Conjunto de artículos aparecidos ante la captura del integrante de los siniestros “Escuadrones de la Muerte” en Uruguay, el comerciante y propietario de diversos medios de comunicación MIGUEL SOFIA. Anexando además hechos del “Escuadrón”.

Ce dossier spécial sur l’arrestation de Miguel Sofia et les Escadrons de la Mort contribue, grâce aux articles de Brecha ci-joints, au travail de Mémoire sur cette période sombre de la démocratie uruguayenne précédant la dictature (1968-1973), où des politiciens et certains partis politiques ont été à l’origine de ces dérives autoritaires voire criminelles. C’est un document, qui peut se garder, archiver et lire sereinement, car il nous aide à réfléchir sur notre histoire récente. Il apporte des informations et peut-être des clés, pour comprendre le processus qui a amené en Uruguay à ce qui a été qualifié de « dictature civico-militar » puis au coup d’état en juin 1973.  Il y a peut-être aussi là, quelques éléments qui pourraient expliquer ce « pacte de silence » tant des fois dénoncé et l’état d’impunité qui règne encore aujourd’hui en Uruguay, face aux crimes de la dictature et aux nombreuses violations des  droits humains.

Detuvieron a Miguel Sofía

Contexto de una década de búsqueda.

Casi diez años después del pedido de captura, Interpol y el Ministerio del Interior detuvieron a Miguel Sofía, un empresario integrante de los “escuadrones de la muerte”, comandos parapoliciales que actuaron en los ’60 y ’70, ejerciendo atentados, secuestros y hasta homicidios contra militantes, familiares y activistas. Entre julio y agosto de 2008, Brecha publicó una serie de investigaciones a cargo de Samuel Blixen, Walter Pernas y Fabián Kovacic, en las que se identificó a los integrantes de los comandos y se aportó información sobre los delitos cometidos.

Una de esas investigaciones de tapa condujo a la detención del fotógrafo policial Nelson Bardesio el 24 de julio de 2008. En las últimas horas, Sofía, otro de los protagonistas, ex propietario del grupo de radios Del Plata, quien estaba prófugo desde 2009, fue conducido a declarar a un juzgado penal. Brecha abordará la noticia el próximo viernes, pero mientras tanto pone a disposición de los lectores los trabajos de investigación de hace una década.

El “pituco” del Escuadrón

Pruebas contra Miguel Sofía en la justicia.

Walter Pernas

La investigación de los crímenes del Escuadrón de la Muerte avanza sobre el brazo civil de la organización parapolicial y paramilitar. El indagado más comprometido es Miguel Sofía, un millonario empresario de la comunicación, otrora integrante de la jup y del Comando Caza Tupamaros.

Las pruebas contra “José” –ese era el alias de Miguel Sofía en el Escuadrón de la Muerte– son variadas: abundan los testimonios que lo involucran en acciones ilegales de la Juventud Uruguaya de Pie (jup), y otros cualitativamente muy importantes –por tratarse de sus ex cómplices– lo señalan como uno de los civiles operativos en casos de atentado y desaparición forzada de personas. A la vez, declaraciones de un ex legislador lo vinculan a actividades delictivas en la época represiva predictadura, en tanto que el acopio de información de prensa de los años sesenta y setenta ayuda a armar el rompecabezas del Escuadrón, en el cual Sofía encastra como pieza importante.

La declaración brindada a los tupamaros por el ex fotógrafo policial Nelson Bardesio –mientras estuvo secuestrado en 1972 en la denominada “Cárcel del Pueblo”– es particularmente reveladora. Bardesio, un integrante del Escuadrón de la Muerte que ahora se encuentra detenido en Argentina bajo proceso de extradición hacia Uruguay, describió con lujo de detalles cómo se realizó en agosto de 1971 el secuestro y desaparición forzada del estudiante Héctor Castagnetto. En ese testimonio sostuvo que Sofía participó del secuestro, tortura y desaparición del joven.

