Sacerdote desaparecido en la Argentina

Fruto de una extensa investigación histórica sobre el vicariato castrense en la dictadura, los escritores Lucas Bilbao y Ariel Lede recibieron del jesuita José María Meissegeier los cuadernos personales de Victorio Bonamín, provicario de las Fuerzas Armadas. En Profeta del genocidio, los autores revelan testimonios que responsabilizan a la iglesia católica de participar activamente en el terrorismo de Estado y señalan el protagonismo determinante de Bonamín, incluso mayor al del vicario castrense Adolfo Tortolo, amigo y cura personal de Jorge Rafael Videla.

En su diario, Bonamín escribía sobre sus visitas a la Escuela de Infantería Campo de Mayo y sus encuentros con Tortolo y generales militares, en los que semanas antes del golpe fueron informados “sobre lo que va a pasar” y respecto de la “conveniencia seria de prevenir a la Santa Sede por si son detenidos algunos sacerdotes”, referencia que confirma la relación estrecha y la persecución de curas opositores. El informe asegura que al menos 400 capellanes estaban vinculados al régimen.

En 1986 fue publicado el texto “Iglesia y dictadura” por parte de Emilio Mignone, un católico comprometido con los derechos humanos que fue cofundador del Centro de Estudios Legales y Sociales. La hija de Mignone, Mónica, que era amiga del hermano Mauricio, cuando fue detenida y desaparecida, el 14 de mayo de 1976, realizaba tareas sociales y enseñaba catequesis en una villa de Flores. 

Uno de los primeros en señalar la complicidad de la cúpula católica fue Mignone. En las primeras páginas de su investigación señalaba la participación clave de monseñor Tortolo, que por entonces era arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Mignone aseguraba que Tortolo se había reunido con los miembros de la Juntas Militares el mismo día en que se daba el golpe de Estado (24 de marzo de 1976), y había expresado públicamente que la iglesia no podía declararse ajena a las circunstancias que vivía el país, de modo que tenía que “cooperar positivamente” en el tratamiento de “problemas que hacen al orden específico del Estado”.

En otro informe, el político y abogado Luis Zamora indicaba que “a las pocas semanas del golpe militar 60 obispos de todo el país se reunieron para evaluar la situación”. Todos convinieron en que en sus obispados había “secuestros, desapariciones y despidos por actividades gremiales”. Tras discutir sobre si se pronunciaban o no, por 40 votos a 20 optaron por no pronunciarse públicamente y afrontar el problema con gestiones reservadas, según mencionaba Zamora. En esa instancia se puso de manifiesto de qué lado de la dictadura estaba cada uno.

Los unos y los otros

En el libro Los desaparecidos de la Iglesia: el clero contestatario frente a la dictadura, la socióloga Soledad Catoggio explica los diferentes grados de responsabilidad de la iglesia. Distingue tres niveles de complicidad entre el poder católico y el militar. “El más general, de legitimación de la dictadura como régimen autoritario; uno más comprometido, de arenga o aval de la llamada ‘lucha contra la subversión’, desde el púlpito o en los cuarteles; y, por último, el incriminatorio, el de la participación en la represión, en los centros clandestinos de detención”.

Además, existió un grupo de jerarcas eclesiásticos que mantuvieron cierta pasividad ante los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Investigaciones que fueron, en parte, ratificadas a partir de la desclasificación de los archivos del Vaticano sobre la última dictadura argentina responsabilizan al italiano Pio Laghi, nuncio apostólico en Argentina entre 1974 y 1980, de ocultar información relevante sobre detenidos desaparecidos en ese país.

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