Gobierno de coalición: Aún no han tomado el mando!!
La novia en cana
Interpol detiene a la pareja
del futuro ministro
Pablo da Silveira, vinculada a
la red de corrupción de Odebrecht
20 de febrero de 2020
Interpol y la Policía de Colonia realizaron un operativo que terminó en la detención de una contadora de iniciales M. C. por su relación con una empresa «sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht a un ex presidente panameño», según informó el periodista Ignacio Álvarez a través de las redes sociales.
La mujer es la actual pareja de Pablo Da Silveira, quien en cuestión de días asumirá como ministro de Educación y Cultura. Según le dijo a «El País», el nacionalista cree en la inocencia de su pareja, pero no hará declaraciones públicas para no influir en la justicia.
«La pareja del futuro Ministro Pablo Da Silveira, contadora M. C. fue detenida en Colonia por una alerta roja de Interpol vinculada a una empresa sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht a un ex presidente panameño. Da Silveira es su pareja hace seis meses», dice el mensaje que Álvarez publicó en Twitter.
El caso Odebrecht sigue los pasos de una constructora brasilera, investigada por haber sobornado a presidentes y funcionarios de más de una decena de países para tener beneficios en licitaciones públicas. Aunque Uruguay no es uno de los países cuyos mandatarios fueron sobornados, nuestro país figura desde el principio en la causa por haber jugado un rol importante, creen los investigadores, en la estructura del lavado de activos.
La investigación sobre la rama argentina de Odebrecht develó que Uruguay se usó para armar varias sociedades para lavado de activos y evasión fiscal.
Hoy fueron allanadas las oficinas de la firma brasileña Odebrecht en Argentina por la causa que investiga la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua en un contrato por 2.700 millones de pesos argentinos que ejecutaron los brasileños.
A propósito de Odebrecht veremos el papel de Uruguay en la red de coimas que se conoce en el conteniente.
El Gobierno argentino citó para este miércoles a los directivos de Odebrecht para que aporten información sobre los 35 millones de dólares que esta empresa reconoció haber pagado en coimas en la Argentina.
Odebrecht es la empresa constructora más grande de América Latina y con base en Brasil.
Tiene operaciones de ingeniería en 27 países del mundo y para ganar licitaciones, mantener contratos y ganar millones de dólares en proyectos realizó pagos (coimas) durante más de una década a funcionarios del gobierno y políticos.
La semana pasada, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos a través de un documento judicial donde explica el esquema del pago de sobornos en once países, tal como se puede ver.
Aparece Uruguay, y si bien no hay especificación de haber pagado alguna coima, el papel habría sido el de facilitar el pago de esas coimas a través sociedades anónimas, creadas en el país.
- Klienfield Services Ltd., radicada en Antigua y Barbuda, era una de las empresas offshore la firma principal para el pago de sobornos en Republica Dominicana y Panamá. Desde allí se hicieron millonarias transferencias a otras cuentas de sociedades offshore. Uno de ellos fue a favor del exministro argentino-ahora preso por la Tragedia de Once- Ricardo Jaime, a través de otra firma con sede en Uruguay, Pribont Corporation, con cuenta en el First Carribbean International Bank, localizado en Curaçao. Desde esta firma se realizaban las transferencias recibidas desde Argentina vía Uruguay hacia otros países. A través de esa firma se le pagaron 80.000 dólares a Ricardo Jaime. La comisión de valores de los Estados Unidos investiga a Pribont Corporation Sociedad Anónima, creada el 28 de marzo de 2007 y que habría sido disuelta en 2015.
- Vinicius Claret alias Juca Bala, brasileño residente en Montevideo. Uno de los operadores más activos del esquema de lavado. En su oficina en Montevideo operaba una casa de cambio. Está detenido a la espera de su extradición junto con su socio Claudio Fernando Barbosa.
- Casu Trust & Management Service S.A. Firma con sede en Uruguay y Suiza con cuenta en el banco Meinl de Austria. A través de esta firma se habrían pagado sobornos para el millonario programa de submarinos nucleares brasileños.
- Una ciudadana uruguaya, Maya Cikurel Spiller, está citada en la investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice y usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente Ricardo Martinelli.