“A primera hora de la mañana llegaron los dos funcionarios en compañía de Miguel Sofía, a quien llamaban José y que había sido presentado por (Pedro) Crosas en el ministerio como su principal ayudante. Por comentarios en el ministerio, sé que José pertenecía a la jup; al igual que Crosas, parecía tener gran confianza con el subsecretario Acosta y Lara, concurriendo asiduamente al despacho de éste. Al llegar José y los dos funcionarios, Delega y yo nos fuimos, quedando Freitas* en la casa de la calle Araucana”, declaró Bardesio. En esa casa fue torturado Castagnetto, y luego su cuerpo entregado al capitán Nader para que lo tirara al mar. El ex fotógrafo policial dijo también: “Por lo que sé, el Comando Caza Tupamaros está integrado por Crosas, Sofía, el oficial inspector Freitas  como enlace, Delega y los dos funcionarios entrenados en Brasil. De éstos, cuyos nombres no recuerdo, sé que pasaron al Departamento 5. Crosas y José (apodo de Sofía) desaparecieron pocos días después de lo de Castagnetto, y tras cobrar una gruesa suma de dinero en el ministerio dijeron que viajaban a Brasil, pero a José lo vi en Montevideo al día siguiente de las elecciones festejando el triunfo” (véase Brecha, 24-VIII-08).

A pesar de que Bardesio intentó luego desmentir su versión señalando que había declarado bajo “apremios psicológicos”, unos días antes había señalado a legisladores y representantes del gobierno que era verdad lo que había contado a los tupamaros. Uno de los que estuvo en esa reunión, en representación de Wilson Ferreira Aldunate, fue su hijo Juan Raúl. El ex legislador confirmó la semana pasada a la justicia que Bardesio admitió en esa reunión que era real lo que había declarado a los tupamaros y que por eso si lo entregaban a la Policía era hombre muerto.

Parte del relato de Bardesio fue reafirmado, con matices, por el oficial retirado Pedro Walter Freitas en entrevista con Brecha. Freitas no involucra a Sofía en el caso Castagnetto –dice que no ve las caras de los individuos que participan además de Bardesio–, pero lo describe como un “pituco” que entraba y salía del despacho del subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara –en momentos en que en esas oficinas funcionaba la organización parapolicial–, y que iba acompañado por un paraguayo (véase Brecha 8-VIII-08).

Además, el ex comisario jefe del Departamento de Inteligencia y Enlace, Alejandro Otero, declaró que de acuerdo a lo que supo mientras estuvo en el edificio de la Jefatura de Policía, Sofía era uno de los que tenía “licencia” para entrar y salir de las oficinas de la misión estadounidense y del Ministerio del Interior, tanto como Bardesio.

PRENSA REVELADORA. Todos señalan la vinculación de Sofía con la jup, aunque el propio indagado lo negó ante la justicia. Brecha ubicó un ejemplar de la revista Cuestión, fechada el 10 de junio de 1971, en la que se revelan decenas de nombres de integrantes de la jup y las relaciones de esta organización con el Ministerio del Interior y el Escuadrón de la Muerte. En un artículo, el periodista E L Mokossian señala: “La jup comenzó a cobrar vuelo y sentirse materialmente apoyada en fecha que coincide, muy sintomáticamente, con la asunción al Ministerio del Interior del doctor (Santiago) De Brum Carbajal. Suspicaces observadores políticos coincidieron en señalar por entonces (enero del 71) que desde la propia secretaría de Estado se alentaba la creación de una fuerza parapolicial, financiada, armada y entrenada por la propia Policía. No pasó más que de versión oficiosa pero parecía tener algunos fundamentos. En efecto, las relaciones jup-De Brum debieron ser sumamente estrechas cuando el ministro, durante uno de sus múltiples anuncios del finalmente implantado Registro de Vecindad, indicó que serían los jóvenes de pie, junto a la Policía, los encargados de llevar a la práctica el censo que (vaya coincidencia) tiene como patrón el implantado por las huestes del nazismo en la Alemania de Hitler. Y recientemente, en su discurso del 4 de mayo por cadena de radio y televisión, fue el propio ministro del pachequismo quien se encargó de dar aliento a los grupos fascistas de la jup que pocos días antes habían sido responsables de balear a estudiantes del liceo Bauzá, ocupar ése y otros centros de estudios y promover la situación caótica que da pie a la Interventora de Secundaria para clausurar más de una decena de liceos, suspender alumnos y profesores y promover la detención de varios centenares de éstos”.

