Marcos Levín, dueño de La Veloz del Norte, recibió en Salta una pena de 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad
El primer empresario con condena por ser cómplice de la dictadura
En el marco del primer juicio oral del país que enfocó en primer plano la responsabilidad del sector empresario en el terrorismo de Estado, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Marcos Levín, propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, a 12 años de prisión.
Levín fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro en enero de 1977 de Víctor Cobos, entonces empleado de la empresa y delegado de la UTA. Por los mismos delitos recibieron también una condena de 12 años los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, mientras el exoficial Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de cárcel.
Los querellantes, el propio Cobos y la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Salta habían solicitado 20 años de cárcel para Levín, que era presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y propietario de la firma más importante del sector en Salta. “Se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar rutas comerciales”, indicó la querella.
Ya antes del golpe de 1976, la Festap pidió a la policía provincial que aplicara a los gremialistas la llamada ley antisubversiva, que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política. En enero de 1977 el dueño de La Veloz denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista de una veintena de trabajadores supuestamente involucrados en la maniobra. Al menos 16 empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, según las denuncias.
Sin embargo, solo el caso de Cobos llegó a juicio debido a que por ser sindicalista se lo admitió como una persecución política. Las denuncias restantes esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para saber si llegarán a juicio oral.
Al día de hoy, otros nueve empresarios están procesados por su complicidad con la dictadura cívico-militar y a cinco se les dictó sobreseimiento o falta de mérito, entre ellos el dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en fallos que están apelados. La Corte Suprema de Justicia debe aún pronunciarse sobre las apelaciones a la falta de mérito que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó a Blaquier en la causa que investiga su responsabilidad en unos 400 secuestros de “las noches de los apagones”, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
Los restantes imputados son accionistas o ex directivos de la siderúrgica Acindar, la Comisión Nacional de Valores, las automotrices Ford (caso en el que está próximo el inicio del juicio oral) y Mercedes Benz, el establecimiento yerbatero Las Marías, la cementera Loma Negra, Minera Aguilar y Papel Prensa. Hay además investigaciones recién iniciadas como la que puso el foco en la represión a trabajadores de Molinos Río de la Plata, que entonces pertenecía al grupo Bunge y Born.
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CIVILES TAMBIÉN
El empresario argentino Marcos Levín fue condenado a 12 años de prisión por crímenes de la dictadura.
Marcos Levín, dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, fue condenado ayer a 12 años de prisión por un tribunal federal de Salta, en el marco del primer juicio oral de Argentina que intenta exponer la complicidad del sector empresarial con la dictadura cívico-militar. Levín fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados por el secuestro, cometidos en enero de 1977 contra Víctor Cobos, que entonces era empleado de la empresa y delegado del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), informó el diario argentino Página 12. Los ex policías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón también recibieron una condena de 12 años por los mismos delitos, y el ex oficial Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán leídos en mayo.
La denuncia sobre este caso, que fue llevada a la Justicia por el propio Cobos y por la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Salta, establece que el empresario “se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales”. También señala que 16 o más empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, después de que el propietario de La Veloz del Norte denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista con los nombres de los trabajadores a los que acusaba de estar involucrados. Según quienes denunciaron a Levín, ese supuesto fraude sirvió para justificar la actuación de los represores, y el empresario aportó, además de información, transporte para detener a los empleados. La defensa de Levín argumentó que este se limitó a denunciar a empleados que le robaban y negó que hubiera existido tortura.
Levín, en ese entonces, no sólo lideraba una de las empresas más importantes de transporte en Salta, sino que además era el presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte, la misma asociación que unos años antes había pedido a la Policía de esa provincia la aplicación de la “ley antisubversiva” a los sindicalistas, una decisión que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política, indica el diario argentino.
Cobos dijo en la primera audiencia judicial, en agosto del año pasado, que desde el momento en que pasó a integrar la comisión directiva de la delegación de Salta de la UTA comenzó a sufrir “persecuciones” por estar “en contra de disposiciones empresariales” y “buscar beneficios para los trabajadores”. También ratificó que fue detenido en enero de 1977 con la excusa de haber “estafado” a la empresa. “Es indescriptible contar lo que sufrimos y lo que pasamos en ese momento. Picanas, golpes. Yo gritaba y lloraba de impotencia. Fuimos torturados, amenazados de muerte”, denunció.
A pesar de que una docena de trabajadores denuncia que vivieron lo mismo que Cobos, sólo su caso llegó a juicio, porque al ser sindicalista se lo calificó de persecución política. Las demás denuncias siguen bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, que antes de decidir si llevarlas a juicio oral tiene que considerar la imprescriptibilidad de cada uno de los casos.