A 49 años del golpe de Estado:
de grietas, odios y olvidos
27 de junio 2022
Escribe Raúl Olivera Alfaro
De grietas
Se cumplen 49 años del día en que las Fuerzas Armadas y algunos integrantes del sistema político barrieron a ritmo de marchas militares un Estado de derecho que ya venía maltratando desde los años 60. El golpe de Estado fue la continuidad y profundización a niveles inimaginables de políticas represivas que los gobiernos de turno venían implementando para eliminar la acción social y política de todos los que se resistían a sus políticas impopulares y autoritarias. De esa forma se empezó a perseguir, desaparecer, torturar y ejecutar a sindicalistas, estudiantes, intelectuales y personas que simpatizaban con ideas políticas o sociales catalogadas como “subversivas”. Esa fue la que podríamos ubicar como la grieta originaria del llamado pasado reciente.
Dentro de un año existirá una grieta de medio siglo que nos separará de aquel acontecimiento golpista, a partir del que quedaron en el olvido de los déspotas militares y civiles cómplices o coautores los últimos restos del Uruguay liberal.
En estos tiempos, realizar acciones o simples opiniones que ocasionen, en una supuesta zona solidificada de nuestra sociedad, una grieta parece haberse incorporado en el discurso de la posmodernidad en una suerte de virus a desterrar. Sin embargo, al igual que las mutaciones que se operan en los virus, lo que hoy denominan “grietas” existieron siempre, a partir de la incuestionable existencia de una sociedad de clases en permanente lucha.
Pero nuestra intención, a pesar de que no es ajena a la lucha de clases, es escribir sobre la o las otras grietas vinculadas a la fecha del 27 de junio de 1973. Ello nos retrotrae a una “grieta originaria”, reconocida tanto en las normas de nuestro derecho interno,1 como en reiterados pronunciamientos del sistema judicial: nos referimos al período que se inicia el 13 de junio de 1968 con la instalación, por Jorge Pacheco Areco, de las medidas prontas de seguridad.
La segunda “grieta”, continuación de aquella del 68, es la que se inicia con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. De esta forma se persiguió, desapareció, torturó y ejecutó a sindicalistas, estudiantes, intelectuales y personas que simpatizaban con ideas políticas o sociales catalogadas como “subversivas”. Para una mayor efectividad de esas políticas, se idearon y pusieron en práctica operaciones transnacionales con el fin de eliminar los grupos de oposición en el contexto de una campaña contrainsurgente que justificaba expandir el campo de acción más allá de los límites territoriales.
Las grietas existen: son las que nos separan de los que defendieron y defienden hoy a los terroristas de Estado.
Cuando se pensó que con el fin de la dictadura se podía reparar las grietas dejadas en el tejido social, con verdad y justicia, la mayoría de los partidos nacional y colorado, no sólo lo impidieron aprobando la ley de caducidad, sino que la profundizaron, entre otras cosas, censurando el video de Sara Méndez, expulsando del senado a Germán Araújo y otorgando las investigaciones del artículo 4o de la ley de caducidad a los fiscales militares.
Las grietas existen: son las que nos separan de los que defendieron y defienden hoy a los terroristas de Estado.
De odios
A 1975, año donde comienza la etapa más sangrienta y profunda de represión del terrorismo de Estado, la dictadura uruguaya lo designó como el “Año de la Orientalidad”. No por la parafernalia patriótica que inundó la escena pública en aquel año, sino por lo que nos habían enseñado en nuestra época escolar. Tenemos en la memoria esta frase de Artigas: “Los orientales habían jurado en lo hondo de su corazón un odio irreconciliable, un odio eterno, a toda clase de tiranía”. El padre de la patria no sólo nos decía que había que odiar, sino que este odio debía ser irreconciliable y eterno.
Desde el posmodernismo, desde los tiempos de los consensos que eliminan o tienden puentes de impunidad sobre las “grietas saludables” que deben tener las sociedades verdaderamente democráticas, nos llaman a que desconozcamos la identidad que nos atribuía José Artigas a los orientales; que seamos tolerantes ante la tiranía y no insistamos en que sus crímenes sean resueltos con verdad y justicia, porque eso es catalogado como revanchismo, y porque, para las políticas impulsoras de la impunidad del Estado, la actuación de la justicia, y en especial la justicia penal, es un obstáculo y una amenaza contra la paz y la reconciliación, además de generadora de grietas. La humanidad decidió que debemos ser intolerantes frente a determinadas conductas llevadas a cabo por seres humanos desde los poderes del Estado. En eso sería bueno que continuáramos siendo intolerantes.
