Morgan era el apellido de un pirata británico que hacía lo que todo pirata: robar.

No es casual la denominación de Operación Morgan, que expresa un nivel de cinismo, lamentablemente habitual en la historia de la última dictadura uruguaya.

La Operación Morgan recibió su nombre desde propias filas militares y comprendió el proceso de robos y apropiación de los bienes materiales que pertenecían a cualquier partido con ideología “comunista”.

En los años 70 la milicia uruguaya consideró que el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Unión Juventud Comunista (UJC) eran los principales focos de “acción subversiva” en el país, y que los demás partidos socialistas eran “organizaciones de fachada” patrocinadas por los anteriores y con la finalidad de distraer la atención.

Fue así como en 1975 se lanzó “oficialmente” la cacería masiva de integrantes de estos partidos, persecución programada para prolongarse hasta 1976, lapso que la milicia consideró suficiente para “extirpar” la “amenaza comunista” en el país. Morgan se extendió hasta 1984, con rachas de diferente intensidad pero siempre teniendo como factor en común el robo y la sistemática aplicación de torturas, violación de mujeres, secuestro de niños, y desaparición forzada de decenas de personas.

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) dirigida por el inspector general Víctor Castiglioni, tuvo la poco honrosa autoría intelectual del Operativo Morgan, en tanto que el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) liderado por el general Esteban Cristi fue el autor material de los robos, secuestros, asesinatos y torturas hechos en nombre de Morgan.

El exterminio comunista efectuado en este operativo tuvo como resultado 23 desaparecidos, 16 muertos en tortura, un asesinato en Argentina, seis muertes en prisión y tormentosos castigos físicos para miles de personas.

Los militares no se limitaron al territorio uruguayo, sino que con la venia del Plan Cóndor hicieron de las suyas también en Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia y sobre todo en Argentina, país en el que desaparecieron más uruguayos que en nuestro propio territorio nacional.

Tampoco se debe olvidar el caso de la maestra Elena Quinteros, quien fue secuestrada en Uruguay mientras intentaba huir de sus captores refugiándose en los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, territorio del país caribeño.

Otro de los organismos represores con activa participación en la Operación Morgan fue el Servicio de Inteligencia y Defensa (SID), liderado por el general Amaury Prantl hasta 1979, cuando asumió el también general Iván Paulós.

El botín

El desbaratamiento financiero de las organizaciones comunistas en Uruguay fue desde el comienzo unos de los principales objetivos, motivo por el cual se robó dinero, propiedades y bienes pertenecientes a los comunistas. Estos robos, lejos de ser aislados, fueron uno de los motivos frecuentes de tortura y constituyeron una forma de conseguir fondos para el gobierno dictatorial y gracias al cual pudo extender su aparato represivo clandestino e intensificarlo. Torturar se convirtió en un negocio muy rentable.

General Prantl la “Casona de Millán”, centro clandestino de torturas en el cual fue visto por última el maestro Julio Casto.

La denominada “Cárcel del Pueblo” (ubicada en la calle Juan Paullier al 1190) fue otros de los centros de tortura usados durante Morgan. Este centro clandestino de detención había sido expropiado a los tupamaros en 1972 y fue intensamente utilizado durante todo el proceso del operativo genocida que los militares impusieron. En la Cárcel del Pueblo las torturas diferían de las que se aplicaban en otros lugares, pues este lugar era utilizado principalmente para “reacondicionamiento” de los secuestrados, esto significa que se les ataban las manos a la espalda, se los encapuchaba y se los tiraba en el piso de un sótano sin agua ni comida durante varios días. De esa forma se le daba un supuesto “descanso” a los cuerpos que venían sufriendo meses de torturas de toda clase y tenor, generalmente traídos desde otros centros clandestinos.

La “Casa de Punta Gorda” (también conocida como “Infierno Chico”, ubicada sobre la Rambla República de México) fue el lugar en el que se aplicó la mayoría de las torturas durante los primeros meses del Operativo Morgan; esto fue así hasta que se acondicionó el llamado “300 Carlos” o simplemente “Infierno”, montado en el Servicio de Material y Armamento (SMA) ubicado en los fondos del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, lugar donde en el año 2005 aparecieron los restos óseos de Fernando Miranda, miembro del PCU y hasta entonces desaparecido.

