VERGONZOSO: 15 Senadores no votaron la
destitución de los 4 generales en el
Tribunal de Honor que “juzgó”
al criminal GAVAZZO
Oposición evitó en el Senado la
destitución de cuatro generales
El Frente Amplio votó las destituciones pero no alcanzó la mayoría requerida. Los acusan de no informar de las confesiones de Gavazzo.
15 de mayo de 2019
El Senado debatió este miércoles durante varias horas las venias que envió el gobierno para destituir a cuatro generales del Ejército acusados de no informar a sus superiores las confesiones que hizo el ex militar José Gavazzo ante un Tribunal de Honor y un Tribunal de Alzada.
Al finalizar el debate, sobre la hora 14, los senadores colorados y blancos presentaron una moción para que las venias de destitución vuelvan a Comisión, pero el pedido fue rechazado por 15 votos en 31.
Luego la senadora frentista Constanza Moreira pidió que la votación se realice de forma nominal, es decir que cada senador expresa su voto en voz alta.
Allí el resultado fue negativo, como se esperaba. Votaron a favor del retiro obligatorio de lo cuatro generales los 16 senadores del Frente Amplio y en contra los 15 de la oposición.
Como se exigía una mayoría especial para la destitución de los oficiales, entonces la votación fue negativa.
La votación nominal fue la siguiente:
María Dolores Álvarez NO, José Amorín NO, Saúl Aristimunio SI, Carol Aviaga NO, Patricia Ayala SI, Carlos Baraibar SI, Pedro Bordaberry NO, Carlos Camy NO, José Carlos Cardoso NO, Charles Carrera SI, Juan Castillo SI, Germán Coutiño NO, Germán Cardoso NO, Javier García NO, Daniel Garín SI, Lis Alberto Heber NO, Pablo Iturralde NO, Sandra Lazo SI, Juan Villalba NO, Ruben Martínez Huelmo SI, Graciela Matiaude NO, Rafael Michelini SI, Pablo Mieres NO, Constanza Moreira SI, Marcos Otheguy SI, Yerú Pardiñas SI, Ivonne Passada SI, Jorge Saravia NO, Miguel Pasallo SI, Mónica Xavier SI y la presidenta del Senado Lucía Topolansky SI.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideró una vergüenza la argumentación de la oposición, para no aprobar las venias de pase a retiro obligatorio de cuatro militares que integraron los Tribunales de Honor Militar.
Tirabuzones de doble hélice
El debate del Senado sobre las venias para la destitución de cuatro generales, que no logró los 18 votos necesarios, dejó en claro qué cosas defienden algunos representantes de la oposición y cómo, a las primeras de cambio, resucitan viejos temas no saldados: el pacto del Club Naval y la ley de caducidad, madres de todas las impunidades y complicidades.
Samuel Blixen
17 mayo, 2019
Fantasmas que sobrevuelan incansables desde un pasado terrorífico, demonios que inquietan conciencias, arpías exhumadas para cobrar cuentas y señalar culpables: un aquelarre dominó el recinto parlamentario, la historia se desplegó en tirabuzones de doble hélice, la política recobró por un momento su discutible encanto y los senadores parecieron perder la habitual condición brumosa, toda una sorpresa; incluso los insultos gratuitos, los gestos sobreactuados y los lugares comunes de legisladores irrecuperables en su mediocridad fueron contrapuntos bienvenidos. Por una vez, el Frente Amplio no pudo imponer su criterio, pero salió ganador, no así el presidente Tabaré Vázquez, que fue vapuleado más que jinete en doma.
Las venias para el pase a retiro obligatorio de cuatro generales no obtuvieron los tres quintos de componentes del cuerpo, el martes 14, porque la totalidad de la oposición prefirió mantener en sus cargos a Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, integrantes de los tribunales de honor y de alzada que juzgaron la conducta de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, y no consideraron un deshonor la comisión de 28 asesinatos. Con esta decisión, los cuatro generales continuarán en actividad y en sus destinos, cobrando sus sueldos –al menos, hasta el momento–, aunque no cuentan con la confianza del comandante supremo de las Fuerzas Armadas ni con la del ministro de Defensa.