De olvidos
Desde el 6 de junio de 2014 está vigente la ley 19.211, denominada Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia. Con esa denominación, el 27 de junio de cada año esta ley dispone “honrar la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho”, y considera de interés general “que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos, partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la CNT, y otras organizaciones en oposición al golpe de Estado, en la convocatoria a la Huelga General”; encomienda a las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos a “destinar en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados a la resistencia al golpe de Estado”; y finalmente encomienda a la Asamblea General y ambas Cámaras, Senadores y Diputados, a “organizar actividades públicas para la evocación de estos hechos”.
Estaremos atentos a que el 27 de junio no se abra otra grieta incumpliendo las actividades que la ley 19.211 dispone de manera oficial. También, aunque no esté en ninguna ley, sino en nuestras mejores tradiciones, que aquellas actividades propias de las organizaciones sociales se organicen de manera tal que signifiquen una continuidad de aquella que evocamos hoy, cuando salimos juntos a enfrentar la dictadura.
Raul Olivera Alfaro es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT.
- Ley 18.596 (Art. 2) en la que: “Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13/6/1968 hasta el 26/6/1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional”. ↩
DICTADURA Y FRAUDE BANCARIO
1967, 1973, 2002: cuando la oligarquía asaltó al país
En estos días los uruguayos recordaremos dos acontecimientos trágicos: 49 años del golpe de estado y 20 años del fraude bancario de los Peirano
26 DE JUNIO DE 2022 –
Por Carlos Pelaez
Ambos hechos están estrechamente vinculados no solo por sus protagonistas, sino también porque la impunidad permitió que desde fines de los años 60 las mismas familias saquearan al país a sangre y fuego.
A fines de 1967 asumió como presidente el colorado Jorge Pacheco Areco, elegido como vicepresidente para el gobierno del general (r) Óscar Gestido, quién había asumido el 1° de marzo y murió el 6 de diciembre de ese año.
Todos sus ministros o subsecretarios eran dueños o accionistas de importantes empresas y bancos. Jorge Peirano Facio, vinculado al Mercantil, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio que estaba a cargo de Horacio Abaddie Santos, vinculado al Banco de Crédito. En Trabajo y Seguridad Social se desempeñaba el abogado Enrique Véscovi, vinculado a la Caja Obrera y al Mercantil, quien a mediados de los 90, como presidente del Grupo Bosque de Punta del Este, denunció que la construcción del nuevo aeropuerto del balneario, cuyo concesionario principal era el Grupo Peirano, afectaba el medioambiente, hasta que Peirano lo contrató como asesor legal de sus empresas.
César Charlone, exdirector del Banco Internacional y vinculado a la Sociedad de Bancos, asumió como ministro de Economía y Finanzas. Jorge Echevarría Leunda, vinculado al banco de Cobranzas, se desempeñó como subsecretario y luego pasó a presidir la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande cuando comenzó su construcción.
El ministerio de Obras Públicas quedó a cargo de Walter Pintos Risso, propietario de la constructora que llevaba su nombre y vicepresidente de Horacio Torrendell SA, importadora de los aviones Cessna y de varias marcas de vehículos.
La OPP quedó a cargo de Alejandro Végh Villegas, exdirector de la Caja Obrera. Y como presidente del Banco Central asumió Carlos Sanguinetti, vinculado al Banco Mercantil.
En el mismo tiempo los Peirano Facio, Jorge y Juan, eran poseedores de 38.000 acciones del Banco Comercial. Por allí se vinculaban al grupo Braga Salvañac, uno de cuyos más conspicuos integrantes era Enrique Braga, exministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En el Mercantil, Peirano era socio del denominado Grupo Sanguinetti, cuyas cabezas principales eran Juan Carlos y Jorge Sanguinetti. Jorge, vinculado a la lista 15 de Jorge Batlle y Juan Carlos, presidente entonces del Banco Central del Uruguay. No se cuidaban mucho las formas.
