Organizaciones uruguayas por los DDHH, junto a la central obrera PIT-NT, serán recibidos por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que los juicios entablados contra los militares responsables de Crimenes contra la Humanidad en los años de la dictadura, no pueden llegar hacerse efectivos delante la Justicia.
DDHH
08 de noviembre de 2019
En Uruguay “persisten obstáculos” en
materia de justicia y verdad por
crímenes de la dictadura
Organizaciones uruguayas serán recibidas en audiencia el 11 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los obstáculos a la justicia y a la verdad en el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la pasada dictadura cívico-militar.
A 35 años del fin del gobierno cívico-militar, en Uruguay “persisten serios obstáculos en materia de justicia y verdad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese período”, expresó Amnistía Internacional a través de un comunicado.
Según los datos de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, “en el 91% de las causas abiertas por estos crímenes no se ha solicitado aún el procesamiento”.
La Suprema Corte de Justicia, por su parte, “ha pasado por alto en repetidas ocasiones, las obligaciones de derecho internacional del Estado al concluir en varias sentencias que estos crímenes están sometidos a prescripción”, remarca Amnistía.
En cuanto a la verdad, del total de 196 personas uruguayas detenidas desaparecidas, “el 84% aún no han sido encontradas”.
De las 44 personas desaparecidas en territorio uruguayo, “sólo ocho han sido halladas, dos de ellas en territorio paraguayo”.
Audiencia
En este contexto, el Centro de Promoción y Defensa de los derechos humanos (CDH), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional han obtenido una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de presentar los obstáculos existentes para la búsqueda de verdad y justicia en Uruguay.
Dicha audiencia se realizará en el marco del 174 Período de Audiencias de la CIDH en Quito, Ecuador, el lunes 11 de noviembre desde las 12:45 las 13:45, hora ecuatoriana.
Dos representantes de las organizaciones uruguayas viajarán al evento, del que también participará una representante de la Oficina Regional Américas de Amnistía Internacional.
La audiencia será transmitida en vivo por la página web de la CIDH.
COMUNICADO
CIDH: EL URUGUAY FRENTE A SUS
OBLIGACIONES INTERNACIONALES.
El próximo lunes 11 de noviembre el Estado uruguayo deberá comparecer en Audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en oportunidad de celebrarse en Quito – Ecuador el 174 periodo de sesiones.
En esta oportunidad, a partir de una iniciativa conjunta del Observatorio Luz Ibarburu , el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CDH), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Amnistía Internacional, el Estado uruguayo deberá responder sobre los “Desafíos para la búsqueda de la verdad y justicia en Uruguay”. .
La representación de las organizaciones sociales peticionantes estará integrada por el Dr. Leonardo Di Cesare (Observatorio Luz Ibarburu), Irma Correa (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos) y Belissa Guerrero Rivas (Amnistía Internacional).
La sesión en la que se debatirá sobre los obstáculos que persisten en el Uruguay para la búsqueda de verdad y justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el llamado pasado reciente, tendrá lugar en la sala B del Hotel Swissôtel de Quito – Ecuador entre las horas 12.45 y 13.45 (14.45 y 15.45 horas de Uruguay) y se podrá seguir su desarrollo en directo en: https: //www.canalcidh.org/.
La Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT y el Observatorio Luz Ibarburu, invitan a compartir el seguimiento de las alternativas de esta actividad desde la sede del PIT/CNT (Jackson 1283) a partir de las 14 y 30.
Fernanda Aguirre (Secretaria Ejecutiva del PIT/CNT).
Raúl Olivera (Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu)
Organizaciones sociales
plantearon insuficiencias en
materia de verdad y justicia a la CIDH
11 de noviembre de 2019
Memorial de los desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira del Cerro de Montevideo.
Sólo hubo pedidos de procesamiento en 9% de las 187 causas judiciales, denunciaron.
Una delegación de representantes de organizaciones sociales acudió este lunes a la audiencia llamada “Los desafíos para la búsqueda de la verdad y la justicia”, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 174º período de sesiones, en Quito, Ecuador. Las organizaciones peticionarias fueron el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Legales del Uruguay, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) y Amnistía Internacional (AI). En la exposición hablaron Belissa Herrero, en representación AI, el abogado Leonardo Di Cesare, de OLI, e Irma Correa, esposa de Miguel Mato, último detenido desaparecido de la dictadura.
Las organizaciones declararon que, a 35 años de la vuelta democrática, son “insuficientes los avances en materia de justicia y verdad”, y mencionaron los obstáculos judiciales y los pocos avances en la materia. En base a datos de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, las organizaciones informaron que se han realizado pedidos de procesamiento solamente en 9% de las 187 causas judiciales que están abiertas por crímenes cometidos durante ese período. Además, explicaron que son muy pocas las causas en las que se dictaron sentencias condenatorias y, según informaron en la audiencia, sólo 21 represores fueron procesados con prisión o condenados.