El periodista señala que “los jóvenes de pie apenas son un puñado en los distintos centros de estudios secundarios, y por lo tanto fácilmente identificables”. Así, sostiene que “en el liceo Varela fue individualizado y expulsado por actitudes antigremiales Miguel Sofía”.

SOFÍA HOY. Luego del golpe de Estado, Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes de Relaciones Exteriores y funcionario de confianza en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, cuando el embajador era Jorge Pacheco. Terminó expulsado de ese país –según consta oficialmente– por robar en un supermercado. No obstante, el ex legislador Juan Raúl Ferreira hace otra lectura sobre este personaje involucrado en un atentado contra Wilson (véase nota aparte).

La dictadura le regaló a Sofía una radio, a la que llamó Emisora del Plata; cuando sus cuentas crecieron fundó el Grupo del Plata, y adquirió otras varias radios, las que acaba de vender a un grupo mexicano en un negocio millonario. Actualmente es el dueño de Sistemas de Comunicaciones, “la única empresa designada como representante y distribuidora autorizada de Motorola Inc en el sector Soluciones para el Comercio, Industria y Gobierno” para Uruguay. De hecho, es un proveedor habitual del Estado en equipamiento de radios para comunicación interna. Los tiempos de la jup y del Escuadrón han pasado, y Sofía pretende ocultarlos, pero próximamente deberá enfrentar a la justicia, con alto riesgo de terminar en la cárcel.

* Se refiere a Pedro Walter Freitas (véase Brecha 8-VIII-08).

 Dudosa expulsión de Estados Unidos

Sofía involucrado en atentado contra Wilson

El ex senador Juan Raúl Ferreira declaró ante la justicia que en 1972 el integrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía estuvo involucrado en un atentado contra su padre, el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. El ex legislador sostuvo también que él fue amenazado de muerte en 1978, en Washington, y que unos diez días después sospechosamente Sofía fue expulsado de Estados Unidos.

Consultado por Brecha, Juan Raúl Ferreira relató los hechos: “Nosotros vivíamos en el séptimo piso de avenida Brasil 3136. El 28 de enero de 1972, en pleno período de escrutinio inconcluso,* Wilson habla desde el balcón del primer piso, donde vivían los Amorín Zorrilla, una familia muy amiga de la nuestra.

La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos y con agua, el propio Wilson fue volteado por los que llamábamos los ‘guanacos’ de aquella época. Pocos días después –pudo ser el 31– se reciben amenazas de muerte en nuestro apartamento del séptimo piso. Yo bajo al primer piso a contarle a mi amiga Inés Amorín. Ella estaba estudiando de espaldas al balcón, que aún tenía las balconeras de Wilson. Le conté de los hechos, y en determinado momento ella se recuesta hacia adelante, sobre la mesa donde estaban sus libros, y el respaldo de su silla queda agujereado por un balazo: se salvó por casualidad.

En ese episodio, donde intervino la justicia civil, todos los involucrados eran de la jup, y entre ellos el señor Miguel Sofía. Los indagados declararon que se trataba de problemas de noviazgos, y cosas personales, pero los hechos objetivos son los que narré. Una de estas personas terminó procesada –no recuerdo cuál– pero por un delito menor, quizá tenencia ilícita de armas”.

Además Ferreira relató que unos años después, viviendo exiliado en Estados Unidos, comenzó a recibir amenazas de muerte. A pedido de Wilson realizó la denuncia ante la Policía Metropolitana de Washington, y ese organismo la trasladó al fbi.