Ministro de Ganadería era el ganadero Juan María Bordaberry, padre de Pedro, exministro y exsenador, quien luego se convirtió en dictador. Pedro llegó a ser abogado del matutino El Observador, propiedad de un hijo de Juan Peirano Facio que no se vinculó a la estafa de sus sobrinos. Por supuesto que ya entonces aparecía el abogado Ramón Díaz, quien en sucesivos altos cargos oficiales vinculados a la política económica, también representaba los intereses de la banca estadounidense.
En el Ministerio de Comunicaciones y Turismo se desempeñaba el ingeniero José Serrato, uno de los más importantes accionistas y director de la Sociedad Televisora Larrañaga SA, propietaria de Canal 12 hasta principios de 2000, cuando la adquiere el grupo Cardoso, cabeza de supermercados Disco.
Adolfo Cardoso Guani, fundador y padre de los continuadores de Disco, fue el segundo ministro de Industria y Comercio de la dictadura.
Primer asalto: bancos fundidos, banqueros enriquecidos
En 1965 quebró el Banco Transatlántico y, como efecto dominó, provocó el quiebre de 34 de los 38 bancos que funcionaban entonces.
En aquellos años no existía la banca offshore; sin embargo, los banqueros habían encontrado en las “financieras” una forma de evadir impuestos y fugar capitales. Vivian Trías, autor del libro Imperialismo y rosca bancaria en el Uruguay, relata que en enero de 1970 el senador Wilson Ferreira Aldunate denunció en el Parlamento al Directorio del Banco Central por la autorización precaria para el funcionamiento de la Financiera Velox en Punta del Este. Al frente de Velox figuraba el hijo del presidente del BCU, a la sazón, Carlos Sanguinetti, y el yerno de uno de sus vocales, Daniel Rodríguez Larreta, director del diario El País hasta su fallecimiento.
Las financieras eran sociedades que se dedicaban al negocio bancario, pero sin las cargas fiscales ni los impedimentos legales que tenían los bancos. Luego de la crisis del 65, provocada por el Transatlántico, se crearon más de 500 financieras en todo el país. Trías las definió como “el verdadero motor de la especulación y la inflación”.
El 2 de abril del 71, el Estado intervino al Mercantil. En una memorable jornada parlamentaria desarrollada entre el 15 y el 16 de abril de ese año, Wilson (otra vez) puso al desnudo “no solo los entretelones de una estafa gigantesca y de una inmoralidad impúdica en la conducción de la cosa pública, sino también los cimientos carcomidos, putrefactos, caducos de todo el sistema que asfixiaba al país”.
En el Parlamento se demostró que Jorge Peirano Facio, desde el ministerio de Industria, apoyó al Banco Mercantil, presidido por su hermano Juan, ya que el 18 por ciento del total de las exportaciones del país pasaron por ese Banco.
Trías afirmó que “el Mercantil se movía monopolizando negocios a la vez que realizaba operaciones especulativas. Por orden de Carlos Sanguinetti, el Banco no fue inspeccionado ni una sola vez desde el final de la huelga bancaria de 1969 hasta su liquidación en 1971. En cambio lo asistió con algo más de 2.900 millones de pesos de la época, cuando el capital y las reservas del Mercantil apenas alcanzaban los 700 millones de pesos”.
Las garantías que presentó eran incobrables. Por ejemplo uno de los documentos pertenecía a la arrocera Arrozal 33, cuyos propietarios, Carlos y Eduardo Sanguinetti, eran también accionistas del Mercantil.
Cuando lo intervino el Estado la deuda llegaba a 3.176.500.000 pesos de la época y a sus corresponsales en el exterior les debía 18 millones de dólares, es decir, el 20 por ciento de la deuda de la banca privada con los no residentes. Uruguay tenía como reserva un total de 98 millones de dólares
Entonces los Peirano Facio habían creado la Mercantile River Plate Trust Ltd, una financiera radicada en Canadá, pero con sede en Panamá, para fugar millones de dólares al exterior.
Los 60 fueron años conflictivos porque mientras los ricos eran cada vez más ricos, los trabajadores sufrían desempleo, carestía, desabastecimiento y represión.
Treinta años después, los hijos de Jorge usaron el mismo procedimiento, ahora con el Trade and Commerce Bank (TCB), con sede en las Islas Caimán, para saquear a los depositantes del Banco Montevideo y usar ese dinero para fortalecer sus propias empresas.
