Violencia sexual durante la dictadura

28 mujeres uruguayas que sufrieron violencias sexuales, durante el período de la dictadura 1973-1985, que han presentado sus casos en los juzgados correspondientes, aún ninguna de ellas han sido citadas para que se produzca el procesamiento de los responsables. Queremos presentar un artículo que es de unos años atrás en que pone en relieve la permanencia de estos abusos sexuales, perpretados por la oficialidad y soldadezca de la dictadura uruguaya. Vaya pues nuestro apoyo incondicional a estas valientes uruguayas que han dado el paso, para que se sepa uno de los peores tormentos aplicados por la dictadura, la humillación del ser humano, en éste caso de las mujeres.

Uruguay: Violencia Sexual Como Práctica Sistemática

De La Represión Militar

Por Graciela Atencio / Noemí García Cabezas 

La dictadura cívico-militar uruguaya duró 12 años, desde 1973 a 1985. En ese periodo fueron detenidas cientos de personas de forma sistemática por parte de las Fuerzas Armadas, personas pertenecientes a movimientos de izquierdas y otras que sin pertenecer a ningún grupo político, resultaron encarceladas y acusadas de sedición. Muchas de esas personas, sobre todo las pertenecientes a grupos políticos de izquierdas, sufrieron aislamiento y largas sesiones de tortura física y psíquica. Se ha documentado que alrededor de 100 prisioneras y prisioneros políticos murieron en las cárceles durante la dictadura. Además, aún hay 140 personas desaparecidas.

La violencia sexual no se ejerció exclusivamente con las mujeres pero ellas, además, padecieron el odio de una sociedad que despreciaba a aquellas que decidían salirse de los márgenes tradicionales del cuidado de la casa y de los hijos para adentrarse en la lucha política reivindicativa.

El pasado 27 de noviembre en el local central del PIT CNT de Montevideo tuvo lugar la presentación del libro “Las Laurencias”, editado por Trilce.

Está compuesto por ocho artículos de diferentes autores y autoras que reflexionan sobre la violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado, bajo la coordinación de Soledad González Baica y Mariana Risso Fernández.“Las Laurencias” surge a partir de unas reuniones que un grupo de mujeres expresas políticas mantienen desde 2010, con el objetivo de acabar con la impunidad de estos y otros crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante los años de dictadura.

Este grupo de mujeres presentó la primera denuncia colectiva por violencia sexual en la historia de Uruguay. Sin embargo, los crímenes continúan en la impunidad. Entrevistamos desde Madrid a las autoras del libro.-

¿Qué las motivó a compilar y escribir este ensayo?

– Si bien los temas de Derechos Humanos y las reivindicaciones de género nos eran cercanos, el impulso puntual lo generó el enterarnos de que un grupo de mujeres, expresas políticas durante la dictadura en nuestro país, se estaba reuniendo para recopilar testimonios que pudieran constituir una denuncia por delitos sexuales en las cárceles durante el terrorismo de Estado. Estas reuniones se daban desde el año 2010 en el marco de luchas y debates por romper la impunidad legislada desde 1985 sobre estos y otros crímenes de lesa humanidad. El 31 de octubre de 2011 presentaron la denuncia colectiva.

– ¿Qué las inspiró a ponerle el título “Las Laurencias” a la compilación?-

Laurencia es la protagonista de “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, escrita en 1619. La clásica obra refiere a la lucha de un pueblo por su emancipación del poder tiránico del Comendador, quien gozaba del derecho feudal de “pernada”, es decir de la posibilidad de abusar sexualmente de sus vasallas. Esta práctica fue consentida durante siglos y es una representación del costado más perverso del poder despótico y patriarcal. En la introducción del libro decimos que las palabras de Laurencia “resuenan tan dolorosas y necesarias en nuestro país como en la España feudal en que fueron escritas”. Pretendemos aludir con el título a cómo la lucha de las mujeres se inscribe en una larga tradición contra el despotismo político patriarcal, siendo el abuso sexual una de sus manifestaciones, tan frecuente como invisible, representando en la represión social una modalidad específica de tortura y de lesión a la dignidad humana.- ¿Nos pueden contar brevemente la historia de estas 28 mujeres que decidieron demandar a la Justicia por haber sido víctimas de violencia de género y violencia sexual?