Cuando terminó la sesión, pasadas las 14 horas (había comenzado a las 9.30), y la senadora Constanza Moreira reclamó votación nominal y se efectuó el recuento nombre por nombre, el pedido del Poder Ejecutivo ganó por un voto, 16 a 15, pero no logró reclutar los otros dos necesarios para alcanzar las mayorías especiales: no hubo argumento que doblegara una determinación política disfrazada con ropajes jurídicos. Al finalizar, el sitio web del Senado registraba 158 usuarios que siguieron la discusión por Youtube, testigos privilegiados de un debate que la historia registrará, con el inevitable desplume de detalles, como el momento en que un grupo de senadores secuestró la verticalidad de mando del jefe supremo de los militares y dio un inequívoco mensaje a las futuras generaciones de oficiales: la impunidad que vos matáis goza de buena salud.
ARGUMENTOS Y SOFISMAS. Todo lo demás fue gimnasia dialéctica, de la buena y de la mala. A partir del informe en mayoría del frenteamplista Rubén Martínez Huelmo, la discusión basculó entre el reclamo del Senado de “lealtad institucional” y el reclamo de la oposición de que los generales pudieran defenderse en la Comisión de Defensa. O sobre el carácter inconstitucional de la norma en que el Ejecutivo sustentó su pedido al Parlamento. O sobre la actitud presidencial de traspasar la responsabilidad al Parlamento para encubrir el hecho de que había homologado el fallo del tribunal por el que solicitaba el pase a retiro obligatorio de los generales que lo habían emitido (lo que estimuló una ingeniosidad: “Al presidente se le quemó el asado y lo quiso disimular incendiando la casa”). O sobre la controversia, que podría haber sido eterna, sobre si los generales comunicaron la existencia de la confesión de José Gavazzo al comandante Guido Manini Ríos, y si este se lo comunicó al ministro, y si este lo enteró al presidente Vázquez, y si el secretario Miguel Toma escondió el expediente durante todo un mes, lo que impulsó al senador blanco Jorge Larrañaga a denunciar: “¡Y Toma fue a Roma, en una audiencia por el Plan Cóndor y por Gavazzo!”, episodio que condenó enfáticamente con un argumento de peso: “¡Increíble, fantástico!”, y ráfagas de acusaciones: “El FA está utilizando a las Fuerzas Armadas (Ffaa) como un trapo de piso. Vázquez ha sido un mal comandante en jefe de las Ffaa. Ha sido prescindente en materia de derechos humanos. Los generales han quedado ensartados en la estaca”. El blanco Javier García dio una vuelta de tuerca al afirmar: “La responsabilidad es de Vázquez y de Toma”, lo que indujo al frenteamplista Rafael Michelini a recordar que él fue crítico con Vázquez y que inmediatamente reclamó la renuncia del secretario Toma: “Pero ahora, acá, el problema no es Vázquez, es el Senado, que debe decidir si los generales se quedan o se van. Si quieren, inicien los mecanismos para un juicio político del presidente. Pero, ahora, ¿pueden esos generales seguir vistiendo el uniforme?”.
El colorado Pedro Bordaberry defendió la propuesta de que los generales concurran al Parlamento para dar explicaciones sobre el fallo del Tribunal de Honor y consideró que la negativa del ministro José Bayardi era una prueba de que “no quieren que se sepa la verdad”. El senador frenteamplista Yerú Pardiñas recordó que los partidos de la oposición nunca propusieron citar a militares “para que explicaran qué hicieron en el pasado”. El senador independiente Pablo Mieres, que dijo estar dispuesto a votar con las dos manos la destitución de los generales si esta se fundamenta en que el tribunal no consideró un deshonor cometer 28 asesinatos, se preguntó: “¿Qué hacemos con el Poder Ejecutivo, que firmó la homologación del fallo?”. Sobre la circunstancia de que esa homologación recién se conociera cuando un periodista reveló la existencia del fallo, afirmó: “El ocultamiento del Poder Ejecutivo es tan grave como el fallo mismo”. Después de que el senador frenteamplista Juan Castillo argumentara que la destitución de los generales era una señal de “convicción democrática”, su compañero de bancada partidaria Miguel Vasallo concluyó que la postura de la oposición de no votar las venias de destitución “es una política de Poncio Pilatos”.