“El 30 de junio de 1978 sale en el Washington Post y en 200 periódicos de Estados Unidos una columna del periodista Jack Anderson, conocido por su buena información de fuentes investigativas. El título del artículo fue: ‘Exiliado latino teme por su vida’, y cuenta, basado en fuentes investigativas, que la Policía Metropolitana interceptó los llamados telefónicos del señor Ferreira. Según está publicado, uno de los investigadores le dijo al periodista: ‘Tenemos la esperanza de identificar exactamente el número desde donde se están recibiendo estas amenazas (…) creemos que deben estar viniendo de la misión militar de Uruguay en Washington’. Al terminar la nota, el periodista señala que ‘la policía dijo con ironía: definitivamente no queremos otro caso Letelier en Washington’. Al pie de la página, el periodista señaló: ‘El portavoz del Departamento de Estado nos dijo que han tomado nota de estas amenazas y han hecho todo lo posible para notificar por las vías diplomáticas apropiadas a las autoridades de seguridad los pasos a tomar’. Y luego el funcionario señala, según la nota, que además de esa acción ‘no hay otra cosa que el secretario de Estado pueda hacer más allá de rezar’. Yo era muy gurí, y no le di la trascendencia a esas palabras, pero muchos años después fui embajadar, y me di cuenta de que esa declaración del Departamento de Estado, que involucra a un gobierno con el que tiene relaciones diplomáticas, y que dice que el secretario de Estado va a rezar, es un lenguaje diplomático muy fuerte.

Unos días después, quizás algunas semanas después, el señor Sofía, que era secretario de prensa de la Embajada de Uruguay en Washington, fue declarado persona non grata, y él declaró que había sido por robar quesos en un supermercado. Yo, sin juzgarlo, digo que ese hecho de la expulsión de Sofía de Estados Unidos se da pocos días después de las declaraciones de la Policía Metropolitana de Washington y del Departamento de Estado estadounidense”.

Ferreira se enteró luego de una nueva situación que involucra a Sofía, y que aumenta sus suspicacias: “Posteriormente a su expulsión, Sofía fue designado por el régimen dictatorial como funcionario de confianza de la embajada uruguaya en Taiwán. En viaje a Taiwán –en la época en que no existía la ‘visa de tránsito’, y si uno quería ir a Estados Unidos viajaba sin tener que declarar qué iba a hacer–, Sofía tenía previsto hacer escala en San Francisco, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos no lo dejó embarcar. Sofía tuvo que viajar a Taiwán por Europa”.

* Las elecciones de noviembre de 1971 aún no tenían ganador. Luego, en febrero de 1972, la Corte Electoral proclamaría a Juan María Bordaberry como presidente. Los blancos denunciaron fraude.

Miguel Sofía entre rejas

La demorada detención del “pituco” del Escuadrón de la Muerte.

Mauricio Pérez

Uno de los integrantes más notorios del Escuadrón de la Muerte, prófugo de la justicia uruguaya desde 2009, fue enviado a prisión, aunque aún no existe pronunciamiento sobre el fondo de la causa. También es investigado por utilizar un documento de identidad apócrifo, y se pretende determinar si es la primera vez que vino a Uruguay en estos diez años. La historia de Miguel Sofía y los crímenes del grupo parapolicial y paramilitar quedaron registrados en las páginas de Brecha.

Miguel Antonio Sofía Abelaira está en prisión. Cuánto tiempo estará tras las rejas es una incógnita. La jueza Fanny Canessa dispuso su prisión preventiva en el marco de la indagatoria penal por los crímenes del Escuadrón de la Muerte (o Comando Caza Tupamaros). Para esto se basó en dos argumentos: la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga.

Este último era previsible. En 2009 el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de Sofía por tres de los crímenes atribuidos a la organización parapolicial y paramilitar que operaba antes del golpe de Estado: la desaparición de Héctor Castagnetto y los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Desde entonces Sofía estaba prófugo, con paradero desconocido.

