TESTIMONIOS VIBRANTES

Escrito por: Mariana Contreras, Rosario Touriño

torturas

Una ola de denuncias sacudió al Poder Judicial. Después de 26 años del restablecimiento de la democracia, centenares de presos que padecieron la tortura dan su testimonio sobre los vejámenes a que fueron sometidos.
El cerco de silencio -el autoimpuesto y el resultante de décadas de indiferencia social- parece haberse roto. Así, se abre la posibilidad de que por primera vez la justicia uruguaya investigue, procese y condene a cientos de militares, policías, médicos, psiquiatras, que actuaron directamente en el sometimiento de los presos. Es el momento histórico en que la tortura, forma masiva de castigo que utilizó la dictadura uruguaya, ingresará en los tribunales. Es la posibilidad inédita de dejar de ser el país de los impunes. 
Cárcel y tortura.
 
Esa fue la estrategia represiva que el gobierno cívico militar aplicó sobre todo aquel vinculado (o “sospechoso” de estarlo) a algún tipo de organización “subversiva”. Fueron más de 7 mil los uruguayos que saturaron los lugares de reclusión desde antes del golpe de Estado hasta la asunción del primer gobierno democrático en 1985; 7 mil personas encarceladas que hicieron que Uruguay ostentara por aquellos años un récord infame: el país con mayor proporción de presos políticos. 
 
La casi totalidad de ellos sufrieron la tortura en sus más diversas formas y niveles. Eso los uruguayos lo supieron desde siempre. Y se confirmó en 1985, cuando el Parlamento investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. El sistema político uruguayo conoce desde el primer día, y de primera mano, los brutales relatos de los padecimientos de las víctimas, incluso los que refieren a violencia sexual, plasmados en las actas parlamentarias. Para ellos la respuesta política fue la ley de caducidad.
 
Veintiséis años después, esos relatos resurgen con inusitada fuerza, en un contexto jurídico, político y social diferente. Y lo que es más importante aun, llegan ahora como denuncias penales, que involucran no sólo a los mandos que ordenaron la tortura sino a centenas de soldados y policías que, por acción u omisión, participaron del sistema represivo. Uruguay se enfrenta, ahora sí, a la posibilidad de que no sólo sean juzgados los mandos militares que planificaron y ordenaron los delitos, sino también aquellos que se prestaron para ejecutarlos.
 
El soldado que torturó, el policía que capturó, los médicos, enfermeros y psicólogos que negaron asistencia y que indicaron cómo, dónde y hasta cuándo actuar en la tortura podrán verse obligados a responder ante la justicia. Son éstas, desde aquellas empolvadas actas parlamentarias, las primeras denuncias judiciales sobre la tortura. Que se entienda: la forma sistemática y masiva de calvario que eligió la dictadura uruguaya para sus víctimas entrará por primera vez a los juzgados.
 
Este es un movimiento, considera el abogado Pablo Chargonia, patrocinante de varias denuncias, que nace desde la sociedad civil. Fueron las propias víctimas quienes comenzaron a reunirse y a elaborar lentamente la posibilidad de hacer la denuncia judicial. 
 
Un movimiento que “comenzó luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia” en relación al caso Gelman, comentó Chargoñia. Aquella sentencia marcó, a su entender, el comienzo del fin de la ley de caducidad. “Allí se describe la imprescriptibilidad y las tipologías de violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluye la tortura. Lo que muestran las denuncias es que hubo patrones de conducta y modus operandi, no se trata de psicópatas aislados”, sostiene el abogado. En esa batalla por hacer entender al sistema judicial uruguayo que estos delitos no caducaron (independientemente de la ley de “lesa humanidad” aprobada la semana pasada en el Parlamento) están los denunciantes. 
 
Las centenas de testimonios que la justicia deberá valorar dan cuenta de cómo “se sometió a las personas privadas de libertad a las peores torturas, tanto físicas como psicológicas, y a las más inhumanas condiciones de detención.
  
En este período fueron detenidos hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores, sobre los cuales se llegaron a practicar (…) submarinos (en agua con excrementos, o seco con capuchas), picanas, agresiones sexuales (violaciones, introducción de objetos, manoseos) simulacros de ejecución y de violación (propia y de amigos o familiares) colgadas, quemaduras, golpizas, plantones, suministro de sustancias alucinógenas, golpizas a mujeres embarazadas hasta provocar abortos, privación del sueño durante semanas, caballete, teléfonos”. Así lo señala la denuncia presentada por Ielsur, patrocinante de la causa Morgan y la de Artillería 1.
 
