UNA RESPUESTA ACERTADA PRODUCTO DE
UNA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA MADURA.
El 22 de diciembre de 1986 se votó la ley de impunidad. La Ley de Caducidad es parte de una estrategia en procura de un proyecto de país para el cual había que poner coto al protagonismo popular, impedir la profundización de la democracia y recortarla lo más posible. Era necesario impedir u obstaculizar toda síntesis política correcta a nivel de cientos de miles de compatriotas sobre el significado de la dictadura y las enseñanzas de la lucha en la resistencia. Evitar la profundización de la conciencia democrática del pueblo que en su desarrollo necesariamente conduce a la crítica de la hegemonía de la clase dirigente. El avance de este democratismo encuentra un terreno especialmente propicio en un contexto político signado por: la derrota del fascismo, auge de la lucha democrática expresado en una inusitada tendencia a la organización y movilización de grandes masas, unidad del movimiento popular y la izquierda. En este marco la cuestión de los derechos humanos se convierte en tema central, eslabón clave, del devenir político nacional y así es que debe entenderse la conducta política de la derecha. No había alternativa, había que jugar todo y a cualquier precio a la carta de la impunidad. En este sentido, desplazar este asunto de la palestra política, promover la cultura del olvido y perpetuar el miedo a nivel popular se transforma en tarea de primer orden para los partidos tradicionales. Que los derechos humanos adquieren el carácter de tema central en la vida política nacional lo comprueba su función catalizadora de la toma de posiciones y división del escenario político en dos grandes bloques, ningún partido político puede evitar definirse en torno al mismo sin correr el riesgo de suicidio político; en que recompuso el mapa político y las correlaciones de fuerzas en torno a dos visiones de país.
Pero esto fue así porque el movimiento popular y la izquierda (el FA), actuaron con la inteligencia y sabiduría política necesarias para frustrar los planes de la derecha. De otra manera, esta recomposición del escenario político hubiera ocurrido al margen del pueblo, paralizando su protagonismo y experiencia; el bloque conservador habría inflingido un golpe demoledor y de proyecciones futuras a las fuerzas del cambio.
Votada la impunidad por una mayoría parlamentaria, ¿cuál era la respuesta que debían oponer las fuerzas progresistas? Si la derecha se proponía resolver el problema entre cuatro paredes y desplazarlo definitivamente de la agenda política y la preocupación del pueblo, ¿Cuál debía ser la estrategia de quienes mantenían la bandera de la verdad y la justicia como cuestión fundamental en la brega por la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad más justa? Sin duda, no podía ser la parálisis ni el derrotismo, tampoco la radicalización de pequeños grupos, o la invocación de tratados internacionales firmados por el país ni de cuestiones jurídicas (elementos que integran la lucha pero que no son lo sustancial de la misma), no se resolvía con abogados recorriendo juzgados.
Era un asunto eminentemente político y como tal había que abordarlo. Sólo una respuesta que impusiera el problema de los derechos humanos en el centro de la vida política del país y al pueblo como el protagonista fundamental en la resolución del mismo frustraría los planes de las fuerzas conservadoras. Se trataba de vincular la cuestión de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, la denuncia del terrorismo de Estado, la necesidad de la verdad y la justicia a la vida y la conciencia del pueblo. La cuestión exigía una respuesta de masas.
Este es el sentido político del plebiscito sobre los derechos humanos; una respuesta que expresa una impresionante madurez política y profundidad de miras. Una de las páginas más importantes escritas por el movimiento popular uruguayo, cuyas consecuencias profundas, más allá de la inmediatez de algunas evaluaciones, determinarán (y contribuyen a explicar) el desarrollo político ulterior del país.
Para alcanzar una justa valoración de los procesos sociales e históricos es imprescindible elevarse por encima de las expectativas y decepciones personales, dejar de lado nuestros tiempos personales y siempre tener presente los tiempos de los pueblos, que son los tiempos de la historia. Es necesario explorar los movimientos políticos e ideológicos de las multitudes, los cambios en las correlaciones de fuerzas de la sociedad que generalmente burlan a las miradas superficiales, a los análisis políticos orientados por la impaciencia personal y no por una concepción política madura.
Entonces, ¿cómo valorar el proceso que culmina el 16 de abril de 1989? Una primera respuesta que surge, y que correspondería a lo que podríamos llamar “el sentido común”, es considerarlo una derrota popular, de las fuerzas que luchan por el cambio social. Por supuesto, se trata de una evaluación desde la decepción personal que impide elevarse más allá de la apariencia del fenómeno, de la superficie del proceso que es objeto de estudio.
Equivale al juicio del periodista deportivo que al concluir un partido de fútbol y constatar que el equipo A hizo dos goles en tanto el equipo B sólo uno, sentencia de forma inapelable: el equipo A conquistó la victoria, el B fue derrotado. Pero, así discurren las competencias deportivas, no los procesos sociales. Cabe entonces otra evaluación. Una evaluación con proyección histórica y perspectiva política. Es indiscutible; el voto a favor de la ley de impunidad fue mayoritario respecto al voto en su contra. Pero, con ser importante, ¿esto fue lo único que ocurrió en tres años? Más aún, ¿desde el punto de vista político, fue lo más trascendente? Incluso, tomando en cuenta la conciencia popular, ¿esta respuesta nos proporciona una imagen real del cuadro y su dinámica? No; en absoluto.
Si la derecha se había propuesto desplazar el tema de la vida política; la estrategia del movimiento popular lo impuso como primer punto de la agenda por tres años. Y, sin duda, esta diferencia debe haber tenido consecuencias nada despreciables para un estudio que tenga pretensiones de seriedad. Además, la derecha construyó los acuerdos en las sombras y definió el problema dentro de las paredes del recinto parlamentario; mientras el movimiento popular lo democratizó, educó ciudadanía, poniéndolo a consideración y definición del pueblo. Otro elemento nada despreciable para entender lo que ocurrió en el desarrollo posterior de la vida política nacional.
Téngase presente lo siguiente:
Uno, para imponer la ley de impunidad la derecha estuvo obligada a desnudar públicamente durante el año 1986 sus contracciones, marchas y contramarchas y soportar las denuncias y presiones de la izquierda; dos, durante el año siguiente se recogieron firmas (más de 632 mil), lo que supuso que, como nunca antes, las organizaciones sociales del pueblo y el Frente Amplio tomaran contacto directo con, aproximadamente, un millón y medio de uruguayos; tres, durante el año 1988 se puso en el orden del día la defensa de las firmas a través de denuncias públicas, movilizaciones, ocupaciones, etc. (y el hecho, para nada intrascendente, de que los partidos tradicionales hayan pagado incluso el precio de poner en cuestión la honorabilidad de la Corte Electoral , presionando para que se anularan firmas y así evitar el pronunciamiento popular)[26]; cuatro, 1989, año electoral!, se convirtió en el año de definición y, por lo tanto, de discusión pública ineludible sobre los derechos humanos.