VIEJAS CUENTAS. Pero a cierta altura de la sesión se produjo un cric, un salto en el engranaje que articulaba la discusión predecible, por más que la supuesta controversia jurídica estaba salpicada en demasía por los ataques al presidente de la República. Como bien advirtió la senadora Constanza Moreira, en el trasfondo de la discusión se estaban confrontando dos políticas sobre la impunidad. El nacionalista Alberto Heber recogió el guante y, en una ofensiva de menor a mayor, comenzó diciendo que “si hubiera habido otra fundamentación, habría otra discusión” (pero no confirmó que en ese caso votaría las venias); estableció que la culpa estaba en el Ejecutivo, no en los tribunales de honor, y que “los generales no estuvieron omisos”. Casi sin transición, cambió el eje de la discusión: “El Club Naval fue el comienzo de la impunidad”. Y, ante la afirmación de que el Partido Nacional dio sus votos, en 1986, para la ley de Caducidad, causa primera de la impunidad, aumentó la apuesta: “El Frente Amplio no tuvo lealtad con el pacto del Club Naval”. Aludiendo al senador Michelini, cuyo cuestionamiento a la oposición exhibió una dosis alta de vehemencia (“si no fuera por el FA, los militares y policías asesinos estarían caminando por la calle”), sentenció: “Ustedes nos reprochan la ley (de caducidad), y nosotros les reprochamos que pactaran con asesinos y torturadores”. Con la misma vehemencia que su colega frenteamplista, Heber señaló: “Nosotros nunca nos pusimos el uniforme, como lo hizo el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, y no hubo nunca ninguna crítica. Son de teflón, no se les pega nada”.
La reacción fue automática. La senadora Moreira respondió: “No tenemos nada que ver con las prácticas políticas que instalaron la impunidad”. Martínez Huelmo complementó: “Estamos en el mismo lugar que hace 40 años”. El frenteamplista Saúl Aristimuño pronosticó: “La impunidad está ganando otro partido”. La senadora Mónica Xavier rechazó que se vincule al FA con un pacto para la impunidad y recordó que, coherentemente, en 1986 la coalición votó en contra de la caducidad. El senador Vasallo dedujo que la política de la oposición defiende unas Fuerzas Armadas que no incorporan el espíritu republicano. Y el frenteamplista Marcos Otheguy reconoció: “Nos faltó decisión política para avanzar en materia de derechos humanos”, pero puntualizó: “La responsabilidad primera es con los familiares de las víctimas; los que votaron la caducidad (tienen) más (responsabilidad). Hay una responsabilidad en la democratización de las Ffaa, pero algunos (tienen) más (responsabilidad) que otros”.
Cuando el debate prometía ahondar en las peculiaridades de dos episodios del pasado reciente que siguen condicionando la política nacional e impidiendo que la sociedad acceda a una conciencia real de la forma en que se procesó la transición a la democracia, intervino el senador blanco Pablo Iturralde: “La culpa es de los tupamaros”. Y entonces el debate retomó el nivel habitual de la confrontación parlamentaria. El colorado Germán Coutinho propuso reinstalar la Comisión para la Paz del ex presidente Jorge Batlle (la que hizo suyas las mentiras de algunos oficiales sobre la incineración de los cuerpos de los desaparecidos y su dispersión en el mar). Y el frenteamplista Carlos Baráibar reclamó saber quién le entregó las actas al periodista Leonardo Haberkorn, para así montar “un operativo de poner al FA contra las Ffaa”, que, en su opinión, se revierte con un gran acuerdo nacional: “Un acuerdo de todos los partidos, y con las Ffaa, para discutir qué Ffaa queremos”. Como dijo el contralmirante Hugo Márquez, aquel comandante de la Armada durante la dictadura: “Dimos un giro de 360 grados”.
“Es muy grave el mensaje dado por el Senado”
A cuatro días de la Marcha del Silencio, Familiares difundió un comunicado de prensa con duras apreciaciones sobre la actuación del Senado en el tratamiento de las venias de destitución de cuatro generales, sobre los criterios de la Presidencia en el episodio del tribunal de honor a tres terroristas de Estado, y sobre la pervivencia en los mandos del Ejército de concepciones desarrolladas durante la dictadura.
Al convocar a la marcha –“por sobre todas las cosas un abrazo a todos nuestros desaparecidos (…) una demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren la barbarie del terrorismo de Estado”–, Familiares analizó el resultado de la sesión del Senado del miércoles 15: “Lamentamos hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso”.
A la vez denuncian “la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida la Presidencia. Nunca avalaremos ni justificaremos los pactos silenciosos y la poca decisión política con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno. Pero esto no justifica proteger a los militares artífices de este veredicto(del tribunal de honor).
Al calificar como “muy grave” el mensaje del Senado, el comunicado afirma: “Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los tribunales de honor los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aun conducir las Fuerzas Armadas”.
Esos mismos generales, hay que subrayar, ratificaron sus posturas al denunciar ante juzgados penales al periodista Gabriel Pereyra por difamación e injurias contra la institución militar. El periodista había calificado de “cobardes y atorrantes”las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, al negarse a repudiar las desapariciones durante la dictadura, porque “no están confirmadas”.Lo insólito, que se suma al cúmulo de exabruptos de las ultimas horas, es que la denuncia no fue personal, sino de toda la institución.