Luego de ser torturados en esos centros, los detenidos desaparecidos (si es que sobrevivían) pasaban a la Brigada de Infantería Nº 1, en Cno. Maldonado a la altura del Km 14, adonde la orden era alivianar las torturas para poder “blanquearlos” (jerga militar que significa fingir que se los había atrapado desde la “legalidad” y presentarlos en un estado que no mostrara el verdadero deterioro físico de sus víctimas).

Por estos lugares pasaron la mayoría de los detenidos clandestinos uruguayos que fueron secuestrados en el marco de este operativo.

Una Ideología mortal

“Democracia y marxismo son incompatibles. Su eliminación es imprescindible para la convivencia en paz y progreso.”

La frase pertenece a un texto publicado a pocos meses del golpe de Estado en el matutino El País. Dicho texto fue escrito por el entonces director del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), General Luís Forteza. En la misma carta también se puede apreciar cómo Forteza compara al comunismo con el cáncer, y afirma que debe ser extirpado. Los informes de inteligencia de la dictadura uruguaya a los que accedieron los autores de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, (coordinada por el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico) exhiben un grotesco operativo de exterminio del PCU que tuvo como principal agresor al OCOA del general Cristi. Un documento de setiembre de 1976, firmado por el propio Esteban Cristi, dice textualmente que “El PCU en nuestro país actualmente centraría su accionar en el departamento de Montevideo” y agrega que luego de la represión se logrará que tenga “menos de mil (integrantes) más la UJC y CNT (Convención Nacional de Trabajadores).”

Otro ejemplo de la “moral” en la que estos grupos militares estaban embebidos lo dio el General Iván Paulós (ex director del SID), cuando en plena democracia y en entrevista con el diario El País, dijo que “cuando hablamos de decenas de desaparecidos o de muertos, es una insignificancia si pensamos en todo lo bueno que se logró”. Paulós también publicó en el semanario Búsqueda una apología de los crímenes que Esteban Cristi autorizó desde el OCOA, diciendo que quien “tiró la bomba en Hiroshima es un héroe de guerra estadounidense pese a que mató mucha gente. Pero si fuera uruguayo, sería considerado un asesino”, ocasión en la cual se adelantó a determinar que “No se puede juzgar así actos de guerra”.

La causa Morgan a más de 30 años

Recientemente el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) presentó una denuncia por torturas en representación de 90 personas que fueron detenidas en múltiples centros clandestinos de tortura entre los años 1973 y 1985. El Dr. Martín Fernández, abogado de IELSUR, dijo a Sala de Redacción que la denuncia se presenta bajo el entendido de que “la tortura es un crimen de lesa humanidad y que, por lo tanto, no prescribe”.

Fernández estimó que si bien la ley recientemente aprobada en el parlamento “da un marco adecuado a la denuncia”, no es uno de los motivos por los que ésta fue hecha. Explicó que la denuncia tardó mucho tiempo en ser realizada porque “el proceso psicológico de comunicar este tipo de cosas es muy complicado y toma mucho tiempo, sacrificio y trabajo”.

Dicha denuncia incluye no sólo a personas torturadas en el marco del Operativo Morgan, sino que también hay una veintena de víctimas del Batallón de Artillería Nº 1 que están incluidos en la causa.

Los denunciados por el Operativo Morgan son militares, médicos y enfermeros que mantenían con vida a los torturados y señalaban sus puntos débiles hacia los cuales debería ser dirigida la tortura. También hay psiquíatras y psicólogos que se prestaron a los fines de la completa destrucción moral, intelectual, espiritual, psicológica y ética de los torturados y sus familiares.

“El médico me atendió más de una vez, venía, me revisaba y cuando ya mi organismo no resistía más me hacía descansar, me daban pastillas, me alimentaban y a los dos o tres días volvía, me examinaba y decía bueno, éste está de alta, pueden seguir”, relató Clarel de los Santos a Sala de Redacción.

De los Santos era un simple estudiante que se había integrado al Partido Comunista poco antes de su detención en 1975. Hoy día es uno de los denunciantes del Operativo Morgan.