Resultados: lejos de ser desplazada, la cuestión de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y el reclamo de justicia marcó la agenda política del país por más de tres años; la izquierda, tuvo la oportunidad de romper la barrera que la separaba de amplios sectores de la sociedad y abordó a cientos y cientos de miles de uruguayos; el instrumento plebiscitario devino arma poderosísima en manos de las organizaciones populares lo que se expresará en combates posteriores en los que se detuvo aspectos fundamentales de las políticas neoliberales de los años 90; por último, un elemento fundamental, a pesar de que, vaya casualidad, siempre este ausente en los análisis más “sesudos”: el voto verde[27], cuya base política fundamental era el FA, obtuvo ni más ni menos que 800 mil votos, triunfó frente a los dos partidos tradicionales en Montevideo y apenas seis meses después el FA gana por primera vez la capital del país para no perderla más desde hace 20 años.
Repito, ¿Puede obtenerse una aproximación acertada, una comprensión sobre el desarrollo real de la cuestión de los derechos humanos en el Uruguay, aislándolo del proceso político en su conjunto? ¿Qué valor tiene, para quienes luchan por la transformación social, una lectura de este tipo? ¿Cuál es el sentido de una clasificación de países en torno ha como avanzó el tema de los derechos humanos sin tener en cuenta la realidad política de los países comparados? Es evidente que aquí estamos ante un problema de concepciones ideológicas. Sin comprender, sin tener presente este proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular uruguayo y del FA, no se puede entender cabalmente el proceso posterior (y, demás esta decirlo, los avances actuales a nivel de los derechos humanos).
Se podrá intentar refutar estas afirmaciones a partir de las siguientes “acertadas” constataciones: si este proceso no fue, en lo fundamental, una derrota y un retroceso en la conciencia popular ¿como se explica la mayoría por el voto amarillo? En primer lugar, considero que toda interpretación de procesos sociales y políticos exige horizontes más amplios para obtener una aproximación correcta del devenir histórico de los pueblos. Por otra parte, estamos hablando del predominio de una conciencia democrática del pueblo y obsérvese que la absoluta mayoría de los uruguayos no votaron por la impunidad de los fascistas, votaron por la democracia.
Es cierto esto ocurrió, como lo demostramos antes, porque se monto una canallesca mentira para engañar al pueblo, no por los fascistas sino por la mayoría de los representantes electos democráticamente por la ciudadanía y a los cuales, naturalmente, sus votantes guardaban confianza. La mayoría absoluta de los uruguayos tenían una conciencia democrática y antifascista y votaron en concordancia con su conciencia. Quienes propiciaron la impunidad nunca se presentaron ante la ciudadanía como contrarios a la verdad y la justicia, a la profundización de la democracia o justificando los crímenes cometidos por los fascistas.
No; por el contrario, los promotores del voto amarillo se presentaron como los verdaderos defensores de una democracia amenazada, presentando ante la ciudadanía la falsa opción verdad y justicia-crisis institucional. Y en este escenario ellos eran demócratas “responsables” y el voto amarillo una necesidad para evitar la caída de la democracia y el retorno de la dictadura. Por eso convocaban a votar amarillo, y en ese sentido voto la absoluta mayoría de la ciudadanía; por la democracia.
Estas afirmaciones tienen una confirmación irrefutable para cualquier militante por la justicia que haya vivido este proceso: la noche del 16 de abril de 1989, cuando se conocieron los resultados, el Uruguay fue un cementerio, no se registró un solo festejo. Los fascistas nunca tuvieron apoyo de masas en el Uruguay y por eso hoy no encontramos una sola manifestación en apoyo a los gorilas y dictadores que van a declarar ante los jueces ni cuando son conducidos a su saludable internación.
Permítasenos detenernos en una vivencia personal para comprender como responden los pueblos cuando los procesos políticos transcurren de acuerdo a su conciencia. Compárese la noche del 16 de abril con el lunes 19 de diciembre del 88. Aquél lunes de madrugada nos fuimos a dormir un poco después de que por “la 30” (“ La Radio ”), Enrique Rodríguez[28] nos convocaba a mantener la militancia hasta las 14 horas, plazo final para la “ratificación de firmas”.
Nadie que lo haya vivido podrá olvidar cuando, tras recorrer casas y casas, aproximadamente a las 14 horas sentimos que Germán desde “la 30” dejó de hablar unos segundos, apenas se lo escuchaba murmurar, para luego decirnos aquél “no aflojen compañeros, pero ya llegamos”. Para aquella generación será inolvidable la explosión de pueblo que se produjo en segundos, el pueblo parecía brotar del suelo y tomar 18 de julio, la gente dejó su trabajo espontáneamente y corría abrazándose en “ 18” con personas que no conocían. Eso era la conciencia democrática del pueblo uruguayo y eso no había muerto ni iba a morir.
El 16 de abril la mayoría del pueblo voto contra su voluntad, presionado, no por los militares, sino por las cúpulas blancas y coloradas. Todo discurso que olvide esto, por radical que parezca, le esta haciendo el trabajo, más allá de sus intenciones, a los artífices de la impunidad. Se podrá afirmar que se habría avanzado con mayor velocidad si no hubiera existido la ley de impunidad. Por supuesto, pero que tiene que ver eso con la historia, con los procesos reales. En la lucha de clases juega el enemigo y las derrotas o victorias es incorrecto evaluarlas a partir de un punto de vista lineal; la tendencia general se abre paso a través de retrocesos y avances que se entrecruzan y la cuestión es saber percibir e infundir a nivel de las masas el sentido general del proceso
De otra manera, ¿cómo explicar la realidad política del Uruguay de hoy?, ¿cómo un resultado azaroso, el producto de peculiares condiciones internacionales, etc.?
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES.
A la derecha le costo caro la impunidad y tras un aparente golpe mortal al movimiento popular y a la izquierda, lo que emergió fue, en el mejor de los casos para la reacción, una victoria pírrica. Por el contrario, a partir de lo que para el impaciente aparecía como una derrota irreversible de las fuerzas del cambio, una concepción (y una práctica) política madura construyó un avance de proyección histórica. A nivel de las fuerzas políticas el Uruguay quedó dividido entre quienes defendían la impunidad y los que luchaban por verdad y justicia. Pero, más importante aún, fue más fácil advertir que en esta división se expresaban dos proyectos de país contrapuestos. El proceso posterior se desarrollo en torno a la lucha entre estos proyectos en el contexto de la correlación de fuerzas emergente del plebiscito del 89.