Hay un increíble paralelismo de hechos y cifras con la estafa cometida en el año 2002 por el mismo grupo: hace 20 años también debían -porque fugaron o desviaron a sus empresas- aproximadamente el 20 por ciento de las reservas con que contaba el país en diciembre de 2001.
Segundo asalto: latifundistas y empresarios usaron a los militares para saquear a los trabajadores
La dictadura uruguaya tuvo una característica que la diferencia de todas las que asolaban América del Sur: fue la única cívico militar.
Se trató de un plan político que perseguía redistribuir la riqueza en beneficio de los sectores más ricos del país. Y se impuso a sangre y fuego porque el saqueo y pérdidas de derechos ocasionado a los trabajadores así lo exigían.
La Asociación de Bancos del Uruguay, la Cámara de Comercio e Industria y la Asociación Rural emitieron comunicados de apoyo al golpe de Estado el mismo día, 27 de junio de 1973.
Combatiendo una guerrilla derrotada un año antes y a caballo del anticomunismo y sus “socios”, entre los que se incluyó a los blancos wilsonistas, los militares ensuciaban de sangre sus manos mientras algunas poderosas familias hacían negocios para fortalecer sus patrimonios.
Casualmente casi las mismas familias que ya habían asaltado al país desde principios de los 60.
En todo ese tiempo hay nombres de empresarios y políticos que se repiten: Zerbino, Pascale, Davrieux, Bensión, Strauch, Rocca Couture, Aznárez, Ferrés, Raffo, Soler, Manini Ríos, Otegui, Vargas Garmendia, Ortolani, Peirano. También nombres de militares: Gregorio Álvarez, Hugo Márquez, Luis Vicente Queirolo, Yamandú Trinidad. Y dos mafias internacionales: la logia masónica PDUE y la secta Moon.
Importantes grupos familiares y empresariales no vacilaron en vaciar bancos, asociarse a mafias internacionales, saquear empresas y lavar dinero producto del desfalco en otro país.
Bancos vaciados y vendidos a un peso más IVA; devaluaciones orquestadas; compra de carteras de deudores incobrables; estafas organizadas con el BHU; sobrefacturaciones en obras estatales y hasta la creación de holdings para lavar dinero fugado desde Argentina son un pequeño sumario delictivo de la época.
Por ejemplo:
-Solo un grupo de estafadores argentinos, que pagaron coimas suculentas en Maldonado y Montevideo, se llevaron 30 millones de dólares del BHU.
-La represa de Palmar, presupuestada en 230 millones de dólares, terminó costando casi 1.200 millones de dólares. Y nunca se investigó el verdadero costo de Salto Grande, dado su carácter binacional.
-Cinco bancos de primera línea fueron vaciados por sus dueños. Primero los usaron para fortalecer a sus empresas y luego pasaron toda la cartera incobrable (la de sus dueños, entre otros) al BCU. La compra de carteras incobrables por parte del BCU costó unos 800 millones de dólares.
-La Armada Nacional ganó decenas de millones de dólares vendiéndole fletes de petróleo a Ancap y ese dinero lo ocultó en el Riggs Bank, el mismo banco que usó Pinochet.
-La logia PDUE, asociada a los exdueños de Bafisud, creó un holding de inmobiliarias y constructoras en Punta del Este (Safema) que se dedicaron a invertir en el balneario la “plata dulce” fugada desde Argentina.
Los más duros opositores a esa política económica y sus negociados desde fines de los años 60 fueron Wilson Ferreira Aldunate y luego, desde su fundación en 1971, el Frente Amplio.
Ambos sectores coordinaron acciones después del golpe y hasta 1983.
Desde el 27 de junio de 1973 se pintaron paredes con la leyenda “Abajo la dictadura”, firmadas por el PN y el FA.
De acuerdo a un estudio realizado por el economista Daniel Olesker, “el resultado de la política económica de la dictadura fue una transferencia del trabajo al capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era aproximadamente el valor del PIB al finalizar el período dictatorial y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, los trabajadores perdieron durante esos 12 años ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya”.
Para realizar ese saqueo se usó a las Fuerzas Armadas y la Policía.