Con respecto a la investigación en Argentina, aunque hay varios expedientes abiertos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya recibió información de la Justicia uruguaya sobre la empresa Pribont Corportation S.A.
La denunciante, la diputada Graciela Ocaña, en diálogo con Telemundo adelanto que en las próximas semanas puede haber novedades sobre este caso si prospera la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri.
Este esquema salpica también el ámbito del fútbol.
Interpol y la Policía de Colonia realizaron un operativo que terminó en la detención de una contadora de iniciales M. C. por su relación con una empresa «sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht a un ex presidente panameño», según informó el periodista Ignacio Álvarez a través de las redes sociales.
La mujer es la actual pareja de Pablo Da Silveira, quien en cuestión de días asumirá como ministro de Educación y Cultura. Según le dijo a «El País», el nacionalista cree en la inocencia de su pareja, pero no hará declaraciones públicas para no influir en la justicia.
«La pareja del futuro Ministro Pablo Da Silveira, contadora M. C. fue detenida en Colonia por una alerta roja de Interpol vinculada a una empresa sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht a un ex presidente panameño. Da Silveira es su pareja hace seis meses», dice el mensaje que Álvarez publicó en Twitter.
El caso Odebrecht sigue los pasos de una constructora brasilera, investigada por haber sobornado a presidentes y funcionarios de más de una decena de países para tener beneficios en licitaciones públicas. Aunque Uruguay no es uno de los países cuyos mandatarios fueron sobornados, nuestro país figura desde el principio en la causa por haber jugado un rol importante, creen los investigadores, en la estructura del lavado de activos.
La investigación sobre la rama argentina de Odebrecht develó que Uruguay se usó para armar varias sociedades para lavado de activos y evasión fiscal.
Hoy fueron allanadas las oficinas de la firma brasileña Odebrecht en Argentina por la causa que investiga la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua en un contrato por 2.700 millones de pesos argentinos que ejecutaron los brasileños.
A propósito de Odebrecht veremos el papel de Uruguay en la red de coimas que se conoce en el conteniente.
El Gobierno argentino citó para este miércoles a los directivos de Odebrecht para que aporten información sobre los 35 millones de dólares que esta empresa reconoció haber pagado en coimas en la Argentina.
Odebrecht es la empresa constructora más grande de América Latina y con base en Brasil.
Tiene operaciones de ingeniería en 27 países del mundo y para ganar licitaciones, mantener contratos y ganar millones de dólares en proyectos realizó pagos (coimas) durante más de una década a funcionarios del gobierno y políticos.
La semana pasada, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos a través de un documento judicial donde explica el esquema del pago de sobornos en once países, tal como se puede ver.
Aparece Uruguay, y si bien no hay especificación de haber pagado alguna coima, el papel habría sido el de facilitar el pago de esas coimas a través sociedades anónimas, creadas en el país.
- Klienfield Services Ltd., radicada en Antigua y Barbuda, era una de las empresas offshore la firma principal para el pago de sobornos en Republica Dominicana y Panamá. Desde allí se hicieron millonarias transferencias a otras cuentas de sociedades offshore. Uno de ellos fue a favor del exministro argentino-ahora preso por la Tragedia de Once- Ricardo Jaime, a través de otra firma con sede en Uruguay, Pribont Corporation, con cuenta en el First Carribbean International Bank, localizado en Curaçao. Desde esta firma se realizaban las transferencias recibidas desde Argentina vía Uruguay hacia otros países. A través de esa firma se le pagaron 80.000 dólares a Ricardo Jaime. La comisión de valores de los Estados Unidos investiga a Pribont Corporation Sociedad Anónima, creada el 28 de marzo de 2007 y que habría sido disuelta en 2015.
- Vinicius Claret alias Juca Bala, brasileño residente en Montevideo. Uno de los operadores más activos del esquema de lavado. En su oficina en Montevideo operaba una casa de cambio. Está detenido a la espera de su extradición junto con su socio Claudio Fernando Barbosa.
- Casu Trust & Management Service S.A. Firma con sede en Uruguay y Suiza con cuenta en el banco Meinl de Austria. A través de esta firma se habrían pagado sobornos para el millonario programa de submarinos nucleares brasileños.