Eso cambió hace unos días. Un informante anónimo dio cuenta de su presencia en Uruguay. Había llegado para pasar las fiestas junto a su familia. La investigación de Interpol confirmó el dato y comenzó el operativo para su captura, con allanamientos en Punta del Este (Maldonado) y Montevideo. Finalmente fue detenido el martes 8, sobre las 20 horas, en plena calle. Se identificó como Adolfo Aldo Casaballe Lapido y presentó una cédula con ese nombre; la foto no coincidía.

Fue trasladado a la sede de Interpol, donde pasó la noche. Al otro día declaró durante cuatro horas ante la jueza Canessa y la fiscal Sylvia Gari. Allí reclamó por su inocencia e intentó desacreditar las acusaciones en su contra. Sobre todo el testimonio del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio –condenado por la desaparición de Castagnetto–. Esa noche volvió a dormir en Interpol a la espera de la decisión judicial.

Finalmente este jueves fue enviado a prisión. La jueza no pudo pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que su abogado, Aníbal Martínez Chaer –el mismo que defendió a Bardesio–, insistió en la tesis de la prescripción de los delitos y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes 18.026 y 18.831. Esto suponía elevar la causa a la Suprema Corte de Justicia (Scj) y detener las actuaciones.

Pero la jueza se plegó a la “teoría Buñuelo”. ¿Qué es? Sobre principios de 2018, un hombre, apodado con el nombre de la tradicional fritura, fue imputado por delitos de narcotráfico. En la audiencia de formalización su defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el juez debió suspender el proceso y liberarlo a la espera del fallo de la Corte. Para evitar que esta estrategia se expandiera, la Scj determinó que, ante un recurso de inconstitucionalidad, los jueces pueden dictar una medida cautelar (como la prisión preventiva) y recién después paralizar la causa. La jueza Canessa –en línea con la fiscal– entendió que esta tesis puede aplicarse en las causas del viejo Código del Proceso Penal (Cpp).

Pero sea cual fuere la decisión judicial, igualmente permanecería recluido. Mientras declaraba por los crímenes del Escuadrón, el juez José María Gómez pidió su detención, a pedido del fiscal Carlos Negro, que lo investiga por la utilización de un documento adulterado, o falso, y por la forma en que ingresó al país. También si fue la primera vez que volvió a Uruguay desde su fuga. Negro tiene previsto formalizar la causa.

En este sentido, el abogado Martínez Chaer dijo que Sofía no falsificó ningún documento, sino que un amigo le entregó una cédula que había encontrado en la calle, la que utilizó para registrarse en hoteles y para que no se detectara su presencia en Uruguay. Según el abogado, Sofía ingresó al país “por la frontera seca” con Brasil, pero declinó especificar por dónde. Se estima que residió varios años en Estados Unidos, algo que el asesor legal también se negó a confirmar.

JOSÉ SABÍA. El vínculo de Miguel Sofía con la ultraderechista Juventud Uruguay de Pie (Jup) y el Comando Caza Tupamaros quedó al descubierto a partir del testimonio de Bardesio, obtenido durante su secuestro por parte del Mln-t y su reclusión en la Cárcel del Pueblo. En su declaración –confirmada ante varios legisladores la noche en que fue liberado–, Bardesio identificó a Sofía como un joven de confianza del subsecretario del Interior de la época, Armando Acosta y Lara, que tenía acceso directo a las dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo y a las oficinas del personal estadounidense que colaboraba con ésta en Uruguay (Brecha, 29-VIII-08).

Según ese testimonio, en 1971 “José” (alias de Sofía) participó, junto al médico paraguayo Ángel Pedro Crosas Cuevas (hombre de confianza de Acosta y Lara e impulsor de la Jup) y funcionarios de los servicios de inteligencia, en la muerte del joven Héctor Castagnetto. Castagnetto fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros de la organización paramilitar, y su cuerpo fue arrojado a las aguas del Río de la Plata. Se trata de uno de los crímenes imputados a Sofía por la fiscalía, y que él niega, por lo que su defensa no descarta pedir un careo con Bardesio.