Parte de la religión
Eliminarán tribunales de honor y la justicia podrá sancionar a oficiales.
Rosario Touriño
17 mayo, 2019
“El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos. Es la virtud militar por excelencia, es una religión, la religión del deber.” O, las acciones de los oficiales se valorarán “con referencia al tipo constituido por los estados firmes de la conciencia colectiva que representa el ideal del perfecto caballero”.Frases como las anteriores, entre muchísimas más del mismo estilo, pueden leerse en la vetusta legislación que viene de la dictadura y que fue refrendada por Julio María Sanguinetti en 1985. Cualquiera puede explayarse en una prosa de ese tenor si digita en un buscador de Internet: “decreto Nº 55/985”. Es el que reglamenta el concepto del honor y el alcance de los tribunales que juzgan a los oficiales de las Fuerzas Armadas, y que dejaría de tener validez, a partir de un trabajoso acuerdo político logrado por el Frente Amplio después de casi un semestre de discusión y con todo tipo de tormentas políticas en el medio.
El oficialismo manifiesta tener los 50 votos para eliminar la vieja estructura de los tribunales de honor y sustituirla por un nuevo mecanismo. Este cambio se incorporaría al proyecto de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en agenda para ser aprobado el próximo miércoles 22 en la Cámara de Diputados, para luego pasar rápidamente a la otra Cámara en el vértigo del año electoral. Distintos dirigentes que participaron en largas negociaciones durante el lunes y el martes de esta semana afirmaron a Brecha que el FA cuenta con mayoría propia, y también que Unidad Popular estaría afín a levantar la mano. En una postura política similar a la adoptada para bloquear el pase a retiro obligatorio de cuatro generales (véase nota de Samuel Blixen), el resto de los partidos opositores no apoyará el nuevo proyecto, que además reduce gradualmente la cantidad de oficiales superiores (principalmente en el Ejército) y deroga el concepto de obediencia debida y otros aspectos enmarcados en la llamada doctrina de la seguridad nacional. La ley vigente que regula todos los aspectos del funcionamiento de las Fuerzas Armadas es de 1974.
La nueva reforma profundiza aun más algunos aspectos incluidos en el texto original elaborado por el Poder Ejecutivo, algo que en un primer momento generó ciertos reparos, especialmente en el Mpp, y en particular entre los integrantes de ese sector que participaron en la elaboración de la primera versión como parte del equipo del Ministerio de Defensa. Pero, finalmente, la bancada oficialista y el ministerio llegaron a un texto de consenso que ya fue laudado en la Comisión de Defensa de Diputados (sólo con los dos votos del oficialismo). Para esta profundización, los sucesos ocurridos en torno a los fallos sobre José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente fueron determinantes, ya que inicialmente el Pvp, Ir y Casa Grande eran los sectores más pujantes en la línea de apretar algo más las clavijas, instando a eliminar los tribunales de honor, como ha ocurrido en España o Argentina (véaseBrecha, 1-III-19). La divulgación de las actas que acompañaron las resoluciones de los generales y del comandante en jefe del Ejército a propósito de los tribunales que “juzgaron” a Gavazzo, Silveira y Maurente fue el catalizador que permitió extender el acuerdo en este asunto.
ALCANCE ACOTADO. Los tribunales de honor están previstos en el decreto mencionado al comienzo, y se sustituyen por tribunales de ética y conducta militar, de alcance más acotado. Además, el Poder Judicial pasará a tener potestades para pasar “a reforma” (sancionar con pérdida de derechos del estamento militar) a los oficiales que hayan sido condenados por delitos graves (esto se logra a través de una modificación del Código Penal). Así, la justicia penal podrá sancionar, entre otras cosas, con pérdida de parte de la jubilación y prohibición de usar el uniforme a los oficiales que hayan sido condenados por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes “contra la soberanía del Estado”, “contra otros estados extranjeros”, “contra el orden político interno del Estado”, “contra la administración pública”, homicidios y otros delitos previstos en el Código Penal. Esta grave sanción hoy es resuelta por los tribunales de honor, y homologada o no por el Ejecutivo.
Los nuevos tribunales de ética –de acuerdo al texto en poder de Brecha– tendrán el “exclusivo cometido” de juzgar la conducta “desde el punto de vista ético moral” de los oficiales en actividad o retiro. Esos organismos no tendrán potestades disciplinarias, no podrán desconocer las “calificaciones jurídicas”de las sentencias que ya sean “cosa juzgada”, y será el Ejecutivo el que redacte el código de ética por el que deberán regirse (es decir, la delicada tarea de definir qué estará comprendido y qué no en el especial universo militar), en un plazo de 180 días.