- Una ciudadana uruguaya, Maya Cikurel Spiller, está citada en la investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice y usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente Ricardo Martinelli.
Con respecto a la investigación en Argentina, aunque hay varios expedientes abiertos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya recibió información de la Justicia uruguaya sobre la empresa Pribont Corportation S.A.
La denunciante, la diputada Graciela Ocaña, en diálogo con Telemundo adelanto que en las próximas semanas puede haber novedades sobre este caso si prospera la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri.
Este esquema salpica también el ámbito del fútbol.
Extradición a Panamá de pareja
de Pablo da Silveira se “diligencia”
por medio del Ministerio
de Educación y Cultura
22 de febrero de 2020
Escribe: Natalia Uval
Legisladores del FA entienden que el futuro ministro debería pedir licencia o no asumir su cargo por este caso.
La solicitud de extradición a Panamá de la contadora Maya Cikurel, pareja del futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, puede poner en una situación delicada al coordinador de programa del presidente electo Luis Lacalle Pou.
Cikurel fue detenida el miércoles en Colonia cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires junto a Da Silveira, y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. Interpol emitió una alerta roja para su captura; la Fiscalía de Panamá acusa a Cikurel de ser beneficiaria de sociedades anónimas desde las cuales se hicieron transferencias ilícitas por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Esta empresa es protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, y está acusada de pagar coimas millonarias y sobornos a autoridades de varios países.
A la contadora uruguaya se la acusa de cometer un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, según el artículo 254 del Código Penal de Panamá. Se le dispuso 60 días de prisión preventiva domiciliaria y se estima que en ese plazo el gobierno de Panamá enviará la solicitud de extradición.
Según el tratado de extradición vigente entre Uruguay y Panamá, suscrito en 2008 y ratificado por el Parlamento en 2009, la autoridad competente para diligenciar la extradición –que en el lenguaje de los tratados se conoce como “Autoridad Central”– es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), cartera que a partir del 1º de marzo ocupará la pareja de Cikurel, Pablo da Silveira.
Funcionarios judiciales y diplomáticos explicaron a la diaria que el diligenciamiento es un procedimiento por el cual el MEC se limita a transmitir al gobierno que solicitó la extradición cuál es el dictamen de la Justicia uruguaya al respecto. Por lo tanto, si bien lo tramitan funcionarios del MEC, prácticamente en ningún caso el ministro interviene ni la cartera interfiere en la decisión de extradición.
Sin embargo, en la historia reciente de Uruguay hay por lo menos una excepción a esta generalidad. En 2004, durante el gobierno de Jorge Batlle, el Poder Ejecutivo, asesorado por el fiscal de Corte Óscar Peri Valdez, negó la extradición a Argentina de los militares Manuel Cordero, Jorge Silveira, José Gavazzo y Julio Vadora, acusados de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar, por entender que sus casos estaban amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
La vicepresidenta de la República y senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, dijo a la diaria que a Da Silveira “se le va a complicar” si el MEC interviene en el proceso. “En ese caso, él se tiene que excusar de algún modo por el tiempo que esté eso en discusión, y quedará el subsecretario”, estimó. Acotó que desde el Partido Nacional (PN) se busca “minimizar la relación” porque hace seis meses que están en pareja, “pero la realidad es la realidad”.
Esta semana, cuando se conoció el caso, Da Silveira dijo a la diaria que prefería no opinar para que sus declaraciones no fueran interpretadas como “un intento de influir sobre la Justicia”. “Lo mejor es esperar a que las cosas evolucionen confiando en que todo se va a aclarar”, manifestó.
El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez opinó en Twitter que Da Silveira debería renunciar a ocupar el cargo de ministro de Educación y Cultura, y sostuvo que el gobierno electo tiene “varios allegados procesados o involucrados con la trama de corrupción”. “Pablo Correa, abogado del PN en el caso ANCAP, había sido procesado. Betingo Sanguinetti, hermano del ex presidente y actual senador de la coalición, procesado por lavado de activos y sigue la investigación. Maya Cikurel, pareja del futuro ministro, está con prisión preventiva”, enumeró.