Si alguna vez el encarcelamiento y la tortura fueron utilizados para fundamentar lo “humanitario” de la dictadura uruguaya con respecto a la argentina ?donde fueron sistemáticos la desaparición y el asesinato?, los testimonios y los testimoniantes que hoy vuelven a requerir la atención de la sociedad uruguaya no hacen otra cosa que afirmar lo contrario. 
 
DENUNCIANTES.
denunciantes

 
 
El primer paso lo dieron 12 ex presos (que días después se convirtieron en 40) que solicitaron, en diciembre de 2010, que se investigara la tortura, asesinatos, desaparición y genocidio ocurridos en el centro de reclusión donde estuvieron detenidos desde 1972, la Base Aérea Boiso Lanza. La causa, llevada adelante por el abogado Óscar López Goldaracena y a cargo de la jueza Mariana Motta y la fiscal Ana María Telechea, es al día de hoy la más avanzada.
 
Según comentó a Brecha Baldemar Taroco, integrante de Crysol, denunciante y portavoz del grupo, la mayoría de los querellantes ya pasaron por la instancia del peritaje físico y psicológico. En su caso, las tomografías realizadas en ambas piernas ?adjuntadas ahora como prueba? determinaron la presencia de esquirlas de bala: “Conmigo jugaban a la puntería. Pensé que había sido herido de bala en una pierna, pero 37 años después me entero de que tengo esquirlas en ambas. La doctora no podía entender cómo yo no sabía eso. Pero es que estaba encapuchado, esposado, torturado; no sentía ni cuándo me pegaban. Después seguí de plantón y se me cicatrizaron las heridas sin que me enterara. Eso me ha dejado secuelas en la pierna y en el pie. Otros tienen secuelas que no se ven”, narró Taroco. 
 
En setiembre de este año, alrededor de 50 ex presos, miembros en su mayoría de la Unión de Juventudes Comunistas (ujc), presentaron denuncias por torturas recibidas en la Dirección Nacional de Inteligencia. Otras 30 víctimas lo hicieron por hechos similares ocurridos en el centro clandestino de detención “300 Carlos”. 
 
El viernes pasado, 28 ex presas también denunciaron e identificaron a 112 personas (hombres y mujeres) que practicaban torturas: militares, policías, médicos y enfermeros, que actuaron en diversos centros de reclusión. 

La denuncia hace énfasis en la violencia sexual como método de tortura, y sostiene que “la conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima, cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y el ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres, llegando en muchos casos a la consumación de la violación”.
 
Tres días después, más denuncias atiborraron los mostradores judiciales: las víctimas de la llamada Operación Morgan, dirigida a reprimir al Partido Comunista (y a desarticular su estructura financiera, principalmente) y a la ujc, que implicó que cientos de comunistas fueran encarcelados y torturados.
 
En esta misma denuncia figura otro grupo de ex presos, todos vinculados al Regimiento de Artillería 1. Ambos grupos suman 90 denunciantes, que identifican a más de 100 personas involucradas en la tortura. “Sufrió plantones, y en forma simultánea la hacían desnudar para aplicarle picana eléctrica y luego la cubrieron con una capa del Ejército para seguir de plantón. Le pusieron grilletes en los pies unidos a las manos por una cadena, quedando en cuclillas para que se le aplicara nuevamente la picana. Le colocaron un cartel pegado a una campera con la expresión judía de mierda firmado por Óscar 1, al grito de que sólo le faltaba ser negra. Pudo despegarlo y guardarlo, pero le colocaron otro papel de igual tenor”. Así el trato que recibió, entre otros vejámenes, una víctima de la Operación Morgan (y que figura en la denuncia).
 
Esta semana en el departamento de Treinta y Tres una veintena de ex militantes de la ujc, entonces menores de edad para los criterios de la época (de entre 13 y 21 años), presentaron una denuncia por torturas. En 1975 los menores fueron sustraídos e incomunicados ilegalmente de sus familias y llevados al cuartel departamental donde sufrieron diversos apremios físicos.

Según pudo saber Brecha, más grupos de ex presos, reunidos por su lugar de reclusión, preparan nuevas denuncias para las próximas semanas: el 13 de Artillería, el Fusna, y los cuarteles 6º y 9º de Caballería.
 
¿POR QUÉ AHORA?  
 
