aniversario del multitudinario acto en el obelisco en defensa de la democracia, conocido como Río de Libertad por la icónica foto que tomó Américo José Plá ese 28 de noviembre de 1983.

El objetivo de la actividad era, según explicaron durante la presentación, reflexionar e intercambiar sobre el rol de todos y todas en la construcción democrática de nuestro país.

Pérez cerró su intervención asegurando que los años de dictadura «fueron de oscuridad, pero también de aprendizaje». Ese aprendizaje «comenzó a civilizarse en 1980 cuando la población habló a través de las urnas dando un no a una reforma constitucional propuesta por el gobierno de facto que, entre otros cometidos, tenía el fin de legitimar ese gobierno por la vía democrática».

«Prácticamente desarticulada»

Luego de la intervención de Pérez, que fue la primera en hablar, se proyectó un video sobre la dictadura en Uruguay y el retorno a la democracia. La primera placa repetía palabras que Pérez pronunció: «El surgimiento de la guerrilla, en los años previos al golpe de Estado, generó inestabilidad y violencia en el país. Huelgas, paros, ataques sorpresivos, secuestros, robos, saqueos, asesinatos, fueron generando miedo y frustración en la gente».

Luego se veía un video de la explosión del bowling en septiembre de 1970 con la leyenda: «Tupamaros explotan el Bowling». Y la siguiente imagen eran tapas de diarios de la época con los titulares «Sediciosos roban caso 100 millones»; «Tupamaros raptan embajador inglés»; «Chofer de CUTCSA asesinado por tupamaro ya detenido».

A continuación, otra placa con texto: «El golpe cívico-militar se dio en momentos en que la guerrilla estaba prácticamente desarticulada, y la mayoría de sus integran[t]es se encontraban presos o exiliados en el exterior».

No se realizó ninguna mención a los grupos de «contrainsurgencia» que actuaron en los años previos al golpe dentro de la estructura estatal. Una de estas agrupaciones parapoliciales y paramilitares clandestinas fue el Escuadrón de la Muerte, responsable de al menos 5 asesinatos y desapariciones, además de varios atentados con bomba.

¿Quién es Rosario Pérez?

Rosario Pérez es consecuente. El 23 de mayo de 2020, tres días después de la Marcha del Silencio, Pérez publicó en su Facebook “Asesinados por Tupamaros. Casi un centenar de muertos por la guerrilla mafiosa del Uruguay de esos casi 30 civiles. ¿Quién los recuerda? Quién los reivindica para un verdadero NUNCA MÁS”.

En junio de 2020 su predecesor en la SDH, Nelson Villareal, cuestionó su nombramiento en una entrevista con la diaria por dos motivos. Primero, por el posteo mencionado. Segundo, porque Pérez fue procesada con prisión en 2008 por un delito de frustración de pago de cheques.

En 2013 compartió una nota de El Observador sobre falta de mano de obra no especializada y opinó: «Yo me pregunto porque [sic] entonces hay tanto plan social en la vuelta ??? Será porque es más fácil que te den a cambio de un voto que laburar???[sic]».

Villarreal mostró preocupación por esto en diálogo con la diaria. «La sucesora en la Secretaría de Derechos Humanos viene con un relato que no comprende que la primera responsabilidad en la violación a los derechos humanos está en el Estado y que confundir en lo que se origina el terrorismo es no resolver la violencia», sentenció.

«Tergiversan la historia»

La diputada frenteamplista Lilián Galán se retiró de la actividad «Viví democracia» tras los dichos de Pérez. En su cuenta de Twitter informó lo que estaba sucediendo.

Aseguró que «es una falta de respeto grave hacia la historia reciente construir el relato de la paz y del orden que la Dictadura Cívico Militar impartió como respuesta hacia acciones armadas focalizadas. Es erróneo afirmar que en nuestro país hubo guerrilla. Es quitar responsabilidad al Estado, desconocer el papel de las cámaras empresariales, la embajada estadounidense y los medios de comunicación en un Cono Sur que desapareció, asesinó y persiguió gente hasta fines de la década del 80».