Núñez advirtió que si bien la Fiscalía Nacional es un servicio descentralizado, se conecta con el Poder Ejecutivo a través del MEC. “Los fiscales tienen autonomía técnica, pero existe tutela administrativa del MEC. Sería sano para la democracia que el futuro ministro no asuma mientras se encuentra en trámite el expediente vinculado a su pareja”, consideró.
Una mala señal
El anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) presentado a fines de enero por el presidente electo contiene un capítulo que busca eliminar algunas disposiciones vinculadas a la inclusión financiera. En particular, un artículo suprime la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos cuando las transacciones superen determinado monto. El senador electo del Frente Amplio (FA) y ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, y la senadora Topolansky hicieron notar que en casos como el de Cikurel debe valorarse la importancia de no volver a la opacidad financiera que existía en el país.
“En la LUC ellos bajan los recaudos, y creo que cuando aparecen casos de estos, queda claro que los recaudos son necesarios”, afirmó Topolansky. La senadora recordó que “el gran artífice de todo este tema de las sociedades anónimas fue Ignacio de Posadas”, en referencia al ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, y sostuvo que en el PN “siempre se quejaron de todo el control antilavado”.
“Cuando nosotros metemos todo ese control, no quiere decir que logremos antilavado cero, porque eso es imposible, pero sí le metemos complicaciones y complicaciones, y entonces empieza a ser un país no amigable para eso. Justo en la ley que va a venir, si lo mantienen, aparece esto en el momento en que salta este caso. Ahí uno puede decir: ‘nosotros lo poníamos por estos casos’”, señaló Topolansky.
Bergara, en tanto, cuestionó lo que calificó como un “intento de volver a habilitar esa innominatividad de acciones que va en contra de las recomendaciones internacionales”. Destacó que casos como el de Cikurel se descubren porque “hay un andamiaje jurídico y normativo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo” y resaltó que el gran salto en esta materia se dio con los gobiernos del FA.
El senador advirtió que “hay que cuidar como el oro” la transparencia financiera porque es “tan relevante para el país como el grado inversor”. El ex presidente del BCU destacó que actualmente Uruguay “incluso es mejor que la mayoría de los países que integran el G20” en materia de transparencia fiscal y financiera. “Debilitar estos mecanismos, tanto en el orden jurídico como operativo, no sólo es malo desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de la reputación para el Uruguay”, remarcó.
Especialmente, Bergara cuestionó la disposición contenida en el anteproyecto de LUC que habilita el uso del efectivo en todas las transacciones: “Derogar la obligatoriedad de algunos pagos a través de medios electrónicos es un retroceso importante en esta materia”, sostuvo. Consideró que sería una señal de debilitamiento de las disposiciones en materia de transparencia y por lo tanto un estímulo a “aprovechar esa debilidad” para realizar transacciones ilícitas.
Rafael Paternain, referente del sector Casa Grande escribió en Facebook que lo que está pasando en el país es “muy grave”. “Tal vez sea de las coyunturas más sombrías del ciclo democrático reciente. Que lo naturalicemos, es otro cantar. No sólo estamos en vísperas de la rotación de un gobierno, estamos próximos a una experiencia de coalición que combina neoliberalismo con autoritarismo”, advirtió. Afirmó que el vínculo de Cikurel con Da Silveira se da “en un contexto de un proyecto político que pretende desmontar los mecanismos para los necesarios controles”.
El caso de Odebrecht, Uruguay y la
contadora de los múltiples nombres
ANTONIO LADRA·
SÁBADO, 22 DE FEBRERO DE 2020
El caso Odebrecht sigue dando noticias, pero a veces estas noticias son viejas. Este jueves pasado se conoció que la contadora Maya Cikurel Spiller, pareja del ministro de Educación y Cultura designado, Pablo da Silveira, había sido detenida el miércoles en Colonia cuando pretendía viajar a Buenos Aires.
¿La razón? Sobre Maya Cikurel pesaba una alerta roja de Interpol, “acusada por la justicia de Panamá por un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, con una pena máxima de 12 años de penitenciaría”.