Los relatos de las mujeres que presentaron denuncia por violencia sexual como método de tortura, recabados por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Udelar en un amplio trabajo dado a conocer la semana pasada, provocaron inmensa conmoción.*
 
La misma que provocó el programa Esta boca es mía (Canal 12) cuando presentó en estudios, y en vivo, a varias de las denunciantes que contaron en un horario de mucha audiencia lo que vivieron. No pueden soslayarse las preguntas sobre cuánto del beneficio del rating y cuánto de especulación en torno a lo políticamente correcto o el “bajo riesgo” de la emisión pesó en la decisión de las autoridades de Canal 12 para aceptar la trasmisión, tantas veces negada, de un programa con esas características. Pero no puede desconocerse que esa conmoción refleja una apertura e incluso una capacidad de empatía por parte de la sociedad, que durante décadas les fue negada a las víctimas.
 
Y así como hubo un proceso social, también hubo procesos, individuales y colectivos, entre los ex presos. La lucha por el esclarecimiento sobre el destino de los desaparecidos, junto con el reclamo de verdad y justicia para los asesinados hicieron lo suyo. “Por ahí fuimos dejando nuestra situación en segundo plano, porque era una prioridad nuestra esa verdad y justicia”, dijo a Brecha Charna Furman, una de las denunciantes de la Operación Morgan, para explicar la demora. Pero hay más. 
 
Las mujeres dieron los primeros pasos en 1997 cuando, por primera vez en democracia, se reunieron en forma masiva. “En ese proceso iniciado a 12 años del fin de la dictadura estuvo siempre la intención de decir qué nos pasó. Primero hicimos la serie de libros Memoria para armar”; sin embargo “en aquella época prácticamente no se hablaba de la tortura y muy poquitos relatos hicieron referencia al tema. Después hicimos una película: Memorias de mujeres. Cuando la presentamos la gente nos decía que mostrábamos como si hubiéramos pasado bárbaro, porque hablábamos de nuestras estrategias de sobrevivencia, nuestra convivencia”, contó Furman.
 
La tortura fue otra vez el gran tema ausente. “Llegó el momento de decir: esto espantoso, inhumano, degradante nos pasó. Pero para eso hay que hacer un proceso… yo hice diez años de terapia en los ochenta y no hablé nunca de la tortura. No podía. Con mis hijos, que tienen casi 40 años, jamás hablé de esto”; los mismos hijos a los que intentaba dormir cuando los militares irrumpieron en su casa, admitió Furman. 
 
En este movimiento generado por los ex presos, las formas han sido diferentes. Existen denuncias por centro de reclusión, por grupo político, por género. Hay quienes han elegido testimoniar públicamente y hay grupos que reservan la individualización de esos testimonios para el ámbito judicial. Es que el camino hacia la denuncia judicial también abrió dolores. Hay quienes han decidido apoyar a sus compañeros pero no participar de las denuncias. Sus vidas son otras, no quieren volver sobre aquellos pasos. No puede ocultarse que no todas las mujeres consideran acertado que la violencia sexual sea tratada como una causa de género. Y no lo fue. Hay también testimonios de hombres vejados, aunque quizás el tabú y el peso de “ser hombre” opere tan fuerte que lleva a profundos silencios. 
 
Hay quienes han debido enfrentarse a contar por primera vez su historia frente a sus parejas, sus hijos o sus amigos. Hay quienes no quieren hacerlo, y hay quienes asumen que deben respetar el “no querer oír” que parecen trasmitir sus seres queridos: “hasta que ellos quieran, hasta que puedan”, dicen. Entonces, a pesar de la masividad no puede dejar de apuntarse que el porcentaje de denunciantes es bajo en relación a las víctimas.
 
De alguna forma así lo expresó Roberto Herrera a Brecha cuando contó que “en Artillería 1 desde 1972 hasta el 80 deben haber pasado 500 compañeros, pero somos cerca de 30 los que presentamos denuncia. Algunos no quieren participar. Pero no es una negación. Salir, revivir, cuesta. Son muchos dolores”. 
 
Las mujeres que hicieron la denuncia por violencia sexual trabajaron en conjunto durante un año, con apoyo psicológico. Algunas se sumaron en el camino, algunas debieron abandonar: “esto de la denuncia me trajo recaídas, empecé a tener mucha cistitis, la sensación de picana en la vagina, se siguen reproduciendo esas sensaciones en mí, porque para hacer la denuncia hay que volver a ese lugar”, les dijo una de las denunciantes en la causa de violencia sexual a los estudiantes de comunicación. El mismo artículo recuerda que alguien que comenzó la denuncia “tuvo que dejarla porque empezó a padecer hemorragias intestinales debido a que sabía que volvería a recordar lo vivido, treinta años después su cuerpo somatizó esos recuerdos”.
 