En diálogo con Caras y Caretas Portal, la diputada afirmó que dentro de la bancada del Frente Amplio están analizando qué acciones llevar a cabo. Desde su despacho redactaron hoy una nota para presentar en la media hora previa del Parlamento, con el objetivo de que se vote y pase a la SDH.

En la nota recuerdan, explicó la diputada (que además es profesora de Historia y magíster en Historia Económica), que existen documentos nacionales e internacionales que demuestran que la dictadura excedió lo nacional. Mencionó como ejemplo el Plan Cóndor, los planes de la Embajada Norteamericana para América Latina.

Por ello, denuncian que la SDH como organismo oficial «tergiversa la historia» y eso es «una muy mala señal». Para Galán «este relato no contribuye a crear un mejor clima de democracia y participación de la ciudadanía».

La SDH no está obligada a contestar, pero Galán espera que no elijan el silencio.

Secretaria de Derechos Humanos

afirmó que el golpe de Estado fue

“una consecuencia” de los

“movimientos guerrilleros”

30 de noviembre de 2021 · 

Rosario Pérez

La diputada frenteamplista Lilián Galán se retiró de la actividad que organizó esa secretaría porque considera que es “una falta de respeto grave hacia la historia reciente”

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia organizó una actividad en el Parlamento para conmemorar el 38º aniversario del “Río de libertad” del 27 de noviembre de 1983 como parte del proceso de construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. La actividad tuvo como invitado al periodista Avedis Badanian, organizador del debate por el plebiscito de 1980, y en la presentación la secretaria de Derechos Humanos, Rosario Pérez, afirmó que el golpe de Estado fue “una consecuencia” del “deterioro por el que atravesaba el país” a causa de la actuación de los “movimientos guerrilleros”.

“Fueron años muy difíciles de transitar, pero no sólo los del gobierno militar. El país venía de una situación en que el surgimiento de los movimientos guerrilleros ya había horadado mucho de los derechos de la población: huelgas, paros, ataques sorpresivos, secuestros, robos, saqueos, fueron generando miedo y frustración en las personas. El golpe de Estado fue una consecuencia del deterioro por el que atravesaba el país, y hubo una parte de la población que incluso sintió que los militares eran la solución para un país en declive”, afirmó Pérez en su breve exposición.

Un video que se proyectó pocos minutos después comenzó con el mismo concepto: “El surgimiento de la guerrilla, en los años previos al golpe de Estado, generó inestabilidad y violencia en el país. Huelgas, paros, ataques sorpresivos, secuestros, robos, saqueos, asesinatos, fueron generando miedo y frustración en la gente”. El mensaje iba seguido de imágenes de la explosión del club de bowling de Carrasco a manos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), en setiembre de 1970, y de portadas de diarios con distintas noticias sobre los ataques del MLN-T. No obstante, en el audiovisual se aclara que “el golpe cívico-militar se dio en momentos en que la guerrilla estaba prácticamente desarticulada y la mayoría de sus integrantes se encontraban presos o exiliados”.

Este abordaje del contexto político de la época llevó a la diputada frenteamplista Lilián Galán a retirarse de la actividad, según lo que ella misma comentó en Twitter. “Desde la secretaría de DD.HH de Presidencia afirmaron en la intervención central que el Golpe fue consecuencia de la guerrilla y además tuvo gran apoyo popular. Es una falta de respeto grave hacia la historia reciente construir el relato de la paz y del orden que la Dictadura Cívico Militar impartió como respuesta hacia acciones armadas focalizadas. Es erróneo afirmar que en nuestro país hubo guerrilla”, escribió la legisladora del Movimiento de Participación Popular.

Por otro lado, Galán opinó que el planteo de la secretaria de Derechos Humanos implica “quitar responsabilidad al Estado” y “desconocer el papel de las cámaras empresariales, la embajada estadounidense y los medios de comunicación en un Cono Sur que desapareció, asesinó y persiguió gente hasta fines de la década del 80”. “Las nuevas generaciones merecen nutrirse de discusiones serias sobre nuestro pasado reciente. Lo de hoy fue una tergiversación innecesaria, nada más y nada menos que en la casa de las leyes, que estuvo 12 años oscuros sin actividad en aquella época”, reflexionó.