La jueza María Helena Mainard dispuso la detención domiciliaria por 60 días de la mujer mientras se procesa el juicio de extradición a Panamá, país donde se había decretado el pedido de captura en abril de 2019.
En aquel país Cikurel será investigada por sus vínculos con la empresa Arcadex Corporation, donde aparece como titular y que tiene sede en Belice, a través de la cual se pagaron millonarios sobornos que involucran al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli y sus dos hijos.
Ya en mayo de 2017 había aparecido el nombre de Maya Cikurel Spiller a raíz de un informe que presenté en el noticiero Telemundo sobre la trama Odebrecht y de cómo Uruguay tuvo un papel protagónico en las coimas de la empresa brasileña a pesar de que en nuestro país no hubo denuncias de vínculos de funcionarios públicos. (En este link se puede ver el informe: https://bit.ly/2wAgk4t).
La ausencia de denuncias sobre coimas en Uruguay se pudo haber debido a que Odebrecht no concretó ninguna obra allí. A pesar de eso el papel de este país ha sido muy importante y clave para dar la cobertura y aceitar las posibilidades para la creación de empresas fantasmas a través de las cuales se podía blanquear dinero.
En efecto, además de Arcadex, las sociedades Sherkson y Havinsur, ambas constituidas en Uruguay, transfirieron millones de dólares a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A., cuyo destino final fueron las arcas del ex presidente Martinelli.
Igualmente hubo una investigación en Uruguay, la que está a cargo del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que sigue abierta. Justamente, en el año 2017 la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, que investiga los sobornos que pagó Odebrecht en ese país, recibió información de la fiscalía uruguaya en la que se mencionan sociedades clave para la distribución de coimas millonarias.
EL PAPEL DE URUGUAY
- Klienfield Services Ltd., radicada en Antigua y Barbuda, era una de las empresas offshore de Odebrecht, la firma principal para el pago de sobornos en República Dominicana y Panamá. Desde allí se hicieron millonarias transferencias a otras cuentas de sociedades offshore. Una de ellas fue a favor del exministro argentino Ricardo Jaime, a través de otra firma con sede en Uruguay, Pribont Corporation, con cuenta en el First Carribbean International Bank, localizado en Curaçao. Desde esta firma se realizaban las transferencias recibidas desde Argentina vía Uruguay hacia otros países y se le pagaron 80.000 dólares a Jaime. Pribont Corporation Sociedad Anónima, creada el 28 de marzo de 2007, fue disuelta en 2015.
- Vinicius Claret, alias Juca Bala, el cambista/valijero brasileño fue arrestado en Punta del Este luego de ser delatado en el marco de la Operación Calicute. En diciembre de 2017 fue extraditado y en mayo de 2018 fue liberado después de un acuerdo de culpabilidad bajo la Operación Lava Jato. La operación Calicute, detectó el desvío a través del sistema bancario uruguayo de más de US$ 65 millones de recursos públicos federales destinados a obras realizadas por el gobierno del estado de Río Janeiro.
- Casu Trust & Management Service S.A. Firma con sede en Uruguay y Suiza con cuenta en el banco Meinl de Austria. A través de esta firma se habrían pagado sobornos para el millonario programa de submarinos nucleares brasileños.
- La contadora Maya Cikurel Spiller está citada en la investigación por su relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice, usada en el pago de sobornos en Panamá, que involucra al expresidente Ricardo Martinelli.
La contadora Maya Cikurel Spiller, sin embargo, no solo está vinculada a la empresa Arcadex, sino que en las bases de datos abiertas aparece como titular de una empresa en Panamá, Sadler Associates Corporation S.A. El 2 de octubre de 2013 fue nombrada directora y ese mismo día pasó presidirla. Al día de hoy la empresa está en actividad.
Esta empresa cuenta con cuatro ejecutivos además de Cikurel. Ellos son: Eduardo Javier Schiavo Granda, titular a su vez de 29 sociedades anónimas, Otavio Fernandes de Oliveira e Silva, titular de tres sociedades anónimas, Ilvis Kennion Avila, titular o suscriptor de 492 sociedades anónimas, Ivan Alexis Ithurralde Moreno, también titular o suscriptor de 463 sociedades anónimas. Todos ellos prestanombres y/o testaferros, presuntamente del bufete panameño Patton, Moreno & Asvat, la firma que creó Sadler Associates Corporation S.A..