Tras el golpe de Estado, Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, y más tarde fue funcionario de confianza en la embajada de Uruguay en Estados Unidos –cuando el embajador era Jorge Pacheco Areco– y en la embajada en Taiwán.

Sobre el final de la dictadura Sofía inició su carrera como empresario: recibió la concesión de la radio Emisora del Plata. Con los años, el ex integrante de la Jup adquirió otras radios y formó el Grupo del Plata, que vendió al magnate mexicano Ángel González por varios millones de dólares. También obtuvo la concesión para explotar el servicio de tevé cable en Ciudad de la Costa; la adjudicación fue firmada por el abogado Hugo Permuy Brito (subdirector de Comunicaciones del Ministerio de Defensa), quien tenía una relación comercial con Sofía y terminó procesado por este hecho. La adjudicación fue revocada en 1998, por lo que Sofía y su esposa presentaron una millonaria demanda civil contra el Estado, que superaba los 200 millones de dólares, la cual fue rechazada.

Sin palabras

Jorge Batlle y sus ideas sobre el Escuadrón.

SAMUEL BLIXEN

Ser o no ser (ideólogo de los escuadrones de la muerte): la duda del príncipe danés convierte a Jorge Batlle en un Hamlet criollo. El ex presidente eludió confirmar o desmentir lo que un embajador estadounidense informó a su canciller en 1972. A cambio de mantener la duda, Batlle desistió de acusar al tupamaro Julio Marenales por difamación.

“Le perdonó la vida. Lo podía mandar en cana”, dijo, suficiente, el diputado colorado Daniel García Pintos, inclinándose sobre un correligionario, pero en realidad hablando para la tribuna.

La bravuconada era parte del show que el martes 26 se montó en el quinto piso del viejo edificio de La Mañana y El Diario, en el lugar que el Poder Judicial destina para los juicios orales y públicos.

La sala estaba abarrotada. En un costado, digamos la Colombes, se arracimaban connotados militantes de la lista 15 en torno a su líder, el ex presidente Jorge Batlle, y su abogado Jorge Barrera. Del lado de la Ámsterdam, Julio Marenales y su abogado Homero Guerrero apenas sobresalían del cerco de periodistas, fotógrafos y camarógrafos. En la Olímpica, la jueza Aída Vera Barreto sonreía, complacida. Después de una hora y pico de juicio por difamación e injurias, alguien comentó, muy cerca del mentor de Palo y Palo: “Una payasada”.

Pero no lo fue. Será engorroso, pero no ocioso, demostrar que la decisión de Batlle de desistir de la denuncia y “darse por satisfecho” ante lo que cierta prensa calificó como una “retractación” del dirigente tupamaro, mantiene en pie el aspecto esencial de la cuestión: según documentación oficial de Estados Unidos, desclasificada hace cinco años, en febrero de 1972 el entonces derrotado candidato presidencial Jorge Batlle propuso la creación de algo muy similar a un escuadrón de la muerte, afirmación que no fue desmentida por el demandante y que seguramente incorporará otro capítulo al expediente de la investigación sobre los crímenes del Escuadrón, que se sustancia en otro juzgado penal.

Este episodio de “difamación”, que permitió a Batlle “defender su honor”, fue en realidad un coletazo del empuje que cobró la investigación sobre la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto a raíz de la detención en Argentina del ex agente de la cia y fotógrafo policial Nelson Bardesio. A la salida de un juzgado donde, como dice José Mujica, se va a tramitar la campaña electoral, Marenales fue preguntado sobre la responsabilidad de Julio María Sanguinetti en el encubrimiento de los crímenes del Escuadrón de la Muerte. Marenales respondió que si bien no tenía pruebas, sí tenía la convicción de que Sanguinetti y Batlle habían sido los “cerebros políticos” de aquella organización paramilitar y parapolicial.