En el libro El negocio del terrorismo de Estado, el periodista Fabián Werner recuerda que “en abril de 1985, exactamente con una semana de diferencia, los senadores Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional) y José Germán Araújo (Frente Amplio) presentaron pruebas ante sus colegas de la cámara alta de delitos económicos cometidos por militares y civiles durante la dictadura y pidieron la conformación de comisiones investigadoras además del envío de antecedentes a la Justicia penal. El destino de esas acusaciones, profusamente documentadas, fue el olvido”.
En febrero de 1973 el juez Héctor Amilivia detuvo y procesó a Jorge Peirano Facio, presidente del entonces Banco Mercantil. Pero en junio la dictadura acusó al magistrado de “prestar asistencia a la sedición”. Tuvo que exiliarse en Barcelona, donde falleció años después.
En su momento Amilivia llegó a compilar todos los documentos contables que fueron necesarios para probar los delitos cometidos por integrantes del “clan” Peirano. Todas las firmas colaterales, prohibidas por la normativa vigente en aquellos tiempos, estaban presididas por Juan Carlos Peirano Facio, quien resultaría procesado. Jorge, su hermano, había presidido el Banco Mercantil, pero para entonces había sido designado ministro de Industria.
Peirano Facio fue liberado días después de la disolución del Parlamento. Los abogados del banquero eran Ramón Díaz y Adela Reta.
En 1990 el presidente Luis Lacalle Herrera designó a Díaz presidente del Banco Central y en tal condición fue uno de los artífices del proceso de reperfilamiento de deuda externa de Uruguay en esos años.
Tercer asalto: banqueros y políticos en el mismo lodo
La tragedia financiera de 2002, que estuvo a punto de provocar la caída del gobierno, tuvo causas exógenas y endógenas. Pero siempre a los banqueros como puntales del fraude.
Como todo en la vida, hay varias versiones sobre el origen de la crisis. La historia oficial relatada por los economistas Ernesto Talvi y Carlos Steneri la adjudica a “accidentes financieros ocurridos en mercados lejanos”, según escribió el también economista Carlos Luppi en el libro 2002- 2012 La historia no oficial de la crisis y una lección pendiente.
Para Luppi la crisis de 2002 “tuvo causas endógenas, originadas en malas decisiones de los gobiernos uruguayos entre 1985 y 2005: sobrevaluación de la moneda (o atraso cambiario, que disminuye las exportaciones y aumenta las importaciones), apertura unilateral de la economía (que eliminó decenas de miles de puestos de trabajo en industrias como la textil y el calzado, echando semillas de la marginalidad, la violencia y la delincuencia), y el privilegio absoluto al sistema financiero, obviamente sobre el sector productivo. Estas tres políticas llevaron a Uruguay a la postración”.
Agrega que “Uruguay sufría atraso cambiario desde 1989. Sobrevaluar la moneda nacional con relación al dólar ha sido comparado con la pasta base: provoca euforia al principio y destrucción al final. Con un dólar barato aumenta el PIB (que se mide en dólares, y crece más si este es barato), se pagan menos intereses, la población compra más bienes importados y puede viajar por el mundo. Los bancos y los importadores, contentísimos. Esto debilita la producción nacional y disminuye la competitividad, fomenta las importaciones y disminuye las exportaciones, aumenta el déficit, la deuda y el desempleo, hasta que estalla”.
Otra visión combina ese análisis con las fallas en los controles del BCU y las complicidades entre gobernantes y banqueros.
En 1990 el gobierno de Luis Lacalle Herrera vendió el Banco Comercial a los hermanos Carlos y José Rohm. Pero en lugar de recibir dinero, el Estado tuvo que pagar dos millones de dólares, según denunció el contador Ricardo Lombardo, representante del Partido Colorado en el BCU.
El entonces diputado Jorge Machiñena, fundador del Consejo Nacional Herrerista, calificó la venta como “un fraude contra el Estado” y acusó a los Rohm como “ladrones”. Coincidía con el senador frenteamplista Danilo Astori.
A partir de allí Machiñena rompió con el herrerismo y con Lacalle padre, de quien había sido suplente en el Senado, y se convirtió en un duro crítico de la gestión.
Lo que ocurrió en 2002 le dio plena razón. El 23 de enero, Carlos Rohm, vicepresidente del Banco Comercial, fue detenido por la Justicia argentina. Su hermano José, director del mismo banco, logró fugar. Los hermanos se acusaron mutuamente de haber robado 250 millones de dólares de sus depositantes.