– Sin duda las mujeres -y también muchos hombres- que sufrieron violencia sexual en las cárceles de la dictadura uruguaya fueron un número altamente significativo. En especial porque Uruguay contó con el mayor número de presos y presas políticas de toda la región con relación a su población. Esto ha sido un secreto a voces durante décadas. Este grupo de mujeres, que fue mayor, se constituyó por quienes finalmente escribieron su testimonio y presentaron la primera denuncia colectiva por violencia sexual en la historia de nuestro país.

Como ellas mismas nos han dicho, pasaron por un largo proceso para poder hablar de esto en una sociedad que no quería escuchar. Pertenecieron a diversos grupos y partidos políticos de la izquierda uruguaya y representan a las distintas generaciones de presas, desde las primeras secuestradas en el año 1972 hasta las que fueron detenidas en 1984 a pocos meses de restaurarse la democracia, generalmente se trataba de jóvenes estudiantes.

  ¿Qué tipo de violencia sexual utilizaron en Uruguay las fuerzas represoras?

– Entendemos por los testimonios que se conocen, que la violencia sexual abarcó modalidades diversas: desde la desnudez forzada en la totalidad de presas y presos políticos, el manoseo, la agresión y tortura específica en genitales, la amenaza de violación, el forzamiento a presenciar violaciones a compañeras, familiares u otras y otros detenidos, hasta las violaciones consumadas, la penetración con objetos o las violaciones con perros entrenados, castraciones, etc. La dimensión del horror de la tortura y de la saña perversa es difícil de narrar sin violentar la imaginación. La característica principal fue la sistematización de la práctica de la violencia sexual como método de amedrentamiento, castigo y transmisión del terror.

– ¿Los hombres fueron también víctimas de violencia sexual?

– Por supuesto, de hecho existen desde hace años testimonios públicos, sistemáticamente desoídos por jueces, políticos, comunicadores, incluyendo en estos amplios sectores a activistas de izquierda. Hay una dificultad cultural para escuchar y dar espacio a la violencia sexual dentro de los otros tormentos, sin minimizar, diluir en la generalidad de las prácticas de castigo; o se restringe la sexualidad a un ámbito privado o personal.

– ¿La violencia sexual era parte de las sesiones de tortura? ¿Se podría diferenciar la violencia sexual que se ejercía para quebrar al enemigo de la que se ejercía por misoginia y odio a las mujeres?

– La violencia sexual generalmente era parte de las sesiones de tortura pero también se incluía en formas de dominio y sometimiento para el goce de los verdugos. Independientemente de la tradicional justificación de “excesos” o “casos aislados”, fue una práctica sistemática de destrucción subjetiva.La misoginia y el odio son constitutivos de la violencia sexual y la tortura, así como características de lo que podríamos llamar la fiesta de los verdugos, el goce perverso adscripto a todo ejercicio abusivo del poder.

–  Ustedes dicen en la introducción que la violencia sexual como la tortura y la prisión prolongada en épocas de dictadura, pasó a formar parte de la “cultura de la impunidad”. ¿Persiste hasta ahora esa cultura de la impunidad en crímenes por violencia sexual?-

Absolutamente. Una de las tesis centrales en muchos de los artículos que propone el libro es pensar en las marcas de la impunidad, del no castigo ni investigación de los crímenes cometidos por el Estado terrorista.

Los crímenes sexuales siguen portando una sombra de sospecha sobre las víctimas, que muchas veces impide la denuncia por el riesgo de victimización a la que son sujetas, por un sistema judicial sin capacitación específica, por una policía con déficit de preparación, portadora de estigmas culpabilizadores hacia la mujer, las y los pobres, los y las homosexuales…

Los militares uruguayos siguen protagonizando sucesos de abuso y violencia sexual muchas veces fuera de fronteras: ha habido recientemente denuncias contra contigentes en el Congo, en Haití y en otras zonas. La no resolución histórica del trauma social que significó el terrorismo de Estado y la inexistencia de condena a los culpables de delitos de lesa humanidad sigue siendo una pesada herencia.

Consideramos además, que es impensable divorciar esos efectos de la cultura de la impunidad en la actualidad, de las violencias contra la mujer, de las dificultades persistentes para que más mujeres se incorporen a cargos de dirección relevantes en política o en grupos cercanos a la toma efectiva de decisiones.