Apuntes del día: Presidencia propone un nuevo pasado

1 de diciembre de 2021 · 

Escribe Marcelo Pereira 

La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Rosario Pérez, salió a poner la cara el lunes por un relato estrafalario sobre los motivos del golpe de Estado de 1973. No sólo reiteró la tesis derechista que señala a los grupos armados de izquierda como causantes de la dictadura, sino que acusó también al movimiento sindical, claro protagonista de la resistencia y de la recuperación de la democracia.

Pérez dijo que tanto los “ataques sorpresivos, secuestros [y] robos” de la guerrilla como las huelgas y paros habían “horadado muchos de los derechos de la población” (junto con presuntos “saqueos”, que no se sabe a quién quiso atribuir), “generando miedo y frustración”, y que “el golpe de Estado fue una consecuencia de ese deterioro”.

Los hechos históricos no cambian, pero su evocación varía mucho. Hay interpretaciones políticas interesadas, y hasta las visiones del futuro reconfiguran el pasado. Esto afecta la formación ciudadana y, por lo tanto, también la calidad de la convivencia y las decisiones en democracia.

En términos ideales, se supone que el paso de los años contribuye a la moderación de pasiones, la reivindicación de matices y el acercamiento colectivo a una visión más equilibrada, pero también puede suceder lo contrario. Las disputas se agudizan, el tiempo transcurrido debilita las memorias y se facilita la irrupción de narrativas que niegan incluso los datos más evidentes.

En el relato de Pérez no hay intereses económicos nacionales e internacionales, ni Guerra Fría ni partidos. No hay militares instruidos en el extranjero para torturar ni escuadrones de la muerte. Sólo hay, como en el libro que el Ejército editó en 1978, “una nación agredida” por guerrilleros y sindicalistas, cuyo “deterioro” causa, sin que se explique cómo ni por qué, más de una década de terrorismo de Estado.

La actividad sindical sí fue una de las causas del proceso autoritario, pero no porque “horadara derechos” sino porque los defendió. Ante la crisis económica y social, actuó con potencia y eficacia contra una redistribución regresiva y antinacional de la riqueza, que la dictadura uruguaya vino a profundizar como muchas otras en la región.

El movimiento sindical no sólo cumplió con su deber defendiendo el trabajo y el salario, sino que además fue capaz de articular un programa de soluciones para el conjunto de la sociedad, de unificarse tras él y de forjar amplias alianzas. Así estableció las bases para la unificación, en el Frente Amplio, de izquierdas y sectores progresistas colorados, blancos e independientes.

Estos procesos fueron combatidos por la dictadura para llevar al país hacia donde quería. Ella sí generó, sin duda, miedo, frustración y un gravísimo deterioro, desde lo económico hasta lo cultural.

Es frecuente que quienes impulsan proyectos derechistas difamen al sindicalismo. En la transición democrática más de uno quiso convencer a la población uruguaya de que los paros y las huelgas eran prácticamente lo mismo que la violencia guerrillera, y de que creaban graves riesgos de otro golpe de Estado. Pero nadie tuvo, por lo menos, el descaro de encomendarle la triste tarea de agitar cucos a una Secretaría de Derechos Humanos.

Esto es grave. 

Por Daniel Olesker

 

Repudiable y tergiversado video de Presidencia sobre el análisis de las causas de la dictadura.

Nada dice el video presentado que:

1) La dictadura fue el resultado de la necesidad de la clase empresarial dominante  de bajar los salarios y aumentar las ganancias.

2) De que ello no era posible por las luchas sindicales, la oposición popular del Frente Amplio y del MLN.

3) por ende la represión el único camino para imponer este modelo concentrador y excluyente.

4) De que la dictadura además es el punto final de un proceso represivo que, al menos, empezó en 1968 con el pachecato y seguido por Bordaberry, gobernando bajo medidas prontas de seguridad, eliminando consejos de salarios y encarcelado y torturando bastante antes de junio de 1973.