Un pequeño seguimiento

En la Actualización de la Investigación Histórica Sobre los Detenidos Desaparecidos (publicada recientemente en www.presidencia.gub.uy) se incluye un documento fechado en febrero de 1976, en el que uno de los principales responsables del Operativo Morgan, el Comandante de la División de Ejército I, general. Esteban Cristi, felicitó expresamente a 12 oficiales que participaron en el genocidio comunista. Ellos son: los Teniente Coronel Manuel Calvo y Henry Saralegui; los Mayores Ernesto A. Ramas, Victorino Vázquez y Juan Lezama; los Capitanes Omar Lacasa, Rubely Pereyra y Rudyard Scioscia; y los Tenientes Primero Julio Tabárez, Jorge “pajarito” Silveira, Antraning Ohannessian y José Parisi.

Entre ellos hay algunas figuritas que se repiten, militares cuya “carrera” represiva ha ido más allá del Operativo Morgan:

Ernesto Avelino Ramas Pereira, era apodado (según el libro A todos ellos) como Oscar 1, El Tordillo, El Gallego y Puñales. Torturó en el 300 Carlos a las órdenes del OCOA. Actualmente está preso por haber participado en al menos 28 asesinatos en el marco del Plan Cóndor; que determinaba la coordinación criminal entre las dictaduras de América y tenía base en Chile y un emblemático centro de torturas denominado “Automotores Orletti” en Argentina, donde fueron martirizados los uruguayos exiliados secuestrados por los militares.

Victorino “el Víbora” Vázquez, es tío de Gilberto Vázquez (actualmente procesado por lo mismo que Ramas) está señalado junto a otro conocido represor, Lawrie Rodríguez (quien supiera acompañar en sus listas al ex presidente Jorge Batlle), como uno de los vinculados con la desaparición de María Claudia García de Gelman, quien permaneció secuestrada en la “Base Valparaíso” (centro clandestino de torturas cito en el barrio de Villa Dolores).

El Víbora también es responsable por la muerte del militante Hugo De los Santos, quien murió por torturas en el Regimiento sexto de Caballería, donde la tortura estaba dirigida por Vázquez. Sin embargo, Victorino Vázquez nunca fue imputado por este caso, por la que sí fue a la cárcel (en el marco de una causa por al menos diez muertes) Juan María Bordaberry.

Omar Lacasa (apodado Óscar o el Alemán), está vinculado a la causa por la desaparición del maestro Julio Castro, visto con vida por última vez mientras era torturado en la Casona de Millán; y también es señalado como responsable por la muerte del comunista Horacio Gelós Bonilla.

Rudycard Scioscia fue vinculado en el libro De la A a la Z (de Alberto Silva) al 300 Carlos (o Infierno), uno de los principales centros de tortura utilizados en Morgan, en cuyo predio han aparecido restos óseos de detenidos desaparecidos; y fue reconocido en dialogo con Sala de Redacción por Marys Yic como uno de los vinculados con el asesinato de su padre, Nuble Yic.

Jorge Silveira (alias Pajarito o Chimichurry) está actualmente preso por la desaparición de Adalberto Soba, y en 1981 violó sistemáticamente a cerca de 20 estudiantes menores de edad

Antraning Ohannessian (alias el Turco o el Armenio) está vinculado al Plan Cóndor por los asesinatos, entre otros, de Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni y de Nibia Sabalsagaray, muerta en un “Interrogatorio” a menos de un día de su secuestro. El Turco recibió (al igual que varios de los aquí mencionados) “Cursos Especiales” sobre “Interrogatorios” y “Contrainsurgencia” (están entre comillas porque ese era el nombre que tenían) en la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés), montada por el gobierno de Estados Unidos en la Zona de Canal de Panamá.

Finalmente, José Parisi está vinculado al “Grupo de los Óscar” que torturó en el 300 Carlos y fue reconocido (junto al ya mencionado Ernesto Ramas) por denunciantes del Operativo Morgan como uno de los torturadores más activos durante los secuestros.