Con estas medidas el oficialismo intenta avanzar en la modernización del sistema que rige a la profesión militar, tendiendo a que el uniformado sea concebido como un funcionario público más (incluso con la posibilidad de que los soldados sometidos a jerarquía cuenten, como sujetos de derecho, con posibilidades de recurrir destituciones y otras faltas disciplinarias). Uruguay es uno de los países más atrasados de la región en este asunto, y con este paso, de acuerdo al diputado Carlos Coitiño (Pvp), se empieza a intentar transformar las leyes que rigen a unas Fuerzas Armadas “ancladas en la doctrina de la seguridad nacional; algo que se tenía que haber hecho mucho antes”.
Por otro lado, la postura del Ir de reducir aun más el número de generales y coroneles planteado por el gobierno, principalmente en el Ejército, tuvo buena recepción. Si bien en la fuerza de tierra los coroneles no pasarán a ser 110, como proponía este sector, serán 130 (en el texto original se bajaba de 195 a 145). También se reduce un general más que lo previsto por el Ejecutivo (de 16 a 12). “No es lo queríamos como sector, pero estamos conformes con el acuerdo. Creemos que se ha avanzado”, resumió Alejandro Zavala (Ir). En el caso de la Armada habrá unos 21 capitanes de navío (grado equivalente al de coronel) menos, y en la Fuerza Aérea se crean seis nuevos cargos de coroneles, por lo cual se mantiene lo previsto en el texto original. Más allá de las cantidades, y de lo que representan en términos de escala salarial, lo otro que se destaca es que a partir de la nueva ley los ascensos sólo se efectivizarán cuando se cree la vacante generada, y no meramente por méritos en la carrera militar.
Digitalizarán documentosincautados a José Gavazzo
Todo por verse
La jueza Julia Staricco ordenó la digitalización de los documentos incautados días atrás al coronel reformado José Nino Gavazzo. La medida procura preservar la “amplia documentación” recabada durante el allanamiento de la casa en la que Gavazzo cumple su arresto domiciliario, en Parque Miramar. El allanamiento fue pedido por el fiscal Ricardo Perciballe en el marco de la causa que investiga los abusos sexuales contra más de veinte presas políticas en distintas unidades militares y luego de que El País publicara una entrevista con el militar. El artículo fue acompañado de dos fotografías que muestran algunos de los documentos de la época que Gavazzo conservaba.
La digitalización del material procura preservar los originales incautados. Además, la jueza Staricco pidió que se haga un inventario detallado. Si bien se constató que los biblioratos tenían “muchos documentos” sobre los años de la dictadura, aún se desconoce el valor de la información que allí se encuentra. Una vez que se cuente con el inventario, la magistrada resolverá cuál es el organismo encargado de analizar la documentación, dijeron fuentes judiciales a Brecha.
Asimismo, la jueza no descarta citar a las personas cuyos documentos (libreta de conducir o carnés de estudiantes, entre otros) estaban en poder de Gavazzo. Pero, de concretarse, esa medida deberá esperar, porque la causa está paralizada, a raíz de varios recursos de inconstitucionalidad contra la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad que todavía están pendientes de resolución.
En este expediente, la justicia ya dispuso el procesamiento del coronel Asensio Lucero (hoy fallecido), quien reconoció la existencia de torturas en unidades militares. Además, la fiscalía solicitó el procesamiento de los militares Jorge “Pajarito” Silveira, Antranig Ohanessian y Julio Litovsky, y el ex comisario Silcar Lara Borges. Por los recursos de las defensas, Staricco aún no pudo pronunciarse.
Mauricio Pérez
Espionaje en democracia
Las pistas del archivo
La investigación sobre el espionaje militar en democracia avanza en la fiscalía. Según pudo saber Brecha, el fiscal Enrique Rodríguez analiza miles de fojas y documentos incorporados durante el trabajo de la investigadora parlamentaria para definir los pasos a seguir en la indagatoria y las posibles citaciones.
Ese ámbito se conformó luego de que Brecha difundiera el denominado “archivo Berrutti”, hallado en 2007 en la sede de la escuela de inteligencia, ex Cgior. Según la denuncia penal presentada por el Parlamento, estos archivos confirman la existencia de espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales en democracia, al menos hasta 2003. La existencia de estos operativos fue ratificada por funcionarios militares y negada por los mandos civiles del Ministerio de Defensa.
