Uruguay: su actual gobierno derechista

Nicolás Centurión  

15.09.2020

La atención mediática, política y judicial uruguaya estuvo centrada en el líder del novel partido de ultraderecha Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Es investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli que pidió el desafuero del senador a la jueza Graciela Vargas por haber ocultado información sobre confesiones de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, en Tribunales de Honor de la justicia militar.

Manini Ríos, en campaña electoral de cara a las elecciones municipales, dijo en más de una ocasión, que no se ampararía en los fueros parlamentarios ni permitiría que los “mercaderes del odio” tergiversaran la realidad. La estrategia del ex Comandante del Ejército Nacional era votar su propio desafuero pero que los votos no alcanzaran y así mostrarse presto para declarar ante la justicia y mostrar que él mismo no había obstaculizado su desafuero.

Los hechos dieron otro vuelco, a raíz de las declaraciones de los sectores menos reaccionarios del oficialismo, al estar de acuerdo con el desafuero de Manini Ríos. Pero el Partido Nacional (líder de la coalición derechista multicolor gobernante) empezó su ronda de conversaciones para convencerlos de lo contrario.

Logró su cometido y los votos para el desafuero no llegarán a la cantidad necesaria. La votación será luego de las elecciones municipales, en un claro movimiento para que la atención esté en los comicios y la imagen de la coalición no sea manchada a raíz de la complicidad con la impunidad de los delitos cometidos en tiempos de terrorismo de Estado.

Los focos apuntaron a Manini Ríos, los ex ministros de Defensa, abogados, militares e incluso al expresidente Tabaré Vazquez. Un tema muy importante el de la impunidad, pero el gobierno, como lo ha demostrado desde el principio de su gestión, hábilmente maneja la agenda cotidiana del país. Esta vez a tres bandas: desafuero, elecciones municipales y presupuesto quinquenal.

El círculo de ajuste neoliberal empieza a cerrarse con los distintos mecanismos que, hasta el momento, el gobierno ha instrumentado con éxito. Estamos hablando de la Ley de Urgente Consideración (LUC) donde ya se prevé una recolección de firmas para su posterior derogación en un plebiscito, impulsado por la central única de trabajadores PIT-CNT. La LUC junto con el presupuesto quinquenal son los dos pilares en los que se centra el proyecto de ajuste de la oligarquía uruguaya en el gobierno.

El modelo económico que persigue el gobierno de Luis Lacalle Pou de “restablecer la rentabilidad” de las empresas, reducir el gasto público, contener la suba salarial y la inflación para atraer inversión, “desnuda una filosofía que es sumamente perniciosa, opinó el historiador económico Luis Bértola.

El puntapié inicial de este modelo económico se inició con el decreto 90/020 antes de iniciada la pandemia y a unos escasos diez días de la asunción del nuevo gobierno. En el mismo se impone un recorte del 15% en gastos de funcionamiento e inversiones. Sólo una de cada tres vacantes disponibles en el Estado serán renovadas. En materia de bienes y servicios estatales la reducción será también de un 15% y en 2021 de un 5%.

Páginas: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last