– ¿La peligrosidad de las presas revolucionarias o contrarias a la dictadura formaba parte también de la asociación de mujer con “bruja” y “maldad” que justificara su persecución y un castigo “sexual”?-

 La peligrosidad sostenida por el discurso represivo sobre la disidencia política y social y sobre las sediciosas estaba impregnada de estigmas devaluadores: “la puta”, “la traidora”. En el caso de los hombres la alusión insultante feminizadora: “el puto”, “la marica”. Aquellas que se animaron a desafiar al poder y a renunciar a su destino doméstico y domesticado siempre son ejes de la más absoluta condena de un Estado autoritario.- En el artículo “El nudo subjetivo y el nudo político” (de Mariana Risso) se dice que “el violador-verdugo no testimonia, silencia, y cuando relata su perspectiva produce un discurso vinculado a alguna moralidad o ley organizadora que lo rescata psíquicamente de lo siniestro de sus acciones (el cumplimiento del deber, las necesidades de la guerra, la obediencia debida, etcétera). Disociando así sus actos y sus dichos del sentido trascendente del daño causado por el abuso y la violencia”.

¿Existe algún estudio sobre el porcentaje de presas que fueron víctimas de violencia sexual? ¿Y de represores violadores?-

Hasta la fecha no existen estudios sobre población y número de víctimas de tortura con abuso sexual específico; estamos dando los primeros tardíos pasos. Hay una larga lista de denunciados como torturadores y violadores, identificados por cientos de presas y presos políticos. Muchos aún viven y gozan de una jubilación como ex funcionarios del Estado. En Uruguay la Justicia es una de las deudas más dolorosamente pendientes.

– ¿Fueron juzgados represores por violencia sexual?

– En Uruguay no hay un solo preso por torturar o por violar durante la dictadura. Los únicos presos por su accionar delictivo en el terrorismo de Estado desde hace unos cinco años, están alojados en una cárcel especialmente construida y han sido condenados en todos los casos por homicidios especialmente agravados y desapariciones forzadas que pudieron ser comprobadas judicialmente.

– ¿Ha habido “escrache” público contra represores que ejercieron la violencia sexual?-

No. Ha habido escraches ocasionales a represores, médicos y psicólogos participantes en torturas, pero no específicamente a criminales violadores. Hay un silencio que aún se mantiene y que parece mezclarse extrañamente con temor y quizá con algo de complacencia.

– ¿La violencia sexual contra las mujeres era sistemática o sólo se utilizaba con determinado tipo de encarceladas y en determinados tipos de tortura?

– Creemos -ya que no hay estudios específicos- que ha sido sistemática en algunos niveles (manoseos, desnudez forzada, exhibición y amenazas de violaciones colectivas, obligación de presenciar torturas y violaciones a otros y otras detenidas y detenidos). Las violaciones que incluyeran penetración posiblemente hayan sido selectivas en algunos casos, como parte del plan sistemático de amedrentamiento y destrucción, no solo de personas sino de grupos de detenidas.

Ya para finalizar, ¿en qué radica la importancia de documentar y de reflexionar sobre la violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado? ¿Produce un efecto conciliador romper el círculo del silencio?

– Romper los círculos de silencio en primer lugar es un imperativo ético, no hay sociedad que pueda sanarse en el ocultamiento, la mentira y el encubrimiento de crímenes atroces. Consideramos que reflexionar sobre la violencia sexual al menos genera posibilidades de escucha y pensamiento, lo cual es un grano de arena, pero un grano no menor en un océano de impunidad. La conciliación… en fin, es una palabra complicada y ambiciosa. Quizá algo de verdad y de Justicia ayuden a cicatrizar tantas heridas individuales y colectivas que aún nos están sangrando.

MUJERES DENUNCIANTES  DE “CARAS Y CARETAS”

   

Por Mauricio Pérez

 

La tortura fue una práctica sistemática en todos los centros de detención de la dictadura uruguaya. Todos, o casi todos, los más de veinte mil presos políticos que hubo entre 1973 y 1985 fueron torturados, según revelan las investigaciones históricas sobre la represión dictatorial en Uruguay. Plantones prolongados, aplicación de submarino seco y húmedo, colgamientos, picana eléctrica y diversas formas de tortura psicológica fueron algunas de las formas de tortura denunciadas por presos políticos públicamente y en diversos procesos judiciales.Sin embargo, otras formas de tortura permanecieron invisibilizadas frente a estos hechos, ocultas en un contexto de silencio que incluyó a las propias víctimas.