Batlle, en una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas, anunció su determinación de denunciar a Marenales por difamación ante la justicia. La jueza Vera Barreto fijó la primera audiencia para el martes 26 y convocó a Marenales mediante un cedulón que fue entregado en la sede del mln el jueves 21. La defensa del dirigente tupamaro advirtió a la magistrada que, debido al feriado del lunes 25, era imposible cumplir con el plazo “no menor de 48 horas” para la presentación de pruebas; la jueza desestimó modificar la fecha de la audiencia.

En medio de una considerable expectativa mediática, al comienzo de la audiencia la magistrada aceptó recibir la prueba en que se fundamentaba buena parte de la defensa. Se trataba de una fotocopia de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 2 de febrero de 1972, y que fue desclasificado a mediados de 2003. Dicho entre paréntesis, los informativos de la televisión privada y algunos programas radiales no registraron el detalle y refirieron simplemente a una publicación de Búsquedaque adelantó, en 2003, algunos de los conceptos más sustanciales.

El documento, firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en Uruguay, Charles Adair, sintetizaba una serie de entrevistas que funcionarios de la embajada habían mantenido con Batlle. Buena parte de las cuatro carillas rotuladas como “confidencial” fue dedicada al análisis del papel que jugaría Batlle y los miembros del mayoritario sector del Partido Colorado, Unidad y Reforma, en el gobierno del electo Juan María Bordaberry que se estrenaría un mes más tarde. El análisis consignaba que Batlle, quien deslizaba diferencias con Bordaberry, se proponía monopolizar la conducción de la economía del futuro gobierno, desde el ministerio y desde el Banco Central y el Banco República.

En el ítem dedicado al “terrorismo”, el embajador Adair señalaba: “Como lo había hecho en anteriores conversaciones con nosotros, Batlle repitió que apoya atacar el problema terrorista con un nuevo, pequeño, secreto grupo que pelearía a los tupamaros en sus propios términos. Dijo que tal grupo tendría que ser establecido fuera de las autoridades legalmente constituidas”.

Esos conceptos –que la defensa subrayó en tanto provenían de un muy influyente dirigente colorado, que no podía desconocer la significación de los atentados y asesinatos que la derecha venía cometiendo desde comienzos de 1971– indicaban que Batlle era partidario –toda vez que su derrota electoral enterraba unos planes de pacificación para incorporar a los guerrilleros a la vida legal y cuyos términos nunca llegaron a conocerse– de impulsar grupos terroristas para combatir a los tupamaros.

Marenales explicó en la audiencia que, puesto que Batlle nunca desmintió la información de prensa que consignaba el contenido del documento diplomático estadounidense, se sintió en el derecho de inferir que Batlle era un “cerebro político” del Escuadrón. Y agregó: “Si esas afirmaciones son falsas, entonces no tendría inconveniente en pedir disculpas”.

El condicional de Marenales, que reclamaba implícitamente un desmentido formal de Batlle sobre los conceptos transcriptos por el embajador Adair, quedó flotando en el aire, pero no llegó a sacudir el ambiente porque fue eliminado con un pase de mosqueta: “Si es así, me doy por satisfecho”,anunció, rápido, el líder de la lista 15, dejando a los presentes con la duda de si había dicho lo que dijo, o si el embajador Adair había inventado su propuesta de crear escuadrones, que por cierto ya estaban operando.

La jueza Vera Barreto quitó de escena el asunto, preguntándole a Marenales si había tenido intención de ofender. El dirigente tupamaro explicó que no era su estilo agraviar a sus oponentes, y entonces el abogado Barrera anunció que desistía de la denuncia. La jueza procedió a clausurar la audiencia, y en el apuro olvidó darle la palabra al fiscal Luis Bajac, que bien podría haber reclamado una definición sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones contenidas en el documento.

SIGUE