Sobre los obstáculos judiciales, las organizaciones denunciaron que en los últimos años se ha “pasado de una situación de impunidad jurídica a una impunidad fáctica”. Entre las trabas, se mencionan las “prácticas judiciales” que producen “demoras innecesarias de años en los procesos”, como mantener durante años causas en presumario o admitir “recursos idénticos y consecutivos por parte de los múltiples acusados en una misma causa, lo que constituye un uso abusivo del derecho”. Además, se destaca que ni la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ni la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) cuentan con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus tareas.
A su turno, Correa dio su testimonio sobre la desaparición de su esposo y las demoras judiciales en torno a su caso. Recordó que en 1986 presentaron la denuncia judicial, pero después de la aprobación de la Ley de Caducidad, el entonces presidente Julio María Sanguinetti ordenó archivar la causa. Recién en 2002 recibió un informe de la Comisión para la Paz, en el que constaba la “fecha de la desaparición y cómo pasaron los hechos”. En 2013, el OLI solicitó el desarchivo de la causa y, tres años después, el juez citó a declarar “a los primeros indagados, que obviamente no concurrieron. Hasta hoy ningún militar fue a declarar aún”, relató Correa. Finalmente, en 2017 uno de esos militares pidió la “prescripción” y el proceso se “trancó nuevamente”.
Correa dijo que era imposible “transmitir” en tan poco tiempo las “secuelas” de la desaparición: “Sí puedo destacar que ser la esposa de un desaparecido no tiene figura jurídica. Nos hemos tenido que ‘divorciar’ de nuestros maridos, sabiendo que estaban desaparecidos. Nuestros hijos e hijas en su infancia y adolescencia, cuando necesitaban la autorización legal de su padre, debían recurrir a un juez de menores, con la violencia que eso significaba para ellos. Y cuando nos preguntan cuál es nuestro estado civil, es complejo explicar que siempre seremos la esposa de un desaparecido y que eso no tiene un nombre”.
En la petición, las organizaciones solicitaron que el Estado fortalezca la “capacidad de indagatoria” del Poder Judicial para los casos de “graves” violaciones a los derechos humanos; que se prohíban “prácticas judiciales” que demoren “indebidamente” las investigaciones, y que se asigne a la INDDHH el presupuesto necesarios.
Balance
Mauricio Coitiño, coordinador de incidencia de AI, dijo a la diaria que en la audiencia “quedó claro” que no son “descabellados” los planteos de las organizaciones sociales, porque la representante del Poder Judicial reconoció “atrasos y problemas” en los procesos y, aunque justificó las prácticas judiciales, admitió que “estas situaciones se dan”, así como el Estado que reconoció que los avances son “insuficientes”.
Por otra parte, Felipe Michelini, representante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), destacó que el Estado uruguayo “corrigió” su actitud de no presentarse en las audiencias de la CIDH en Buenos Aires en 2017. A su vez, destacó la presencia de Graciela Gatti, que concurrió en representación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y valoró que fue “todo un gesto”, porque la audiencia estaba enfocada en “cuestionar la jurisprudencia de la SCJ, por lo que el hecho de que el Poder Judicial enviara una representante a la audiencia muestra, por lo menos, un cambio de sensibilidad frente al tema”, explicó.
Michelini entregó la rendición de cuentas del GTVJ y cuestionó “la jurisprudencia de la SCJ y su actitud”. Al igual que Coitiño, relató que el gobierno dio cuenta de lo actuado en la materia desde 2015 y reconoció que “no es suficiente”, que “hay un escollo en materia jurisprudencial y que aspira a que la búsqueda de detenidos desaparecidos por intermedio de la INDDHH pueda dar sus frutos”.
Organizaciones en búsqueda de
verdad y justicia comparecieron
ante la CIDH
En audiencia, plantearon su preocupación por la lentitud en las causas
judiciales y la falta de avances
12 noviembre 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en audiencia pública a una delegación de organizaciones sociales uruguayas vinculadas a la búsqueda de verdad y justicia en casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura y a representantes del gobierno uruguayo.
En la audiencia, las organizaciones sociales plantearon su preocupación por la lentitud con que se llevan adelante las causas judiciales y la falta de avances en la búsqueda de verdad y justicia.
Graciela Gatti, representante del Poder Judicial uruguayo, reconoció ante las autoridades de la CIDH la falta de respuesta de la justicia la que, dijo, no fue adecuada.
Por su parte, el vicecanciller, Ariel Bergamino, en representación del Estado uruguayo, dijo que el gobierno es consciente de que a pesar de los avances alcanzados, los resultados aún no son satisfactorios.
Finalmente, Mauricio Coitinho, representante de Amnistía Internacional Uruguay, dijo sentirse satisfecho con el reconocimiento de las autoridades uruguayas frente a las carencias que las organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos denuncian.