Los socios extranjeros del Comercial anunciaron que “no se iban a hacer cargo y lo dejarían caer”.
Entonces el gobierno de Jorge Batlle lo capitalizó en 118 millones de dólares, lo que evitó “corridas” y escraches contra los Rohm.
Pero los primeros días de febrero de ese año comenzó en Punta del Este una “corrida” en el Banco Galicia, que solo tenía depósitos de no residentes, fundamentalmente argentinos. Batlle decretó su intervención y eso se tomó como el traslado del corralito, vigente en Argentina, hacia Uruguay.
Allí comenzó la tragedia, cuando argentinos, que entonces eran un porcentaje muy importante de depositantes en nuestro país, y uruguayos pretendieron recuperar su dinero.
Al mismo tiempo y a través de una pequeña oficina ubicada en Zonamerica, los hermanos Juan, José, Jorge y Dante comenzaron a desviar los depósitos de sus clientes bancarios para fortalecer a sus otras empresas.
Según el informe de Jonathan Kahlberg, coliquidador del TCB, “la familia Peirano retiró los depósitos realizados por los clientes del Trade & Commerce Bank con el fin de financiar al Grupo Velox y sus estilos de vida”.
En Uruguay, además de los bancos Montevideo y Caja Obrera, eran propietarios de Indumex Casa de Cambio, Cambio Libertad, Capital AFAP, Terminal Tres Cruces (Gralado SA), Compañía Oriental de Transporte SA (COT), Establecimiento Juanicó, Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, Sociedad Comercial Estancia Santa Elena. Balmoral Plaza Hotel y Mtg Urzatron.
En tanto en el extranjero eran propietarios del Banco Alemán de Paraguay (desde 1989), Financiera Parapití (Paraguay), Shopping del Sol (Paraguay), Banco Velox (Argentina, desde 1983), Supermercados Disco (Argentina), Estancias Los Chorrillos y Los Quinqués (Argentina), Supermercados Santa Isabel (en Chile y Perú), Finambras Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliarios (Brasil) y el Trade & Commerce Bank (Islas Caimán, desde 1988).
Además eran accionistas de Techint y Siderar (Argentina).
El 15 de mayo venció el plazo otorgado al Grupo Peirano para capitalizar a sus bancos con 45 millones de dólares.
El 21 de junio el gobierno decidió la intervención de los bancos Montevideo y Caja Obrera. Miles de personas perdieron sus ahorros.
Poco después Batlle tuvo que decretar un “corralito” a la espera de una “gentileza” del presidente de EE.UU George Bush padre, quien prestó 2.000 millones de dólares a Uruguay para sostener al sistema financiero.
El 8 de agosto de 2002 fueron detenidos Jorge Peirano Facio, Jorge, José y Dante Peirano Basso, así como los exintegrantes del directorio y gerentes Mario San Cristóbal, Juan Domingo Ratti y Marcelo Guadalupe.
Juan Peirano Basso logró fugarse, pero fue detenido en EEUU en 2006 y extraditado a Uruguay en 2008.
En el marco del proceso iniciado el 8 de agosto de 2002, Dante, José y Jorge Peirano Basso fueron condenados por el delito de insolvencia societaria fraudulenta en 2013. Este delito es conocido popularmente como “vaciamiento de empresa”. En 2007 los tres hermanos recuperaron su libertad luego de más de cinco años presos. Para ello debieron presentar una fianza de 250.000 dólares cada uno; la resolución tuvo lugar tras una serie de peticiones y un informe final el Nº 35/07, caso 12.553 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 1º de mayo de 2007. En 2008 Juan Peirano Basso fue procesado por la jueza Graciela Gatti, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.
En 2010 un Tribunal de Apelaciones clausuró el proceso después de que el Parlamento uruguayo derogara el Artículo 76 de la Ley 2.230, que preveía penas para quienes cometen fraudes en sociedades anónimas, y por el cual habían sido procesados los banqueros Peirano.
El 29 de mayo de 2011 el primero de los tres excarcelados por la jueza Graciela Gatti fue Dante Peirano Basso.En 2011, los tres hermanos fueron puestos en libertad por la prisión preventiva que habían cumplido; estuvieron cerca de cinco años y cuatro meses en prisión.