5) Que después siguieron 12 años más de cárcel, tortura, desapariciones, despidos  en la función pública.

6) Que ademas la dictadura fue parte de una estrategia de los EEUU en el Cono Sur llamado Plan Cóndor.

7) Y por supuesto nada dice que se logró el objetivo ya que con la dictadura  bajo el salario real 50%.

Ah, y lo último, muchas de las políticas económicas de la dictadura son “primas hermanas” de las del actual gobierno.

Otra vez, la lógica del “si pasa, pasa”. No pasarán.

Democracia y derechos humanos en

la comprensión del presente

y el pasado reciente

1 de diciembre de 2021 · 

Escribe Nelson Villarreal Durán 

El debate ideológico que estamos viviendo no sólo en Uruguay y la región, sino en el mundo, muestra la existencia de una visión que pone bajo sospecha la ampliación y el sentido de la democracia. No sólo en el presente se busca desarrollar control sobre el conflicto social, sino que se relee la historia desde una perspectiva reactiva que busca legitimar los valores del orden establecido.

Uruguay no está fuera de los relatos que buscan trastocar el acrecentamiento de la democracia como ampliación de justicia y verdad para una mayor equidad en las relaciones de poder en las sociedades que se encuentran en profundo cambio. Los relatos van desde recuperar un orden perdido hasta generar razonamientos basados en la idea de equidistancia en las relaciones de poder, que no aceptan las desigualdades, o la posición que entiende las movilizaciones sociales como el origen de la crisis institucional. Finalmente, las víctimas en cualquier orden pasan a ser presentadas como los victimarios y, de forma directa o indirecta, se legitima el discurso de la inevitabilidad de poner orden en sociedades que entrarían en desagregación. Por eso, pasa a ser casi un mal menor las excepciones que interrumpen la dinámica democrática a distinto nivel.

Hay actores de la coalición de gobierno que parecen estar dentro de este paradigma. No son todos, pero mientras el resto no reaccione a ciertos exabruptos parecería que avalan ese enfoque que termina minando la acumulación virtuosa que tienen varias tradiciones políticas en nuestro país, en la que nos reconocemos y que constituye un diferencial de Uruguay.

En tal sentido, la forma y el contenido con los que la actual secretaria de Derechos Humanos de Presidencia instala un espacio de reflexión sobre el pasado reciente, además de volver a alinearse con esa visión ideológica, se posiciona desde el relato que no asume en quién está la responsabilidad central de la violación de los derechos humanos, a la vez que avala los relatos justificadores de un poder autoritario que no analiza el conflicto histórico del cual emerge el sentido de la defensa a la dignidad humana de quien ha sido violentado.

Afirma que el golpe de Estado fue “una consecuencia” del “deterioro por el que atravesaba el país” a causa de la actuación de los “movimientos guerrilleros”. Sostiene: “Fueron años muy difíciles de transitar, pero no sólo los del gobierno militar. El país venía de una situación en que el surgimiento de los movimientos guerrilleros ya había horadado muchos de los derechos de la población: huelgas, paros, ataques sorpresivos, secuestros, robos, saqueos fueron generando miedo y frustración en las personas. El golpe de Estado fue una consecuencia del deterioro por el que atravesaba el país, y hubo una parte de la población que incluso sintió que los militares eran la solución para un país en declive”, afirmó Rosario Pérez en su breve exposición.

Un video que se proyectó pocos minutos después comenzó con el mismo concepto: “El surgimiento de la guerrilla, en los años previos al golpe de Estado, generó inestabilidad y violencia en el país. Huelgas, paros, ataques sorpresivos, secuestros, robos, saqueos, asesinatos fueron generando miedo y frustración en la gente”. El mensaje iba seguido de imágenes de la explosión del club de bowling de Carrasco a manos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), en setiembre de 1970, y de portadas de diarios con distintas noticias sobre los ataques de este movimiento. No obstante, en el audiovisual se aclara que “el golpe cívico-militar se dio en momentos en que la guerrilla estaba prácticamente desarticulada y la mayoría de sus integrantes se encontraban presos o exiliados”.