“Es muy difícil contar y recrear aquel ambiente”, hacerse una idea cabal, para quien escucha, de lo que realmente sucedió en los cuarteles y centros clandestinos, dicen los denunciantes. “Se habla de la tortura grande, pero había un sistema permanente de hacer el mal, de atormentar.”
 
La que cuenta ahora es Martha Valentini, quien integraba la comisión de finanzas del Partido Comunista en épocas de la Operación Morgan y que deambuló por varios centros de reclusión durante tres años y medio. En la denuncia judicial puede leerse en detalle lo que debió sufrir: “le atan las muñecas y la cuelgan de una polea (…), cuando su peso vencía la cadena que la sostenía, alguien atrás pegaba un tirón que le desgarraba las axilas; los encargados eran más de uno y entre ellos discutían si seguir o bajarla, mientras tanto otro enfrente a la compareciente la quemaba con cigarrillo”.  
 
A Brecha le cuenta sus recuerdos de los diez meses con los ojos vendados, los oídos apretados por la venda, los parlantes emitiendo varias músicas en simultáneo, estridentes; la sensación de perder la dimensión del espacio y el tiempo. Recuerda el jabón en la leche, cuando los soldados robaban la fruta que enviaban los familiares y luego, desde lo alto escupían las semillas a los presos, el grito de “¡Conaprole!” de “el Malevón”, un soldado que largaba contra la pared la zorra donde se llevaban los platos para la comida: “los platos eran de plástico, entonces agarraba aquella zorra y la largaba contra una pared para imitar el ruido de una botellas que caían en una publicidad de Conaprole. Algunos se rompían, pero los repartían igual, entonces servían el caldo. Y al que le había tocado la desgracia del plato rajado el caldo se le caía y ensuciaba el piso. Entonces lo castigaban por sucio”. 
 
Un refinado sistema de desprecio a la persona, reflexiona mientras recuerda la sinceridad milica: “A vos te mato o te vuelvo loca”, le dijo uno que no pudo ni lo uno ni lo otro. “La tortura formaba parte de un trabajo de los militares. Lo dijo (Jorge) Troccoli: No era que fueran malos, ¡estaban trabajando! Con la denuncia queremos mostrar que ese trabajo tenía dos caras: el que realizaba el trabajo y el que lo recibía. Y para el que lo recibía era una monstruosidad.”
 
UNA BATALLA JUDICIAL.
 
Si hay algo que unifica todas las denuncias presentadas es que en ellas se reclama que la tortura debe ser considerada un delito de lesa humanidad, permanente e imprescriptible. La argumentación de los denunciantes se ampara en el derecho internacional. Chargonia explicó que si hay un parteaguas, no fue la reciente aprobación de la ley que define la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura, sino la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) a raíz del caso Gelman, ya que ésta es la que realmente derriba a la ley de caducidad.

Por su lado, ielsur alega en la demanda de la Operación Morgan que “la prohibición de la tortura y otros actos inhumanos crueles, inhumanos o degradantes son principios generales del derecho internacional, que comienzan a plasmarse con la ley de consejo de control Nº 10 de los aliados en la Alemania de posguerra”, en especial su artículo segundo, que los consideraba delitos de lesa humanidad. 
 
En este último escrito, que ya está en poder del Juzgado Penal de 12 Turno, se alega que de larga data existe un “consenso en la sociedad civilizada de naciones”, por el que constituyen delitos de lesa humanidad las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las detenciones arbitrarias.** 
 
Se menciona también en las denuncias una larga lista de fallos de la cidh (especialmente el que dirimió en el caso de la familia Gelman). Según los abogados patrocinantes de estas causas, de la copiosa jurisprudencia de la cidh surge la prohibición para los estados parte de aplicar dos asuntos: la irretroactividad de la ley penal y la prescripción como mecanismo para evitar la sanción de los responsables de los delitos de lesa humanidad. 
 
En el fallo de la cidh, y a partir de la demanda promovida por Macarena Gelman, se estableció que también en el ámbito universal los órganos de protección de derechos humanos establecidos por tratados han mantenido el mismo criterio sobre la prohibición de amnistías que impidan la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos.
 