Los derechos humanos no desaparecieron de las preocupaciones y los programas de las organizaciones sociales, gremios, el FA; no hubo aniversario que no se conmemorara, no hubo evento importante en que no se recordarán.
La lucha por la verdad y la justicia nunca murió, estas cuestiones no renacen de la nada, son el producto de un constante y sostenido trabajo de la militancia que para el soberbio resulta tedioso y pasado de moda en momentos difíciles. Pero, cuando se pasa a la ofensiva los hechos vertiginosos que se suceden lo encandilan de tal modo que no logra comprender las causas profundas de lo que esta viviendo y, cual círculo vicioso, vuelve a encontrar respuestas protegido en su soberbia; o sea en falsas explicaciones que subestiman, una vez más, la conciencia y el protagonismo del pueblo. Sin embargo, es posible desenredar la madeja: el pueblo no dejó de luchar; fue él que en su momentánea decepción había evadido el compromiso hasta que la lucha popular lo volvió a rescatar.
Los “20 de mayo” [29] no fueron una creación original desde la nada, sino una respuesta política que sólo fue posible por favorables condiciones de conciencia y organización preexistentes y actuantes. La positiva situación actual de los derechos humanos no surgió de las cenizas, sino de una realidad viviente que la parió. Lo que ocurrió hasta el 16 de abril fue sencillamente que la lucha por los derechos humanos se desarrolló hasta sus últimas consecuencias en un contexto político e institucional determinado y en el mismo agotó su potencial catalizador después de reconfigurar la correlación de fuerza social y política en el país.
Los derechos humanos no desaparecieron de la lucha, la memoria y la reivindicación popular. Sólo alternaron este potencial con otros temas que se transformaron en el eslabón fundamental del devenir de la política nacional: en particular, el combate por frenar los aspectos más negativos de la reestructuración económica promovida por la “utopía reaccionaria neoliberal” de los años 90[30]. Y no tener en cuenta estos cambios objetivos, las nuevas prioridades que la realidad política pone sobre la mesa, no sólo es peligroso porque impide resolver positivamente estos asuntos, sino porque su no resolución arrastra a todos los principios del programa, afecta la situación política global, imprime un retroceso en todos los frentes.
Se produce un cambio desfavorable en las correlaciones de fuerzas que, en nuestro caso, hubiera influido negativamente entre otros aspectos en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, esto no ocurrió en nuestro país porque el movimiento popular supo definir en cada momento cual era el combate central sobre el que debía tensar todas sus fuerzas. En mi opinión, sólo así se explica el positivo desarrollo de las correlaciones de fuerzas para el campo popular y, en ese proceso global, el avance a nivel de la verdad y la justicia.
El problema que tenemos hoy sobre la mesa es definir acertadamente en que asunto del combate general se sintetiza todo el proceso político. Los derechos humanos, la lucha por la verdad y la justicia con toda su importancia, ¿es el tema central de la vida política del país? ¿Es aquí donde debemos tensar todas nuestras fuerzas? O, por el contrario, ¿para seguir avanzando en esta cuestión es imprescindible asegurar la victoria en otros aspectos? El problema clave que garantiza la continuidad de los avances del pueblo en todos los frentes, incluido los derechos humanos, es el avance del proceso revolucionario. En el Uruguay de hoy esto se traduce en: unidad, unidad de acción del pueblo y la izquierda para que la conciencia popular avance en un 60 o 70% hacia el FA en el 2009[31].
En síntesis:
1- Reconquistadas las democracias en la región, la impunidad integra los planes del imperialismo norteamericano en la nueva etapa: neoliberalismo y democracia vaciada de contenido.
2- Esta estrategia general se expresó concretamente en cada país según las condiciones políticas, sociales e ideológicas.
3- En este sentido, la derecha uruguaya no tuvo margen de maniobra en relación al problema derechos humanos; tras la derrota del fascismo la correlación de fuerzas y el potencial de desarrollo del movimiento popular eran una amenaza real para su hegemonía política.
4- La verdad y la justicia eran un catalizador de la conciencia democrática de la ciudadanía en una realidad caracterizada por un movimiento obrero y una izquierda unidos y con creciente respeto ante el pueblo; la transformación de la conciencia democrática y antifascista en conciencia antiimperialista y de izquierda a nivel popular era una amenaza concreta.
5- La imposición inflexible, a rajatabla y a cualquier precio de la impunidad expresa la conducta política de una derecha que advierte esa amenaza y que se enfrenta a un enemigo poderoso.
6- La impunidad no es el producto de las “presiones” y amenazas militares, de los riesgos de crisis institucional; por el contrario, es la estrategia implementada por los partidos tradicionales a la cual subordinaron a las jerarquías militares. Otra lectura es una especie de romanticismo militarista y de un superficial liberalismo, el resultado de una concepción histórica para la cual los procesos sociales son la creación de grandes individualidades y de elites aisladas por encima del poder de los pueblos, que en la historia no serían más que la pura pasividad.
7- La crisis institucional y las falsedades sobre las negociaciones del Club Naval fueron sólo el montaje diseñado para minimizar los costos políticos ante la conciencia democrática de la ciudadanía.
8- En la dinámica de golpes y contragolpes que caracteriza la lucha de clases no corresponde percibir a los bloques en pugna como agentes pasivos y es necesario desentrañar la tendencia de desarrollo general que adquieren los procesos más allá de las dificultades y retrocesos momentáneos de las fuerzas en lucha. Se trata de evaluar correctamente si las respuestas de un grupo social a las políticas de su oponente son acertadas y, por lo tanto, capaces de convertir un posible retroceso en avance. Así habría que justipreciar los procesos políticos y sociales.
9- De esta manera considero la respuesta del movimiento popular y la izquierda uruguaya a la impunidad: el plebiscito creó las condiciones para abrir nuevos cauces de acumulación y avance de las fuerzas del cambio y obligó a la derecha a poner en juego todo su ejército político sacrificando destacamentos importantes del mismo.
10- El conjunto de los combates protagonizados por el pueblo: la lucha contra la impunidad, la brega para detener aspectos fundamentales de las políticas neoliberales, los progresos de la izquierda, etc., no son procesos inconexos, indiferentes los unos de los otros, sino el desenvolvimiento global de una concepción política y estratégica.
11- Los progresos actuales en torno a los derechos humanos son consecuencia directa de la aplicación sistemática de esta estrategia y no el resultado de “el tiempo transcurrido” que, cual bálsamo social, creó las condiciones para la verdad y la justicia.
12- Continuar avanzando exige una síntesis correcta a nivel popular de la experiencia política; de otro modo los progresos son aparentes y se corre riesgo de retrocesos posteriores.