No habría que olvidar que un mes antes de asumir, en 2020, Rosario Pérez ya había hablado de movimientos terroristas para referirse a los movimientos armados de izquierda, mostrando profundo desconocimiento, porque las ciencias sociales y la visión de los derechos humanos sitúan el rol de terrorismo en el actor institucional que detenta todo el poder, es decir, el Estado. Esto, por cierto, no justifica acciones armadas, y por ello fueron a prisión quienes lo hicieron.

Pero es realmente preocupante que quien está llevando adelante el desarrollo de un Plan Nacional en Derechos Humanos se sitúe como parte de una pulseada ideológica que borra la apropiación histórica y el enfoque que permite tener una lectura desde quienes padecieron la violación a los derechos humanos por el Estado, que los debería garantizar. Porque no hay visión posible desde los derechos humanos que legitime la tortura, el asesinato y la represión de militantes políticos y sindicales, ya no sólo en el perído dictarorial, sino en la forma en que el Estado enfrentó las acciones armadas y sobre todo la conflictividad social, puesto que la legítima violencia del Estado reclama que se ejerza respetando la dignidad humana de todas las personas. Tanto de los que se levantaron en armas como de quienes ejercieron terrorismo de Estado. Ese parámetro es el que permite situarse desde el enfoque de derechos humanos según todos los tratados y convenciones firmados por Uruguay y no construir un relato que cambie las responsabilidades de quienes efectuaron violaciones de derechos humanos generalizadas en nuestro país.

Por eso cuando en 2018 instalamos la Semana de la Democracia desde la Secretaría de Derechos Humanos, no fue para justificar discursos ideológicos sino para fortalecer el parámetro común que responsabiliza al Estado en garantizar los derechos humanos.

Por tanto, desde una perspectiva de la relación entre democracia y derechos humanos, el 27 de noviembre, en el que se recordaron los 38 años del “Río de Libertad” ‒cuando se dio la enorme concentración contra la dictadura en el Obelisco de los Constituyentes en 1983‒, supone no perder la relación intrínseca entre ambas dimensiones, y respecto de cómo se analiza el golpe de Estado de junio de 1973. La historia muestra que la mayoría de los sectores políticos y de la población que se reencontraron en ese espacio para recuperar institucionalidad tenían una clara convicción de la usurpación del poder legítimo, y es el lente desde el que se instala el cómo leer la historia vivida. Hecho paradigmático por varios aspectos: porque expresaba a las mayorías de orientales en un amplio espectro social y político y porque se afirmaba con el hecho y el discurso de Alberto Candeau que el único relato que permite convivencia y respeto a los derechos humanos es la democracia. Esta subjetividad política y republicana es la que da garantías a una democracia que pretenda ser plena. Una democracia que no debió haberse interrumpido nunca. Quienes usurparon la representación popular, poniendo al Estado contra el pueblo, son quienes deben dar cuenta de trastocar la convivencia entre los orientales.

Para un colorado como el doctor Enrique Tarigo, al que tuve el orgullo de felicitar en 1981 entrando a un juzgado civil por su brillante exposición en el debate con el coronel Néstor Bolentini ante el plebiscito de 1980, no existía dudas sobre de qué lado estaban los demócratas y de qué lado estaba el despotismo y la violación a la dignidad humana.

El hecho de que a la fecha no hayamos logrado como sociedad y Estado saldar la memoria del pasado reciente, cerrando esta etapa de la historia, no habilita a todo relato.