 Desnudez forzada, manoseos y violaciones fueron, también, prácticas denigrantes que tuvieron lugar en las unidades militares, aunque de eso no se hablaba hasta que un grupo de 28 mujeres decidió, en octubre de 2011, romper el silencio y presentar una denuncia penal colectiva por los delitos sexuales perpetrados por agentes del Estado en los centros de privación de libertad de la dictadura. La denuncia dio cuenta de la violencia sufrida por las mujeres y colocó sobre la mesa un tema tabú sobre el que casi nadie se animaba a hablar, debido al estigma que cargarían las víctimas y al sentimiento de culpa y vergüenza que podría generarles.

En diálogo con Caras y Caretas, las ex presas políticas Beatriz Benzano y Margarita Lagos explicaron que la denuncia fue resultado de un proceso personal y colectivo, y que responde a la necesidad de contar lo que había sucedido. “Era como un deber con nosotras mismas, con las compañeras muertas, teníamos que denunciar”, dijo Benzano. “Era un carga que no podíamos dejar para las generaciones que vienen. […] Fue muy trabajoso, era como un deber ético dejar asentado lo que había pasado”, acotó Lagos. 

Tortura sistemática

Benzano fue detenida en julio de 1972 y recluida en el Batallón de Artillería Nº 5. Tras un tiempo detenida allí, pasó al Regimiento de Caballería Nº 9, y posteriormente al Penal de Punta Rieles. Lagos, en tanto, fue detenida en diciembre de 1974 y recluida en el Regimiento de Caballería Nº 6, pero recorrió varias unidades militares antes de ser trasladada al Penal de Punta Rieles. Las dos fueron víctimas de tortura, como casi todos los presos políticos.Sin embargo, la tortura contra las mujeres incluyó diversas formas de violencia sexual.

A los plantones, colgamientos y picana eléctrica se les sumó la desnudez forzada, en muchos casos los abusos y manoseos y, en algunos casos, la violación, que incluyó la penetración con objetos, según explicó Benzano.

 “Los milicos eran especialmente machistas; además de brutos, machistas. Se enseñaron con nosotras porque nos habíamos salido del rol de madre, esposa, ama de casa”, agregó.Esta violencia se extendió no sólo a los interrogatorios, sino que pautó todas las relaciones de las presas políticas con los custodios, hombres y mujeres, incluso en el Penal de Punta Rieles. “Cuando te dejaban bañar, después de mucho tiempo, tenías que hacerlo en presencia de soldados armados. No existía ninguna intimidad”, cuenta Lagos.Sin embargo, todas estas situaciones permanecieron invisibilizadas frente al amplio espectro de violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período. No era un tema fácil, por todo lo que implica.

“Pasamos treinta años sin hablarlo con nadie, incluso algunas [no lo hablaron] ni con sus propios compañeros, que también habían estados presos”, afirmó Benzano.“Nunca se había hablado de eso con nadie, porque los familiares, cuando salíamos en libertad, ni preguntaban, por delicadeza, para no hacerte sufrir de nuevo. Nadie preguntaba y nosotras tampoco íbamos a hablar de lo que habíamos sufrido. Fue un silencio total”, agregó. Pero poco a poco, muy lentamente, ese silencio comenzó a romperse y muchas mujeres se animaron a contar su historia. Fue parte de un proceso personal y colectivo que transitaron juntas, con el apoyo de una cooperativa de psicólogos. Ese tránsito, finalmente, les permitió contar lo que sucedió.

 

La importancia del colectivo

La idea de presentar una denuncia penal por delitos sexuales comenzó a gestarse en junio de 2010, tras la participación de Benzano en un encuentro de la ONG Mujeres en Paz que tuvo lugar en Caracas (Venezuela). En esa instancia se insistió en “poner fin a la impunidad” por la violencia sexual sufrida por mujeres, niñas y adolescentes víctimas en contexto de conflicto, algo que ya estaba sucediendo en otros países de la región, como Argentina, Perú y Chile, donde grupos de mujeres habían presentado denuncias penales por esta situaciones.Las reuniones entre las ex presas políticas fueron fundamentales para llegar a un acuerdo sobre la necesidad de presentar la denuncia. Los encuentros se transformaron en un espacio de catarsis colectiva donde pudieron narrar sus sufrimientos. “Algunas reuniones fueron terribles, se narraban cosas horribles que nos dejaban a todas sin palabras.