13- Unidad y evaluación correcta de los momentos políticos son imprescindibles para alcanzar nuevas victorias en torno a los derechos humanos, como en todos los grandes temas que afectan y preocupan al pueblo. Todo lo cual se anuda hoy en el objetivo de que los partidos tradicionales no retornen al gobierno y el FA crezca en tanto expresión política de los grupos subalternos.
Considero que en ocasiones predomina una visión metafísica, en su sentido antidialéctico, sobre el concepto de “lucha”. Es decir, una contraposición antidialéctica entre movilización, confrontación y negociación. Como si luchar significará sólo la confrontación; o sea, provocar permanentemente el choque frontal con el enemigo sin consideraciones de oportunidad, de conveniencia, sobre las correlaciones de fuerzas, la situación de las propias fuerzas, de las del enemigo, etc.
Tengo la impresión de que se trata de un punto de vista unilateral. Cierta incomprensión de “viejas” enseñanzas de importantes procesos y dirigentes revolucionarios, bastaría recordar las indicaciones leninistas sobre la conclusión de la etapa de ofensiva y la necesidad de los bolcheviques de “aprender” a luchar en la defensiva (y Lenin no era precisamente, más allá de acuerdos o desacuerdos, un conciliador); teorizaciones que retomará Gramsci sobre las relaciones entre “guerra de movimientos” y “guerra de posiciones”.
La lucha implica la unidad dialéctica de la ofensiva y la defensiva, de la confrontación y la negociación, etc. Las clases subalternas encuentran espacios de negociación, en general, cuando son fuertes, en circunstancias que han adquirido cierta fortaleza y “obligan” a las clases dominantes a negociar, las cuales siempre que les es posible imponen sus posiciones. Naturalmente, existen tendencias políticas conciliadoras que “caen” en la posición contraria, absolutizan la negociación y, combatiendo el “molesto” protagonismo del pueblo, transforman la política en una sucesión de “arreglos” y “pactos” entre cúpulas que traicionan los intereses populares. Pero, las tendencias conciliadoras no justifican el “infantilismo” político.
En el fondo, ambas tendencias son tributarias del mismo desvío, la “incomprensión” del punto de vista dialéctico. Las fuerzas que se proponen la transformación social promueven la movilización, organización y elevación de la conciencia política de las masas populares, esto es el fundamento de toda su concepción política y, al mismo tiempo, no pagan tributo al estéril “verbalismo revolucionario”.
Poseen la madurez política para evaluar en cada momento de las correlaciones de fuerzas políticas y sociales hasta donde se puede llegar con el choque frontal, cuando es posible seguir adelante con éxito para el proceso de acumulación de fuerzas; o, cuando se han abierto caminos de negociación que son una victoria de la lucha popular y su aprovechamiento una exigencia para continuar el desarrollo progresivo de esta acumulación, provocando una síntesis política correcta de la experiencia de las masas capaz de promover superiores niveles de conciencia, unidad y organización y evitar someter a las fuerzas populares a golpes innecesarios que sólo generan retrocesos y, por el contrario, proteger y reagrupar las fuerzas creando las condiciones más favorables para los futuros combates.
Allá, por los años 84 u 85, recuerdo una “charla” en el edificio central de la Universidad de la República con un jefe guerrillero del FMLN de El Salvador (creo que era el Comandante Zamora). En un momento de la exposición definió los cuatro frentes de lucha del movimiento revolucionario: el primero, decía, es el frente de masas, la movilización popular; el segundo, la lucha guerrillera; el tercero, la solidaridad internacional; el cuarto, la negociación, porque, según el jefe guerrillero, es deber de todo verdadero revolucionario ser responsable ante su pueblo para evitarle sufrimientos innecesarios, siempre que sea posible, y procurar los caminos menos dolorosos para avanzar.
Por razones de conocimientos (o desconocimiento), no me puedo detener aquí a evaluar los distintos procesos de la transición democrática de nuestros países. Lo que sí afirmo es que realizar una clasificación sobre las “transiciones” y ubicar el proceso uruguayo en una serie de procesos que dieron lugar a una “democracia tutelada” o a una “democracia restringida” o “pactada” pues, a través de un supuesto “pacto” sin protagonismo popular o a espaldas del mismo, se habrían hecho importantes “concesiones” a las FFAA que condicionaron la futura democracia, es, por lo menos, una ligereza. Por supuesto, esto no es responsabilidad de investigadores extranjeros.
Como he dicho, es el producto de una operación política e ideológica orquestada desde las máximas direcciones políticas de las clases dominantes y que cuenta con la complicidad, quizás no intencional pero objetiva y esto es lo que cuenta desde el punto de vista político, de algunas tendencias de la izquierda que minoritarias en su momento justifican así sus errores tácticos y estratégicos y de algunos sectores de una intelectualidad mediática que en busca de status y reconocimiento (quizás de buenos salarios también), se creyó el cuento que para ser considerado un intelectual serio y acceder a ciertos medios hay que confundir neutralidad y objetividad.
O sea, como lo registran las líneas precedentes, la dictadura uruguaya no desapareció por un pacto o voluntad de los dictadores. Fue derrotada. Derrotada en cada uno de sus intentos de conquistar sólidos y mayoritarios apoyos en el pueblo; derrotada una y otra vez. Señalo, a riesgo de ser reiterativo, la dictadura se instauró y se vio aislada por una huelga general de quince días en los cuales se ocuparon todos los lugares de trabajo y estudio, se propuso crear un movimiento sindical dócil y subordinado al régimen y el fracaso fue estrepitoso, quiso “hacer pie” en la Universidad y se hundió y sólo la intervención y represión más salvaje le permitió “controlarla” momentáneamente pero siempre en soledad.
En los años siguientes no pudo desterrar la organización clandestina y la resistencia, fechas significativas como los 1 de mayo, por ejemplo, no dejaron de ser recordados por las más diversas formas ni un sólo año. Esta resistencia y aislamiento permanente es lo que explica que, cuando la dictadura quiso institucionalizarse e imponer su “cronograma” político, recibió un golpe mortal.
Esto fue el plebiscito de 1980 cuando el pueblo uruguayo le dijo NO a la constitución fascista. Aquí comenzó la transición en el Uruguay, lo que no quiere decir que no restaran años muy duros aún. Pero, obsérvese que no se estaba aún en el estallido de una crisis económica ni el país había vivido una “catástrofe” internacional que desencadenara esta transición. Los años siguientes se caracterizan por una serie de derrotas sucesivas de la dictadura: las elecciones de 1982 y la irrupción incontenible de la movilización popular (con la central obrera en el centro), que emerge de la clandestinidad a la semilegalidad y a la legalidad, combinándose las tres formas de lucha y organización.