Jorge Peirano Faccio, padre de los cuatro, falleció en prisión en abril de 2003.
Según explicó el periodista Víctor Carrato en Caras y Caretas, “el 1º de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió su sentencia, ya inapelable, sobre el juicio del Banco Central del Uruguay (BCU) contra los responsables del Banco Montevideo y Caja Obrera. El litigio fue entablado en el año 2004. El objeto era el cobro del crédito en defensa del interés del sistema financiero y de los ahorristas del Banco Montevideo (BM) y Caja Obrera (BCO). La demanda civil era contra 46 demandados”.
Agrega que “La demanda del BCU alcanzaba los 340 millones de dólares. No obstante, el monto de la deuda debe determinarse por un juicio de liquidación que permita establecer los montos exactos a reintegrar a los ahorristas. La historia continúa y llevará tiempo. Pero aún después de establecer los montos exactos, es probable que no haya a quién cobrarle por insolvencia declarada, aunque no real”.
En el año 2002 el grupo Peirano estafó a sus depositantes en una cifra aproximada a los 1.000 millones de dólares, vaciando su colateral offshore llamada TCB de Islas Caimán.
Desde entonces unos 500 depositantes uruguayos vienen peregrinando para intentar recuperar su dinero depositado, en la mayoría de los casos, en el Banco Montevideo y a plazo fijo según la documentación en su poder.
Algunos de los hermanos Peirano tienen pedidos de extradición desde Argentina y Paraguay, para responder sobre el fraude cometido también en esos países.
En setiembre del año 2018 este cronista informó en el programa Rompkbzas de radio El Espectador que la familia de Juan Peirano tiene una empresa que se llama Seriway SA, de la cual su hijo Juan Salustiano Peirano es la cara visible, pero su madre, Letizia Vejo, exesposa de Juan Peirano, es la que firma todos los documentos.
Solo en Paysandú, Young y Río Negro, tienen las estancias Santa Eufemia, Pilares, El Churrinche, El Farol, Ruiz, Gaten, Bretaña, Santa Eusebia y La Pacífica. Al grupo argentino El Tejar le arrendaban casi 11.000 hectáreas agrícolas, a las que habría que sumarles otras 4.000 o 5.000 ganaderas. También tienen estancias en Salto, Artigas y Tacuarembó. En tierras y mejoras estas propiedades alcanzarían un valor aproximado a 150 millones de dólares.
Juan Salustiano Peirano es dueño de La Pacífica, en Paysandú, donde se dedica a la cría de caballos criollos.
En tanto, también en el año 2018, el periodista Carrato informó en Caras y Caretas que los Peirano poseen una estancia en Taubaté, Brasil, pegadito a San Pablo, que vale US$ 6 millones.
La dueña es Island Point SA, Brasil. Cuando se consulta el registro en Brasil, el accionista es Island Point View Ltd. de Islas Vírgenes Británicas. Y cuando se consulta el registro de accionistas en Islas Vírgenes el dueño es Tarbet Trading SA de Uruguay, cuyo dueño es Álvaro Lecueder. El socio, amigo y gerente general de varias empresas de este tipo. Así funciona el esquema.
Carrato dice que la propiedad fue hallada por el abogado paraguayo Mariano Moyano en 2010, el mismo que contrató a un exagente del FBI que ubicó a Juan Peirano en EEUU. Este letrado defiende los intereses de los depositantes de Uruguay, Argentina y Paraguay, a quienes les desapareció dinero en el TCB de Gran Caimán. Según los datos a los que pudo acceder Caras y Caretas, este campo continúa siendo propiedad de la familia Peirano y no habría sido vendido.
La familia también es propietaria del loteo en la ciudad de San Pablo, cuya estancia se llama San Félix de Caraguatá y que jamás fue hipotecada ni embargada.
En Brasil, los Peirano eran propietarios de la financiera Banlatin y Finambras, las cuales tampoco fueron embargadas.
Finalmente la empresa uruguaya Imusol Trading SA, a la que los Peirano están vinculados, tiene un capital de 500 millones de dólares, que, se presume, están depositados en Hong Kong.