El abogado de ielsur Martín Fernández afirma que la Corte Interamericana establece la preeminencia del derecho internacional general (ius cogens), lo que posibilita la aplicación de estos principios en la jurisdicción doméstica, invalidando de esta forma los argumentos que esgrimen los estados de limitar la aplicación del derecho internacional. 

 
milicada
Desde ielsur reafirman: “los delitos de lesa humanidad no pueden ser equiparados a los delitos comunes, dado que la legislación penal doméstica se establece para lo general y ordinario, pero no para casos puntuales y excepcionales no previstos ni previsibles, donde sucumbe todo el Estado de derecho”. Claro que también hay constitucionalistas ?como Gonzalo Aguirre? que argumentan que varias convenciones no tienen fuerza de ley en el marco jurídico interno y son simplemente “tratados” (hay también voces políticas que protestan cierta intromisión de las cortes internacionales en la soberanía uruguaya). 
 
Para Chargonia se está en medio de “una gran batalla judicial”; ya que si las causas fueran clausuradas se estaría desconociendo un mandato de la cidh, en el que se define la tortura como una grave violación a los derechos humanos. Se estaría ante una suerte de desacato, por lo cual sus patrocinados recurrirían a la propia Corte Interamericana. Una estrategia similar es anunciada por ielsur en caso de que no se tenga éxito en los tribunales uruguayos. De todos modos, parece que se ha podido avanzar en otro territorio: el de verbalizar y denunciar colectivamente aquello que minó la dignidad más elemental de todos esos humanos.  
 
* Los estudiantes de Sala de Redacción, un espacio práctico de periodismo, del cuarto año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Udelar), escribieron una serie de artículos sobre la denuncia presentada por violencia sexual. Se recaban allí testimonios de las denunciantes. 
 
** Uruguay es Estado parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. El Estado también es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 de noviembre de 1992 y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas desde el 2 de abril de 1996.
 
Un caso del “Morgan” 
 
Fue detenida el día 4 de noviembre de 1975 en un violento allanamiento en su domicilio en horas de la noche. Fue inmediatamente encapuchada, atada de manos y a golpes de puño obligada a salir de su casa e ingresar a un vehículo en el que la trasladarían (a punta de pistola en las costillas y continuas patadas en la cabeza) hacia el Servicio de Materiales y Armamento, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13 de la Avenida de las Instrucciones, conocido como “300 Carlos”.
 
Luego de permanecer allí tres meses fue conducida al hospital de las Fuerzas Armadas y luego al Cuartel de Artillería Nº 1 hasta el 5 de agosto de 1976, cuando fue liberada por primera vez. El 2 de noviembre de 1977 fue nuevamente detenida y conducida al centro de torturas de La Tablada, donde permaneció cuatro meses, y luego tres días en los calabozos de Artillería 1; de allí fue trasladada a los calabozos del penal de Punta de Rieles donde estuvo incomunicada durante siete meses pese a que el juez había levantado la incomunicación varios meses antes. El 21 de setiembre de 1978 pasó al celdario de dicho establecimiento, siendo finalmente liberada el 2 de noviembre de 1983. Durante el tiempo de su cautiverio fue víctima, en forma reiterada y sistemática, de múltiples vejámenes que comenzaron el mismo día de su detención.
 
Durante su reclusión, la música a todo volumen fue una constante. Estuvo encapuchada en forma permanente; golpeada constantemente; le hicieron submarino en un tacho con agua con excrementos; la desnudaron y la ataron de pies y manos sobre una especie de parrilla para pasarle picana eléctrica por todo el cuerpo, genitales incluidos, mientras los oficiales se burlaban diciéndole “comunista y judía, lo único que te falta es ser negra”.
 
Sufrió colgadas y “teléfono”. Cuando le permitían ir al baño era manoseada y observada por militares. También le refregaban el pene erecto sobre su cuerpo. Le ponían dos o tres pesados ponchos y la dejaban al sol. Incluso la llegaron a colgar del pelo, mientras se deshidrataba y era atacada por perros. Intentó suicidarse girando la cabeza para descolgarse y fue internada. Sufrió caballete y luego quemaduras con cigarrillos en sus pies. 
 
Las veces que tuvo que ser atendida por un médico, sufrió empujones y saltos sobre el cuerpo por parte de un enfermero. La curaban para seguir torturándola; si sufría crisis de ahogos, le negaban la medicación. 

Con breves descansos pasó días y noches rompiendo libros. Las hojas filosas le hacían ampollas en los dedos. 
 