También fracasó en los intentos de erradicar a la izquierda de la vida política nacional. Fue derrotada en el objetivo de destruir al FA, e incluso de aislarlo y marginarlo en la transición. Por el contrario, el FA se convirtió en el eje político que “empujó” a la convergencia antidictatorial a la mayoría absoluta del sistema político. ¿Se puede sostener seriamente que en un proceso político de estas características, que en la realidad política que sobre todas estas premisas cristalizó en 1984 cuando el proceso de derrumbamiento de la dictadura se aceleró de manera incontenible, podía haber condiciones políticas para que el régimen exigiera concesiones que condicionaran la futura democracia?
Tal cosa habría sido posible si la dictadura hubiera logrado destruir y/o dividir a la central obrera y al FA, generando las condiciones para aislar y marginar de la transición a los sectores subalternos y a la izquierda. En un contexto de este tipo las características predominantes de la transición probablemente habrían sido el desinterés y la pasividad de las masas, algo así como el “pasotismo” español.
Quien conozca el proceso, y más aún si fue protagonista del mismo, sabe que nada de esto ocurrió. Por el contrario, en la transición uruguaya nos encontramos con la existencia de una central obrera unida y clasista aliada a una constelación de organizaciones sociales populares de clara definición democrática, antifascista y, en general, antiimperialista. Y, si esto fuera poco, con una izquierda unida que ganaba respeto y confianza a nivel de sectores cada vez más vastos de las masas y quien fue, junto al movimiento popular, la que puso los presos, torturados, muertos y desaparecidos. Este bloque político-social primero, mantuvo la resistencia; y, segundo, tras ser la fuerza que preparó y explica la victoria del 80, frustró el “cronograma” de la dictadura y, poco a poco, paso a la ofensiva derrotando uno a uno los intentos del régimen de lograr una “salida” con una central y una izquierda proscripta y con presos políticos.
El año 1984 se inició con la liberación del reconocido matemático a nivel internacional y uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Ing. José Luis Massera, los anuncios y posterior liberación del Gral. Liber Seregni (símbolo de la resistencia) y el retorno de Alfredo Zitarrosa (declarado antifascista y miembro del Partido Comunista). En el correr del año retornaron todos los dirigentes exiliados, comunistas, socialistas y de la izquierda en general. Lo mismo ocurrió con los compatriotas de la cultura y la intelectualidad que debieron dejar el país. La dictadura se vio obligada a iniciar la liberación masiva de presos a partir de la definición de que quienes tenían más de la mitad de la pena cumplida serían liberados.
De esta manera recobraron la libertad centenares de presos que habían pasado años de tortura y prisión y se reintegraban inmediatamente a la militancia. Entre ellos destacan, por ejemplo, los dirigentes obreros y comunistas Alberto Altesor (cuyo hijo cayó en 1979 combatiendo en el Frente Sandinista), Rosario Pietrarroia, Jaime Pérez, a quien los fascistas torturaron con particular odio y crueldad. todas las fuerzas políticas y las organizaciones sociales se fueron legalizando de hecho, las autolegalizó la lucha popular.
En cuanto asumió el gobierno democrático en marzo de 1985 fueron liberados los últimos presos políticos que quedaban en el país. No había ninguna fuerza política ni organización social proscripta. A nivel institucional no quedó reservado para las FFAA ni para ningún jerarca militar espacio político alguno. ¿Cuáles fueron los condicionamientos a la democracia reconquistada, más allá de los que le impusieron las mayorías blanquicoloradas tras la derrota de la dictadura?
¿Qué significaron entonces las negociaciones del Club Naval?
En el correr de 1984, sobre este clima político caracterizado por un sentimiento de libertad recuperada y movilización permanente, se reiniciaron las negociaciones que se habían frustrado en 1983, cuando el Parque Hotel. Pero, esta vez sin exclusiones, la dictadura sufrió una nueva derrota en sus planes; se le impuso la aceptación y el reconocimiento de la izquierda como interlocutor. No fue un acto voluntario de los fascistas, sino una victoria del movimiento popular y de la izquierda.
¿Cuál era la postura a adoptar por una izquierda madura y revolucionaria? ¿Despreciar los frutos de sus propios avances? ¿Sacrificar el camino más rápido y seguro para el pueblo por una estrategia que no era clara, que ponía en riesgo lo alcanzado y cuyo desenlace era una peligrosa incógnita? Así se discutió en la izquierda, y la gran mayoría del FA definió que si el objetivo de las negociaciones era que la dictadura cayera en 1984, se debía negociar.
Por supuesto, la izquierda discutió concepciones estratégico-tácticas, no posibles concesiones que pusieran en riesgo la futura democracia. Ni hablar que, quien tenga una idea de lo que es el FA lo sabe, sería imposible siquiera imaginar una maniobra o una traición de este tipo al conjunto de los partidos y movimientos que integraban la coalición y, menos todavía, al movimiento de los Comités de Base. Pero, además, la sola suposición de esta posibilidad es propia de algún espíritu ruin. Implica sembrar dudas sobre la conducta y la ética de muchas de las principales figuras y dirigentes del FA, las cuales pasaron las más diversas pruebas
Así, por ejemplo, sobre el Gral. Seregni; el Gral. Víctor Licandro que sufrió diez años de prisión y que hoy con ochenta años largos continúa su militancia en el FA; el Dr. Juan José Crottogini, un reconocido ejemplo de dignidad; José D’Elia, fundador de la CNT y presidente honorario del PIT-CNT hasta su muerte hace pocos años en las condiciones de cualquier trabajador humilde de la patria; el Dr. José Pedro Cardozo, dirigente histórico del Partido Socialista, de conducta intachable y presidente en aquellos momentos del Comité de Solidaridad con la revolución Sandinista, etc. ¿Cuál fue la evaluación del FA para definir el camino de la negociación?
De acuerdo al desarrollo del proceso 1984 se había definido como el año de realización de elecciones y del fin de la dictadura. En el transcurso de este año se desencadenaron una serie de hechos, algunos los reseñamos, que crearon las condiciones para tal objetivo: el estado de ánimo antidictatorial y democrático a nivel de las grandes masas, la irrupción incontenible y permanente de la movilización popular, el desprestigio del régimen, una amplísima convergencia social y política por la democracia y el correlativo aislamiento de la dictadura.
La negociación era el camino más corto, seguro y menos doloroso. No negociar teniendo la posibilidad de hacerlo significaba: postergar el proceso sin tener claridad de los tiempos que insumiría otro camino ni las condiciones del desenlace; provocar posibles diferencias y brechas en el bloque político, en la convergencia democrática y antidictatorial y, por lo tanto, confusiones en el pueblo como reflejo de estos desencuentros; darle tiempo, “aire”, a una dictadura que “pedía la toalla” pero que si se le daban los espacios no los iba a despreciar, intentaría reacomodarse, maniobrar, dividir las fuerzas enemigas y reagrupar las propias.