En nuestra generación del 83, que encontró refugio de la dictadura en las parroquias católicas ‒sobre todo militantes jóvenes, blancos y del Frente Amplio, y algunos colorados‒, tampoco existía dudas de que la democracia había sido violentada por el “proceso cívico-militar”, que como todas las dictaduras de la región actuó articuladamente en el terrorismo de Estado, como la investigación histórica, judicial y política ha mostrado a la fecha. Por lo que no puedo creer que wilsonistas, socialcristianos, batllistas de mi generación, con quienes compartimos la lucha contra la dictadura y que hoy son parte de partidos de la coalición, de los que descuento su convicción democrática, no reaccionen ante tales afirmaciones. Wilson Ferreira Aldunate, como Amílcar Vasconcellos, Tarigo o Alberto Zumarán, tenían muy claro quiénes fueron los que dieron el golpe de Estado y qué civiles y militares no respetaron la Constitución.

En los últimos años parecería ser que relatos que fueron sustento de la dictadura y el terrorismo de Estado vuelven, ya no sólo desde nostálgicos de los “dos demonios”, sino con la pretensión de trastocar la memoria popular, social y política que permitió reconquistar la democracia a fines de 1984.

Se instala un debate sobre el pasado reciente que pretende situar actores a la misma altura, cuando los hechos muestran cómo se puso a la estructura del Estado en el rol de reprimir a la movilización social, poner en prisión y torturar masivamente a militantes sociales y políticos, hacer desaparecer a personas y expulsar al exilio a un número muy importante de compatriotas. Como remitíamos al doctor Tarigo, también sostenían la misma denuncia y relato Wilson Ferreira en el exilio como líder de la mayoría del Partido Nacional, o el general Líber Seregni, líder del Frente Amplio, preso por pensar distinto.

El proceso de toma de conciencia social y democrática promovido por las víctimas del terrorismo de Estado desde Madres y Familiares, Crysol, o el compromiso por la causa de los derechos humanos en el ayuno de los sacerdotes Perico Pérez Aguirre, Jorge Osorio y el Pastor Ademar Olivera en 1983, y el reconocimiento como Estado, a partir de las convenciones firmadas, de que el rol del Estado no es igual al de otros actores, junto a otros pasos en la política pública, no dejan equívoco sobre la responsabilidad en la garantía o violación de los derechos humanos por el Estado.

Quien asume una responsabilidad pública en un Estado democrático y garantista de derechos, como se autoproclama Uruguay, no puede o no debiera confundir, en un enfoque de derechos humanos, que la responsabilidad y rol del Estado no está a la misma altura de las acciones de personas y grupos en la sociedad, aunque estos trastoquen la convivencia.

El hecho de que a la fecha no hayamos logrado como sociedad y Estado saldar la memoria del pasado reciente, cerrando esta etapa de la historia, no habilita a todo relato. Si se quiere ser consistente con el enfoque de derechos humanos, si se quiere fortalecer la democracia y si se busca construir relatos integradores, no se podría desconocer que fue el Estado tomado por intereses autoritarios y no el conflicto social y la violencia de grupos escasamente armados los que originaron el peor violentamiento a las leyes, la Constitución y, sobre todo, a los derechos de los habitantes de nuestro país.

La democracia como sistema político y social es dinámica en su fundamento de convivencia, tanto en su acumulación virtuosa como en su cuestionamiento. El dinamismo de la democracia encuentra garantías en la pluralidad, pero también en asumir y procesar los conflictos que la hacen efectivizarse en la medida que permiten visibilizar las relaciones desiguales de poder, no sólo en lo político, sino en lo social y económico. Por tanto, el conflicto es connatural a la democracia y debería ser hilo conductor de análisis del presente y del pasado reciente, y sobre todo de cómo ampliaremos y consolidaremos la democracia hacia el futuro.

Mirar el pasado y leerlo como comunidad nacional reconciliada pasa por asumir que el Estado debe ser garantista de derechos para todas las personas y que no se puede seguir aceptando que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no tengan dentro de todas las garantías la condena acorde al atentado estructural que realizaron contra la democracia. Que sin verdad y justicia no hay reconciliación posible, porque si no todo daría lo mismo. Y ello no es venganza, es pretender ser tratados igual ante la ley.

Hoy como ayer, pretender resolver los conflictos de la democracia con el control, la penalización de la protesta social o la justificación de la ruptura democrática es no asumir que el conflicto es inherente a ella, y que ante las crisis lo que hay que ampliar es la propia democracia, no cercenarla. Las crisis de la democracia se resuelven con más democracia.