MP
Despejando la cancha
Las causas de la dictadura y las diferencias en la Suprema Corte.
Mauricio Pérez
17 mayo, 2019
Los recursos presentados por militares indagados por crímenes de la dictadura dejaron al descubierto las diferencias que subyacen dentro del máximo órgano del Poder Judicial. En un hecho poco habitual, los ministros Jorge Chediak y María Elena Martínez aceptaron la recusación de su colega Bernardette Minvielle al pronunciarse a favor de impedirle su actuación en las causas que investigan crímenes de la dictadura.
El problema se suscitó a raíz de sus declaraciones públicas sobre el avance de las causas penales por los crímenes de ese período. En entrevista con el programa En perspectiva, Minvielle fue consultada sobre las críticas al Poder Judicial formuladas por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. El general –que ya había sido destituido de su cargo– había dicho que en varios casos la justicia actuó “por venganza” y que había militares que estaban presos sólo por serlo.
En su respuesta radial, Minvielle rechazó estas afirmaciones. Alegó que los militares contaron con todas las garantías del debido proceso y que, en algunos casos, utilizaron “cuanta dilatoria había” para entorpecer el desarrollo de estas causas. Agregó que algún juez debió “haber parado el carro y no lo hizo”, y que, al contrario, “los dejaron correr muchas veces y con eso se iban los años”.
Ante esto, los militares plantearon su recusación por su presunta falta de imparcialidad, ya que se refirió a esos recursos como “dilatorias”. La ministra rechazó ese planteo con el argumento de que sus dichos reflejan una posición jurídica que dejó estampada en varios fallos cuando era ministra de un tribunal de apelaciones penal (Brecha, 5-IV-19). Si bien en un principio se estimaba que la recusación sería rechazada, eso no sucedió y la votación quedó dividida: los ministros Chediak y Martínez se pronunciaron a favor de esta y los ministros Eduardo Turell y Luis Tosi lo hicieron en contra (Búsqueda, 8-V-19).
Esto implica que la Scj deberá hacer un sorteo en cada uno de los expedientes donde se presente la recusación; la decisión, por tanto, estará en manos del ministro de tribunal de apelaciones que sea sorteado en cada caso. Según pudo saber Brecha, hasta el momento Minvielle fue recusada en 43 expedientes. El pasado 2 de mayo se realizó el sorteo para elegir quién destrabará el empate en el primer expediente, y la responsabilidad recayó en el ministro Álvaro Messere, integrante de un tribunal de apelaciones de familia. El miércoles 22 de mayo se sorteará la integración en otras 26 causas.
Este proceso dejó al descubierto las diferencias que existen en la Scj, que tienen su trasfondo –entre otras cosas– en las posiciones adoptadas, precisamente, en las causas por crímenes de la dictadura. Diferencias que tienen su origen hace ya un año. En una de sus primeras intervenciones como integrante de la Scj, Minvielle dejó asentada su postura jurídica sobre estos hechos: se trata de crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.
La ministra defendió la aplicación del derecho internacional. Afirmó que este tipo de crímenes deben considerarse como atentados a los derechos humanos básicos aceptados universalmente, y que necesariamente deben investigarse. Y cuestionó la posición de la mayoría de la Scj, entonces integrada por Chediak, Martínez y Turell: “Con el mayor de los respetos hacia mis colegas, no puedo admitir la postura de la mayoría que desconoce normas internacionales y acude a la teoría del ‘conflicto de derechos’, en una visión hemipléjica jurídica de la cuestión, con un encare meramente desde el orden interno y con la premisa (subyacente) de que la cuestión de los derechos humanos de orden internacional surge a partir de la dictadura cívico-militar y que no le preexistía” (Caras y Caretas, 11-V-18).
Desde entonces las discrepancias entre los integrantes de la Corte aumentan, generando dos posiciones antagónicas. En las últimas semanas la Scj –al influjo de su mayoría– adoptó algunas decisiones que ponen en jaque la continuidad de los procesos penales por crímenes de la dictadura y su cierre definitivo. Aceptar la recusación de Minvielle sería un paso en ese camino.
PRESCRIBEN. Félix Sebastián Ortiz tenía 45 años, era militante de Fuecys e integraba el Pcu. Fue detenido en setiembre de 1981 en el cruce de avenida Belloni y San Cono y recluido en La Tablada, donde falleció a las pocas horas. Desde entonces integra la lista de detenidos desaparecidos. En 2015 la justicia reabrió la indagatoria por su desaparición y dispuso la citación de varios militares, que pidieron el cierre de la causa al considerar que los delitos habían prescripto.