No es un tema menor recordar que mientras el movimiento popular y la izquierda definían los caminos para acabar con la dictadura lo antes posible, había compañeros presos y algunos morían ese mismo año. Por enfermedades provocadas por las condiciones del cautiverio fallecieron a mediados de 1984 en el Hospital Militar Adolfo Wassem y Angel Yoldi, por ejemplo.
Otros compañeros, en general veteranos, que fallecieron en sus casas y con sus familias tras la caída de la dictadura, algunos incluso en 1985, habrían muerto probablemente en las cárceles fascistas. Esto también es un asunto que tiene que ver con los derechos humanos y debe considerarse cuando se toman definiciones políticas; en lugar de posar de “radicales”, cuando en realidad no son más que radicalizaciones “infantiles” que pronto devienen frustraciones y después buscan las causas y los responsables de los fracasos en los demás y nunca en las concepciones y errores propios. Un comentario aparte merece el caso Wilson Ferreira Aldunate y su conducta política. Ferreira volvió de su exilio a mediados de 1984 y fue inmediatamente detenido.
Como he dicho, estuvo preso unos meses y las condiciones de su detención no fueron, por suerte, las que caracterizaron a la dictadura. Ferreira era el principal líder del Partido Nacional. Evidentemente, de cara a las elecciones que se realizarían próximamente el FA no poseía aún el peso cuantitativo para obtener la victoria. Las elecciones las ganarían el Partido Blanco o el Partido Colorado, y todo indicaba que, en el caso del primero, el triunfo implicaba la presidencia de Ferreira pues contaba con la mayoría de su partido; en el caso del segundo, Sanguinetti aparecía como el posible vencedor. Cuando se inician las negociaciones Ferreira está detenido, al igual (es un decir) que tantos compañeros. El caudillo blanco en seguida se da cuenta que al quedar marginado de las negociaciones y de la vida política esos meses podía perder peso político, además, al igual que muchos de los principales dirigentes de la izquierda, sería prohibida su participación en las elecciones. Por supuesto, esto no significaba la prohibición de su partido ni de su sector dentro del mismo, que era la mayoría. Tampoco estaban proscriptos los dirigentes blancos más cercanos a su persona y de su mayor confianza; ellos podían ser sus candidatos y de hecho lo fueron. La proscripción era personal.
Ante esta situación, Ferreira radicaliza (aparentemente) su posición y margina a su partido de las negociaciones. Como dije, esta posición no fue la que asumió Ferreira en 1983 cuando su partido y las otras fuerzas políticas permitidas negociaban con la dictadura, mientras, no sólo Seregni, sino la izquierda estaba proscripta y era aún salvajemente perseguida. Sin duda, no hay aquí una posición de principio o aunque equivocada, otra estrategia que apuntara a la radicalización de la lucha “hasta el final”.
No; se trata del intento de subordinar al conjunto del movimiento democrático y popular y sus intereses a los objetivos de Wilson Ferreira y, en todo caso, a los de su sector político. Por si fuera necesario, esto se demuestra posteriormente cuando, bajo el gobierno de Sanguinetti, el Partido Nacional dirigido por Ferreira proporciona los votos necesarios, en lo fundamental y con el pretexto de asegurar la “gobernabilidad”, para aplicar el continuismo económico y sancionar la impunidad. Aquí es donde fue necesario, desde sus intereses, montar las falsedades sobre las negociaciones del Club Naval.
Ante el reclamo de Sanguinetti de los votos nacionalistas, y en particular del sector de Ferreira, para aprobar la ley de impunidad, componente sustancial del proyecto de las clases dominantes, el caudillo blanco necesitaba justificar la incoherencia entre sus dichos y sus acciones. Por eso “entrega” sus votos a cambio de exigir al Partido Colorado que acepte incluir como motivo de la ley los supuestos condicionamientos contraídos con la FFAA en el “pacto del Club Naval”.
Sin embargo, esta canallada no pudo evitar el desenlace: la muerte política del caudillo. Como en otros asuntos, con el Club Naval se aplicó la técnica fascista: “una calumnia repetida mil veces…”. También es cierto que, “a un hombre se lo puede engañar todo el tiempo, pero a los pueblos sólo se los engaña un tiempo”. En el Club Naval no hubo condicionamiento alguno a la democracia que renacía, Sobre la situación política del país a la salida de la dictadura podría agregarse: un elevado nivel de movilización y organización popular y un esperanzado estado de ánimo y optimismo en la población. Las tendencias más reaccionarias y conservadoras perdían sistemáticamente apoyo entre los jóvenes que se volcaban hacia el FA, algo similar ocurría entre importantes sectores de la cultura. Los primeros años posteriores a la caída de la dictadura registran manifestaciones y conflictos de enormes dimensiones (1 de mayo con decenas y decenas de miles de manifestantes, permanentes conflictos obreros y estudiantiles, el día de los mártires estudiantiles convocaba grandes masas, etc.).
Desde el punto de vista organizativo, una central obrera única y clasista que agrupaba (y agrupa) a todos los asalariados del país. Un movimiento estudiantil organizado en todos sus niveles: la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, La Federación de Estudiantes de Secundaria, la Federación de Estudiantes del Interior, la CGEUTU que agrupaba a los estudiantes de la enseñanza media técnica, etc. El movimiento cooperativo de vivienda (FUCVAM), el movimiento del teatro, de la música popular, etc.
Las clases dominantes tenían muy claro que, precisamente, estas condiciones eran las que había que transformar en sentido regresivo, este proceso era el que había que detener y en lo posible retrasar. Pero, esto ya no era asunto para dictadores que habían sido derrotados y fracasado en lo fundamental. No. Se trataba de otra cosa. La estrategia era construir un frente político capaz de ejecutar un proyecto de país; y el núcleo del mismo era el bloque Colorado y Blanco. Esta coalición estaba llamada a consolidar un proyecto de país, una verdadera “utopía reaccionaria” como tempranamente la llamó Arismendi, que implicaba: continuismo económico, democracia desplegada en amplitud en sus aspectos formales pero vaciada de contenido, y una reestructura reaccionaria desde el punto de vista ideológico y cultural. Es decir; el proyecto neoliberal.
En estos tiempos es imprescindible nutrir de fundamento teórico a la acción política y retomar la lucha ideológica. La liberación social también supone superar el “sentido común”. Naturalmente, es en este nivel de razonamiento donde operan falsedades o lecturas superficiales de los procesos históricos y políticos. Así ocurre en casos como los de las negociaciones del Club Naval y la supuesta inestabilidad política que obligaba a votar una ley de impunidad. ¿Quién podría dudar que unos hombres como estos, y armados, se pondrían de mal humor si no se cumplía con lo que se les había prometido? Porque es indudable que esta gente dejo el gobierno por algo a cambio, sino con las armas que tenían ¿por qué “se iban a ir”?