Las cifras no son el único paralelismo entre el fraude de 1971 y el de 2002. Entonces gobernaban los colorados, igual que en 2002; el poder de decisión estaba en manos de la 15, igual que en 2002; un hombre de ese sector vinculado a negocios pocos claros presidía el BCU, igual que quien lo presidió hasta mediados de 2002.
Cesar Rodríguez Batlle, desde su cargo de presidente del BCU, no controló los bancos de los Peirano. Pero como presidente del Cantegril Country Club de Punta del Este recibía de ellos mucho dinero por diferentes auspicios.
El cuarto banco cerrado con esta crisis fue el de Crédito, propiedad de la secta Moon desde 1981. En el año 2004 el exvicepresidente de la institución, Elizeu Christiano Netto, dijo al periodista Daniel Figares en el programa Ciudad oculta de Canal 12 que “dentro del BDC hubo dos grandes crisis, aparte de la que terminó con su cierre. Los años 1990 y 1991 y 1995 y 1996 fueron quizás los más difíciles con importantes pérdidas. Estas pérdidas siempre fueron consecuencia del año preelectoral” dijo el banquero.
Agregó que “las consecuencias de esas crisis fueron: en la primera, una pérdida de US$ 15 millones de créditos incobrables y en la segunda de US$ 30 millones. Los préstamos fueron para empresas vinculadas a los partidos Nacional y Colorado. Los préstamos no se dieron a personas sino a empresas vinculadas a dirigentes políticos de esos partidos, empresas que después de las elecciones cerraron”.
Según Netto “el banco siempre dio pérdidas porque se le usó como instrumento político. Primero los militares y luego blancos y colorados”.
La siguiente crisis sobrevino cuando se obligó al BDC a absorber al ya quebrado Banco de Pan de Azúcar. “Y eso se hizo para evitar que el Frente Amplio ganara las elecciones de 1999. Si cerraban el BPA con las investigaciones judiciales que tenía y las denuncias sobre la presunta propiedad de acciones de Julia Pou de Lacalle, hubiera sido un escándalo de proporciones. Y ni a Moon ni a Sanguinetti le servía que ganara el FA”, dijo Netto.
Con la crisis de 2002 el BDC fue uno de los menos afectados. “Tuvo pocos retiros y fue el que recibió menos asistencia”. Según Netto, “lo que queda claro es que en todo ese proceso el Banco Central quería cerrar el banco. Y en especial lo quería hacer el Foro Batllista, porque se venía un año electoral y se daban las mismas características que en las dos elecciones pasadas. Miguel Vieytes (director forista) fue quien liquidó el BDC”.
La oligarquía uruguaya
Desde hace más de 60 años la oligarquía uruguaya se ha enriquecido defraudando al Estado.
Hoy los hijos y nietos son inmensamente ricos y ocupan lugares de decisión gracias a la actividad fraudulenta de sus padres y abuelos.
En Uruguay hay miles de estudios que nos permiten conocer desde el origen de la pobreza hasta cuánto calzan los pobres.
Pero se cuentan con los dedos de una mano los estudios que permitan conocer el origen de la riqueza.
La oligarquía uruguaya es endogámica, tal como lo revelan en el tiempo las páginas de sociales de El País y más acá la revista Galería. Se nuclean en los mismos barrios, concurren a los mismos clubes sociales y deportivos. Reparten su tiempo con actividades gremiales en la Asociación y la Federación Rural y en la Cámara de Comercio y de Industrias. También en la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), organización creada en 2005 que sustituyó a la Asociación de Bancos (ABU). O en los exclusivos clubes que construyen para ellos, como el “piso 40” o “el rancho de pescadores” frente a las canteras del Parque Rodó.
En el libro Los de arriba, estudio sobre la riqueza en Uruguay, coordinado por Juan Geymonat y en el que participa entre otros el economista uruguayo Mauricio De Rosa, integrante del equipo que lidera el economista francés Thomas Piketty, se afirma que “el 1% de la población tiene el 30% de la riqueza del país. Todos los participantes de este libro son integrantes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (Udelar).
Surge entonces una pregunta que muy pocos se hacen: ¿cuántas de las fortunas actuales tienen origen en los delitos económicos cometidos en dictadura?
Las vinculaciones económicas, políticas y familiares son un dato importante para entender cómo las situaciones se reproducen. No por méritos, sino por relaciones sociales, políticas y empresariales.