Nelson Villarreal Durán es docente e investigador de la Universidad de la República y fue secretario de Derechos Humanos de Presidencia

Fabiana Larrobla, investigadora especializada en terrorismo de Estado, dialogó con Caras y Caretas sobre la jornada histórica conocida como Río de Libertad, y los procesos que vivió Uruguay desde 1947 hasta los años posteriores a la dictadura.

 

POR SOFÍA PINTO ROMÁN 

6 DICIEMBRE, 2021 

Un río de libertad
Va naciendo de la oscuridad
Es en la democracia que renacerá
Cuando habrá que volver a empezar
Y sale el sol otra vez
Los sonidos de un amanecer
Juventudes que entonan la nueva canción
De esperanza y también de dolor

Murga Doña Bastarda, retirada 2019

Pasaron 38 años de la histórica jornada «Río de Libertad», llamada así por la icónica foto que tomó Américo José Plá. 38 años de aquel 28 de noviembre de 1983 en el que miles y miles de personas se congregaron en el Obelisco de los Constituyentes con un objetivo común que pesaba más que todas sus diferencias: la defensa de la democracia.

Fabiana Larrobla, investigadora especializada en terrorismo de Estado, explicó a Caras y Caretas que esa jornada del 83, una de las más masivas de la historia del país, «remite a un ideal de unidad, de un proyecto común como país».

La reunión de personas de todos los partidos políticos y de la sociedad civil fue un «momento catártico, uno de esos momentos culminantes en el que todos nos sentimos parte de lo mismo». Y aunque «rápidamente quedó claro que eso no era así» y «tendemos a idealizar los recuerdos», la jornada se convirtió en un símbolo de la defensa de la democracia.

Para la experta «lo más simbólico de la fecha fue que el sistema de partidos tomó su lugar». El año 83 se caracterizó por grandes movilizaciones sociales, las organizaciones sociales tuvieron un protagonismo enorme. El 28 de noviembre «simbólicamente podemos ver en el estrado que los partidos van por su espacio, se colocan en el centro».

La fecha está guardada en la memoria colectiva como un quiebre. Fue un momento «de altas expectativas con respecto a lo que podía traer la democracia, como si realmente fuera un corte entre la dictadura y la democracia, como si no fueran parte de una continuidad, con nudos o distintos momentos en los procesos», en palabras de Larrobla.

Había «altas expectativas, esperanza, ilusión y encantamiento por lo que iba a venir una vez que se realizaran elecciones o se restableciera el régimen democrático», explicó la experta.

«Viví democracia»

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia (SDH) organizó una actividad llamada «Viví democracia» por el 38° aniversario del Río de Libertad. El objetivo era «reflexionar e intercambiar sobre el rol de todos y todas en la construcción democrática de nuestro país».

En el inicio de la actividad la secretaria de la SDH, Rosario de Lourdes Pérez Perdomo, aseguró que el golpe de Estado de 1973 «fue consecuencia del deterioro que atravesaba el país» por «el surgimiento de los movimientos guerrilleros». También aseguró que «una parte de la población sintió que los militares eran la solución para un país en declive, pero, a cambio, perdió uno de sus bienes más preciados: la democracia».

Luego de la intervención de Pérez se proyectó un video sobre la dictadura en Uruguay y el retorno a la democracia. La primera placa repetía palabras que la jerarca de la SDH pronunció: «El surgimiento de la guerrilla, en los años previos al golpe de Estado, generó inestabilidad y violencia en el país. Huelgas, paros, ataques sorpresivos, secuestros, robos, saqueos, asesinatos, fueron generando miedo y frustración en la gente».

No se realizó ninguna mención a los grupos de «contrainsurgencia» que actuaron en los años previos al golpe dentro de la estructura estatal. Una de estas agrupaciones parapoliciales y paramilitares clandestinas fue el Escuadrón de la Muerte, responsable de al menos 5 asesinatos y desapariciones, además de varios atentados con bomba.

