La Suprema Corte de Justicia de Uruguay y la Jueza Mota

Alegando que es bueno “que desempeñe otra tarea en su carrera”, la pasaron del juzgado penal a uno civil

La Corte uruguaya removió a la jueza que investigó a la dictadura

15 de Febrero de 2013

 Mariana Mota es la única juez que investigaba los crímenes del régimen militar y había condenado a 45 años de prisión al ex dictador Juan María Bordaberry. Escándalo y protestas de organizaciones de Derechos Humanos.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay dio ayer una peligrosa señal al remover por “razones técnicas” a Mariana Mota, una jueza emblemática en el área de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). La magistrada, que tramitaba más de 50 causas en las que se investiga a militares implicados en crímenes de lesa humanidad, cobró notoriedad en febrero de 2010, cuando en un fallo histórico condenó a 45 años de cárcel al ex dictador Juan María Bordaberry y a su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco. Es el único caso en el que civiles fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y atentado a la Constitución.

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La Corte pasó a Mota de un juzgado penal a otro civil, según el presidente del cuerpo, Jorge Ruibal Pino, porque “entendimos que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. La medida, que fue repudiada por los familiares de las víctimas de la dictadura y las más representativas organizaciones sociales y políticas, fue rechazada por Mota. La jueza dijo que su traslado de fuero le resulta “sospechoso” y señaló que “es extraño” que haya sucedido cuando ella no lo pidió y tampoco ha cometido “ninguna falla”.
Poco antes, Ruibal Pino –un abogado que ingresó a la Justica en 1979, hizo una rápida carrera en los años de la dictadura y preside la Corte desde el 1 de febrero pasado– había dicho que Mota “tuvo algunos sumarios, algunos de los cuales ya terminaron sin responsabilidad para ella”. Mota fue contundente en su respuesta: “Sobre mí no ha pesado ni pesa ningún sumario”.  Jorge Chediak, otro de los ministros del tribunal también había declarado que la jueza “tenía antecedentes, se le habían sacado varias tarjetas amarillas y todo era una cuestión de tiempo”. En una arriesgada reacción, varios jueces desmintieron las afirmaciones de Ruibal Pino y Chediak. 
En 2011 Mota participó en la Marcha del Silencio, una multitudinaria caminata que se realiza los 20 de mayo de cada año por el centro de Montevideo y en la que miles de personas portan velas y se manifiestan en silencio en memoria de las víctimas de la dictadura. Por ese episodio, en el que Mota estuvo presente pero no marchó con el resto de los  manifestantes, la magistrada fue “observada” por la Corte. La jueza también tuvo problemas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que en agosto pasado le impidió realizar un relevamiento fotográfico en una unidad militar.
La “degradación” de Mota fue celebrada por las organizaciones sociales de los uniformados. El presidente del Círculo Militar, general retirado Guillermo Cedrez, dijo que “esto demuestra que aún se puede confiar en la Justicia”. En el otro extremo, todas las organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura, la Federación de Estudiantes Universitarios y la central sindical única convocaron a concentrarse hoy frente a la sede de la Suprema Corte para repudiar el traslado de Mota, que a las 10 de la mañana debería jurar su nuevo cargo. Se reunirán bajo el lema “Por memoria, verdad, justicia y nunca más, la lucha contra la impunidad no se detiene”.  «
Efe y Ansa
 
Fuertes críticas de una ex fiscal
El traslado de Mota fue duramente criticado por la ex fiscal Mirtha Guianze, otra emblemática en la defensa de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, que lo consideró “sorprendente e indignante”, aunque advirtió que “se veía venir”. Guianze dijo que “se trata de un retroceso importantísimo de la justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad”. La ex fiscal investigó las desapariciones y muertes de la maestra Elena Quinteros y del matrimonio Julien, dos casos paradigmático del Plan Cóndor.
“Mota es una persona que tiene una visión global de lo que pasó en la dictadura, tenía una gran dedicación a su trabajo y una calidad humana impresionante”, relató. Guianze denunció, además, que el traslado de la magistrada provocará una “parálisis de los juicios pendientes”, ya que “tenía que resolver casos que implican a personalidades demasiado importantes de la órbita militar”.
Efe
Reportaje televisivo a la Jueza Mariana Mota
 
 

 

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