 Compañeras amigas con las que habíamos hablado siempre y jamás habían dicho algo”, contó Benzano. Allí se enteraron de que a una de sus compañeras le habían puesto sebo en el cuerpo para que las ratas la mordieran. “Salieron cosas horribles”, explicó.Sin embargo, muchas de ellas preferían presentar una denuncia genérica por torturas junto con los hombres. Este planteo “fue como un mecanismo de defensa, denunciar las torturas es mucho más fácil, porque está más visibilizado […] pero era importante denunciar la violencia sexual como un hecho específico y concreto, que tenía un fin también específico y concreto”, explicó Lagos. “Teníamos que denunciar todo lo que había pasado, porque si no denunciábamos no se iba a saber, era como un deber con nosotras mismas, con las compañeras muertas”, agregó Benzano.Por eso algunas algunas de ellas insistieron en la necesidad de promover una denuncia específica, para que estos hechos fueran conocidos en toda su dimensión. Tras grandes debates, dice, el grupo fue depurando la idea.

 “Se formó un grupo muy unido. Nos une lo que vivimos. Aunque hayamos vivido la prisión en distintas épocas y algunas no nos conociéramos, en el grupo se dio toda esa confianza y cariño” para poder contar lo que le pasó a cada una, dijo Benzano.“Lo importante era poder poner en palabras lo que habíamos vivido y sacarlo para afuera en un ambiente de confianza y cariño, con las compañeras.

Después de escribir la denuncia muchas compañeras dijeron que por fin podían dormir tranquilas, que se liberaron, era algo que se cargaba, una mochila terriblemente pesada que no se había compartido con nadie”, agregó.Lagos coincide con esta visión y lo destaca como un proceso que les permitió “ir descubriendo” la dimensión de lo que había sucedido.

“El grupo humano fue muy importante, porque si no, no habríamos podido hablar. […] Las reuniones eran muy conmovedoras y nos unían muchísimo más”, destacó. Incluso, algunas ex presas se sumaron a la denuncia cuando se dieron cuenta de que sus hijas tenían la misma edad que ellas cuando cayeron presas. Algunas escribieron sus relatos para la denuncia llorando, contó Lagos.La forma en que cada una abordó el tema fue distinta, porque las situaciones particulares eran distintas, pero la presentación de la denuncia operó para todas como una herramienta liberadora.

 “Fue como terminar una etapa y empezar otra”, dicen. “El eje central fue poder poner la justicia en manos de otros. Y que ya no somos víctimas, sino acusadoras de quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Esto nos logra posicionar de otra forma y podemos conversarlo con nuestros familiares, con nuestros hijos, que tampoco sabían”, agregó Lagos. “Fuimos recobrando una dimensión de dignidad frente a la humillación. Recobramos esa dimensión, ya no de víctimas, sino de testigos de lo que había pasado, y denunciantes. Fue un alivio”, aseguró Benzano. 

Crímenes de guerra

La denuncia colectiva por delitos sexuales en dictadura abarca lo que sucedió en varios centros de detención (entre ellos, el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención 300 Carlos, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes), entre 1972 y 1983, y fue promovida por 28 ex presas políticas, con el patrocinio de los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita.

El escrito, sobre el cual informó oportunamente La República, señala que los delitos sexuales cometidos contra las presas tenían como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas, con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante el menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos […] llegando en muchos casos a la consumación de la violación”.Las pruebas incorporadas en la causa establecían que “las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”, ya que los represores buscaban “morbosamente el placer”, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”.

En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”. Por este motivo, la denuncia solicitó la categorización de estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Recientemente, la jueza Penal de 16ª Turno, Julia Staricco, aceptó esta tesis y se pronunció por la imprescriptibilidad de estos hechos.

En diálogo con Caras y Caretas, Beatriz Benzano afirmó que la violencia sexual y la violación en un contexto de conflicto constituyen “crímenes de guerra”. “Nos sentíamos un botín de guerra, hacían lo que querían, estábamos en sus manos, nadie sabía dónde estábamos y qué podía pasar y sentíamos que podían hacer lo que querían con nosotras”, recuerda. 

LAS BOCAS SE ABREN