Procesos complejos

En Uruguay el relato sobre los años previos a la dictadura, la dictadura y la posdictadura está muy polarizado. Conviven varias verdades. Generación tras generación seguimos disputando como sociedad el relato de nuestra historia. Pero es importante recordar que hay datos, documentos y hechos innegables.

Larrobla tiene una postura conceptual y epistemológica clara a la hora de abordar estos hechos: «No se pueden hacer análisis simplistas de procesos humanos complejos. Tenemos que salir del análisis básico y lineal de cualquier suceso histórico».

Rechaza la postura de Pérez de que la responsabilidad del golpe de Estado fue de los movimientos guerrilleros. Sin embargo, no se decanta por el contraargumento de que el MLN estaba derrotado. En vez de optar por uno de estos dos caminos discursivos, como solemos hacer en las discusiones sobre estos temas, Larrobla explica. Porque si no analizamos esto como «un fenómeno complejo donde intervienen diferentes factores, nos estamos perdiendo de aprender».

Larrobla asegura que «no podemos aislar a la dictadura de un proceso uruguayo de más larga duración. Ni siquiera la podemos aislar de la historia del Uruguay». No fue «un evento excepcional, donde todo venía bárbaro y de pronto emerge la dictadura para poner freno a una manga de guerrilleros alocados que venían a desestabilizar». La dictadura «forma parte misma del entramado y del agotamiento del sistema político, entre otros factores».

Cronología: del 47 al 85

La experta propone tomar como referencia la Guerra Fría. Sobre todo a partir de 1947, explica, el Estado fue produciendo un marco legal que habilitó cada vez más la participación de las Fuerzas Armadas en el campo de la política.

Al mismo tiempo, empiezan a emerger fuerte las voces de una parte de la sociedad que «quiere otra cosa». El pasaje del Estado democrático al Estado policial se fue dando desde el 47 en adelante. En el 47 año se creó el Servicio de Inteligencia de Enlace. En el 67 fue la reforma constitucional. Los sucesos se fueron acelerando, el ritmo era cada vez mayor, el Estado avanzaba de manera autoritaria.

A partir del 68 ocurrieron algunos eventos «que pueden parecer azarosos o no», como la muerte de Gestido y la asunción de Pacheco, la ilegalización de una serie de organizaciones y la aplicación sistemática de medidas prontas de seguridad. «Era un clima de mucha conflictividad social y de mucha movilización», asegura Larrobla, y en ese contexto «el MLN, como todas las organizaciones, forma parte del entramado de sucesos».

El año 71 fue «muy importante» porque las Fuerzas Armadas «tomaron la conducción de la lucha antisubversiva» y se creó la estructura semiclandestina OCOA, «que por supuesto ya estaba pensada de antes». El decreto es del 9 de septiembre y empezaron a actuar el mismo día. «Esto llevaba una planificación y una estrategia muy, muy pensada. La ruptura del sistema democrático, el ajuste conservador, estaba ocurriendo más allá de la existencia del MLN o de otras organizaciones».

Hubo un punto de no retorno: en febrero de 1973 Franchese fue nombrado ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas «realmente toman el poder y se encargan de lo que va a ser la doctrina de la seguridad nacional».

MLN y apoyo popular

Cuando militares, políticos y civiles dieron el golpe de Estado los tupamaros «estaban derrotados militarmente, sí, pero seguían organizándose y movilizándose en la clandestinidad». Además existían otras organizaciones. Sin embargo, para Larrobla el MLN «nunca fue una amenaza a la estabilidad del Estado, ni en sus mejores épocas». Sí había «un clima social que podía resultar amenazante, pero era un clima de mucha movilización».

Con respecto a las afirmaciones de Pérez sobre el apoyo popular a la dictadura, Larrobla asegura que es cierto que «la violencia política estaba legitimada, existía ese discurso»; sin embargo, destaca que esa violencia es distinta de la violencia estatal. «La violencia ejercida desde el Estado es otra cosa porque arrasa con todos los derechos, porque no tiene control», sentencia.