Patton, Moreno & Asvat tiene dos sedes principales, en Panamá e Inglaterra y una representación en Montevideo. En su momento, el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue socio en ese bufete.
Pero además de Sadler Associates Corporation S.A., Cikurel fue titular, entre noviembre de 2013 y febrero de 2017, de otra firma con sede en Inglaterra, Overland Trade. En ella estuvo asociada con Otavio Fernandes de Oliveira e Silva.
Otavio Fernandes, es a su vez, socio fundador de la firma MVD Group con sede en Montevideo, en Circunvalación Durango 383 oficina 101, en plena Ciudad Vieja, donde, según algunos documentos, Cikurel figura como socia. La vinculación de Cikurel con este estudio no es del todo clara, dado que algunas fuentes dicen que está en retirada de esa firma. De todos modos, es en este punto donde comienzan una serie de curiosidades que darían pie a ser investigadas judicialmente, porque en la web de esa firma no aparece Maya Cikurel, pero sí una tal Maia Oliva. Maya Cikurel y Maia Oliva son la misma persona, me han confirmado algunas fuentes, quienes afirman que se debe a que tomó el apellido de su padrastro, ya fallecido, un hombre al que ella quería como su verdadero padre. Sin embargo, otras fuentes manifestaron su extrañeza cuando este jueves se dieron cuenta que la Maia Oliva que conocían se llama en verdad Maya Cikurel.
Esto dispara algunas preguntas: ¿hay una usurpación de título y usurpación de identidad? Si la documentación oficial: cédula de identidad, título universitario, credencial cívica, hasta la libreta de matrimonio, están con el nombre Maya Cikurel, como es posible que la firma MVD Group tenga en su equipo a una persona que se presenta con otro nombre? En la base de datos de la red Geneva Group International, con sede en Zurich, que integró hasta hace un tiempo MVD Group, es posible encontrar todavía la foto que ilustra esta nota bajo el nombre Maia Oliva, cuando en verdad es la imagen de la contadora Maya Cikurel. ¿Es la empresa MVD Group la que la está encubriendo? ¿Por qué? Para aumentar la confusión, en Twitter hay una cuenta Maia Oliva, cuya dirección es @maiacikurel.
Cuando este jueves se conoció la noticia, las búsquedas en internet de Maya Cikurel se dispararon y Google devolvió notas, pero ni una foto de la persona. No dejaba de ser llamativo que, en este mundo digital e interconectado, no hubiera aparecido ni una imagen de Maya Cikurel. Sin embargo, sí aparece una página de Facebook a nombre de Maia Cikurel, con i latina y no con y griega, como indican los documentos oficiales, la cédula de identidad y el propio pedido de extradición. Pareciera que socialmente se presenta como Maia Cikurel. La pregunta es: ¿por qué la contadora Maya Cikurel usa socialmente el nombre Maia Cikurel – fonéticamente suena igual – pero también Maia Oliva?
Pero detrás de esta proliferación de nombres y apellidos es posible que se encuentre la confusión que llevó a que durante ocho meses hubiera podido circular sin ningún tipo de problemas, entrar y salir del país, como efectivamente lo hizo, sin que saltaran las alarmas en las aduanas. Recién el 24 de diciembre pasado las autoridades de Panamá advirtieron que habían escrito mal el apellido: Cirukel en lugar de Cikurel, tal como informó VTV Noticias.
Además, la fiscalía anticorrupción de Panamá decidió instruir el pedido de extradición con alerta roja sobre Cikurel luego de que la contadora fuera citada por dos veces en el año 2018 a declarar voluntariamente por la causa Odebrecht y no se presentara.
Ahora está corriendo el plazo de 60 días para que la Justicia Panameña remita el pedido de extradición. Una vez cumplido ese extremo, se dará curso al juicio propiamente dicho. Una curiosidad técnica es que quien otorga la extradición, si finalmente la justicia uruguaya así lo decidiera, es el Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, el ministro de Educación y Cultura que para esa fecha ya será Pablo da Silveira.