En diciembre de 2018 la jueza María Noel Tonarelli rechazó los recursos y decidió seguir adelante con la indagatoria, al considerar que el período de vigencia de la ley de caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción. El caso llegó a la Scj, ya que dos militares presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, que dejó sin efecto la de caducidad, y la 18.026, que tipificó los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Recientemente la mayoría de la Scj amparó el reclamo de los militares con relación a la primera y declinó pronunciarse sobre la segunda. Esto último con un argumento que, en los hechos, favorece la posición jurídica de los militares: estos no tienen “legitimación activa” para accionar, ya que esta norma no afecta su situación procesal.
Según la mayoría, la incorporación al derecho interno de los denominados crímenes de lesa humanidad –o sea los creados por la ley 18.026– se produjo “con posterioridad a la comisión de los hechos de la presente causa”. De esta forma, “las reglas que establecen su imprescriptibilidad, no pueden ser aplicadas al sub lite, pues ello significaría, lisa y llanamente, conferir a dicha norma penal carácter retroactivo, lo que no puede admitirse”, señala el fallo, al que accedió Brecha. Por tanto, los militares se encuentran “fuera del ámbito de aplicación subjetivo de la ley 18.026”. La conclusión es que los crímenes de la dictadura prescriben. Este fallo tuvo una sola discordia: Minvielle.
Todo lo que no
La entrevista a Gavazzo que publicó “El País”.
Mariana Contreras
Fue hace un montón de años: varios de nosotros conversábamos sobre “las dos campanas” sentados en los sillones desvencijados de la recepción del semanario. No recuerdo si era por una cobertura concreta o simplemente salió el tema, lo cierto es que en un momento de la conversación uno de los más veteranos dijo: “Es como si al hacer una nota sobre desaparecidos uno tuviera que ir a pedirle opinión a Gavazzo”. A mí, que entonces tenía veintitantos y hacía alrededor de un año había empezado a hacer periodismo, pero hacía muchísimos más que conocía quién era Gavazzo y el motivo de su fama, esas palabras me resultaron (me siguen resultando) de un estricto sentido común. Porque ¿puede Gavazzo negar los hechos y el rol que le cupo en ellos? La justicia uruguaya sentenció que no. En Italia, la fiscalía encontró motivo suficiente para pedir cadena perpetua en la causa por el Plan Cóndor en la que el represor está acusado, y en Argentina, en tanto, le espera un cúmulo de pruebas en su contra en la causa conocida como Automotores Orletti. ¿Hay algún resquicio, chiquito, nuevo, que permita sospechar que Gavazzo no es el asesino que es, el violador que es, el desaparecedor que es, el secuestrador de niños que es, el psicópata y mentiroso contumaz que es? ¿Hay razones para pensar, pasados los años, los juicios, los tribunales militares, las oportunidades anteriores que Gavazzo tuvo de hablar con periodistas, que ahora sí dirá algo que aporte a la verdad?No. Y la entrevista publicada por El País el pasado domingo es una innecesaria, por redundante, confirmación de esto. En ella Gavazzo obtuvo una nueva oportunidad de utilizar la artimaña de siempre: poner a un muerto –en este caso, Carlos Goessens, militante del Pvp que traicionó a la organización y entregó a sus compañeros– como pieza clave para validar su afirmación principal en el artículo: que los militantes del llamado “segundo vuelo” fueron asesinados en Argentina, y no trasladados a Uruguay y asesinados aquí; ergo, el vuelo y los asesinatos por los que fue condenado son una gran equivocación de la justicia.
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Existe un sentido común (otro), fané y descangallado pero en uso todavía, que establece que el “periodismo profesional” es aquel que se muestra neutro, equidistante del asunto a tratar. Si hay un tema y varias versiones en torno a él, hay que darles micrófono a todas las partes; de esa forma el periodista se asegura de que el lector/televidente/escucha no pueda acusarlo de “llevar agua para su molino”, de estar “flechado”, de “tomar partido”. Con todas las voces sobre la mesa, la misión está cumplida, porque el receptor no es tonto ni debe ser tratado como tal: sabrá desentrañar la verdad.