“Fuimos invisibles para la sociedad”

Marys Yic, hija del militante del PCU Nuble Yic, contó a Sala de Redacción los detalles de su lucha en la búsqueda de justicia por el homicidio de su padre.

El crimen de Nuble Yic es uno de los 90 que están siendo denunciados en la causa por el Operativo Morgan. Nuble fue empleado de la rama cárnica, estaba casado y era padre de cuatro hijas. Marys, de sólo 11 años de edad en ese entonces, vivió el tormentoso secuestro de su padre como protagonista cuando “el 22 de octubre de 1975, a las 2 de la mañana, entraron seis personas, lo encapucharon, le esposaron las manos a la espalda, y se lo llevaron a punta de pistola con destino desconocido”.

Además de llevarse a Yic, los secuestradores “se robaron todo, pusieron un mantel en la sala y se llevaron todo lo que quisieron, hasta mis cuadernos de la escuela”, cuenta Marys con el coraje de no quebrarse mientras sacude su memoria.

Nuble Yic era enfermo cardíaco y los militares en ningún momento repararon en su condición, torturándolo con especial saña y negándole todas las medicinas necesarias, tras haberlo secuestrado a pocos días de una internación por haber infartado y mientras Yic todavía se encontraba convaleciente.

El rastro de Nuble Yic fue perseguido por su hija en una investigación que le tomó todo un año de trabajo y culminó cuando confirmó que el obrero cárnico había sufrido todo tipo de torturas en la “Casa de Punta Gorda”, la “Cárcel del Pueblo”, “300 Carlos” y la Brigada de Infantería Nº 1, donde murió de un infarto producto de las extremas torturas a las que fue sometido. Su dolencia cardíaca nunca fue atendida por los enfermeros y médicos, que secundaban a los torturadores.

Un día antes de su muerte, Yic recibió la única visita que tuvo durante su tortuoso cautiverio. Su esposa e hijas comprobaron el deterioro físico por los meses contínuos de torturas. “Mi padre escondía las manos debajo de la mesa que nos separaba; después me enteré por mi madre que hacía eso para que yo no viera sus dedos, porque le habían arrancado las uñas”.

Para acceder a esa visita, Marys, de sólo 11 años, tuvo que desnudarse delante de una militar y le apuntaron con una metralleta. Durante los breves instantes en que vio a su padre, Yic recuerda que “no podía dejar de llorar, tanto que mi madre me pidió que parara y mi padre le dijo ‘dejála que llore’”.

“Los militares también condenaron a niños y adolescentes, y tres décadas más tarde muchos seguimos pagando las consecuencias de aquello”, dice Marys explicando el alcance del terrorismo de Estado.

En la denuncia presentada sobre el caso Yic aparecen los nombres de médicos y enfermeros, cómplices de las torturas que provocaron la muerte de Nuble. Los nombres son: Dr. Milton Sarkissián (del Hospital Militar), un doctor de quien se sabe que su apellido es Rivero y dos enfermeros, uno de ellos de apellido Casiano (o Kasiano) y otro que trabajaba en el cuartel del Km 14 donde Nuble Yic murió y que se apellidaba Suna.

Y es que a los problemas familiares y económicos que produce la desaparición forzada de un padre de familia, hay que añadir las secuelas psicológicas, de las que el Estado nunca se hizo cargo y ante las cuales Marys explica que “no fue una pelea entre adultos, nosotras eramos niños, fuímos torturadas psicológicamente y fuimos invisibles para la sociedad”. El alcance de las torturas hechas por militares durante la dictadura no terminaba en el cuerpo de los sometidos. Marys cuenta que durante parte del cautiverio de su padre “enviábamos un bolso con ropas, medicinas, lentes para ver y alimentos todas las semanas a una dependencia en el Prado y a pedido de los militares; ese bolso nos era devuelto con la ropa ensangrentada, los lentes y medicamentos sin tocar, y la comida podrida”, con lo que quedaba claro que la tortura se extendía fácilmente a todos los integrantes de la familia. Marys afirma que con sólo 11 años, tuvo que entender que el Estado era un peligro para ella y su famlia; y que todo lo iban a tener que hacer de la misma forma que han hecho esta denuncia, con muchísimo valor y a puro pulmón.

Mercedes Labadie