Como consecuencia de los vejámenes descritos ut supra, le quedaron las siguientes secuelas: columna con escoliosis cervical, dorsal y lumbar; pinzamientos y rotación de algunas vértebras; gastritis erosiva crónica; ahogos en situaciones de estrés, además de múltiples secuelas de tipo psicológico. 
 
La gran mayoría de las torturas recibidas fueron propinadas por el “Pajarito” Silveira.  
 
(Testimonio de una de las denunciantes, que figura en la denuncia colectiva del Operación Morgan.) 
 
Iguales y Punto 
 
Durante las jornadas de denuncia promovidas por el colectivo Iguales y Punto se recabaron 170 denuncias individuales. Soledad González Baica, integrante del colectivo, contó que 100 de ellas fueron realizadas en base a las fichas de asesinados políticos antes y durante la dictadura. Entre ellos figuran mártires estudiantiles como Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Leonardo Beledo, Heber Nieto, Joaquín Kluber, y la mayoría de los muertos en prisión. En este marco se realizó la denuncia por la desaparición de Fernando Miranda, cuyos restos fueron encontrados en el Batallón 13 en el año 2006, y que nunca había tenido causa abierta. 
 
Las restantes 70 denuncias fueron hechas por víctimas de tortura (o sus familiares), aunque también se denunciaron detenciones indebidas, privaciones de libertad e incluso ocupaciones ilegales de los domicilios (ratoneras).
 
El anti juramento. Médicos, psicólogos y enfermeros implicados

En las denuncias colectivas presentadas en los juzgados se mencionan también nombres de médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que acompañaron el plan sistemático de torturas. Los doctores actuaban como “asesores” de los militares: se encargaban, por ejemplo, de examinar el estado físico de los presos y de “recauchutarlos” en el Hospital Militar para dejarlos preparados para volver a las salas de tortura. También en algunos casos marcaban el umbral de tolerancia de la víctima. Otra de las actitudes denunciadas es lisa y llanamente la omisión de asistencia como una variante de la tortura: personas que no recibieron tratamiento después de haber pasado por el apremio o a las cuales no se les suministró la medicación necesaria para las patologías que sufrían. Estos médicos se encargaban asimismo de fraguar informes con el fin de ocultar evidencias.  
 
En el caso de los especialistas en salud mental, se denuncia que utilizaron sus herramientas en sentido opuesto: el objetivo era alienar y enfermar psíquicamente a los presos. El hostigamiento constante terminó en algunos casos en suicidio. Asimismo, solían prescribir altas dosis de psicofármacos no para aliviar los sufrimientos sino para exacerbar la actitud de dejarse morir en que había caído algún detenido. 

Casi cuatro décadas después, no ha sido procesado ningún profesional de la salud violador de los derechos humanos. Por otra parte, se cuentan con los dedos de la mano los casos de quienes fueron condenados por las comisiones de ética de las gremiales médicas (del Sindicato Médico del Uruguay o de la Federación Médica del Interior). 
 
Hoy en las denuncias que llegan masivamente a las sedes judiciales vuelven a aparecer los nombres de algunos de los médicos que fueron expulsados de los padrones del smu. Nelson Marabotto -a quien las presas llamaban “el Cuervo”?-  Rosa Marsicano -recordada como “la Suina” o “la Ballena”- son dos de las figuras más recurrentes en los testimonios. Ambos eran los responsables del servicio de “sanidad” de la cárcel de Punta de Rieles.
 
 En 1984 la VII Convención Nacional Médica creó la Comisión Nacional de Ética Médica, que funcionó por un lapso de seis años. Este organismo experimentó variadas presiones y amenazas que obstaculizaron su investigación y recopilación de pruebas. El Ministerio de Defensa prohibió la comparecencia de los médicos militares.  
 
En 1985, el ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, avaló la negativa del Servicio de Sanidad Militar a abrir el acceso a las historias clínicas de los presos políticos. En 1988, el teniente general Hugo Medina juzgó la acción de las gremiales como una “violación de las directivas constitucionales y del derecho al trabajo”, según indica Eugenia Allier en Batallas por la memoria: los usos del pasado reciente en Uruguay. 
 
De todas formas, la comisión pudo pasar a estudio del consejo arbitral del smu algunos expedientes, lo que dio como resultado la expulsión gremial y la imposibilidad de ocupar cargos en los sanatorios gestionados por los sindicatos. 

Páginas: 1 | 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.