Paula Barquet, autora de la entrevista, explicó el lunes, en el programa radial que coconduce en Océano FM, qué fue lo que la llevó a escuchar durante diez horas la versión de Gavazzo, que será publicada en partes, según ya fue anunciado: “A nivel periodístico, nuestro trabajo es seguir buscando información. Ese fue mi objetivo”,comenzó diciendo. “Me parece que el hombre tiene mucho para decir, todavía tiene mucho para decir 40 años después. No puedo creer que se cuestione que es un testimonio a escuchar o a atender, sobre todo porque tiene información que todavía no ha dado”,siguió después. “Yo tengo la confianza de que después de que pasen un par de días de este impacto haya gente con el conocimiento suficiente como para contrastar lo que dice Gavazzo y ver qué de esto puede ser verdad, porque no es que haya que creerle todo, capaz que no hay que creerle nada. Eso queda más a juicio de cada uno”, remató.
Como si el periodista no tuviera la obligación de ser el primero en discernir la paja del trigo, en primer lugar para poder repreguntar incisivamente, algo que claramente aquí no sucedió: “Pero si él le dijo a usted que los habían matado a todos, eso terminaría con la hipótesis del segundo vuelo”, dijo apenas la periodista cuando el entrevistado terminó de exponer la versión en la que Goessens le habría informado que ya se había ocupado de aquellos por cuyas muertes Gavazzo paga pena (cómodamente), él, que tiene tanto para decir (a los diarios, que no al juez).
Pero parece obvio que si para recoger esas palabras es necesario un periodista es porque se confía en que ese oficio le permitirá situar al lector en el contexto imprescindible para entenderlas, en que sabrá advertirle de las trampas que pudieran tendérsele y, en definitiva, propondrá una lectura que no sea la reproducción de uno de los tantos cuentos que circulan, sino información de calidad. Porque he ahí la razón honda del periodismo, su objetivo y su mérito, y no, por cierto, en el mero hecho de haber conseguido la entrevista, por más difícil que esto sea, como algún colega deslizó en las redes sociales esta semana.
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En estos días de debate en torno al tema, surgieron múltiples referencias a anteriores entrevistas a represores. En particular, la que Oriana Fallaci le hizo al dictador argentino Leopoldo Galtieri en 1982, publicada en la revista Cambio 16,y que sirvió ahora como argumento de quienes defienden la posibilidad de entrevistar a represores tanto como de quienes cuestionan el trabajo publicado en El País. En aquella entrevista, que versó básicamente sobre la guerra de las Malvinas, que tenía lugar en esas fechas, Galtieri contestó lo que quiso, pero a través de la repregunta, una y otra vez, también se vio obligado a explicarse, lo que fue dejando en evidencia sus contradicciones, sus intentos de omitir datos sobre los porqués de la guerra, sus razonamientos absurdos sobre geopolítica. Y fue el escenario creado en ese ida y vuelta lo que permitió hacerse una idea del entrevistado, que no era otro que el responsable máximo de abrir una de las heridas más grandes y vigentes del otro lado del río.
La Argentina de la dictadura y la Argentina de la guerra no impidieron que Fallaci se enfrentara a Galtieri en busca de una verdad que quemaba. Fue ese contexto el que le dio sentido a su entrevista. En este presente de disputa por el relato de los hechos, y en honor a una profesión que a lo largo de su historia ha contribuido múltiples veces a llevar luz donde sólo había oscuridad, los periodistas deberíamos tener muy claro por qué y para qué buscar la voz de un genocida.
Más fracasos
El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia dijo a Informe nacional que la no aprobación de las venias para destituir a los generales que integraron los tribunales militares que juzgaron las confesiones de Gavazzo y Silveira demuestra que “parte del sistema político no ha tomado registro” de lo sucedido en la dictadura.
A su entender, todo el sistema es responsable porque la oposición “juega a obtener el voto de la casta militar” y el gobierno estuvo omiso en no destituir con anterioridad a Guido Manini Rios como comandante en jefe del Ejército.
http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2019/05/16.05.19-CHARGO%C3%91IA-VOTACION-SENADO.mp3?_=1
Por otra parte, Chargoñía sostiene que la reforma en seguridad, que impulsa el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, trae la “amenaza de la tortura masiva”.
El representante del Observatorio Luz Ibarbouru dijo que las firmas recolectadas en apoyo a la campaña demuestra “que no se ha tomado conciencia” de lo que representó tener militares ejerciendo funciones de seguridad.
Para Chargoñia de aprobarse la reforma constitucional se estaría validando el espíritu de las medidas prontas de seguridad que tomó el gobierno del expresidente Jorge Pacheco Areco.
http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2019/05/16.05.19-CHARGO%C3%91IA-VIVIR-SIN-MIEDO.mp3?_=2
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