Y sí, doña María que sale a barrer la vereda de mañana comenta estas cosas con la vecina; y don Juan que se va a tomar algo al boliche de tardecita, después del trabajo, afirma estas “verdades incuestionables” en las charlas con los parroquianos. Así se reproduce el mundo existente, de otra manera ya no existiría. Es decir; en este caso se trata de la percepción del poder en su forma más inmediata, aparente, exclusivamente como “fuerza”.
Una visión militarista, infantil, del poder. Comprender el poder como un producto de las correlaciones de fuerzas entre clases sociales que se mueven de acuerdo a sus intereses y construyen a partir de sus formas de vida concepciones del mundo, comprenderlo como un fenómeno esencialmente político es la tarea de quienes quieren cambiar el mundo y, por lo tanto, el poder. No perder de vista la superioridad de la política, que la coerción o la fuerza militar están determinadas, en última instancia, por las condiciones políticas.
Contribuir en la construcción de una nueva “percepción” es impostergable, pues se trata de proporcionar una concepción teórica e ideológica antihegemónica, contraria a la que sustenta el consenso sobre el que descansa el poder y permite su reproducción mecánica en nuestras sociedades y en el mundo.
A L D O S C A R P A
Referencias:
[1] Me refiero aquí no a la lucha por los derechos humanos que se desarrolló entre 1986 y 1989 y que dio “fin” a una etapa el 16 de abril de ese año, sino a la convocatoria a un plebiscito para anular la ley de impunidad realizada bajo el gobierno del Frente Amplio.
[2] Para beneficio del proceso de acumulación de fuerzas de las clases y sectores que combatían por la democracia, la independencia y el cambio social esta tesis la sostenía una minoría, generalmente radicalizada, en el seno del movimiento popular y de la izquierda. Como suele ocurrir en estas tendencias, que siempre aparecen en los movimientos que luchan por la transformación social, se expresan en ella una mezcla de añoranza por el pasado (por una democracia burguesa idealizada que ya no sería lo que había sido en el país) y una permanente inclinación por transmitir frustración al pueblo producto de la confusión de su estado de ánimo con la realidad y el sentir de las masas (y en el entendido de que “cuanto peor, mejor” o “de derrota en derrota llegaremos a la victoria”). En cambio, Rodney Arismendi, Secretario General del Partido Comunista, quien desde finales de los años 70 y principios de los 80 había advertido con insistencia sobre los riesgos de que se abriera paso la estrategia de una “democracia tutelada”, estimó acertadamente los alcances y la profundidad del movimiento antidictatorial y no equiparó la democracia recuperada (con todas las cuestiones que quedaban por resolver) con una “democracia tutelada”. Es decir, la estrategia de la “democracia tutelada” suponía la sustitución de la dictadura por una democracia “recortada” y condicionada, en un marco de pasividad y/o debilidad y división de las clases subalternas y de la izquierda en el seno del frente antifascista.
Es evidente que eso no ocurrió en Uruguay: la movilización obrera y popular fue arrolladora, unificada y con un programa definido (bastaría señalar los 1º de mayo del 83 y el 84, la Semana Del Estudiante de setiembre del 83, el Acto del Obelisco de noviembre del 83, sólo por citar hechos que pasaron a la mejor historia de las luchas de nuestro pueblo), los ejemplos serían interminables, otros, por su simbolismo, antes de las elecciones del 84 todas las organizaciones y personalidades militaban libremente en el país, la decisión y concreción del Parido Comunista de autolegalizarse en el año 84, el retorno de los dirigentes políticos, los cantores populares y la gente de la cultura antes de la caída de la dictadura que se convertían en enormes pronunciamientos por la democracia y contra la dictadura (ni mencionar el retorno del mismísimo Arismendi, el 3 de noviembre, que provocó una de las caravanas más grandes que registra la historia del Uruguay; como veremos, se frustraron las negociaciones del Parque Hotel que procuraban excluir a la izquierda; sólo hubo proscriptos en las elecciones de 1984 aceptadas tras una profunda y seguramente inteligente valoración de las fuerzas populares y la izquierda (principales víctimas de la represión y las proscripciones) más allá de esta instancia no quedaba ningún partido ni personalidad prohibida en la futura democracia; los presos políticos que aun quedaban fueron liberados en cuanto asumió el gobierno electo, en marzo de 1985; ni las FF.AA. ni militar alguno quedaron ocupando cargos “institucionalizados” en la legalidad de la nueva democracia, etc. Es decir, la democracia nacía sin condicionamientos producto de la unidad y la lucha popular. Como veremos, lo que ocurrió posteriormente es de entera responsabilidad de los gobiernos electos y sus socios (más conocidos en la actualidad como la “coalición blanquicolorada”).
[3] Cuando se plebiscitó la constitución propuesta por la dictadura para institucionalizarse.
[4] En las elecciones internas de los partidos permitidos por la dictadura; por supuesto, el FA estaba prohibido. Y, sin embargo, tampoco así logro el fascismo acallarlo, la izquierda llamó a votar en blanco para marcar su presencia y un inusitado porcentaje de votos en blanco apareció en los resultados electorales.
[5] Agreguemos solamente que hablamos de movilizaciones de cientos de miles de compatriotas en un país con una población de poco más de 3 millones que aún vivía bajo dictadura (en el Acto del Obelisco, “el río de libertad”, se estiman más de cuatrocientos mil uruguayos, y siempre haciendo referencia sólo a Montevideo). Pero estas victorias populares tienen una explicación más profunda que se remonta a los procesos anteriores, no son un fruto caído del cielo. Para no extenderme no iré más allá del 27 de junio de 1973, el día del golpe de estado. como lo había definido ya en 1964, cuando el golpe en Brasil, el movimiento obrero respondió al golpe con una huelga general de quince días que no logró derrotar inmediatamente a la dictadura, pero la aisló del pueblo; la dictadura nació sin apoyo de masas, lo que se confirmó, sólo para mencionar los hecho más sobresalientes, con la derrota de los golpistas en las únicas elecciones universitarias realizadas en los once años de dictadura y con el estrepitoso fracaso en el intento de crear un sindicalismo amarillo y dócil y, por el contrario, con el surgimiento del Plenario Intersindical de Trabajadores, continuidad histórica y “legal” de la CNT (hoy PIT-CNT). Todo lo cual fue posible por una correcta y comprobada estrategia antifascista: no se “desensilla hasta que aclare” y unidad y convergencia, o sea, una política basada en la dialéctica de amplitud y profundidad: promover la convergencia con todos los sectores democráticos y antifascistas en un frente único antidictatorial; mantener los niveles de acumulación de fuerzas, unidad y definiciones políticos ideológicas alcanzados por las fuerzas revolucionarias, no sólo sin retroceder sino creando las condiciones para un nuevo salto en calidad cuando las condiciones lo permitan.
[6] Naturalmente, los términos debilidad y fortaleza se utilizan en sentido relativo, una vez más, dando por supuesto que se trata de democracias burguesas y en contextos regionales en que, en general, ni la revolución ni el cuestionamiento del orden capitalista estaba en el orden del día.
[7] La aclaración es innecesaria, sin embargo, y a riesgo de caer en una perogrullada me adelanto a posibles bobaliconas acusaciones. Para la izquierda y el movimiento popular la lucha por verdad y justicia no era cuestión instrumental o de oportunismo, integraba su concepción ideológica, su ética y su programa. Ni hablar que, salvo honrosas excepciones, de sus filas habían salido los presos, los torturados, los muertos y los desaparecidos.
[8] A mediados de los años 80 Rodney Arismendi sostenía que en Uruguay, y en la región en general, predominaba una conciencia democrática a partir de la cual la tarea era, desde su punto de vista, elevarla a conciencia revolucionaria a través del avance en democracia.
[9] Ferreira regresó al país, tras su exilio, a mediados del año84. La dictadura lo detuvo al desembarcar (evidentemente, no en las condiciones que sufrieron los presos del movimiento popular y la izquierda), pasados unos meses fue liberado.
[10] La ley de impunidad se aprobó con los votos de las mayorías blancas y coloradas el 22 de diciembre de 1986. En aquella jornada la traición del bloque conservador blanquicolorado no se redujo a este vergonzoso episodio. También expulsaron al Senador Germán Araújo del parlamento, “a los culpables los perdonan y a don Germán lo condenan”, algo así cantaba la murga Araca la Cana en febrero del 87. Germán se había convertido en un símbolo de la lucha contra la dictadura como director de la radio CX 30 y desde su audición “Diario 30” . Había llegado al senado en las elecciones de 1984, como primer candidato de la lista 10001 (expresión legal de la proscripta 1001). Su actividad en el parlamento la desarrolló como un clásico militante de izquierda, un verdadero tribuno popular. Tiene responsabilidad directa en el primer hallazgo de un niño uruguayo desaparecido durante la dictadura; Amaral García. A despecho de sus verdugos, algunos de los cuales no volvieron al parlamento, Araùjo vuelve al senado en las elecciones de 1989 como primer candidato, ahora si, de la lista 1001, la más votada en todo el país. Una vez más, Germán no pudo terminar el período legislativo, pues tras la extenuante campaña contra la ley de privatizaciones de las empresas públicas que culminó con el rechazo de la ley en el plebiscito del 13 de diciembre de 1992, muere con poco más de 50 años.
[11] Se trata de la ley que establecía la liberación de los últimos presos políticos en marzo de 1985.
[12] Araújo, José Germán, “IMPUNIDAD. Y SE TODOS LOS CUENTOS”. CUF. Montevideo-Uruguay, 1989, p. 28.
[13] Ibid., p. 26.
[14] Ibid., p. 13.
[15] Ibid., p. 14.
[16] Se trata del acuerdo para la reconstrucción del país firmado por todas las fuerzas antidictatoriales, las cuales asumieron el compromiso de su cumplimiento, (los partidos tradicionales, la Unión Cívica y el Frente Amplio). El acuerdo incluía el compromiso con la verdad y la justicia y el cambio de la política económica. Ambos compromisos violados por el gobierno de Sanguinetti con los votos prestados, en lo fundamental y con el argumento de la “gobernabilidad”, de la mayoría del Partido Nacional.
[17] Araújo, José Germán, ob. cit., pp. 13-14.
[18] Ibid., p. 35.
[19] Ibid., p. 103.
[20] Ibid., p. 37.
[21] Ibid., pp. 37-38.
[22] Ibid., p. 66.
[23] Ibid., p. 66.
[24] Ibid., p. 51.
[25] Ibid., p. 17.
[26] A fines de 1987 el movimiento pro-referendum entregó a la Corte Electoral más de 632 mil firmas, cuando se necesitaban alrededor de 548 mil para someter a la consideración popular la ley de impunidad. La Corte Electoral , organismo que contaba con un respeto generalizado en el país, debía contar las firmas y establecer si alcanzaban para convocar al plebiscito. Transcurría el año 1988, los meses pasaban y no se conocía la definición de la Corte Electoral. Un año tardó el organismo en contar las firmas. El primer resultado comunicado fue que las firmas no alcanzaban; es decir, se habían anulado… más de 80 mil firmas!. Entre otras, las firmas de reconocidas personalidades de todos los ámbitos de la vida social que se habían pronunciado públicamente y trabajaban a favor del plebiscito, o se anularon firmas porque supuestamente a la Corte no le quedaba claro, por ejemplo, si lo que aparecía escrito como serie de credencial (formadas sólo por letras) era una B o un 13. Sin duda, los dirigentes políticos defensores de la impunidad, utilizando los vínculos y el poder que siempre tuvieron, no vacilaron en presionar a la misma Corte Electoral. Sin embargo, la lucha popular en defensa de las firmas adquirió tal profundidad y extensión (movilizaciones, paros, ocupaciones de lugares de trabajo y estudio, etc.) durante todo el año 1988, y las irregularidades eran tan notorias, que la Corte Electoral convocó a un proceso de “ratificación de firmas” los días 17, 18 y 19 (hasta las 14.00 horas) de diciembre de 1988. En esos tres días una impresionante movilización popular hizo posible que se ratificaran una a una las firmas anuladas necesarias para convocar a la ciudadanía a que decida. El gobierno no tuvo más remedio que aceptar el plebiscito.
[27] En el plebiscito, el 16 de abril de 1989, la voluntad de mantener vigente la ley de impunidad se expresaba con la papeleta de color amarillo; la voluntad de derogarla mediante la papeleta verde.
[28] “Viejo” dirigente obrero, miembro del Comité Central y el Comité Ejecutivo del Partido Comunista, Senador de la República por la lista 1001, exiliado durante la dictadura. Falleció en 1990.
[29] El 20 de mayo de 1976 se asesinaron en Argentina, “Plan Cóndor” mediante, a los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Desde el 20 de mayo de 1996 se recuerda ese hecho, y en él a todos los caídos en la resistencia antifascista y se reafirma el reclamo por los derechos humanos, con una gran movilización popular.
[30] Por ejemplo, combates de las dimensiones y la trascendencia del plebiscito del 13 de diciembre de 1992 que impidió la privatización de las empresas públicas, entre otros.
[31] Por primera vez, en décadas, el movimiento popular uruguayo y la izquierda no lograron resolver correctamente este problema. Más allá del triunfo sobre el bloque conservador, se está procesando en este momento el debate autocrítico.